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martes, 15 de marzo de 2016

SENTENCIA CONTRA EL ALCALDE DE TILARÁN JOVEL ARIAS Y CÍA

 SENTENCIA No. 69-2016
TRIBUNAL DE JUICIO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, Sección E,  a las 8:00 horas  del  4 de marzo del 2016
En la presente causa No. 07-200251-413PE contra JOVEL ARIAS ORTEGA, cédula de identidad NO. 05-549-183, de 61 años cumplidos, nació en Tilarán Guanacaste, el 12 de febrero de 1954, hijo de Gonzalo Arias Ortega y María Ortega, actualmente alcalde la Municipalidad, de Tilarán Guanacaste, gana tres millones de colones al mes, casado, vecino de Tilarán, Líbano de la escuela Rosita, 100 metros al norte, casa de color rosada, bachiller administración de empresas, MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, cédula de identidad 6-208-801, de 48 años nació en Puntarenas el 18 de mayo de 1967, hijo de Marco Antonio Porras Alvarado y Sandra Cordero Monge, vecino de Tilarán costado oeste de la Catedral de Tilarán 150 metros al sur, casa segundo piso de color beige, licenciado en Arquitectura, trabaja liberal y EMANUEL RUIZ SALAZAR cédula de identidad No. 1-546-048, de 60 años de edad, hijo de Edwin Ruiz Campos y María Cecilia Salazar Gómez, casado con Ligia Murillo Bravo, nació el Santa Lucía el 14 de julio de 1945, abogado y notario, vecino 250 norte del mercado central de Tilarán, casa color amarilla, por UN DELITO DE PREVARICATO Y OTROS en perjuicio de LOS DEBEERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y OTROS Intervienen en el proceso el Tribunal Colegiado integrado por las Juezas Johanna Bogantes Madrigal, Karina Redondo Gómez y Tatiana López Monge, quien redacta la representante del Ministerio Público, la licenciada Patricia Badilla Abarca, la licenciada Raquel Verónica Piedra Alfaro y Eddie Alvarado Vargas como abogados representantes de los querellantes y actores civiles Carlos Adrián Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas y de los grupo Real Meyvasa y Real Vaymesa, los licenciados Francisco Castrillo Córdoba y José Edgardo García Vargas como Defensores Particulares del co encartado y demandado civil Jovel Arias Ortega, el encartado y demandado civil Arias Ortega y de la co demandada Municipalidad de Tilarán, el licenciado Joaquín Alonso Pérez Calvo como Defensor Particular de imputado y demandado civil Marco Antonio Porras Cordero, el encartado Porras Cordero, el licenciado Carlos Enrique Ulloa Rojas Defensor Particular del imputado y demandado civil Emanuel Ruiz Salazar, y el encartado y demandado civil Ruiz Salazar se resuelve;
RESULTANDO:
I-El Ministerio Público acusó los siguientes hechos: 1 Que el GRUPO REAL MEYVASA S.A cédula jurídica número 3-101-3155725 es una sociedad anónima representada por CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO Y LUIS ARMANDO MEJIAS ROJAS, entidad que desde inicios del año 2003, se propuso construir una estación de servicio de combustible a la entrada de la ciudad de Tilarán, sobre la ruta Nacional, frente al restaurante típico Internacional “ Aroma Tico” y la empresa comercial de venta de materiales de construcción Materiales “Agro tila S.A”, donde hay lugares comerciales e industriales. Dicha construcción propiedad del GRUPO REAL VAYMESA representado por las personas ya indicadas que es una sociedad anónima cédula jurídica 3-101-315884, lote correspondiente al folio real matrícula 148630 000, correspondientes a las fincas reunidas números 5139821 y 5066098, tiene una medida conjunta y total de dos mil cuarenta y seis metros con setenta y siete decímetros cuadrados. 2.- Para el día 31 de octubre del 2003, los aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, el primero en su calidad de Alcalde y el segundo como Arquitecto Coordinador del Desarrollo Local en la Municipalidad de Tilarán, abusando de su cargo, opusieron al proyecto de la estación de servicio (gasolinera), el Plan Regulador de la Ciudad de Tilarán y su Reglamento de zonificación, mediante el oficio numerado PUCC 139-2003 indicando en lo conducente lo siguiente: Según el Reglamento de Zonificación de la municipalidad de Tilarán y los PLANOS DE ZONIFICACIÓN Y DE VIALIDAD, confeccionados por el Instituto Nacional de Urbanismo y todavía vigentes en este municipio, ver Capítulo I del Reglamento de  Zonificación pág. 1 del mismo. NO SE PUEDE ubicar un proyecto con características de Estación de servicio (Gasolinera) en este sector de la ciudad. Ya que no se estaría respetando el Capítulo III artículo  11.2…Si bien es cierto en el Plan Regulador en su página 88, SE PREVÉ una expansión de la zona comercial sobre la vía de ingreso a la ciudad desde Cañas y Arenal que en este momento no es oficial, ya que el Plan Regulador de 1986 todavía vigente …Por lo tanto, a este proyecto (Estación de Servicio), y la ubicación que se le pretende dar en la ciudad, llámese zona comercial (según se prevé ) o zona residencial (según Reglamento de zonificación). NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS mínimos solicitados en AMBAS ZONAS para el VISTO BUENO de parte de este municipio, con respecto a la construcción y desarrollo del proyecto...”. 3.- Asimismo  el coacusado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su condición de Alcalde Municipal por  resolución DAM-381-2003 de las ocho horas del catorce de noviembre del dos mil tres resuelve una apelación emitiendo resoluciones contrarias a la ley, refiriendo en lo conducente: No comparte esta Alcaldía que el Reglamento de Zonificación sea ilegal su aplicación, dado que este es consecuencia de aquél y refleja  las zonas comprendidas en el mismo. No ha demostrado el recurrente el que no se hubiera publicado los acuerdos a que se refiere su alegato…Así las cosas el suscrito prohíja el criterio del Departamento de Desarrollo y Control local de la Municipalidad de Tilarán y resuelve rechazar el recurso de apelación. Se advierte al recurrente que a esta Resolución se puede impugnar dentro del término de  cinco días a partir del día siguiente a su notificación con los Recursos de Revocatoria y Apelación”. 4.- Que en fecha 25 de Junio del 2005, lo ofendidos representantes del GRUPO REAL MEYVASA, conociendo que el Plan  Regulador indicado no era eficaz y no podía ser invocado y aplicado en su contra, y conscientes de la autonomía Municipal al amparo de la ley, realizaron una nueva  solicitud a la Municipalidad de Tilarán a  efecto que les otorgaran permiso para construir una estación de servicio de combustible, dentro de los inmuebles de la provincia de Guanacaste, folio  real matrícula 148630, ya antes citado, adjuntando todo documento correspondiente al efecto. 5.- En razón de la anterior solicitud, en fechas 30 de junio del año 2005 y 8 de julio del mismo año, el arquitecto de la Municipalidad de Tilarán y aquí imputado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, solicitó criterio a los personeros del I.N.V.U. sobre la eficacia del Plan Regulador de la Municipalidad de Tilarán, según oficios por su orden: PDCL-060-2005 Y PDCL-061-2005 ante el Arq. Francisco Mora Protti. Director A.I. de Urbanismo del INVU y el Lic. Bernardo López González Presidente Ejecutivo del INVU bajo la siguiente consulta y en lo conducente:  “Actualmente, la sociedad Grupo Real MEYVASA, solicitó el correspondiente permiso de construcción, aduciendo que el plan Regulador, así como el “aviso de adopción del Plan Regulador por la Municipalidad de Tilarán, con indicación de fecha a partir del cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones…”. Que señala el artículo 17 inciso 4 de la LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, no fueron publicados en la Gaceta, como lo exige expresamente esta norma, por tanto, aquél ni el Reglamento de Zonificación nunca entraron en vigencia. Valorando la argumentación dada por el solicitante, se confirmó que lo único que se publicó fue el Reglamento de zonificación (Gaceta NO. 217 del 30 de Octubre de 1985). (“a confesión de partes reveló de pruebas” Ante ésta situación surge la duda sí ante la omisión de realizar las publicaciones que establece el artículo 17 inciso 4) resulta inaplicable el  Plan Regulador o alguna de sus partes, y si ante esto debe otorgarse el permiso de construcción, ya que el solicitante cumple con otros requisitos. Adicionalmente, resulta conveniente con lo acontecido si es aplicable o no, el Plan Regulador.” 6.- Ante la consulta gestionada, el Arquitecto Francisco Mora Protti, contesta mediante oficio PU-C-D-875-2005 de fecha 8 de agosto del 2005 indicándole en lo conducente lo siguiente: ”Con lo que se entiende que es la Municipalidad la que decide el proceso a seguirse con ese fin y en estricta observancia del procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, siendo entonces la responsable del ordenamiento de su territorio y encargada de la buena administración de los intereses locales (artículo 169 de la Constitución Política y artículo 4 del código  Municipal.”.  En segundo lugar y de acuerdo a lo consultado, sobre la publicidad en su totalidad de los planes reguladores, debo hacer referencia sobre lo que la Procuraduría General de la República ha dicho en su pronunciamiento C-072-98 para que los mismos sean eficaces, Ya se había adelantado la posición que se asume por parte de los Tribunales de Justicia en torno a la publicación de este tipo de actos, en aplicación directa de lo normado por los artículos 102-1 y 240 de la Ley General. Con base en ello, no existe duda que, ante la ausencia de la publicación el Diario Oficial del plan regulador adoptado por un ente municipal, el mismo adolece de eficacia. De lo anterior se deriva su falta de vincularidad para con terceros, ya que tal requisito resulta indispensable para que surta efectos jurídicos “…”Por último, debo señalar que por la trascendental importancia que reviste la publicación de la totalidad del plan regulador (reglamentos, mapas, etc.) según lo  expuesto: esta Dirección recomienda que sean publicadas lo antes posible las partes del Plan Regulador pendientes de ello; ya que esta situación genera inseguridad  jurídica y la correspondiente ineficacia de las partes carentes de publicación”.  Además por escrito de fecha 20 de Febrero del año 2006 la Procuraduría General de la República consultada por la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad del reglamento de zonificación de la Municipalidad de Tilarán atacado en esta vía por el GRUPO REAL MEYVASA, aquí ofendida, con ocasión del proceso de constitucionalidad número 05-013854-0007-CO a través de la Procuradora General Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel aclara de forma contundente que todo el Plan Regulador de la Municipalidad de Tilarán su Reglamento y todo otro documento que dependa de este plan regulador es INEFICAZ, al no haberse  publicado los planos  propios del mismo en la Gaceta –Diario Oficial. En lo conducente el pronunciamiento indicado por la Procuraduría establece: "La sociedad accionante impugna el reglamento de zonificación para la ciudad de Tilarán, publicado en la Gaceta 207 del 30 de octubre de 1985. Alega que si bien este reglamento fue publicado, la municipalidad debió, también publicar los demás elementos del plan regulador urbano (planos, mapas y gráficos) y el mismo plan. Según la accionante, esta omisión vicia de nulidad absoluta tanto el conjunto del plan como el reglamento de zonificación citado y quebranta con ello lo dispuesto en los artículos 10, 11, 13, 39, 128, 140.3, 169 y 172 de la constitución política. Señala además, que aparte de inválido el reglamento de zonificación publicado es ineficaz por no haberse publicado la totalidad de los elementos constitutivos del plan regulador..." La publicación de las normas hace constar su existencia y da fe de su contenido. No es simplemente un requisito más de eficacia ya que sin la publicación la norma no puede obligar ni ser vinculante (Cf. García de Enterría Eduardo, Curso de derecho administrativo, T.I, 2005, P.120....La doctrina ha señalado que los planes urbanos son norma jurídicas 8 ver, entre otros, Parada, Ramón, Derecho Administrativo T-III. 2002, P. 506. La Sala Constitucional ha recogido esta tesis en su jurisprudencia y ha sostenido que los planes reguladores urbanos dictados por las municipalidades en ejercicio de la potestad establecía en el artículo 15 de la ley de planificación urbana número 4240 de 15 de noviembre de 1968 (LPU) con base en lo dispuesto en el artículo 169 constitucional, son normas jurídicas...En tanto normas jurídicas, los planes reguladores urbanos deben ser publicados para que surtan efectos. El artículo 17LPU establece que la municipalidad respectiva deberá publicar en La Gaceta un aviso comunicando la adopción del plan. En el caso específico y particular de la falta de publicación de los planes reguladores urbanos, esta Sala Constitucional ha señalado que tal situación provoca su ineficacia. Así en sentencia número 2001-01912 de 9 marzo de 2001, señaló: “La Sala constata que sí bien lleva razón la empresa amparada en el acusado también la tiene, cuando acusó que el Plan Regulador que las autoridades estiman vigente, carece de eficacia por su falta de publicación integral". Más aún, la Sala ha señalado que un plan regulador puede imponer legítimamente limitaciones a los derechos fundamentales, como del derecho de propiedad, por ejemplo, pero que por falta de publicación no puede ser aplicado...Así lo dicho en sentencia número 2000-09038 de 13 de octubre del 2000. El anterior, es precisamente, el caso de los planos en lo que se expresa gráficamente la zonificación establecida en un reglamento de zonificación si este no contiene referencias geográficas en su texto que permita localizar con precisión los lotes o fincas afectadas. Si tales planos o mapas no se ubican, el reglamento respectivo, al tenor de lo dicho en el epígrafe anterior, no puede producir efectos jurídicos....De conformidad con lo dicho, la no publicación de los planos  o mapas en que se representa gráficamente la zonificación que se establece en el reglamento de  zonificación de la ciudad de Tilarán, hace que este sea inaplicable aunque haya sido publicado. Ahora bien, los actos administrativos concretos dictados en aplicación de un reglamento que no puede genera efectos jurídicos, son inválidos...”  7.- Que en el marco del mismo proceso de acción de inconstitucionalidad ya citado, contra el reglamento que implementa el Plan Regulador de Tilarán recayó la resolución de la Sala Constitucional de las dieciocho horas con treinta minutos del veintinueve de Marzo del año dos mil seis que en lo conducente establece. “El artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece que la Municipalidad respectiva deberá publicar en la Gaceta un aviso comunicado la adopción del plan. Esta disposición no señala que el plan como tal debe ser publicado, pero un plan regulador urbano es una acto administrativo general de carácter normativo y, en razón de ello, debe ser publicado para que surta efectos y afecta la situación jurídicas y derechos  subjetivos en razón de lo que dispone el artículo 240.1 de la ley General de la Administración pública...” (pg3)..." La no publicación de los planos o mapas en que se representa gráficamente la zonificación que se establece en el reglamento de zonificación de la ciudad de Tilarán, hace que éste sea inaplicable aunque no haya sido publicado...” (pg4). A partir de ser momento pese a conocer ambos encartados JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, según su propio dicho que lo único publicado fue el Reglamento del Plan Regulador y pese a la contundencia y confluencia de tres pronunciamientos diversos, a saber el del Arq. Francisco Mora Protti del I.N.V.U, el de la Procuraduría y la orden indicada de la Sala Constitucional, el acusado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su calidad de alcalde Municipal de Tilarán y por ende representante de esta entidad, y el co acusado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, en su condición de Ingeniero Municipal de Tilarán, abusando del cargo público que les fue conferido, nunca emanaron o procuraron una resolución o acto administrativo para declarar la ineficacia del Plan Regulador y evitar su aplicación indebida e ilegal a situaciones concretas en perjuicio de derechos ciudadanos, que sirviera como una comunicación oficial y de aviso a las autoridades públicas y judiciales sobre la verdadera situación del Plan Regulador y su Reglamento, ni procuraron tampoco tal y como el INVU y la Procuraduría se los recomendaba, y la Sala Constitucional se los ordenaba, dotar de eficacia al Plan Regulador de Tilarán y su Reglamento a fin de evitar esta situación de incertidumbre caos e ineficacia. 8.- Que habiendo solicitado construir con fecha25 de Junio del 2005 las empresas aquí ofendidas ante el aquí imputado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, el Coordinador Proceso de Desarrollo de la Municipalidad de Tilarán adjuntando todo tipo de documentos exigidos por la normativa, este encartado, de previo, consulta como ya fue aquí reseñado a personeros del INVU y recibe la respuesta efectiva ya señalada por parte del Arquitecto Francisco Mora Protti por oficio de fecha 8 de Agosto del 2005 oficio PU-C-D-875-2005 acerca de la no eficacia del plan Regulador de Tilarán y su Reglamento, así como el Arq. Mora Protti del INVU, expresamente abusando de su cargo contesta: "Debo señalar que por la trascendental importancia que reviste la publicación de la totalidad del plan regulador (reglamentos, mapas, etc.), según lo expuesto, esta Dirección recomienda que sean publicados lo antes posible las partes del Plan Regulador pendientes de ello; ya que está situación genera inseguridad jurídica y la correspondiente ineficacia de las partes carentes de publicación." 9.- No obstante, el aquí encartado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, por Oficio PDCL-071-2005 de fecha 16 de Agosto del 2005, dirigido a JOVEL ARIAS ORTEGA, Alcalde Municipal falsamente consignó que no le fue posible obtener el criterio por escrito del INVU, cuando ya había recibido la contestación de esta institución, según la fecha y foliatura del expediente administrativo, insertando datos falsos en su documento público, indicando entre otras cosas: " no se ha definido con claridad si ante la omisión de realizar las publicaciones que establece el artículo 17 inciso 4), resulta inaplicable el Plan Regulador o alguna de sus partes, y si ante esto debe otorgarse el permiso de construcción, ya que el solicitante cumple con los otros requisitos." Además de contar también con el pronunciamiento del Asesor Legal del IFAM Lic. Raúl Alberto Barboza Calderón, de fecha 11 de julio del año 2005. Oficio DJI-047-05, que en lo conducente le indicaba que: “De acuerdo con lo que usted expone en su oficio, lo que fue publicado fue el Reglamento de Zonificación, el cual debió incluir no sólo el texto sino también los planos que corresponden a ese reglamento", siendo que el acusado PORRAS CORDERO, no recomienda otorgar el permiso de uso de suelo y de construcción citando datos falsos en un documento público y rehusando cumplir sus deberes propios de otorgar el respectivo permiso de uso de suelo en tanto no le podía oponer a la empresa de las aquí ofendidas un plan regulador ineficaz. 10.- No obstante, en fecha 17 de Agosto del año 2005, el acusado JOVEL ARIAS ORTEGA, abusando de su cargo como alcalde Municipal de la localidad de Tilarán, le indica a las empresas ofendidas que para otorgar el permiso de construcción, deben RESELLAR O CAMBIAR LOS PLANOS DE PROYECTO, ante el Colegio Federado 11.-Mediante oficio con fecha 31 de Agosto del 2005, el afectado CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO, teniendo conocimiento del pronunciamiento del INVU, sobre la ineficacia del Plan Regulador de la ciudad de Tilarán, hace del conocimiento, el acusado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su  condición de Alcalde Municipal que resulta inaceptable que deba cambiar los planos constructivos sí que realmente va a desarrollar es una estación de servicio de combustible para lo cual ha cumplido con todos los requisitos de la normativa, ante lo cual el encausado ARIAS ORTEGA, le contesta a Vargas Murillo, "lo que esta Alcaldía le permite es la construcción del edificio por cumplir con los requisitos de ley...entendido que la patente de funcionamiento de la gasolinera es un trámite independiente", siendo que de esta forma, el acusado ARIAS ORTEGA, incumplimiento con sus deberes en lugar de OTORGAR UN CLARO PERMISO DE USO DE SUELO Y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, EN TANTO NO SE PODÍA APLICAR EL PLAN REGULADOR AL PROYECTO, RAZONES YA INDICADAS Y FUNDADAMENTE PROPALAR LA CONVENIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO, continúo su forma de manifestarse genérica, ambigua y apartada de los deberes de su investidura, siendo que al final nunca otorgó a las empresas aquí ofendidas UN CLARO PERMISO DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE. Debía estable claramente el destino del proyecto a emprender como preámbulo a otorgar un permiso de construcción y nunca lo hizo, incumplimiento sus deberes, apartándose de las disposiciones de la ley de la Planificación Urbana y ocasionando perjuicio a las empresas ofendidas y sus representantes, manteniendo durante ese tiempo resoluciones contrarias a derecho. 12.- Por otra parte en fecha 12 de setiembre del año dos mil cinco, mediante el oficio DAM 319-05 el aquí acusado JOVEL ARIAS ORTEGA, aparece contestándole el Concepto Municipal otra cosa: “Sobre el permiso otorgado al GRUPO REAL MEYVASA S.A. con respecto a la construcción de un edificio para Gasolinera y otros, debe manifestar, que el mismo se dio, por ser competencia Administrativa de esta Alcaldía y por cumplir el solicitante con todos los requisitos de Ley e incluso por ser ineficaz, la aplicación del Plan Regulador de esta Municipalidad, al no estar publicados los mapas de zonificación y no cumplirse con otros requisitos de procedimiento, según el artículo 17.4 de la Ley de Planificación Urbana". Argumento que convence al Concejo Municipal en su mayoría y pese a los recursos de los opositores del Proyecto de las aquí ofendidas mantienen y confirman la decisión de la Alcaldía, por acuerdo de Sesión Ordinario No. 177 del 21 de setiembre del 2005, desconocimiento que el alcalde y aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA, habida incumplido su deber de otorgar un permiso de uso de suelo antes que dar un permiso de construcción para un "edificio" como en su primer acto administrativo consignó sobre este punto. Adicionalmente puede verse como el encartado JOVEL ARIAS ORTEGA, conocía perfectamente de la ineficacia del plan regulador, así como el co encartado MORA PORRAS, que labora a su lado y en equipo, manteniendo un criterio no ajustado a derecho, que produjo un perjuicio económico de gran magnitud a las empresas afectadas. 13.- No obstante ante la negligencia del imputado JOVEL ARIAS ORTEGA en conceder un uso de suelo nuevo debidamente fundamentado y de seguido un permiso de construcción, y debido a sus ambivalencias sobre qué tipo de proyecto estaba autorizando pese a la oposición de las empresas aquí ofendidas, hace que esta situación repercutiera a nivel de la apelación que realizan los adversadores del proyecto ante el Tribunal Contencioso Administrativo quien por resolución de su Sección Segunda número 556-2006 de las catorce horas veinticinco minutos del once de Diciembre del dos mil seis literalmente anotan en lo conducente: “Respecto al primer planteamiento esbozado en el recurso de apelación, manteniendo ante esta instancia, se observa que no existe una autorización de uso de suelo, debidamente otorgado por parte de la Municipalidad de Tilarán. Eso, por cuanto en autos no consta que se haya emitido un permiso de ese tipo, conforme a derecho, luego de que mediante el Voto No. 293-2004 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, de once horas veinte minutos del diecinueve de agosto del dos mil cuatro, anulara el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tilarán, en sesión ordinaria No. 83 del tres de diciembre del dos mil tres, mediante el cual se había aprobado el uso de suelo, a la empresa Grupo Real Meyvasa S.A.A, para la instalación de una estación de servicio..... Ante esta actuación en concreto, no se comprueba la emisión del certificado de uso de suelo, que funge como requisito sine qua non que, de forma previa, debe constar para luego emitir la autorización de construcción. Por tanto se anula el acuerdo 578, artículo 24 inciso 1), Capítulo IV, de la Sesión ordinaria No. 177 de veintiuno de Setiembre del dos mil cinco dictada por el Concejo Municipal de Tilarán. De igual forma se anula el oficio No. DAM2720-05 de diecisiete de Agosto de dos mil cinco, el oficio No. DAM 317-05 de doce de Setiembre de dos mil cinco y el permiso de construcción No. 185 de fecha veinte de setiembre de dos mil cinco, a favor de Grupo Real Meyvasa S.A. otorgados para la construcción de una estación de servicio."  Dejando claro este Tribunal que tenía total potestad el Alcalde Municipal de otorgar un nuevo uso de suelo pese al original anulado por el primer proceso contencioso ya citado: "No obstante lo dicho, cabía la posibilidad, si así hubiera ocurrido, que la propia Corporación Local emitiera una nueva autorización de uso de suelo, en caso de que constatara el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos vigentes, por parte de la empresa petente, al momento de que presentase otra solicitud, posterior ala denegada." 14.-Comprobándose que con otra violación de la normativa, se dio un incumplimiento de deberes por parte del Alcalde Municipal el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA, al no haber otorgado de previo un permiso de uso de suelo debidamente fundamentado, daba al traste otra vez con el proyecto de las empresas aquí ofendidas. 15.- Que avanzados en los resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y perpetuando su propio dolo por haber NEGADO A LA EMPRESA OFENDIDA EL PERMISO DE USO DE SUELO Y FICTICIAMENTE DADO POR EXISTENTE EL PRIMER PERMISO DE USO DE SUELO YA ANULADO ANTERIORMENTE POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, en lugar de dar lugar a un procedimiento correcto tal y como selo sugiere el mismo Tribunal Contencioso en la penúltima página de su sentencia 556 del 2006 y sin esperar a que incluso quede firme la resolución supracitada del Tribunal Contencioso Administrativo y por ende actuando abusiva e ilegalmente, el Alcalde de Tilarán aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA, por resolución DAM-010-2007 ordena paralizar la construcción de la obra, proyecto total de estación de Servicio de Combustible y áreas adjuntas de las empresas aquí ofendidas, cuando estas ya habían concluido al cien por ciento del área constructiva para el expendio de combustible como un hecho público y notorio en la ciudad de Tilarán, causando con esa actuación un perjuicio económico a las empresas agraviadas. 16.- Para el mes de Enero del año 2007, el aquí imputado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, en su condición de Asesor Legal del Concejo Municipal de la Municipalidad de Tilarán, envió a terceras personas allegadas a CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO, concretamente a su hermana YOLANDA VARGAS MURILLO, a indicarle que él era el único que podía solucionarle el problema que tenía de paralización de su proyecto de estación de servicio de combustible, dado que tenía una amplia influencia y dominio sobre el Concejo Municipal, de Tilarán, ante lo cual el ofendido CARLOS ADRIÁN VARGAS acudió en el mes de Febrero del año 2007, a la oficina legal de este abogado en el centro de la ciudad de Tilarán, donde el mismo la afirmó que el abogado en el centro de la ciudad de Tilarán, donde el mismo le afirmó que efectivamente tenía un dominio absoluto sobre el Concejo Municipal de Tilarán, y en la Municipalidad de Tilarán no se tomaba ninguna decisión sin consultarle a él primero, por lo que abusando de su cargo indujo al ofendido a otorgarle un beneficio patrimonial antijurídico, añadiendo para ello, que posteriormente le diría cuánto dinero le costaría su intervención, siendo que para el día 21 de Marzo del año 2007, el encausado EMANUEL RUIZ SALAZAR, le manifestó al señor Jorge Arturo Barrientos Valerio, cuñado del ofendido Carlos Adrián Vargas Murillo, que a las empresas del ofendido, la aprobación de sus solicitudes y puesta en marcha de la estación de servicio le costaría cuatro millones de colones de inicio y diecisiete millones de colones al final de las aprobaciones. 17.- Pese a lo anterior, el afectado CARLOS  ADRIÁN VARGAS, y en general las empresas aquí ofendidas nunca deciden satisfacer las pretensiones pecuniarias del acusado EMANUEL RUIZ SALAZAR, quien potencialmente al no requerirse de sus “servicios de influencia” procedió efectivamente a continuar su ejercicio de trabas, e influencia negativa sobre el proyecto de las empresas ofendidas en sus gestiones y recursos, en sus iniciativas ante la Municipalidad. Traicionando de esa forma, el cumplimiento debido de su rol de asesor legal y los intereses que le fueron confiados con tal nombramiento, el encartado EMANUELL RUIZ SALAZAR, en la Sesión Municipal del 2 de Abril del año 2006 en dos oportunidades diversas manifiesta verbal ante el Concejo y todo el público presente que la resolución número 556-2006 del Tribunal Contencioso impedía a la Municipalidad aprobar actualmente la gestión de permiso de uso de suelo de las empresas aquí ofendidas aduciendo el que estaba agotada la vía administrativa y que se trataba de un “ asunto de legalidad”, además de aludir al rechazo de la Procuraduría General de la República a la consulta formulada. Pero ocultando que con UNA NUEVA GESTIÓN se podría dar lugar a un nuevo trámite y aprobación tal y como en la misma resolución en su página penúltima se indica. Pretendiendo con tal criterio llevar a error a Concejo Municipal en Pleno, quien podría llegar a futuro en caso de ser engañados, a dictar resoluciones administrativas basadas en hechos falsos y contrarias a la ley, en tanto sería tal parecer contrario a la autonomía Municipal, lo que sería una postura inductiva a no cumplir las funciones propias del cargo municipal. Y por supuesto provocaría una vez más una situación de atraso al proyecto de las aquí ofendidas contexto favorecer para  obtener probablemente el aquí imputado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, la consecución de sus indebidos interés pecunicarios.    
II.- La parte querellante y actora civil acusó los siguientes hechos: a.-II.- Hechos del No. 1 al 56 visible de los folios 36 a 86  del legajo de querella del expediente físico, presentada el 18 de junio del 2007 y b.- II.-La querella que fue presentada el día  06 de junio del año 2007, del hecho No. 1 al 35, que se encuentra a su vez contenida y modificada en los hechos de la querella del 18 de junio del 2007: 1.-Que el GRUPO REAL MEYVASA S.A cédula jurídica número 3-101-3155725 es una sociedad anónima representada por CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO Y LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS, ( sustituye a Adriana Vargas Álvarez su esposa mediante poder y traspaso en regla a lo interno social), entidad que se ha propuesto con evidencia mayor desde inicios del año 2003, levantar una estación de servicio de combustible a la entrada de la ciudad de Tilarán, frente a ruta Nacional, cincuenta metros Norte, cincuenta metros Oeste de las actuales oficinas del A.Y.A frente al restaurante típico Internacional “ Aroma Tico” y la empresa comercial de venta de materiales de construcción Materiales “Agrotila S.A”, sea en área donde hay lugares comerciales e industriales Y en el terreno del GRUPO REAL VAYMESA representado por las mismas personas indicadas que es una sociedad anónima cédula jurídica 3-101-315884, lote correspondiente al folio real matrícula 148630 000 , correspondiente a las fincas reunidas números 5139821 y 5066098 con una medida conjunta y total de dos mil cuarenta y seis metros con setenta y siete decímetros cuadrados. Aclarando desde ya que no hay norma alguna que impida la construcción de esta estación de servicio al estarse ante un terreno alejado de zonas de protección, ubicado en zona comercial, frente a ruta nacional y conociendo que el Plan Regulador Municipal de Tilarán de l983 y sus reglamentos son absolutamente ineficaces por la no publicación debida y oportuna del mismo en el Diario Oficial La Gaceta, de sus planos y mapas de zonificación y de vialidad, así como del acuerdo de Adopción del Plan por Sesión Municipal (Véase Artículo 17 inciso cuarto de la Ley de Planificación Urbana No.4240 publicado el 30  de Noviembre de  1968) Ineficacia del Plan que rige hasta el día de hoy inclusive, con lo cual no puede ser oponible a terceros desde l983 hasta la fecha, como así lo terminó aclarando el asesor legal de la Municipalidad de Tilarán Lic. Castrillo, El INVU, la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional a la Municipalidad de Tilarán. Situación incluso ya reconocida por el anterior Concejo Municipal de Tilarán, por el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA desde su condición de Alcalde de la Municipalidad de Tilarán y hasta reconfirmada a él por el Director del INVU 2. Que es así como desde fecha 9 de Enero del año 2003 el Director de Urbanismo del Instituto Nacional de Urbanismo autoriza instalar una estación de servicio de combustible en el lugar indicado, sujeta a los requerimientos de ley y según petición de la sociedad indicada GRUPO REAL MEYVASA. Así mismo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Dirección General de Ingeniería por nota del 11 de Agosto del 2003 (oficio 2003.5249) firmada por el Ing. Jorge A. Vives Fernández contesta sobre las correcciones y ampliaciones viales a promover por la sociedad aquí ofendida. Y concreta estos requerimientos en nota posterior de fecha 3 de Noviembre del 2003 suscrita por el Ing. Edgar Vargas Rojas, Jefe del Departamento de Señalización Vial. La Misma Secretaría Técnica Ambiental aprueba el proyecto sujeto a requerimientos (TODO LO CUAL HA SIDO CUMPLIDO POR LA AQUÍ AGRAVIADA GRUPO REAL MEYVA.S.A).  3. Que por ello, el día 2 de Abril del año 2003 la Municipalidad de Tilarán recibe de la sociedad indicada el Resumen Ejecutivo y Declaración de Impacto Ambiental para el indicado proyecto de suministro de combustible. Así como en fecha 24 de Abril del año 2003 la Municipalidad de Tilarán efectivamente, otorga permiso para movimiento de tierra en el lugar supra citado. Luego la sociedad ofendida GRUPO REAL MEYVASA en fecha 6 de Octubre del 2003 solicita el uso de suelo para la construcción de la estación de servicio a la Municipalidad de incumbencia. 4. Que no contaban las sociedades aquí ofendidas MEYVASA Y VAYMESA, que en forma ilegal y potencialmente delictiva los aquí imputados JOVEL ARIAS ORTEGA y MARCO A. PORRAS CORDERO, el primero como Alcalde y el segundo como Arquitecto Coordinador Desarrollo Local en la Municipalidad de Tilarán dolosa, anómala, e ilegalmente le opondrían a su proyecto el Plan Regulador de la Ciudad de Tilarán y su Reglamento de zonificación como si tuvieran algún efecto en contra de los intereses legítimos de las sociedades aquí ofendidas, para cuyo propósito potencialmente insertarían datos falsos en documentos públicos y dictarían resoluciones contrarias a la ley o las fundarían en hechos falsos aún frente a los claros pronunciamientos legales y normas de la Ley de Planificación Urbana, que dejaban en evidencia su mal proceder. Insertando en sus resoluciones administrativas el dato falso del Plan Regulador y Su reglamento de zonificación como si tuvieran efectos. Luego, nunca dictaron, ni procuraron una resolución o acto administrativo que terminara por declarar que el Plan Regulador y sus reglamentos ya aludidos carecían de toda eficacia, suspendiéndolo, conforme al artículo 43 del Código Municipal, y luego y de seguido establecieran pasos ciertos para eliminar esta situación y además indicaran a partir de cuándo sería oponible a terceros y a quien y quienes no afectaría una nueva condición de eficacia del Plan indicado, y mediante las debidas publicaciones en el Diario Nacional, según lo exige la Ley de Planificación Urbana para suspender el Plan o bien para reactivarlo. Su dolo se confirma en la evidente situación de que estos encartados no opondrían en la misma época este plan regulador y su reglamento a ningún otro proyecto, u obra de ciudadano o empresa alguna en Tilarán que no fuese a las aquí ofendidas, ni aún el concreto sector o barrio donde está el proyecto aludido de las aquí agraviadas: suscitándose una discriminación extraña y evidente. Finalmente, y ante todo el Presidente Municipal actual en Tilarán, el imputado OLGER ARTAVIA, conociendo bien los pronunciamientos oficiales que decretaban y reconocían la ineficacia del Plan Regulador y ordenaban ponerlo a derecho no tomó o provocó algún acuerdo Municipal, al menos hasta abril del año 2007 para evitar esta situación de ineficacia, de incertidumbre y de afectación a la ciudadanía. 5. Que efectivamente, ya aparece desde fecha 29 de Mayo del año 2003, según oficio PUCC-063-2003 el aquí imputado ARQ. MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO contestándole a Hilda Barrantes G. Directora. Área Rectora Tilarán del Ministerio de Salud refiriéndose al proyecto de levantamiento de la estación de servicio de las empresas aquí ofendidas lo siguiente: “en dicho permiso se le manifestó al señor Vargas que para poder hacer cualquier construcción en esta propiedad debía solicitar un Uso de Suelo, donde según el tipo de funcionamiento que se le dará a la edificación, puede ser permitido por el reglamento de zonificación de este cantón, y por ende de este municipio”. 6. Que el mismo encartado AR. MARCO A. PORRAS por oficio de fecha 4 de Junio del año 2003 PUCC-066-2003 le manifiesta al Sr. Eduardo Madrigal Castro. Secretario General de SETENA sobre la construcción de la estación de servicio por las aquí ofendidas: “Este proyecto según el terreno a utilizar…posee una ubicación que de acuerdo a nuestro Reglamento de Zonificación es una zona de Uso Residencial o zona de vivienda. En esta zona se permiten todos los usos urbanos, a excepción de las industrias, talleres, bodegas, aserraderos y usos similares a estos en cuanto a molestias (ruidos, tránsito intenso, olor, etc.) que provoquen en el vecindario lo mismo que el comercio que produzca las molestias antes dichas… Esperando que tomen en cuenta nuestro punto de vista, con respecto a este proyecto…”. 7. Que por oficio DGTCC-1341-03 de fecha 15 de Julio del año 2003 el Msc. Oscar Luis Porras Torres Asesor Legal del MINAE. Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible deja ver cómo la Municipalidad de Tilarán a través de las manifestaciones del aquí imputado ARQ. MARCO. A PORRAS tiene una posición desfavorable contra el proyecto indicado confrontándose esta con la posición positiva del INVU. 8. Que por oficio de fecha 28 de Julio del 2003, número PUCC-077-2003 el aquí imputado MARCO A. PORRAS le manifiesta al Sr. Eduardo Madrigal Castro. Secretario General de SETENA: “Para tomar una determinación positiva o negativa con respecto a la emisión de un Certificado de Uso de Suelo, lo hacemos tomando en cuenta al 100% el PLAN REGULADOR Y EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN de nuestro cantón cabe aclarar que ambos documentos fueron preparados y emitidos por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en su momento, y que hasta esta fecha se encuentran vigentes. En estos documentos se expresa, que esta zona es para Uso Residencial o zona de vivienda…” 9. Que con fecha 6 de Octubre del año dos mil tres el Sr. CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO, Representante Legal del Grupo Real MEYVASA S.A le solicita al aquí imputado ARQ. MARCO A. PORRAS CORDERO en su condición de Coordinador de Desarrollo y Control local Municipalidad de Tilarán el Uso de Suelo respectivo para la construcción de la estación de servicio en el terreno de sus representadas.10. Que en fecha 23 de Octubre del 2003 por resolución ubicada según oficio PUCC-107-2003 el imputado ARQ. MARCO A. PORRAS CORDERO le contesta primero que: “Debido a que en este momento la Municipalidad de Tilarán está coordinando con otras instituciones la determinación del visto bueno, del certificado de uso de suelo de dicho proyecto, nos vemos en la necesidad de hacer una prórroga en el período de respuesta del caso”. Respuesta que era falsa, en tanto le competía a la Municipalidad de Tilarán en exclusiva de conformidad con la Ley de Planificación Urbana aprobar o denegar el uso de suelo sin que para ello debiera coordinar con otras instituciones, coordinación que en todo caso NUNCA EXISTIÓ como se puede observar de la respuesta definitiva que emanan. 11. Que con fecha 31 de Octubre del año 2003 se resuelve la solicitud de uso de Suelo por parte del aquí imputado MARCO A. PORRAS según documento numerado PUCC-109-2003 indicando en lo conducente lo siguiente: “Según el Reglamento de Zonificación de la municipalidad de Tilarán y los PLANOS DE ZONIFICACION Y DE VIALIDAD, confeccionados por el Instituto Nacional de Urbanismo, y todavía vigentes en este municipio, ver Capítulo 1 del Reglamento de Zonificación pag.1 del mismo. NO SE PUEDE ubicar un proyecto con características de Estación de servicio (Gasolinera) en este sector de la ciudad. Ya que no se estaría respetando el Capítulo III artículo 11.2…Si bien es cierto en el Plan Regulador en su página 88, SE PREVÉ una expansión de la zona comercial sobre la vía de ingreso a la ciudad desde Cañas y Arenal que en este momento no es oficial, ya que el Plan Regulador de l986 todavía está vigente…. Por lo tanto, a este proyecto (Estación de Servicio), y la ubicación que se le pretende dar en la ciudad, llámese zona comercial (según se prevé) o zona residencial (según Reglamento de zonificación). NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS mínimos solicitados en AMBAS ZONAS para el VISTO BUENO de parte de este municipio, con respecto a la construcción y desarrollo del proyecto.” Siendo esta una resolución ilegal, contraria a las disposiciones del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, además basada en datos falsos como lo sería todas las anteriores aquí reseñadas ( ilegales y basadas en hecho falso sobre la eficacia del Plan Regulador y su reglamento), en tanto en realidad el Plan Regulador y el Reglamento de Zonificación de la Municipalidad de Tilarán no tenían efecto alguno, eran a ese momento y son ineficaces al día de hoy, y no podía ser invocado en contra del proyecto de las empresas aquí ofendidas como en esa oportunidad y en todas las demás aquí reseñadas se realizó 12. Que contra la anterior resolución ilegal los representantes de las empresas aquí ofendidas por escrito de fecha 7 de Noviembre del año 2003 presentan recursos de revocatoria con apelación subsidiaria. Debido a lo anterior los aquí imputados JOVEL ARIAS ORTEGA. Alcalde Municipal y el ARQ. MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO. Coordinador de Desarrollo por oficio PUCC-115-2003 del 11 de Noviembre del 2003 le solicitan ambos al Lic. Francisco Castrillo Córdoba, Asesor Legal Municipal: “a efectos de evaluar Recurso de revocatoria presentado por los representantes de la sociedad Grupo Real MEYVASA. S.A remitimos expediente, sí como posible resolución. Le rogamos rendir informe por escrito.” A lo cual el Lic. Francisco Castrillo Córdoba Asesor Legal Municipal contesta el mismo día 11 de Noviembre del 2003 por nota dirigida a los dos encartados aquí acusados: “En atención al asunto del permiso de uso del suelo solicitado por el GRUPO REAL MEYVASA S.A, para construir varias instalaciones en las cuales se incluye para el expendio de gasolina, me permito indicarles: Que el suscrito en este asunto ya rindió un criterio verbal en el sentido que si se puede dar dicho permiso en razón de que el Plan Regulador que aplica la Municipalidad tiene más de quince años de vencido y las prórrogas que ha acordado el Concejo para su aplicación son varias e ineficaces jurídicamente por cuanto no sólo se dio más de una prórroga, sino que no se publicó el acuerdo respectivo elemento sine qua non para buscar una eficiencia en su aplicación jurídica.  Conforme a lo expuesto y conocedor de que ustedes, resolvieron denegar dicho permiso de uso de suelo por razones técnicas que no es mi campo entrar a juzgarlas, es que me impide mi ética moral entrar a resolver sobre este asunto.” 13-. Que confirmando su dolo, en el sentido de conociendo, querer continuar violando la ley, el aquí imputado ARQ. MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO por resolución PUCC 114-2003 de las siete horas del Martes 11 de Noviembre del año 2003 resuelve el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, y ya conociendo los graves defectos y situación del Plan Regulador Municipal manifiesta lo siguiente y en lo conducente: “….6. El Plan Regulador del cantón de Tilarán, así como el Reglamento de Zonificación y el Plano de Zonificación y Vialidad vigentes, datan del año mil novecientos ochenta y ocho” (Situación que es falsa desde que aportamos aquí copia de uno de los planos del mismo del año 1982.) Continúa resolviendo: “Claramente el Plano de Zonificación y de Vialidad vigente, ubica las fincas con planos catastrados no. G-765391-2002y no. G-853874-2003, cuya dirección es 50 metros Este y 50 metros Norte de la Cámara de Ganaderos de Tilarán, en Zona de uso de vivienda (residencial), no permitiéndose el desarrollo de estaciones de servicio (Gasolineras) en dicho terreno. 5. Ciertamente el Plan Regulador propone mantener y consolidar el centro de comercio actual zonificándolo de manera que se prevea una mayor área para posible expansión de esta actividad, se propone igualmente ampliar la zona comercial hacia las cuadras aledañas del parque y de la Iglesia, así como sobre la vía de ingreso a la ciudad desde Cañas y Arenal, no obstante el suscrito en mi condición de Coordinador del Proceso de Desarrollo y Control local de la Municipalidad de Tilarán, no tiene la potestad para realizar los ajustes requeridos para realizar tal variación. En virtud de lo anterior SE RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por los señores MEJIAS ROJAS Y VARGAS MURILLO, así como la nulidad planteada.2. Aceptar la apelación en subsidio. Pásese el expediente a la Alcaldía Municipal. Ara. Marco Porras Cordero.” Resolución que además de ilegal contiene y está basada en el hecho y dato falso de considerar vigente y eficaz y por ende oponible, un plan regulador que saben sin lugar a dudas, hasta por criterio de su asesor legal que es totalmente ineficaz y que en tal condición si tiene absoluta potestad de otorgar el permiso de uso de suelo para una zona que el mismo Plan en sus metas contiene como proclive a la comercialidad vista la zona exacta de su ubicación. Sea que era absolutamente falso que el encartado MARCO. A PORRAS CORDERO, resultara limitado para otorgar el permiso indicado al amparo de un plan y reglamento que NO TENÍAN EFECTO ALGUNO para minar su aprobación. Y POR ESTO AMBOS ENCARTADOS NO LO OPONÍAN A CIUDADANO O EMPRESA ALGUNA QUE NO FUERAN LAS SOCIEDADES AQUÍ OFENDIDAS, y en la misma zona y barrio donde se ubicaba el proyecto de las aquí ofendidas aprobaron talleres, comercios, y negocios por doquier, hasta el día de hoy y sin invocarles en contra el Plan Regulador. A ese momento y por mucho tiempo no estuvo publicado el mapa de zonificación del Plan Regulador. A Mayo del 2007 no se había publicado aún el plan de vialidad como falsamente se afirmó por los aquí encartados. Y también a Mayo del 2007 no se había publicado aún el acuerdo Municipal de adopción del Plan Regulador. Todo esto conocido por los aquí encartados quienes afirmaron así datos falsos y resolvieron en contra de la ley de planificación urbana. Oponiendo sólo a las aquí ofendidas ilegalmente y dolosamente un Plan regulador y por ende un instrumento normativo que sabían ineficaz. 14. Que igualmente y por ende también ilegal y delictivamente el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA en su condición de Alcalde Municipal por resolución DAM-381-2003 de las ocho horas del 14 de Noviembre del 2003 resuelve la apelación aludida y manifiesta en lo conducente: “No comparte esta Alcaldía que el Reglamento de Zonificación sea ilegal su aplicación, dado que este es consecuencia de aquél y refleja las zonas comprendidas en el mismo. No ha mostrado el recurrente el que no se hubiera publicado los acuerdos a que se refiere su alegato… Así las cosas el suscrito prohíja el criterio del Departamento de Desarrollo y Control local de la Municipalidad de Tilarán y resuelve rechazar el recurso de apelación. Se advierte al recurrente que a esta Resolución se puede impugnar dentro del término de cinco días a partir del día siguiente a su notificación con los Recursos de Revocatoria y Apelación.” Observándose la ilegalidad de lo resuelto en tanto su propio asesor legal Lic. Castrillo: le hacía ver la no publicación de los acuerdos base del plan y su situación de ineficacia y el Alcalde demandaba a los recurrentes probarle una situación que el mismo conocía: QUE EL PLAN ERA INEFICAZ y a pesar de ello continuaba usándolo en contra de las empresas aquí ofendidas. Y sólo contra ellas en el mismo barrio y sector y en toda la ciudad de Tilarán. A toda otra empresa o ciudadano en la misma área le otorgaría permisos de uso de suelo y de construcción a lo largo de los últimos cinco años de su gestión como Alcalde. 15. Que adicionalmente el imputado JOVEL ARIAS, Alcalde Municipal por resolución DAM-400-2003 de las ocho horas del 28 de Noviembre del 2003 vuelve a reiterar el rechazo de los recursos y el incidente de nulidad planteado. 16. Que al conocer el Concejo Municipal en Pleno el recurso de apelación formulado por los representantes de las empresas aquí ofendidas por Sesión Ordinaria número 63 del 3 de Diciembre del 2003, resolvieron otorgar permiso de uso de suelo a las empresas ofendidas para la construcción de la estación de servicio con base en el criterio legal ya aludido del asesor legal municipal, Lic. Francisco Castrillo, RECONOCIENDO ASÍ LA INEFICACIA DEL PLAN REGULADOR MUNICIPAL Y SU REGLAMENTO Y POR ENDE SU NO OPONIBILIDAD A TERCEROS ENTRE ELLOS A LAS AQUÍ OFENDIDAS. 17. Que sin embargo, pese a esta resolución del Concejo Municipal y resultando oficialmente delatados sobre que el Plan Regulador y su reglamento eran INEFICACES como siempre lo habían sabido, los aquí imputados JOVEL ARIAS y MARCO.A. PORRAS en su condición de Alcalde y Coordinador de Desarrollo local CONTINUARON EN ADELANTE CON OCASIÓN DE SUS FUNCIONES APLICANDO EL PLAN REGULADOR Y SU REGLAMENTO. CONTINUARON OPONIÉNDOLO A ESTA EMPRESA, conociendo plenamente que esto era absolutamente ilegal, y lo que es más grave: no dictaron ninguno de ellos ni procuraron al amparo del poder que les da la “autonomía municipal” ninguna resolución para “DECLARAR CIERTA Y CLARAMENTE LA INEFICACIA DEL PLAN REGULADOR Y SU REGLAMENTO, PROCEDER A CORREGIR LOS DEFECTOS DE PUBLICACION Y VIGENCIA PARA DARLE EFICACIA Y ESTABLECER A PARTIR DE CUANDO RESULTABA EFICAZ Y OPONIBLE Y A QUE EMPRESAS NO”. Siendo que esta última situación omisiva-comisiva en tanto tenían un deber jurídico de actuar, trajo a engaño a todas las entidades públicas y judiciales quienes ante sus sentidos aparecía el Plan Regulador y el Reglamento de la ciudad de Tilarán como eficaces, cuando en la realidad no era así. Todo esto en el marco de una absoluta desidia, omisión, y por ende de arbitrariedad, e ilegalidad en perjuicio de toda la ciudadanía Tilaranense y en el marco de un absoluto caos de inseguridad jurídica. 18. Que la situación de comisión por omisión señalada en el sentido de que los aquí imputados NUNCA DECRETARON FORMALMENTE LA INEFICACIA DEL PLAN REGULADOR Y SIGUIERON APLICÁNDOLO produjo tremendos perjuicios económicos para los aquí ofendidos, desde que las altas autoridades judiciales contencioso-administrativas daban por eficaz el citado Plan Regulador a raíz de la inercia de los aquí imputados responsables de su aplicación o desaplicación. Concretamente, el Tribunal Contencioso Administrativo-Sección Segunda del Segundo Circuito Judicial de San José por resolución No. 293-2004 de las once horas veinte minutos del 19 de Agosto del 2004 resulta ciego, creyendo que el Plan Regulador de Tilarán está eficaz en lo conducente resolvió: “El caso bajo análisis, la Municipalidad de Tilarán, dispuso otorgar uso de suelo a la firma Grupo Real Meyvasa. S.A en contra de las disposiciones emitidas por su propio reglamento de zonificación, pese a que tanto el Coordinador de desarrollo local, como el Alcalde de ese gobierno vecinal hicieron ver esa circunstancia, dado que el terreno a utilizar para la construcción de la Gasolinera, se encontraba ubicado según ese Reglamento en una Zona de Uso Residencial o Zona de vivienda, cuyos usos permitidos son todos los urbanos, a excepción de las industrias, talleres, bodegas, aserraderos y usos similares a éstos en cuanto a las molestias (ruidos, tránsito intenso, olor, etc.) que provoquen en el vecindario. También se exceptúa el comercio que produzcan las molestias antes dichas (Artículo II.2), aparte de que dentro de los Usos Condicionados para ese lugar, no encaja un proyecto con características de estación de servicio (gasolinera) según así lo establece el artículo 11.3 de ese mismo Reglamento. IV. En otro sentido, debe tener presente el Concejo, que al haber elaborado la Municipalidad su propio Plan Regulador, (del que forma parte el Reglamento de Zonificación) debidamente publicado en la Gaceta No 207 del día miércoles 30 de Octubre de l995, y vigente a la fecha, este posee carácter reglamentario y su eficacia descansa precisamente en el acatamiento obligatorio, que tal carácter le otorga, según así lo informa el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana… En consecuencia por todo lo expuesto, procede a anular el acuerdo apelado….”  Sea que el Tribunal indicado anuló el permiso de uso de suelo concedido a las empresas aquí ofendidas basado en el dicho de los aquí imputados sobre la eficacia del plan (su susceptibilidad de oponibilidad) y a que nunca estos encartados procuraron o DECRETARON FORMALMENTE LA INEFICACIA DEL PLAN REGULADOR Y SU REGLAMENTO SABEDORES DE QUE NO HABÍA UNA DEBIDA PUBLICACIÓN, dándolo erróneamente el Tribunal Contencioso por eficaz y paralizándose la construcción de la empresa de las aquí ofendidas. 19. Que no obstante lo anterior los aquí ofendidos, representantes del GRUPO REAL MEYVASA, conociendo que el Plan Regulador indicado no era eficaz y no podía ser invocado y aplicado en su contra, y conscientes de la autonomía Municipal al amparo de la ley: continuaron siempre sus solicitudes y en fecha 25 de junio del año 2005 solicitaron a la Municipalidad de Tilarán les otorgara permiso para construir una estación de servicio de combustible adjuntando todo documento correspondiente al efecto. Presionando desde todo punto de vista legal posible para lograr la construcción y apertura de la estación de servicio obligando con ello a los aquí imputados al menos a realizar consultas claves. 20. Que es así como mediante oficios de fecha 30 de Junio del año 2005 y 8 de Julio del mismo año el arquitecto y aquí imputado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO solicitó criterio a los personeros del I.N.V.U sobre la eficacia del Plan Regulador de la Municipalidad de Tilarán, según oficios por su orden: PDCL-O60-2005 Y PDCL-061-2005 ante el Arq. Francisco Mora Protti. Director A.I de Urbanismo del INVU y el Lic. Bernardo López González Presidente Ejecutivo del INVU bajo la siguiente consulta y en lo conducente: “Actualmente, la sociedad Grupo Real MEYVASA, solicitó el correspondiente permiso de construcción, aduciendo que el Plan Regulador, así como el “aviso de adopción del Plan regulador por la Municipalidad de Tilarán, con indicación de la fecha a partir del cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones….” Que señala el artículo 17 inciso 4) de la LEY DE PLANIFICACION URBANA, no fueron publicados en la Gaceta, como lo exige expresamente esta norma, por tanto aquél ni el Reglamento de Zonificación, nunca entraron en vigencia. Valorando la argumentación dada por el solicitante, se confirmó que lo único que se publicó fue el Reglamento de Zonificación (Gaceta no. 217 del 30 de Octubre de l985). (“a confesión de partes relevo de pruebas”). Ante esta situación surge la duda sí ante la omisión de realizar las publicaciones que establece el artículo 17 inciso 4) resulta inaplicable el Plan Regulador o alguna de sus partes, y si ante esto debe otorgarse el permiso de construcción, ya que el solicitante cumple con otros requisitos. Adicionalmente, resulta conveniente el criterio en cuanto a quién le corresponde decidir de conformidad con lo acontecido si es aplicable o no, el Plan Regulador.” Siendo que el Arq. Francisco Mora Protti en su condición de Director A.I. Urbanismo del INVU contesta la anterior inquietud del Arq. Marco Antonio Porras Cordero por Oficio PU-C-D-875-2005 de fecha 8 de Agosto del 2005 indicándole en lo conducente lo siguiente: “Con lo que se entiende que es la Municipalidad la que decide el proceso a seguirse con ese fin y en estricta observancia del procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, siendo entonces la responsable del ordenamiento de su territorio y encargada de la buena administración de los intereses locales (artículo 169 de la Constitución Política y 4 del Código Municipal).  En segundo lugar y de acuerdo a lo consultado, sobre la publicidad en su totalidad de los planes reguladores, debo hacer referencia sobre lo que la Procuraduría General de la República ha dicho en su pronunciamiento C-072-98, para que los mismos sean eficaces, “ Ya se había adelantado la posición que se asume por parte de los Tribunales de Justicia en torno a la publicación de este tipo de actos, en aplicación directa de lo normado por los artículos 120-1 y 240 de la Ley General. Con base en ello, no existe duda que, ante la ausencia de la publicación el Diario Oficial del plan regulador adoptado por un ente municipal, el mismo adolece de eficacia. De lo anterior se deriva su falta de vincularidad para con terceros, ya que tal requisito resulta indispensable para que surta efectos jurídicos”. …” Por último, debo señalar que por la trascendental importancia que reviste la publicación de la totalidad del plan regulador (reglamentos, mapas, etc.) según lo expuesto: esta Dirección recomienda que sean publicadas lo antes posible las partes del Plan Regulador pendientes de ello; ya que esta situación genera inseguridad jurídica y la correspondiente ineficacia de las partes carentes de publicación” Sin embargo, los aquí imputados ni siquiera se preocupan por preguntarle en ese momento al INVU qué partes del Plan Regulador son de necesaria publicación para que este pueda ser eficaz. Así a partir del 8 de Agosto del 2005 y en adelante, ahora nuevamente por comunicación OFICIAL a ambos encartados el Alcalde Municipal de Tilarán JOVEL ARIAS y el co-encartado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO les fue señalado expresamente que el Plan Regulador de Tilarán y su reglamento nunca se le podría oponer al proyecto de las aquí ofendidas. Se les recomendó incluso que tenían que hacer para tornarlo eficaz. Y a pesar de esto continuaron usándolo para oponerlo a su proyecto, mantuvieron su uso y nunca decretaron o promovieron resolución alguna para declarar su ineficacia, corregir los problemas de publicación y señalar a partir de qué momento podía ser oponible a terceros. 21. Que por escrito de fecha 20 de Febrero del año 2006 la Procuraduría General de la República consultada por la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad del reglamento de zonificación de la Municipalidad de Tilarán atacado en esta vía por el GRUPO REAL MEYVASA, aquí ofendida, con ocasión del proceso de constitucionalidad número 05-013854-0007-CO a través de la Procuradora General Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel aclara de forma contundente que todo el Plan Regulador de la Municipalidad de Tilarán su Reglamento y todo otro documento que dependa de este plan regulador es INEFICAZ al no haberse publicado los planos propios del mismo en la Gaceta- Diario Oficial. Otra vez, sin ninguna duda: toda resolución, postura y acuerdo Municipal que deniegue o atrase el permiso de uso de suelo y o construcción al amparo e invocación de su PLAN REGULADOR es absolutamente inválida, ilegal pero además potencialmente delictiva desde que se entraría ya nuevamente un conocimiento pleno y oficial por los funcionarios Municipales de la imposibilidad absoluta de usar un PLAN REGULADOR “ INEFICAZ” En lo conducente el pronunciamiento indicado de la Procuraduría establece: “La sociedad accionante impugna el reglamento de zonificación para la ciudad de Tilarán, publicado en La Gaceta 207 del 30 de Octubre de l985. Alega que si bien este reglamento fue publicado, la municipalidad debió también publicar los demás elementos del plan regulador urbano (planos, mapas y gráficos) y el mismo plan. Según la accionante, esta omisión vicia de nulidad absoluta tanto el conjunto del plan como el reglamento de zonificación citado y quebranta con ello lo dispuesto en los artículos 10,11, 12, 39, 128, 140.3, 169 y 172 de la constitución política. Señala además, que aparte de inválido el reglamento de zonificación publicado es ineficaz por no haberse publicado la totalidad de los elementos constitutivos del plan regulador. … “La publicación de las normas hace constar su existencia y da fe de su contenido. No es simplemente un requisito más de eficacia ya que sin la publicación la norma no puede obligar ni ser vinculante ( Cf, García de Enterría, Eduardo, Curso de derecho administrativo, T.i, 2005, P. 120….. La doctrina ha señalado que los planes urbanos son normas jurídicas 8 ver, entre otros, Parada, Ramón, Derecho Administrativo T. III, 2002, p. 506. La Sala Constitucional ha recogido esta tesis en su jurisprudencia y ha sostenido que los planes reguladores urbanos dictados por las municipalidades en ejercicio de la potestad establecida en el artículo 15 de la ley de planificación urbana número 4240 de 15 de Noviembre de 1968 (LPU) con base en lo dispuesto en el artículo 169 constitucional, son normas jurídicas….. En tanto normas jurídicas, los planes reguladores urbanos deben ser publicados para que surtan efectos. El artículo 17 LPU establece que la municipalidad respectiva deberá publicar en La Gaceta un aviso comunicando la adopción del plan. … En el caso específico y particular de la falta de publicación de los planes reguladores urbanos, esta Sala Constitucional ha señalado que tal situación provoca su ineficacia. Así en sentencia número 2001-01912 de 9 de marzo de 2001, señaló: “·… La Sala constata que si bien lleva razón la empresa amparada en lo acusado, también la tiene, cuando acusó que el Plan Regulador que las autoridades estiman vigente, carece de eficacia por su falta de publicación integral”. Más aún, la Sala ha señalado que un plan regulador puede imponer legítimamente limitaciones a los derechos fundamentales, como del derecho de propiedad, por ejemplo, pero que por falta de publicación no puede ser aplicado… Así lo dicho en sentencia número 2000-09038, de 13 de octubre del 2000.”…. El anterior, es precisamente, el caso de los planos en lo que se expresa gráficamente la zonificación establecida en un reglamento de zonificación si este no contiene referencias geográficas en su texto que permita localizar con precisión los lotes o fincas afectadas. Si tales planos o mapas no se ubican, el reglamento respectivo, al tenor de lo dicho en el epígrafe anterior, no puede producir efectos jurídicos…. De conformidad con lo dicho, la no publicación de los planos o mapas en que se representa gráficamente la zonificación que se establece en el reglamento de zonificación de la ciudad de Tilarán, hace que este sea inaplicable aunque haya sido publicado… Ahora bien, los actos administrativos concretos dictados en aplicación de un reglamento que no puede generar efectos jurídicos, son inválidos. “ .  Este pronunciamiento del denominado “ abogado del Estado” implica para la Municipalidad de Tilarán la invalidez absoluta de todo acto o disposición al amparo del Plan Regulador Municipal y la ilegalidad absoluta de todo acto de atraso o denegatorio del permiso de uso de suelo y de construcción para la sociedad aquí ofendida en su proyecto aludido. Siendo que una publicación futura y acorde de los documentos esenciales y atinentes del Plan Regulador Municipal ya no afectaría, en todo caso el proyecto de marras, en tanto este arrancó administrativamente en una época en que el plan regulador no fue eficaz para este proyecto. (Irretroactividad de las normas. La norma es vigente a partir de su publicación y para actos futuros).  22. Que en el marco del mismo proceso de acción de inconstitucionalidad ya citado, contra el reglamento que implementa el Plan Regulador de Tilarán recayó la resolución de la Sala Constitucional de las dieciocho horas con treinta minutos del 29 de Marzo del año 2006 que en lo conducente establece:El artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece que la Municipalidad respectiva deberá publicar en la Gaceta un aviso comunicando la adopción del plan. Esta disposición no señala que el plan como tal debe ser publicado, pero un plan regulador urbano es un acto administrativo general de carácter normativo y, en razón de ello, debe ser publicado para que surta efectos y afecte situación jurídicas y derechos subjetivos en razón de lo que dispone el artículo 240.1 de la Ley General de la Administración Pública…” (pg3)….” La no publicación de los planos o mapas en que se representa gráficamente la zonificación que se establece en el reglamento de zonificación de la ciudad de Tilarán, hace que éste sea inaplicable aunque no haya sido publicado…” (pg4)- De seguido la Sala deja claro que los actos y resoluciones tomadas al amparo de un Plan Regulador ineficaz son inválidas y que el Plan Regulador y su reglamento son ilegales y por ende ineficaces. Y le da un orden a la Municipalidad de Tilarán con fundamento en el pronunciamiento supra citado de la Procuraduría: “sin perjuicio de que la Sala ordene la publicación de los planos o mapas en donde se represente geográficamente la zonificación establecida en el citado Reglamento como requisito para que éste surta efectos”. A partir de ese momento Marzo del 2006 pese a conocer ambos encartados según su propio dicho que lo único publicado fue el Reglamento del Plan Regulador ( en oficios ya citados del 30 de Junio y 8 de Julio aludidos) y pese a la contundencia y confluencia de ya cuatro pronunciamientos diversos: el del asesor legal Castrillo, el del Arq. Francisco Mora Protti del I.N.VU el de la Procuraduría y la orden indicada de la Sala Constitucional y hasta la fecha, el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA, como Alcalde de Tilarán y por ende representante de esta entidad, y luego el aquí imputado MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, nunca emanaron o procuraron estos imputados según el período de sus funciones: una resolución o acto administrativo para declarar la ineficacia del Plan Regulador y evitar su aplicación indebida e ilegal a situaciones concretas en perjuicio de derechos ciudadanos ( incluso para evitar sus propias aplicaciones indebidas) pese a la investidura, deberes y potestades propias de sus funciones. Que sirviera además como comunicación oficial y aviso a las autoridades públicas y judiciales sobre la verdadera situación del Plan Regulador y su Reglamento. Ni procuraron tampoco tal y como el INVU y la Procuraduría se los recomendaba, y la Sala Constitucional se los ordenaba, dotar de eficacia al Plan Regulador de Tilarán y su Reglamento a fin de evitar esta situación de incertidumbre caos e ineficacia, debiendo ser más bien el Concejo Municipal período de Noviembre del 2005, el que intenta realizar alguna publicación para dotar de eficacia al Plan sin cumplir eso sí, con todo lo que la ley ordenaba. 23. Que en efecto, debido a esta situación de ineficacia el Concejo Municipal del período político anterior ordenó la publicación rápida, súbita del Plano del Plan Regulador Municipal. Este Concejo debido al contundente pronunciamiento supra citado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo le ordena al aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA publicar en el Diario Oficial “La Gaceta” un Plano del Plan Regulador Municipal de la ciudad de Tilarán por Acuerdo No. 693 de la Sesión Ordinaria No. 184 del 9 de Noviembre del 2005 que indica: “Autorícese al Alcalde Municipal para que publique Plano de Zonificación correspondiente al Plan Regulador del Cantón de Tilarán”.  24. Que sin embargo, el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Tilarán publica una imagen raster del original plano de zonificación elaborado por el INVU en l982 en la Gaceta Número 41 del Lunes 27 de Febrero del año 2006 , imagen copia en disminución que : no contiene, el nombre del Plano, los nombres de los autores y dibujantes, Encargado de Sección, Encargado de Proyecto, Colaboradores, Nombre del Director de Urbanismo, la fecha del mismo, el nombre de la entidad oficial confeccionante: INVU, la escala, la fuente, la mención de fotografía y visita al sitio, una descripción de los lugares y áreas adyacentes al casco urbano mapeado, como nombres de ríos, distritos y haciendas principales, tal y como se observa en un verdadero mapa de este Plan Regulador del cual aquí suministramos una copia y que de acuerdo a las ordenanzas y narrativa de la Sala Constitucional y la Procuraduría, sirviera de verdadera orientación y publicidad cierta para la ciudadanía. Adicionalmente y sin tener que recibir alguna orden para ello, ninguno de los aquí encartados procuró publicar el plano de vialidad, ni el acuerdo de adopción Municipal del Plan Regulador para darle eficacia, así incumpliendo sus deberes adicionalmente ya en el año 2006.  Esto implicaría que entre el 9 de Noviembre del año 2005 y el 27 de Febrero del año 2006, el aquí imputado JOVEL ORTEGA en lugar de publicar según se le ordenó por el Concejo Municipal según sesión Ordinaria Número 184 del 9 de Noviembre del 2005 el plano de zonificación del Plan Regulador de la Municipalidad de Tilarán habría publicado una imagen raster del mismo y logró presentar a la Imprenta Nacional este tipo de documento que no contiene el contenido total del plano original de zonificación en: nombre, contenidos, autores y fecha insertas ya aludido. Tampoco ambos encartados aprovecharon la coyuntura pro dotar de eficacia el Plan Regulador y su reglamento publicando todo plano y mapa también necesario como el de vialidad y el mismo acuerdo de adopción Municipal de este Plan: Con total perjuicio para todos los habitantes de Tilarán. Y sobre todo para evitar una aplicación discriminada e ilegal de estos instrumentos en contra de nuestras representadas. 25. Que habiendo solicitado construir con fecha 25 de Junio del 2005 las empresas aquí ofendidas ante el aquí imputado MARCO. A. PORRAS CORDERO Coordinador Proceso de Desarrollo de la Municipalidad de Tilarán adjuntando todo tipo de documentos exigidos por la normativa, este encartado, de previo, consulta como ya fue aquí reseñado a personeros del INVU y recibe la respuesta efectiva ya señalada en esta Acusación por parte del Arq. Francisco Mora Protti por oficio de fecha 8 de Agosto del 2005 oficio PU-C-D-875-2005, acerca de la no eficacia del Plan Regulador de Tilarán y su Reglamento, así como el Arq. Mora Protti del INVU, expresamente le contesta a este encartado: “Debo señalar que por la trascendental importancia que reviste la publicación de la totalidad del plan regulador (reglamentos, mapas, etc.) según lo expuesto, esta Dirección recomienda que sean publicadas lo antes posible las partes del Plan Regulador pendientes de ello; ya que esta situación genera inseguridad jurídica y la correspondiente ineficacia de las partes carentes de publicación.”  26. Que no obstante, el aquí encartado MARCO A. PORRAS CORDERO por Oficio PDCL-071-2005 de fecha 16 de Agosto del 2005 dirigido a JOVEL ARIAS ORGEGA Alcalde Municipal falsamente consigna allí que no le fue posible obtener el criterio por escrito del INVU, así como del asesor legal Lic. Francisco Castrillo, cuando ya había recibido la contestación del INVU según la fecha y foliatura del expediente administrativo, y allí habría insertado dato falso en un documento público. Y falsamente también añade en este mismo oficio: “no se ha definido con claridad si ante la omisión de realizar las publicaciones que establece el artículo 17 inciso 4), resulta inaplicable el Plan Regulador o alguna de sus partes, y si ante esto debe otorgarse el permiso de construcción, ya que el solicitante cumple con los otros requisitos” Decimos falsamente, en tanto ya contaba este encartado con el claro dato del Arq. Mora Protti del I.N.V.U donde hasta con cita de pronunciamientos de la Procuraduría le indicaba que el Plan Regulador NO ERA EFICAZ, y a ese momento ya contaba también este encartado con el criterio del Asesor Legal Municipal Francisco Castrillo de fecha 11 de Noviembre del 2003 dirigido a este encartado así como al imputado Alcalde Municipal donde claramente les señalaba la ineficacia del Plan Regulador, por la no publicación del acuerdo de adopción del mismo, confirmándose así adicionalmente el dolo. Así como contaba con el pronunciamiento del Asesor Legal del IFAM Lic. Raúl Alberto Barboza Calderón del 11 de Julio del año 2005. Oficio DJI-047-05 quien en lo conducente le indicaba que : “ De acuerdo con lo que Usted expone en su oficio, lo que fue publicado fue el Reglamento de Zonificación, el cual debió incluir no sólo el texto sino también los planos que corresponden a ese reglamento” En conclusión el encartado PORRAS CORDERO no recomienda otorgar el permiso de uso de suelo y de construcción citando datos falsos en un documento público y rehusando cumplir sus deberes propios de otorgar el respectivo permiso de uso de suelo en tanto no le podía oponer a la empresa de las aquí ofendidas un plan regulador ineficaz. Su resolución está basada en hechos y datos falsos y como tal sería prevaricante. 27. Que pese al criterio ambiguo del encartado PORRAS CORDERO, el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA por oficio de fecha 17 de Agosto del año 2005 otorga permiso de construcción a las empresas aquí ofendidas, sujeto eso sí a RESELLAR O CAMBIAR LOS PLANOS DE PROYECTO, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en los cuales se especifique que NO ES una Estación de Servicio (GASOLINERA), lo que se va a construir en ese lote “ Lo cual era un exigencia abusiva y contraria a derecho en tanto nada impide a las empresas aquí ofendidas levantar una estación de servicio de combustible en una zona comercial en la realidad y que no puede ser afectada por un plan regulador ineficaz como claramente a esa fecha se lo había advertido el INVU y el asesor legal Lic. Francisco Castrillo. 28. Que la anterior resolución ilegal provoca que el representante legal de las aquí ofendidas Carlos A. Vargas Murillo por oficio del 31 de Agosto del 2005 previa cita del pronunciamiento del INVU sobre la ineficacia del Plan Regulador le indique al imputado Alcalde Municipal que es inaceptable que deba cambiar planos constructivos si lo que realmente van a desarrollar es una estación de servicio de combustible para lo cual ha cumplido con todos los requisitos de la normativa. 29. Que sin embargo, por oficio de fecha 01 de Setiembre del 2005 DAM 299-05 aparece el aquí imputado Alcalde Municipal contestándole al Dr. Luis Alfonso Murillo, adversador del proyecto de las aquí ofendidas que “ 1) No se otorgó ningún permiso para gasolinera y luego al contestar el oficio de fecha 31 de Agosto del año 2005 a las aquí ofendidas, evade la respuesta e indica que “lo que esta Alcaldía le permite es la construcción del edificio por cumplir con los requisitos de ley… entendido que la patente de funcionamiento de la gasolinera es un trámite independienteY de esta forma, incumpliendo con sus deberes en lugar de OTORGAR UN CLARO PERMISO DE USO DE SUELO Y DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO, EN TANTO NO SE PODÍA APLICAR EL PLAN REGULADOR AL PROYECTO, RAZONES YA INDICADAS Y FUNDADAMENTE PROPALAR LA CONVENIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO, el aquí encartado JOVEL ARIAS, continuó su forma de manifestarse genérica, ambigua y apartada de los deberes de su investidura. Al final nunca otorgó a las empresas aquí ofendidas UN CLARO PERMISO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE. Debía establecer claramente el destino del proyecto a emprender como preámbulo a otorgar un permiso de construcción y nunca lo hizo, incumpliendo sus deberes, apartándose de las disposiciones de la Ley de la Planificación Urbana y ocasionando perjuicio. 30. Que por oficio de fecha 12 de Septiembre del año 2005 DAM 318 05 el aquí imputado JOVEL ARIAS aparece contestándole al Concejo Municipal otra cosa: “ Sobre el permiso otorgado al GRUPO REAL MEYVASA S.A, con respecto a la construcción de un edificio para Gasolinera y otros, debo manifestar, que el mismo se dio, por ser competencia Administrativa de esta Alcaldía y por cumplir el solicitante con todos los requisitos de Ley e incluso por ser ineficaz, la aplicación del Plan Regulador de esta Municipalidad, al no estar publicados los mapas de zonificación y no cumplirse con otros requisitos de procedimiento , según el artículo 17.4 de la Ley de Planificación Urbana” Argumento que convence al Concejo Municipal en su mayoría y pese a los recursos de los opositores del Proyecto de las aquí ofendidas mantienen y confirman la decisión de la Alcaldía, por acuerdo de Sesión Ordinaria N. 177 del 21 de Setiembre del 2005, desconociendo que el alcalde y aquí imputado JOVEL ARIAS había incumplido su deber de otorgar un permiso de uso de suelo antes que dar un permiso de construcción para un “ edificio” como en su primer acto administrativo consignó sobre este punto. Adicionalmente puede verse como el encartado JOVEL ARIAS conocía perfectamente de la ineficacia del plan regulador, así como el co-encartado MORA PORRAS que laboraba a su lado y en equipo. 31. Que debido a la negligencia del aquí imputado JOVEL ARIAS, en no conceder un uso de suelo nuevo debidamente fundamentado y de seguido un permiso de construcción, y debido a sus ambivalencias sobre qué tipo de proyecto estaba autorizando pese a la oposición de las empresas aquí ofendidas sobre sus ambivalencias y exigencias ilegales de modificaciones de planos, esta situación luego repercute a nivel de la apelación que realizan los adversadores del proyecto ante el Tribunal Contencioso Administrativo quien por resolución de su Sección Segunda número 556-2006 de las catorce horas veinticinco minutos del 11 de Diciembre del 2006 literalmente anotan en lo conducente: “Respecto al primer planteamiento esbozado en el recurso de apelación, mantenido ante esa instancia, se observa que no existe una autorización de uso de suelo, debidamente otorgado por parte de la Municipalidad de Tilarán. Eso, por cuanto en autos no consta que se haya emitido un permiso de ese tipo, conforme a derecho, luego de que mediante el Voto No. 293-2004 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, de once horas veinte minutos del diecinueve de agosto de dos mil cuatro, anulara el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tilarán, en sesión ordinaria No. 83 del tres de diciembre de dos mil tres, mediante el cual se había aprobado el uso de suelo, a la empresa Grupo Real Meyvasa SA.A, para la instalación de una estación de servicio…. Ante esta actuación en concreto, no se comprueba la emisión del certificado de uso de suelo, que funge como requisito sine qua non que, de forma previa, debe constar para luego emitir la autorización de construcción…Por tanto se anula el acuerdo 578, artículo 24, inciso 1), Capítulo IV, de la sesión ordinaria No. 177 de veintiuno de Setiembre de dos mil cinco dictada por el Concejo Municipal de Tilarán. De igual forma se anula el oficio No. DAM272-05 de diecisiete de Agosto de dos mil cinco, el oficio No. DAM 317-05 de doce de Setiembre de dos mil cinco y el permiso de construcción No. 185, de fecha veinte de setiembre de dos mil cinco, a favor de Grupo Real Meyvasa S.A otorgados para la construcción de una estación de servicio.” Dejando claro este Tribunal que tenía total potestad el Alcalde Municipal de otorgar un nuevo uso de suelo pese al original anulado por el primer proceso contencioso ya citado: “No obstante lo dicho, cabía la posibilidad, si así hubiera ocurrido, que la propia Corporación Local emitiera una nueva autorización de uso de suelo, en caso de que constatara el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, por parte de la empresa petente,” Comprobándose que con otra violación de la normativa, incumplimiento de deberes ante todo, el Alcalde Municipal al no haber otorgado de previo un permiso de uso de suelo debidamente fundamentado daba al traste otra vez con el proyecto de las empresas aquí ofendidas. 32. Que afianzados en lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y perpetuando su propio dolo por haberle NEGADO A LA EMPRESA OFENDIDA EL PERMISO DE USO DE SUELO Y FICTICIAMENTE DANDO POR EXISTENTE EL PRIMER PERMISO DE USO DE SUELO YA ANULADO ANTERIORMENTE POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA: En lugar de dar lugar a un procedimiento correcto tal y como se lo sugiere el mismo Tribunal Contencioso en la penúltima página de su sentencia 556 del 2006. Sin esperar a que incluso quede firme la resolución supra citada del Tribunal Contencioso Administrativo y por ende actuando abusiva e ilegalmente: el Alcalde de Tilarán aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA por resolución DAM-010-2007 de las siete horas con cincuenta minutos del 16 de Enero del año 2007 ordena paralizar la construcción de la obra, proyecto total de estación de Servicio de Combustible y áreas adjuntas de las empresas aquí ofendidas, cuando estas ya habían concluido el cien por ciento del área constructiva para el expendio de combustible como un hecho público y notorio en la ciudad de Tilarán. Más esta resolución de paralización sirvió de mampara a los adversadores del Proyecto para hacer daño a las empresas aquí ofendidas ante otras instituciones públicas. 33. Que a partir de este momento y ya desesperados con esta situación ilegal, de inercia, de incumplimiento de los deberes y de arbitrariedad: con más fuerza a partir de aquí, se suscitan continuas y reiteradas informaciones por parte de abogados y personeros del GRUPO REAL MEYVASA al Concejo Municipal en vigencia de la Municipalidad de Tilarán: en el sentido de que estarían actuando indebida e ilegalmente al oponer a nuestro proyecto un Plan regulador ineficaz por lo ya anotado. Y al ordenar paralización de construcciones con base en una resolución sin firmeza y que incluso aludía a la opción de corregir los procedimientos, máxime si es la Municipalidad misma la que violó los pasos debidos en el trámite. Adicionalmente recurren la anterior resolución del Alcalde y comparecen a las Sesiones Municipales sin todavía tener respuesta efectiva al día de hoy: Así aparecen presentados al Concejo Municipal: 1) El escrito de fecha de recibido 17 de Enero del 2007 que se titula Incidente de Suspensión de actuaciones administrativas Resolución DAM-010-2007. 2) El escrito de fecha de recibido 18 de Enero del 2007 donde se solicita reactivación de gestión presentada para la obtención del Permiso de Uso de Suelo donde claramente se le hace ver la no publicación debida del plan regulador y la prohibición de aplicarlo retroactivamente al proyecto de la aquí ofendida. 3) El escrito de fecha de recibido 24 de Enero del 2007 que es la reiteración de solicitud de suspensión actuaciones e interposición de consulta preceptiva a Procuraduría General de la República. Sin que todavía se tenga respuesta concreta y definitiva de todas estas peticiones pese a que ya el Tribunal Contencioso Administrativo ha dejado claro en su última resolución aquí citada No. 556-2006 de las 14hrs 25 del 11 de Diciembre del 2006, que la Municipalidad de Tilarán puede en forma autónoma, hoy en día, otorgar permiso de uso de suelo si verifica el cumplimiento debido de los requisitos normativos por las empresas aquí ofendidas ante una nueva gestión: “No obstante lo dicho, cabía la posibilidad, si así hubiera ocurrido, que la propia Corporación Local emitiera una nueva autorización de uso de suelo, en caso de que constara el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, por parte de la empresa petente, al momento de que presentase otra solicitud, posterior a la denegada” (penúltima página de esta resolución, renglones iníciales). Siendo que ya habiendo pasado una anterior resolución de Tribunal Contencioso con agotamiento de vía administrativa, lo indicado en este fallo 556-2006 no es sino una licencia clarísima de que aun cuando se dé por agotada una vía administrativa la corporación Municipal puede recibir, tramitar y aprobar una nueva gestión si todo está apegado a derecho. Situación consecuente con la autonomía Municipal y el derecho de pedir y ser respondido cada vez que así se requiera.  34. Que con el fin de que quedara plena prueba de un extraño proceder al publicarse imagen raster del plano verdadero de zonificación sin su contenido total a solicitud del aquí ofendido CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO el día 16 de Febrero del año 2007, el aquí imputado JOVEL ARIAS ORTEGA certifica en la Municipalidad de Tilarán bajo la fe pública de su investidura en calidad de Alcalde de la Municipalidad de Tilarán lo siguiente: “con fundamento en el artículo sesenta y cinco de la Ley General de Administración Pública, que el documento al dorso ( EL CROCKIS o también denominada” IMAGEN RASTER)” allí descrita “es copia fiel del Plano de Zonificación Plan Regulador Tilarán, Guanacaste, publicado en la Gaceta No 41 del Lunes 27 de Febrero del 2006. (lo escrito entre paréntesis es nuestro) Siendo que sólo una publicación fiel y exacta de un plano de zonificación podría servir a la ciudadanía como forma de informarse certeramente sobre la ubicación certera de sus proyectos o bienes.  35. Que en los últimos días, y ya en Marzo del año 2007, el aquí imputado JOVEL ARIAS, ya desesperado al comprender la magnitud del daño ya producido a la empresa GRUPO REAL MEYVASA con oponerle un Plan Regulador ineficaz y luego con la irregular publicación en el Diario Nacional de una imagen y no de un plano de zonificación exacto y fidedigno y conociendo que no se ha publicado aún el acuerdo de adopción del Plan ni otros planos claves, procede a intentar publicar por primera vez los verdaderos planos del Plan Regulador Municipal de Tilarán acudiendo al INVU , pero dejando evidenciado hasta por notas escritas QUE NUNCA HA PUBLICADO NI EL NI NINGÚN FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN LOS VERDADEROS PLANOS DEL PLAN REGULADOR Y QUE HA MANTENIDO ESTA SITUACIÓN DESDE SU CONOCIMIENTO PLENO DE LA SITUACIÓN HASTA EL DÍA DE HOY. Así tenemos la nota suscrita por este encartado con fecha 5 de Marzo del año 2007, Oficio DAM 050-2007 dirigido al Geo. Leonel Rosales Maroto Director del INVU donde este imputado le manifiesta textualmente: “A efecto de esclarecer las grandes dudas que se presentan en este momento en relación a los planos de zonificación del Plan Regulador del Cantón de Tilarán, solicito su colaboración para obtener por su medio un juego de dichos planos (17 láminas) debidamente certificadas. ¿Para que el Plan Regulador surta los efectos técnicos y jurídicos, cuáles planos deben ser publicados en el Diario Oficial la Gaceta?”  Recibiendo este imputado la debida respuesta del Director a.i de Urbanismo Msc. Leonel Rosales Maroto le contesta en lo conducente que:  “ Con base a los planos que deben ser publicados por el Diario Oficial La Gaceta para efectos de publicación del Plan son: . Vialidad, Zonificación, Reglamento” Esto según oficio PUCD-177-2007 del 23 de Marzo del 2007.”  No quedando, así ninguna duda de que los aquí imputado JOVEL Y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO siempre conocieron que usaron y trabajaron con un plan regulador ineficaz, no oponible a terceros, incluyendo al proyecto de la aquí ofendida y que hasta el momento todo atraso y denegatoria de permisos de uso de suelo y de construcción al proyecto de la aquí agraviada habría sido un acto delictivo. Y que para mantener esta situación a lo largo de tanto tiempo, y tal y como aquí se ha explicado, han opuesto un plan regulador ineficaz, SÓLO A LAS EMPRESAS AQUÍ OFENDIDAS. Potencialmente han incurrido hasta en lograr la inserción de datos falsos en actos y resoluciones administrativas, ilegales de por sí. Han certificado un crockis o imagen de un plano como si fuese el fidedigno, que en realidad tiene mayor contenido. Han publicado en la imprenta Nacional, La Gaceta documentos que no son idénticos al original. Y finalmente terminaron concediendo un permiso de construcción violando la ley de planificación urbana, al no conceder de previo y de manera fundada un permiso de uso de suelo, lo cual era de su total conocimiento al trabajar diariamente en esa materia. A Abril del 2007 incluso, el encartado JOVEL ARIAS, como Alcalde tampoco habría publicado el mapa de vialidad, ni el acuerdo de adopción del Plan Regulador de Tilarán que sin embargo y por tanto tiempo opuso cual si fuese eficaz contra el proyecto de las aquí agraviadas: Provocando daños y perjuicios enormes a las empresas aquí ofendidas.  Así mismo, la otra cabeza visible de la Municipalidad de Tilarán, su presidente Municipal y aquí encartado OLGER ARTAVIA, tampoco procuró desde su cargo ningún acuerdo Municipal para declarar públicamente la ineficacia del Plan Regulador y proceder a dotarlo de eficacia reconociendo plenamente la situación real del Plan, lo que es aprovechado sobre todo por el Alcalde JOVEL ARIAS, para seguir usándolo indebidamente, oponiéndolo o invocándolo a casos concretos y sólo en contra a las aquí ofendidas, estos encartados dejan al cantón de Tilarán en un claro caos jurídico y práctico para todo tipo de trámites de construcción y ubicación ante la Municipalidad de marras, incumpliendo sus deberes.  36. Que los aquí encartados por otro lado, nunca oponen ni consideran válido y eficaz el Plan Regulador y su Reglamento de Zonificación para ningún proyecto de empresa o ciudadano en Tilarán que no sea a las aquí agraviadas. Así aparecen aperturas de negocios, industrias, comercios y talleres, algunos de los cuales no reúnen en forma alguna los requisitos de seguridad, señalamiento vial, y calidad de materiales y estructura de la construcción ya levantada por las empresas aquí ofendidas. Concretamente, en un radio de un kilómetro alrededor de la propia construcción de la estación de servicio de las aquí ofendidas en forma sorprendente sí encontramos los siguientes negocios, talleres y empresas en total funcionamiento todos contemporáneos a la misma vigencia del Plan Regulador que para ellos sí no es oponible y en la misma zona geográfica de cuestionamiento: Al frente de la estación de servicio se ubica el restaurante “Aroma Tico” y la venta de materiales de construcción e industria “ Agro Tila”, a unos cien metros hacia Cañas aparece un Taller mecánico sin nombre, unos 50 metros lineales al Nor- Oeste aparece el Taller Mecánico “ Mondragón”, doscientos metros hacia el Oeste, sea hacia Cañas aparece el taller “Electromecánico Méndez”, luego en el rango del radio indicado a menos de un kilómetro aparecen: Taller Isauro reformado ya en vigencia del Plan ineficaz, Súper Guayo, Heladería Díaz, Panadería” Tu Tu”, Taller Fufi, Carnicería “ La Única”, Taller Bonilla, Tienda Americana con Clase diferente, Pinturas Sur, Taller “ Pinocho y M”, Servi Repuestos Picado , Restaurante La Casona, entre otros. - Sea que se encuentran negocios y sobre todo talleres por doquier que sí podrían hasta eventualmente provocar ruidos molestos como los propios de las soldaduras, que sí provocan en verdad emanación de gases al arrancar y probar vehículos, que en realidad sí podrían provocar atraso vial en su ingreso y egreso, en tanto nunca reúnen las condiciones de señalamiento vial que se le han exigido a las empresas aquí ofendidas y que ya han cumplido de manera absoluta. 37. Que lo más irónico es que a la par de la casa donde habita el Dr. Enrique Jiménez Aragón uno de los recurrentes de resoluciones favorables al proyecto de las aquí ofendidas y quien al momento habría aprovechado su puesto de funcionario público para adversar el proyecto a título particular, sin inhibirse, funciona un taller, potencialmente sin requisito alguno. Operado por el hijo de su compañera sentimental de este Doctor: Gretti Murillo Boniche: a unos 20 metros lineales de lo que sería la nueva estación de servicio de las empresas de las aquí ofendidas. (Detrás del edificio de área administrativa y comercial) 35 metros al Sur de este taller aparece el restaurante la Casona y diagonal a este está la actual y vieja estación de servicio de combustible Servicentro Tilarán propiedad de Olger Ulate Ulate, que logra en el mismo barrio y sector permisos de uso de suelo sin problema alguno y hasta logra culminar construcciones sin mediar ningún tipo de permiso municipal. Y por otro lado los propios recurrentes y adversantes del proyecto de las aquí ofendidas ya desde su anterior recurso de revocatoria con apelación subsidiaria de fecha 10 de Diciembre del 2003 contra el Acuerdo Municipal N. 403 inciso 1, artículo 14 de la Sesión Ordinaria Nº. 83 del 3 de Diciembre del 2003 que por primera vez ratificó el uso de suelo a favor de las aquí agraviada reconocieron textualmente lo siguiente: “SABEMOS QUE EL PLAN REGULADOR DE TILARAN, ESTÁ SIN EFECTO A PARTIR DE 1997 POR FORMALISMOS LEGALES…” Con lo cual ya se han pronunciado sobre la ineficacia del Plan Regulador las siguientes personas y entidades, citadas aquí según el orden temporal de su manifestación: El asesor Legal Municipal Lic. Francisco Castrillo Córdoba, el imputado Porras en sus escritos hacia el INVU de fecha 30 de Junio y 8 de Julio, el Arq. Francisco Mora Protti, Director de Urbanismo del I.N.V.U, el Dr. Alfonso Murillo y demás adversantes del proyecto, la Procuraduría General de la República, la Sala Constitucional, el Alcalde de la Municipalidad de Tilarán Jovel Arias Ortega, el Concejo Municipal de Tilarán. Y aun así los aquí imputados, consuetudinarios utilizantes del Plan Regulador indicado para aprobar o desaprobar permisos de uso de suelo, construcciones y en sí empresas, talleres, comercios, moradas, etc., lo usaron y usarían hoy en día y ya se comprenderá: abusiva, indebida y delictivamente.  38. Que en la Sesión Ordinaria No. 46 del 14 de Marzo del 2007 Acuerdo No. 206, punto 7, llega el encartado JOVEL ARIAS a reconocer lo siguiente: “el plan Regulador no estaba en su totalidad publicado, por lo tanto carecía de eficacia, al no contar con la publicación de los planos de zonificación”. Más estos reconocimientos ya ocurrieron demasiado tarde y aún hoy en día no se ha dictado acto o resolución alguna para declarar su ineficacia por moción concreta de este encartado. El aquí imputado OLGER ARTAVIA, como presidente Municipal, no hace nada al respecto. 39. Que aún frente al reconocimiento de la ineficacia, no aplicación del Plan Regulador y su reglamento, el aquí imputado Jovel Arias lo siguió invocando en actos administrativos y respuestas a ciudadanos revelando así un comportamiento harto doloso en el cumplimiento de sus deberes y creando inseguridad y caos jurídico y práctico para toda la comunidad de Tilarán que no sabe a qué atenerse. Ejemplo de esto es la nota de fecha 09 de Enero del año 2007, por oficio DPUCC-11-2007 dirigido a la Sra. Yolanda Vargas Murillo donde ya en esa fecha continua utilizando un Plan Regulador que sabe ineficaz al contestarle en lo conducente: “ La Municipalidad de Tilarán, por medio del Departamento de planificación urbana y control constructivo, determinó que en virtud de su solicitud, con respecto al uso de suelo para finca con dirección….. debemos manifestarle lo siguiente: la propiedad con plano catastro G-13459-1974 y finca 5030863, se ubica según el Plan Regulador del cantón de Tilarán en zona residencial” A pesar de ello en este expediente se observa como el Alcalde autoriza ampliaciones para un taller mecánico a la par de la casa de Yolanda Vargas, taller propiedad de Rafael Herrera Conejo, ubicado cien metros al Este de la parte trasera de la Catedral de Tilarán, comprobándose que sólo a las aquí agraviadas se les opuso el Plan Regulador y su Reglamento aun cuando conocían era ineficaz. Más comprobándose también que según la conveniencia del caso lo daban por eficaz o por ineficaz.  En efecto, en este mismo caso pugna de Yolanda Vargas Murillo contra la permanencia de un taller pegado totalmente a su casa de Rafael Herrera, antes aparecen los siguientes documentos municipales.   - Oficio de fecha 29 de Marzo del 2006 suscrito por el imputado Arq. Marco Antonio Porras Cordero No. PDCL-044-2006 dirigido al Sr. Luis Evelio Ledesma Soto del Ministerio de Salud “De acuerdo con sus solicitud de información, con fecha 24 de Marzo del 2006, para la resolución del caso, que los trabajos de construcción realizados en el lote colindante con el taller denominado “ Taller felo”, me permito informarle: “3. También se tomó en consideración que en este momento, nuestro Plan Regulador posee una acción de inconstitucionalidad. 4. El criterio para este municipio tomando en cuenta el tipo de desarrollo que se ha presentado en esa zona es de “talleres”, y es el que va a prevalecer en nuestro nuevo Plan Regulador.”  Sea que el criterio de ellos es que aún en una zona residencial según el Plan si el desarrollo que se ha presentado” es el de talleres” así se va a resolver a favor de los talleres. Salvo en el caso de las aquí ofendidas por supuesto. - Oficio del 18 de Agosto del 2006 número DPUCC-71-2006 de Jorge A. Murillo Álvarez Coordinador de Desarrollo Municipal Número DPUCC-71-2006 dirigido a Azucena Arias Álvarez esposa de Rafael Herrera Conejo: “De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de zonificación (situaciones existentes o de hecho) en su punto 8.2, 8.3, 8.4…. “ se mantiene uso de suelo en finca 5-043485-000, plano catastro G010518-1976, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones exigidas en las leyes pertinentes, según resolución 2006-004503 y de la Sala Constitucional la cual indica que nuestro plan regulador es válido y con la publicación de la zonificación con fecha 27 de febrero de 2006 en diario Oficial La Gaceta adquirió eficacia” A sabiendas de que lo publicado no fue el original del plan de zonificación y que nunca habían publicado el acuerdo de adopción del Plan lo cual la misma Sala Constitucional reconoce en la misma resolución. Y por ende continuaron usando un Reglamento que sabían todavía ineficaz.  - Oficio del 18 de Agosto del 2006 numerado DPUCC-72-2006 dirigido a Rafael Ángel Herrera Conejo donde en lo conducente se establece: “ La Municipalidad de Tilarán por medio del Departamento de planificación urbana y control constructivo, determinó que en virtud de su solicitud, con respecto al uso de suelo, para comercio menor ( Lubricentro) … debemos manifestarle lo siguiente: De acuerdo al artículo 11 del Reglamento de zonificación ( Zona de Vivienda, Residencial) en su punto 11.1 y 11.2.  - 11.1) El propósito de esta zona es por una parte prever la ordenada expansión futura de la ciudad y por el otro permitir el uso y consolidación de las áreas servidas con la infraestructura necesaria en un carácter residencial, comercial (minoritario) y de servicios públicos para atender a toda el área de influencia de la ciudad.  - 11.2) Usos permitidos:  - Todos los usos urbanos, a excepción de las industrias, talleres, bodegas, aserraderos y usos similares a estos en cuanto a molestias (ruido, tránsito intenso, olor, etc) que provoquen en el vecindario lo mismo que el comercio que produzcan las molestias antes dichas… Se mantiene el uso de suelo de la finca No. 5-009465-0000…..” Sea que aparte de que autorizó para un lubricentro que queda fuera de lo permitido taxativamente según indica el Reglamento del Plan Regulador. Lo importante es que aparte de violarlo, en todo caso, lo invocan pero no lo confrontan al taller y lubricentro. Y lo invocan para otorgar permiso de uso de suelo en una zona que estaría en las mismas condiciones de las propias del proyecto de las aquí ofendidas. En otras palabras, que siguen aplicando el plan que saben ineficaz sólo contra las aquí agraviadas. - Como ya fue indicado, a Septiembre del 2005 (hecho 30 de esta acusación) el Alcalde Jovel Arias reconoció la ineficacia del Plan Regulador. En Marzo del 2007 lo volvió a sostener ante el Concejo Municipal. En Mayo del 2007 lo reconoció ante la Prensa Nacional.( Véase Publicación en LA NACIÓN, Jueves, 10 de Mayo del 2007). En todo este período admitió que andaba buscando publicar todavía mapas para poner en vigencia el Plan Regulador. Nunca publicaría el mapa-plan de vialidad ni el acuerdo de adopción y aun así a finales del 2006, principios del 2007 a otras personas le continuaba invocando el Plan Regulador y su Reglamento para otorgar permisos en zonas residenciales como circunstancia de excepción, salvo al proyecto de las aquí agraviadas por supuesto. Mientras el presidente Municipal, como cabeza del Concejo Municipal, el imputado OLGER ARTAVIA durante todo este tiempo y con pleno conocimiento no tomaba ni procuraba acuerdo para corregir esta situación del Plan Regulador y la incertidumbre que producía esto, aún para una ilegal, equivocada y absurda invocación de este Plan en contra del proyecto de las aquí agraviadas que siempre estuvo latente.  La situación fue de tal presión y evidencia para el Alcalde Jovel Arias que en fecha 24 de Abril del 2007 finalmente otorgó un nuevo permiso de uso de suelo para el proyecto de las aquí agraviadas afianzado otra vez en lo que siempre conoció: la ineficacia y no aplicación del Plan Regulador para el proyecto de marras de las aquí ofendidas, y la concordancia absoluta del proyecto con toda la normativa, con toda resolución judicial y con el bien comunal. Más ya había ocasionado suficiente daño con sus actos y resoluciones ilegales, fundadas en hechos falsos y discriminantes.  Incluso en el marco de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Tilarán de fecha 23 de Mayo del año 2007 el aquí imputado JOVEL ARIAS. En el espacio destinado para “EL INFORME DEL ACALDE”, en el punto numerado 11, aparece como: “adjunta copia de las láminas 16/17 validad propuesta y 17/17 zonificación propuesta debidamente certificadas por el INVU, las cuales se encuentran en custodia en el Despacho de la Alcaldía, para cualquier consulta, quedando pendiente de parte de la Secretaría del Concejo el acuerdo de adopción del Plan Regulador. Lo anterior para obtener la cotización de publicación por la Imprenta Nacional. - Ya no cabe duda alguna así que este encartado seguía invocando aún un Plan Regulador y su Reglamento a sabiendas plenamente ya de su condición de ineficacia. Estaban todos conscientes de las partes faltantes del mismo a publicar, buscando a esas fechas todavía contenido presupuestario para hacerlo.  40. Que el proyecto de las aquí agraviadas ha cumplido con absolutamente todo lo que los funcionarios públicos, técnicos especializados en el ramo le han demandado, desde los primeros movimientos de tierra, luego en la señalización vial, planos constructivos, estudio de impacto ambiental, calidad de los materiales, posición de la máquinas, calidad y posición de los tanques de almacenamiento, llegando a considerarse que estamos ante la mejor gasolinera del país según el Grupo Total potencial arrendante del inmueble. Por el contrario, en Tilarán abundarían los talleres, industrias y comercios levantados ilícitamente conforme a los datos que de seguido expondremos: 1 Por Sesión Municipal No. 43 del 21 de Febrero del año 2007 del Concejo Municipal de Tilarán, el presidente Municipal Olger Artavia Arias delante de todo el cuerpo Municipal de regidores y del público presente compuesto entre otros por Alfredo Villalobos Salazar, Carlos Adrián Vargas Murillo y el Lic. José Luis Villalobos Corrales denunció el caso de un gimnasio deportivo de futbol Salón situado a la par de Palí de Tilarán propiedad de un ciudadano de apellidos Campos Boniche que en sus permisos de construcción y tramitación municipal se hizo pasar por una bodega para obviar el pago de la respectiva patente Municipal, requerimientos y cánones iníciales, local situado a sólo ciento ochenta metros lineales al Sur del proyecto de las aquí ofendidas. Sin embargo deliberadamente estas afirmaciones del propio presidente Municipal no se anotan en el acta de la Sesión por la secretaria municipal y aquí imputada SILVIA y el asunto queda sumido en la obscuridad.  2) En el mismo caso ya aludido del taller de Rafael Herrera Conejo, “ Taller Felo” ubicado según los técnicos municipales y el Alcalde en “ área residencial” se le otorga un uso de suelo, a sabiendas de que está a la par de una residencia más antigua que este taller, bajo los planos de que se ampliará para un garaje. Más deliberadamente no se acude a inspeccionar las construcciones que realmente se hacen para verificar que en realidad se está construyendo un taller y que ningún garaje llevaría en sus planos una fosa y un servicio sanitario. Siendo que la fosa es para arreglo de vehículos y extracción de grasas y aceite y está ubicada a menos de dos metros del límite de la tapia de la casa vecina. Y el servicio está adherido. Sea que adrede se le perjudica a Yolanda Vargas Murillo, la vecina de al lado, en tanto adrede no se verifica lo que se construye, violándose el retiro de tres metros de ley y la ley de construcciones. 3) En la Sesión ordinaria del Concejo Municipal No. 45 del 7 de Marzo del año 2007, acuerdo número 182 punto 2 “ Se toma un acuerdo, donde se le solicita a la administración municipal , que por medio del departamento de control constructivo, se presente un informe detallado de los permisos de construcción, otorgados del mes de Enero hasta la fecha. El regidor propietario Enrique Jenkins manifiesta que es de suma importancia conocer dicho informe para que el ayuntamiento camine con transparencia, considerando que existen muchas construcciones, que aparentemente no pagaron permiso y a cambio algunos funcionarios de la Municipalidad, supuestamente recibieron una dádiva. Acuerdo 183: “Se acuerda por unanimidad solicitarle a la Administración Municipal, que por medio del departamento de control constructivo, se presente un informe detallado de los permisos de construcción otorgados del mes de Enero hasta la fecha (los mismos deberán indicar: los metros cuadrados de construcción, lugar de ubicación, costo de la obra, etc.). Informe que no se habría presentado al día de hoy. 4) Que en el mismo barrio o sector donde se encuentra ubicado el proyecto de las aquí agraviadas aparece a unos cien metros lineales y a unos veinte metros de la casa de los opositores Alfonso Murillo y Gretti Murillo la vieja estación de venta de combustibles Gasolinera Tilarán propiedad de Olger Ulate Ulate quien a pesar de tener orden de cierre y paralización por Minae- Hidrocarburos desde el 3 de Abril del año 2007 continuó por varios meses vendiendo combustible, y luego ha construido obras sin contar con permisos municipales y sin que la Alcaldía Municipal, sea el aquí imputado JOVEL ARIAS paralice la construcción materialmente al estarse ante construcciones ilegales. Sin embargo, anteriormente había adquirido para dicho lugar y a través de la gestión de Ulate y Ulate S.A un permiso de uso de suelo según oficio DPUCC-172-2006 de fecha 3 de Noviembre del 2006. Y para el mismo sitio, finca con plano catastro G-710432-2001, sin mediar ninguna fundamentación, razonamiento y requerimiento de documentación alguna por parte de la Municipalidad de Tilarán. De manera tal que sólo a las aquí agraviadas se le plantean trabas y dilaciones ilegales, delictivas y sin fundamento alguno. A todos los demás, más bien les toleran la ilegalidad.
La síntesis y corolario de este tema DE DISCRIMINACION es la manifestación del regidor propietario Enrique Jenkins en la sesión Municipal del día 2 de Abril del año 2006 al escuchar el alegato al respecto de nuestros abogados. Indicando este regidor que de acuerdo a sus investigaciones, en todo caso, en la historia de la Municipalidad de Tilarán se le habría opuesto el Plan Regulador Municipal, sólo a tres proyectos: Al propio de ATRA, asociación Tilaranense de Recreaciones Agropecuarias. Al Aserradero Flaqueé y al proyecto de las aquí agraviadas Grupo Real MEYVASA, lo que significa según la historia que en los últimos cinco años sólo a la empresa aquí ofendida se le ha opuesto el plan regulador y su reglamento ineficaz. Y que solamente cuando hay un proyecto de valía y de gran contenido económico aparecen oponiéndole al mismo el Plan Regulador y el Proyecto ineficaz, desempolvándolo de pronto, como una forma de oponerse al desarrollo y al progreso. Esto también significaría y de acuerdo con lo denunciado con Jenkins que lo mediocre e ilegal si obtendría todo tipo de permisos en el caso potencial de que pagaran una dádiva. Estas empresas ofendidas nunca va estar de acuerdo con esta forma de actuación y prefieren actuar apegadas a los preceptos de la ley y la moral. 41. Que cada vez que se otorgó USO DE SUELO y al amparo del cumplimiento de todo tipo de requisitos adicionales estas empresas ofendidas como hecho público y notorio nunca dejaron de construir la obra a la vista de los Concejales hasta concluir el cien por ciento del área de suministro y hoy en día el área administrativa. Por lo que estamos actualmente ante una paralización de funcionamiento y de una inversión ya dada.
EL TRAFICO DE INFLUENCIAS. HECHOS CONTEMPORANEOS  42. Que efectivamente, al ser inminente la posibilidad legal, práctica y jurídica de gestionar un nuevo permiso de uso de suelo posterior al anulado en el año 2004, dándose lugar a un nuevo procedimiento. Y ya teniéndose claro que no se podría oponer un Plan Regulador Ineficaz a nuestro proyecto: no contaban las empresas aquí ofendidas que el aquí imputado EMANUELLE RUIZ se aprovecharía de la nueva integración política del Concejo Municipal de Tilarán, a partir del año presente del 2007 para potencialmente desinformar, atrasar indebidamente y crear incertidumbre sobre el proyecto de las aquí agraviadas. Previamente se situó como un referente exigido de consultas legales como abogado, llegando verdaderamente a tener el rol de asesor legal del Concejo de la Municipalidad de Tilarán, más con un propósito que podría considerarse como ilícito o delictivo.  43. Que efectivamente, ya para el mes de Enero del año 2007 el aquí imputado EMANUELLE RUIZ envió a terceras personas allegadas a CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO, concretamente a su hermana YOLANDA VARGAS MURILLO a indicarle que él era el único que podía solucionarle el problema que tenía de paralización de su proyecto de estación de servicio de combustible que tenía una amplia influencia y dominio sobre el Concejo Municipal de Tilarán. “se hace lo que yo diga”, “que él mandaba el Concejo Municipal”. Intrigado por tales aseveraciones el señor CARLOS ADRIAN VARGAS acude a la oficina legal del aquí imputado en el centro de Tilarán ese mismo día y luego formalmente en el mes de Febrero del 2007 donde el encartado EMANUELLE le afirma en persona que efectivamente tiene un dominio absoluto sobre el Concejo Municipal de Tilarán, él es el único que podía ayudarle, en tanto el Concejo Municipal y en la Municipalidad de Tilarán no se toma ninguna decisión sin consultarle a él. Adicionalmente le reconoce que él es quien está asesorando al opositor al proyecto de las agraviadas el Dr. Luis Alfonso Murillo y él puede lograr que cese esta oposición. Que el Carlos Adrián estaba mal asesorado legalmente. Lo que este imputado vuelve a repetir delante de Carlos Adrián Vargas y del asesor de trámites Douglas Esquivel en oportunidad siguiente, siempre en el mes de Febrero del 2007 en la oficina legal de este encartado, añadiendo que posteriormente les diría cuánto dinero les costaría su intervención a lo cual Don Carlos Adrián y Douglas se quedan estupefactos  44. Que poco tiempo después Emanuell Ruíz aparece ya visible y exteriorizadamente como el asesor legal de la Municipalidad de Tilarán y en sesión formal del Concejo de la Municipalidad de Tilarán del día 28 de Marzo del año 2007, es evidente su participación y dominio desde los asientos del público. Y allí le vuelve a indicar a YOLANDA VARGAS MURILLO en el receso de esta sesión, que si se había percatado de su dominio absoluto sobre el Concejo municipal, sobre como se hacía allí lo que él quisiera, remitiéndola nuevamente a que hable con su hermano CARLOS ADRIAN, a lo cual YOLANDA le felicita, e inmediatamente le comenta a CARLOS ADRIAN su hermano, también allí presente, que EMANUELLE realmente tiene un gran poder de influencia.  Al día siguiente 29 de Marzo del 2007 EMANUELLE procede a manifestarle a su cliente en ese momento, el profesor Jorge Arturo Barrientos Valerio, esposo de Yolanda Vargas, en viaje hacia Cañas, Guanacaste, con motivo de un proceso: que él había salido triunfante en la Sesión Municipal anterior, habiéndose demostrado una vez su dominio absoluto sobre el Concejo Municipal de la Municipalidad de Tilarán y que por ello ahora le costaría a las empresas aquí ofendidas el poder que le permitiera la aprobación de sus solicitudes y puesta en marcha de su estación de servicio CUATRO MILLONES DE COLONES presentes y DICIESIETE MILLONES DE COLONES al final de las aprobaciones.  Lo que al Sr. Jorge Arturo le pareció según sus palabras un “verdadero chantaje”. Concretamente Emanuelle Ruíz proclamó a Don Jorge Arturo y en lo conducente: “Que él tenía la potestad para aprobarle los permisos de la bomba, que Carlos Adrián Vargas necesitaba. Que se los había demostrado en la sesión Municipal anterior. Que él era el asesor legal de la Municipalidad, .. que el Munícipe conocido como POLVORÓN, lo presentó a sus compañeros de Concejo, como el asesor legal que el Partido político, le había asignado a él, y lograron que los otros Concejales aceptaran que en vista de que ya estaba aconsejando a uno de ellos, que los aconsejara a todos. Y continuó diciendo que eso lo había demostrado, en la Sesión anterior del Concejo Municipal. Que él podía retrasar, acelerar, aprobar o improbar, cualquier proyecto… que la única manera para que Carlos Adrián Vargas Murillo, pudiera abrir esa bomba, sería contratándole a él como su abogado, porque él tenía la capacidad para abrir la bomba. Preguntado por Don Jorge Arturo sobre el monto de sus honorarios finalmente le indicó que sería CUATRO MILLONES INICIALES, Y DIECISIETE MILLONES AL ESTAR ABIERTA LA BOMBA. .. que en caso de que tuviera alguna incompatibilidad, renunciaba por algún tiempo, a su función con la Municipalidad. (Véase prueba adjunta). 45. Que CARLOS ADRIÁN VARGAS y en general las empresas aquí ofendidas nunca deciden satisfacer las pretensiones pecuniarias de EMANUELLE, quien potencialmente al no requerirse de sus “servicios de influencia” procedería efectivamente a continuar su ejercicio de trabas, e influencia negativa sobre el proyecto de la empresa de marras en sus gestiones y recursos, en sus iniciativas ante la Municipalidad, contando este encartado con el privilegio de ser el jefe en Tilarán del partido Movimiento Libertario y de contar bajo su potencial influencia al regidor propietario del mismo partido, al aquí imputado LUIS CAMPOS GONZALEZ quien potencialmente actuaría en contubernio y colusión con él, fuera de la probable influencia y manipulación que podrían ejercer, sobre otros concejales según sus palabras como aquí se podría llegar a corroborar. Efectivamente LUIS CAMPOS GONZALEZ como regidor aparece en muchas sesiones oponiéndose a las gestiones de las empresas aquí ofendidas en forma incomprensible. 46. Que mientras tanto, el aquí imputado EMANUELL RUIZ al no ser contratado para aplicar su proclamada influencia y ser pagado en sus “servicios “ y según se podría llegar a constatar certeramente mediante esta investigación penal aparecería influenciando desde su puesto de asesor legal y lograría perjudicar los intereses legítimos de las empresas aquí ofendidas, engañando y confundiendo a los concejales de la Municipalidad de Tilarán, traicionando la investidura por la cual fue contratado. Apareciendo ya hechos totalmente anómalos en la Municipalidad de Tilarán en el transcurso del año 2007, en el mismo período en que EMANUELLE RUIZ propaló tener un dominio absoluto sobre este Concejo Municipal y en perjuicio de las aquí ofendidas y de la misma Municipalidad de Tilarán. Potencialmente tendría EMANUELLE un dominio directo sobre la Secretaria Municipal la aquí encartada SILVIA CENTENO GONZÁLEZ, así como sobre el regidor propietario de su mismo partido Político LUIS CAMPOS GONZÁLEZ. Conformando en potencia un grupo que se dedicaría a perpetrar acciones de obstruccionismo, oposición, sabotaje llegando a la probable comisión de acciones delictivas cual si fuese un grupo organizado con distribución de funciones. Mientras tanto el encartado EMANUELLE lo que hace es sacar partido de cada situación. 47. Que efectivamente, por Sesión Municipal No. 43 del 21 de Febrero del año 2007, el presidente Municipal y aquí imputado OLGER ARTAVIA ARIAS delante de todo el cuerpo Municipal de regidores y del público presente compuesto entre otros por Alfredo Villalobos Salazar, Carlos Adrián Varas Murillo y el Lic. José Luis Villalobos Corrales denunció el caso de un gimnasio deportivo de futbol salón situado a la par de Palí de Tilarán que en sus permisos de construcción y tramitación Municipal se hizo pasar por una bodega para obviar el pago de la respectiva patente Municipal, requerimientos y cánones iníciales, local situado a sólo ciento ochenta metros lineales al Sur del proyecto de las aquí ofendidas. Sin embargo, deliberadamente, con el fin de esconder que en la Municipalidad de Tilarán algunos funcionarios toleran construcciones en tales condiciones, más sólo a las aquí ofendidas se le invoca un plan regulador ineficaz, la secretaria Municipal y aquí imputada SILVIA CENTENO no incluye dato y denuncia tan grave e importante del propio presidente Municipal en el contenido del acta de la sesión indicada, cual es un documento público con fe pública y la redacta e imprime sin hacer constar este evento y propalación, mutilando el que debió ser el contenido real del acta para esconder a las empresas aquí ofendidas que se tolera todo a otros y a estas empresas se le opone hasta lo ineficaz o lo absurdo. De paso se le escondía al Alcalde Municipal ausente en tal sesión que estaban dejando irregularidades ocultas que a él al final competerían buscando su salida de la municipalidad cual sería el segundo interés potencial de los aquí imputados EMANUELLE Y LUIS CAMPOS GONZÁLEZ si así se llegara a establecer a través de esta investigación penal.  48. Que dentro de las irregularidades encontradas en el mismo período de tiempo en el cual el encartado EMANUELLE había proclamado su influencia y donde ya estaría incluso contratado como asesor legal aparece también que dentro de las acciones legales en defensa de sus intereses los representantes legales de las empresas aquí ofendidas presentaron acciones de amparo sobre todo por violación al derecho constitucional de la efectiva respuesta, que dieron lugar a los procesos ante la Sala Constitucional 07-002782-CO y 07-002783-0007-CO. El imputado EMANUELLE es contratado para contestar estas acciones constitucionales en la Municipalidad de Tilarán. Y de pronto aparece la aquí imputada SILVIA CENTENO GONZÁLEZ en su condición de Secretaria de la Municipalidad de Tilarán suscribiendo y dirigiendo contestaciones a la Sala Constitucional y concretamente el siguiente documento: Oficio del 19 de Marzo del 2007 número SCM 221-2007 dirigido al Sr. Luis Fernando Solano M. Presidente de la Sala Constitucional, donde esta encartada falsamente le comunicaría, el contenido y resultado de los presuntos acuerdos 215, 216, 217 de Sesión Municipal No.46 que no existían siquiera, y por ende no tenían la virtud de significar una verdadera contestación a las empresas aquí ofendidas, tratándose esto de un documento público con inserción de datos falsos que dice así: “ Por medio de la presente, le comunico, que en atención a los siguientes expedientes, se tomaron los acuerdos respectivos en la sesión ordinaria No. 46 del 14 de Marzo, los mismos fueron acogidos y aprobados por mayoría simple y obtendrán su firmeza con la lectura y aprobación del acta correspondiente en la sesión ordinaria No. 47 del 21 de Marzo:  1. Con relación al Expediente No. 07-002782-007-CO- Proceso Recurso de Amparo/Recurrente: Carlos Adrián Vargas Murillo, se aprobó lo siguiente: “ Se acuerda por mayoría calificada comunicarle al Grupo Real Meyvasa e interesados, que con respecto a la reiteración de la solicitud de suspensión de actuaciones de la resolución DAM 010-2007 emitida por el Alcalde a las 7:00 horas del 16 de Febrero del 2007, la misma se declara improcedente, considerando que esta situación fue resuelta en la sesión ordinaria No. 42 celebrada el 14 de febrero del presente año, por el Concejo Municipal según consta en los folios del 407 al 414 del expediente.
Mediante nota de la Secretaria del Concejo SCM 126-2007 del 19 de Febrero del 2007 se les notificó a los interesados dicha resolución, la misma consta expresamente en los folios 413 y 414 del expediente enviado al fax 226-7175, señalado por el Grupo Real Meyvasa”
11. Con relación al Expediente No. 07-002783-0007-CO- Proceso: Recurso de Amparo/Recurrente: Adriana Vargas Álvarez; se aprobó lo siguiente:  “ Se acuerda por mayoría calificada, comunicarle al Grupo Real Meyvasa e interesados, la consulta No. C 57 2007 emitida por la Procuraduría General de la República de fecha 26 de Febrero del 2007 que dice en el punto III, de Conclusiones lo siguiente: “ acreditado que la solicitud de pronunciamiento que se nos formula por parte del Concejo Municipal de Tilarán versa sobre un procedimiento administrativo en el que se comprueba, además, que se ha agotado la vía administrativa, debe esta Procuraduría General, en atención al principio de legalidad y su jurisprudencia administrativa, rechazar el conocimiento de la gestión formulada” Dicho criterio de la Procuraduría General de la República está del folio 443 a folio 447 del expediente. Lo anterior de acuerdo a lo solicitado por el Grupo Real Meyvasa.”
III. Resolución de las 09 horas con 53 minutos del 01 de marzo del dos mil siete- Expediente No. 07-002785-0007-CO- Proceso: Recurso de amparo/ Recurrente: Carlos Adrián Vargas Murillo, se aprobó lo siguiente:  “ Se acuerda por mayoría calificada, comunicarle al Grupo Real Meyvsa e interesados, que con respecto a la reactivación de gestión presentada para la obtención del permiso de uso de suelo, el mismo mediante sentencia No. 293-2004 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de San José-Goicoechea, anuló el acuerdo apelado y se dio por agotada la vía administrativa. Por lo tanto este Concejo Municipal, mantiene dicha resolución y se declara improcedente la solicitud”
A si mismo, le informo que mediante oficio SCM 220-2007, se le comunicó al Grupo real Meyvasa, los acuerdos anteriores. En virtud de lo anterior se le adjunta la cédula de notificación así como el reporte emitido por el Fax
Resultando que al contrario de lo consignado por la encartada SILVIA tales acuerdos no sólo no tendrían tal redacción, sino que no existían y por ello NO ADQUIRIERON NUNCA FIRMEZA y no están firmes ni elaborados al día de hoy, más bien el Concejo Municipal desautorizó tales elucubraciones de la Secretaria Municipal, por lo que esta encartada bajo la potencial instigación del encartado EMANUELLE RUIZ dado que este último era el asesor legal contratado para tales contestaciones: le mintió a la Sala Constitucional y usurparía las funciones del Concejo Municipal hasta asegurando de anticipado la firmeza de acuerdos Municipales inexistentes, resorte exclusivo de los concejales, todo esto con el fin de causar daño a las pretensiones legítimas ante la Sala Constitucional de las empresas aquí ofendidas. Hasta lograr la declaratoria sin lugar de dos acciones de amparo por violación al derecho de respuesta debido precisamente a presentar ante la Sala indicada una respuesta que en realidad nunca había existido.
Tal contenido inexistente de actas enviado así por dicha encartada era precisamente lo que esperaban los adversantes al proyecto de las aquí agraviadas y sobre todo le serviría potencialmente al encartado EMANUELLE RUIZ, si a través de la confusión y la no contestación debida de las solicitudes de las empresas aquí ofendidas fabricaba un contexto que le permitiera presionar en búsqueda de una pretensión económica a cambio de no hacer daño. Por ello en el contenido de las actas falsamente reportadas como reales y adquirentes luego de firmeza, se ocultan las siguientes situaciones: 1) Que la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo No. 556-2006 no había adquirido firmeza a ese momento y hasta se investigaba un faltante de cincuenta folios en el expediente administrativo.  2) Que en esta resolución 556-2006 en su penúltima página renglones iníciales claramente se indica que aún frente al agotamiento administrativo producido por la anterior resolución del mismo Tribunal No 293-2004 bien podía la Municipalidad otorgar un nuevo uso de suelo ante una nueva gestión de la interesada que reuniera todo requisito legal. Esta aclaración del Tribunal Contencioso es de tal importancia y calibre que negar ahora una reactivación en el permiso de uso de suelo y de construcción basado en el agotamiento de la vía administrativa no es sólo ir contra lo resuelto por el mismo Tribunal Contencioso sino basar lo resuelto en un hecho falso de imposibilidad ilegal y delictiva por el daño que se haría. Aparte de que significaría rehusar el cumplimiento de la función legal y constitucional de dar trámite y resolver cada gestión que se presenta (derecho de petición y efectiva y racional respuesta).La falsedad del contenido de las actas de los acuerdos reportadas como fidedignas por la aquí encartada SILVIA queda palpable y manifiesta cuando en la Sesión Municipal del 21 de Marzo del 2007 el regidor Manuel Durán llega a propalar que “nosotros no hemos tomado ninguno de estos acuerdos” refiriéndose a los remitidos por la aquí imputada a la Sala Constitucional. Y en la siguiente sesión Número 48 del 28 de Marzo los concejales anulan el contenido de dichos acuerdos al nunca haber sido emitidos (ERGO ERAN FALSOS).
Está imputada Silvia Centeno González llegaría incluso a corroborar sus propios ilícitos cuando por oficio SCM 247-2007 del 29 de Marzo del 2007 dirigiéndose al aquí ofendido Carlos Adrián Vargas Murillo le indica refiriéndose a los acuerdos que ella originaría falsamente:  “De la misma manera, le informo que los acuerdos 215, 216 y 217 tomados en la sesión ordinaria No.46, página 14, y los cuatro párrafos primeros de la página 15, fueron anulados en la sesión ordinaria No.48 celebrada este Miércoles 28 de marzo considerando que los mismos no fueron tomados”  50. Que siguiendo la misma táctica de potencialmente crear obscuridad, caos, y distorsionar la verdad, el encartado EMANUELLE RUIZ en la Sesión 46 del 14 de Marzo del 2007 de la Municipalidad de Tilarán llega a afirmar lo siguiente sobre los planos del Plan Regulador de Tilarán de l982 nunca publicados en Diario Nacional La Gaceta por esta Municipalidad y datantes desde la fecha de su creación en el INVU a solicitud de la Municipalidad de Tilarán: “El Lic. Emanuelle Ruiz Salazar – Asesor de la Presidencia del Concejo, manifiesta que a supuesto comentarios de algunos vecinos del Centro de Tilarán, en el INVU se pagó para que se confeccionaran esos planos, sin embargo debe analizarse más tomándose en cuenta que existen choque de intereses”  Observándose que este imputado no da el nombre de los vecinos, sólo indica que son comentarios y sin embargo alude a que en el INVU se estaría pagando para crear planos que hasta ahora ameritarían una publicación, a sabiendas este encartado que el Plan Regulador de Tilarán con un origen en l982-1983 tiene planos contemporáneos a su creación, y conociendo así muy bien que no se requiere ahora crear ningún plano, simplemente él sabe claramente QUE NUNCA HAN SIDO PUBLICADOS, como consta a lo largo de todo el expediente administrativo sobre el proyecto de las empresas aquí ofendidas que ha tenido a la vista. Y como le consta personalmente por su condición antecedente de Ejecutivo Municipal de Tilarán. En esta misma sesión 46 el Alcalde JOVEL ARIAS indica “que el plan Regulador no estaba en su totalidad publicado, por lo tanto carecía de eficacia, al no contar con la publicación de los planos de zonificación
Con esta aceptación final el proyecto de las aquí ofendidas estaba quedando nuevamente sujeto a una aprobación inminente del permiso de uso de suelo al no haber norma ni instrumento alguno que se le oponga, y al ser un proyecto de bien , de interés comunal y público. Entonces el encartado EMANUELLE en el acto, ese mismo día 14 de Marzo del 2007 siguiendo su misma táctica obstruccionista y provocante de confusión y obscuridad manifiesta: “respeta el criterio del señor Alcalde, sin embargo sugiere a la presidencia y a los regidores analizar la situación, más a fondo, tomando en cuenta que el caso fue conocido por el Tribunal Contencioso Administrativo, y el mismo dictaminó que se daba por agotada la vía administrativa”
Conociendo muy bien este encartado que un agotamiento de vía administrativa no impide en modo alguno una NUEVA gestión de permiso de uso de suelo y construcción y que sean aprobadas de corregirse cualquier error formal Municipal del pasado, sea de estar todo a derecho, no sólo porque en el mismo fallo que el comenta se indica sino porque es un asunto lógico y además amparado por la ley y la Constitución: que a nadie se le puede cercenar el derecho de pedir y ser tramitadas sus gestiones. Y como tal EMANUELLE una vez más lograría atrasar la apertura del proyecto de las agraviadas formando un contexto que le permitiera potencialmente: darle valía a su ilícita pretensión pecuniaria. 51.- Que otra situación anómala que sucede en la Municipalidad de Tilarán es la forma en que le plantean en el mes de Febrero del año 2007 a la Procuraduría General de la República una consulta sobre los alcances de la resolución contenciosa Administrativa supra citada 556-2006, siendo que teniendo ya antecedentes de rechazo de tales consultas por la forma concreta y no genérica en que deben realizarse, aparecen los Concejales bajo lo que sería la asesoría, patrocinio, influencia negativa e instigación del imputado EMANUELLE RUÍZ: en una forma sorprendentemente indebida consultando sobre un expediente en concreto y el caso en concreto de la nueva estación de servicio de combustible proyecto de las aquí ofendidas, enviando hasta copia del caso “concreto”. Sea la consulta está diseñada para que sea rechazada. Como efectivamente ocurre según dictamen de la Procuraduría del 26 de Febrero del 2007, número C-57-2007, recordando que en ese momento el encartado EMANUELLE RUIZ ya habría proclamado que él tiene un dominio pleno del Concejo Municipal de Tilarán y cada una de sus actuaciones, y que nada hacen si no le consultan de previo a él. Por el contrario, simplemente debieron consultar los concejales si una Municipalidad puede acoger, tramitar y aprobar nuevas solicitudes de uso de suelo aun cuando en el pasado se hubieran detectado en vía judicial defectos en anteriores gestiones de la misma naturaleza. Siendo que aquí se observa como el único abogado alrededor de los Concejales, sea el imputado EMANUELLE RUIZ se estaría aprovechando nuevamente de la ignorancia legal de los concejales para crear daño a los intereses legítimos de las empresas aquí ofendidas. 52. Que siguiendo la táctica propuesta de crear obscuridad, y traicionando el cumplimiento debido de su rol de asesor legal y los intereses que le fueron confiados con tal nombramiento, el encartado EMANUELLE RUIZ, en la Sesión Municipal del día 2 de Abril del año 2006 en dos oportunidades diversas manifiesta verbalmente ante el Concejo y todo el público presente que la resolución número 556-2006 del Tribunal Contencioso impedía a la Municipalidad aprobar actualmente la gestión de permiso de uso de suelo de las empresas aquí ofendidas aduciendo el que estaba agotada la vía administrativa y que se trataba de un “asunto de legalidad”, además de aludir al rechazo de la Procuraduría General de la República a la consulta formulada . Pero ocultando que con UNA NUEVA GESTION se podría dar lugar a un nuevo trámite y aprobación tal y como en la misma resolución en su página penúltima se indica. Pretendiendo con tal criterio llevar a error al Concejo Municipal en Pleno quien podría llegar a futuro, en caso de ser engañados: a dictar resoluciones administrativas basadas en hechos falsos y contrarias a la ley, en tanto sería tal parecer contrario a la autonomía Municipal, sería una postura inductiva a no cumplir las funciones propias del cargo municipal. Y por supuesto provocaría una vez más una situación de atraso al proyecto de las aquí ofendidas contexto favorecedor para obtener probablemente el aquí imputado EMANUELLE la consecución de sus indebidos intereses pecuniarios, asunto a comprobar certeramente mediante esta investigación penal. Adicionalmente ya estaba sacando provecho de su potencial maniobra de lograr que se consultara en forma anómala a la Procuraduría General de la República y decimos esto desde que el hizo llegar el mensaje a estas empresas ofendidas que no había acto alguno que no se realizara sin previa consulta a él tal y como fue indicado. 53-En la misma Sesión aludida se lee acuerdo Municipal que no está en firme en el sentido de que se dejen en suspenso las solicitudes de las empresas aquí ofendidas a las resultas del proceso penal a que ellos darían lugar en el sentido de remitir a la Fiscalía de Cañas con base en qué plano se dieron las aprobaciones de uso de suelo y o construcción a las empresas aquí ofendidas si lo único publicado en la Gaceta ha sido un crockis y no un verdadero plano. Situación absolutamente incorrecta y que sería parte de los actos obstruccionistas bajo la instigación, influencia y patrocinio legal de EMANUELLE RUÍZ, en tanto las veces en que las empresas ofendidas han recibido permiso de uso de suelo y luego de construcción lo fue precisamente porque se detectó en la Municipalidad de Tilarán que no hay plan regulador eficaz que se le pueda oponer a su proyecto por la ausencia de publicación de planos y convocatorias totales de este Plan. Se trataría este tipo de acuerdo Municipal de una táctica para valerse de la ignorancia de los Concejales y lograr un nuevo contexto de atraso que le permitiera potencialmente seguir cobrando su pretensión económica. En una intervención verbal de nuestros asesores en la sesión indicada del 2 de Abril del 2007, se hizo reaccionar al fin al regidor suplente Manuel A. Durán Loaiza quien le solicitó al presidente Municipal que eliminara del acuerdo indicado el aspecto propio de dejar en suspenso, si las solicitudes de las empresas aquí ofendidas no tienen nada que ver con los errores de los funcionarios Municipales en no publicar adecuadamente el Plan Regulador y sus planos, y más bien estos errores permiten que no pueda ser opuesto ni el Plan Regulador, sus reglamentos y planos al proyecto de las aquí agraviadas, quedando duda al día de hoy si el Presidente Municipal mantuvo o no la redacción anómala del acuerdo. De seguido nuestros asesores le aconsejan al Concejo Municipal que cualquier duda que ostenten sobre los alcances de la resolución 556-2006 del Tribunal Contencioso Administrativo es mejor la disipen a través de abogados de la Procuraduría o la Contraloría, abogados de altura y conocimiento, imparciales y ajenos de intereses particulares.  A lo que el Presidente Municipal manifestó que tomaría en cuenta esta sugerencia, así como examinaría atentamente la opción de dar trámite a una nueva gestión de uso de suelo analizando la penúltima página de dicha resolución. A partir de ese momento EMANUELLE RUIZ estaba quedando al descubierto y no costaba nada descubrir la verdad.  54. Que recapitulando: en el mismo período en el que EMANUELLE RUIZ proclama su influencia en la Municipalidad de Tilarán sea desde finales de Enero hasta el día de hoy se advierten las anteriores anomalías en esta Municipalidad: contenidos de actas mutilados, fabricación artificial de acuerdos municipales, sea inventados, consultas realizadas a la Procuraduría en una forma tal que permita el rechazo de lo preguntado, oposiciones absurdas a declarar ineficaz el Plan regulador, confundir agotamiento de vía administrativa con imposibilidad de gestionar, ser tramitado y concedido un permiso en un nuevo trámite y procedimiento y como de seguido se verá: una resolución final ilegal y prevaricante.  55. Que efectivamente, el Alcalde y aquí imputado JOVEL ARIAS, por resolución del 24 de Abril del 2007, número DAM 099-2007 concedió el permiso de uso de suelo a favor del proyecto de las empresas aquí agraviadas tomando en cuenta la ineficacia del Plan Regulador de Tilarán, la conveniencia pública del Proyecto y la no violación de norma o resolución alguna.  Esta resolución del Alcalde sufre de recurso de revocatoria con apelación subsidiaria ante el Superior presentada por los ciudadanos Gretty Murillo y Mario Alvarado ante la Alcaldía de Tilarán presentado en fecha 2 de Mayo del 2007. Recursos que llevan ínsitos los mismos argumentos de siempre que maneja el encartado EMANUELLE centrados en invocar falsamente la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo No. 293-2004 como si esta impidiera otorgar nuevos permisos de uso de suelo cuando más bien establece todo lo contrario. Además lleva incita argumentos absurdos como que no han sido notificados de esta última resolución que sin embargo en el mismo recurso la invocan en contra del permiso. O que el criterio de la Procuraduría General no es vinculante, sin decir porqué debe resolverse contrario a lo ubicado por la Procuraduría y sobre todo a lo ubicado y ordenado por la Sala Constitucional.
JOVEL ARIAS de seguido confirma su resolución concedente del permiso indicado al proyecto de las aquí agraviadas.  Y posteriormente, en lo que sería producto del patrocinio ilegal influencia e instigación de EMANUELLE RUIZ, miembros de la Comisión de  Asuntos Jurídicos: los aquí imputados OLGER ARTAVIA ARIAS, ROLANDO MEJIAS MOREIRA, MARIYLYN CASCANTE VILLEGAS Y LUCAS MONGRILLO MONGRILLO, como Presidente Municipal el primero y como regidores los segundos en la Municipalidad de Tilarán en condición de mayoría calificada en la Sesión ordinaria No 57 celebrada el 30 de Mayo del año 2007, resolvería ilegal y basados en hecho  y dato falso lo siguiente: ” Se acuerda por mayoría calificada acoger el recurso de apelación presentado por la señora Grety Murillo Boniche y el señor Mario Alvarado Herrera, en relación a la solicitud de permiso de “uso de suelo” promovido por la Sociedad Mercantil Grupo Real Meyvasa S.A, se anule lo actuado por el Alcalde Municipal- Sr. Jovel Arias Ortega, mediante resolución DAM O99-2007 de las nueve horas con diez minutos del martes veinticuatro de abril del dos mil siete, referente al otorgamiento de uso de suelo, conforme a la operación de un establecimiento comercial bajo la modalidad de estación de servicio en la finca con número de inscripción en el registro público 5 148630-000 contiguo a la Cámara de Ganaderos de Tilarán considerando que ya hay un proceso ordinario, que es la forma correspondiente al haberse agotado la vía administrativa, el Concejo ya se pronunció al respecto y no se puede ir en contra de los pronunciamientos que por jerarquía impropia dicte el Tribunal Contencioso Administrativo. Se da por agotada la vía administrativa, gozan los interesados, del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación, para impugnar el presente acuerdo Municipal ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Segunda, en Guadalupe, Goicoechea- San José.  - El regidor propietario Enrique Jenkins Jiménez, vota negativo el acuerdo municipal tomado anteriormente, justificando que a criterio propio, el mismo tendría mayores implicaciones económicas y jurídicas para el pueblo de Tilarán, considerando que el caso pudo haberse elevado a los Tribunales por la parte interesada.”
Siendo la resolución de mayoría tomada por estos imputados, absolutamente ilegal y basada en dato falso, desde que no existe ninguna resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que haya prohibido a las empresas aquí ofendidas solicitar un nuevo permiso de uso de suelo y con ello lograr un nuevo permiso de construcción dándose lugar a UN NUEVO PROCEDIMIENTO. Por el contrario, en la resolución 556-2006 tantas veces citada ( penúltima página, renglones iniciales) más bien se indica que cabe toda la posibilidad de pedir un nuevo de uso de suelo posteriormente a uno anulado aun cuando se haya agotado la vía administrativa en una antecedente resolución del mismo Tribunal. Lo cual significa que cada vez que se VUELVE a gestionar se da lugar a un NUEVO procedimiento que puede corregir defectos de anteriores y DIVERSOS procedimientos, situación ya explicada a estos imputados por los asesores legales de esta empresa en la sesión Municipal del día 2 de Abril del 2007, donde el presidente Municipal y aquí imputado OLGER ARTAVIA aceptó revisar el punto (léase supra) y por ello se entiende que ahora con absoluto dolo e intención de dañar, y también incumpliendo sus deberes pasaron por alto más bien lo resuelto por el Tribunal Contencioso y basados en datos y hecho falso acogieron recurso de apelación contra la decisión de la alcaldía de otorgar un uso de suelo. Resolución por demás ilegal ya que es una forma de rechazar una nueva gestión, de dejar de resolver en el fondo una petición. Desde otro ángulo es falso que la existencia de un proceso ordinario impida conocer lo propio de OTRO procedimiento administrativo dado a lugar a raíz de una NUEVA gestión de uso de suelo. Y el dolo de estos encartados se reafirmaría, cuando en la misma sesión y fecha indicada del 30 de Mayo del 2007 los mismos encartados trasladan a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos el alegato de las aquí ofendidas contra el recurso de apelación de Gretty Murillo y dejando en suspenso este escrito o alegato, de una vez y sin esperar el criterio de esta Comisión, acogen el recurso de la indicada ciudadana. Sea que el traslado a la Comisión indicada sería no más que una burla, no les interesaría en nada conocer el criterio jurídico de la Comisión porque de una vez resuelven y por ende abusiva, e indebidamente.  Esta resolución final del 30 de Mayo del 2007 que sería prevaricante como se ha explicado serían el fruto final de la actuación final, debido a su influencia, posición y patrocinio legal Municipal del encartado EMANUELLE RUIZ, en tanto su redacción y argumentación que es falsa, es la misma que propaló tantas veces y que incluso apareció en las actas de Sesión Municipal FALSAS y SIMULADAS remitidas a la Sala Constitucional por la encartada SILVIA, secretaria Municipal. El propio presidente Municipal, en sesión del 2 de Abril del 2007 se comprometió a leer bien la resolución del Tribunal Contencioso 556-2006 y a pesar de ello resolvió más bien en contra de lo estipulado por esta resolución y en contra de lo que la ley y la Constitución establece. La indicada resolución ilegal tomada el 30 de Mayo del 2007 y basada dato y hecho falso sería tomada materialmente como documento por la aquí imputada SILVIA, secretaria Municipal quien bajo la potencial instigación de Emanuel Ruíz, hábilmente la comunica mediante Oficio No. SCM 416-2007 del lunes 4 de junio del 2007 a las empresas aquí ofendidas sin haber adquirido firmeza al no haber arribado la nueva sesión Municipal del Miércoles siguiente. Tal maniobra busca que quede esta resolución firme a como sea, para un uso indebido de la misma, aquel que busca atrasos y denegatorias de nuevos permisos y gestiones del proyecto de las empresas aquí ofendidas propósito final del encartado EMANUELLE RUIZ como cabeza intelectiva de los adversadores del proyecto de las aquí ofendidas. 56 .Que en la sesión del Concejo Municipal de Tilarán del Miércoles 13 de Junio del 2007 y pese a que ya habían sido bien informados de las consecuencias de su actuar, en sesión anterior por los asesores de las aquí agraviadas: los aquí imputados Artavia, Mejías, Cascante y Mongrillo terminan resolviendo aprobar el acta anterior ratificando con ello la denegatoria del permiso de uso de suelo otorgado por la Alcaldía a favor del proyecto de las aquí agraviadas. Y otra vez ratificaron resolver en forma ilegal y basada en dato y hecho falso (Para ello mediaría otra vez la influencia e instigación del encartado Emanuell Ruíz.) 57. Que se estimaría el daño producido por todos los aquí imputados con su final actuación conjunta y causal al atraso ilegal y paralización del proyecto de las aquí ofendidas al día de hoy: en la suma de quinientos millones de colones (Sin perjuicio de valoración pericial final).
c.- III.- De  la querella y la acción civil Resarcitoria los hechos 1 al 23, folios 142 al 154 del legajo de querella físico recibida el 27 de mayo del 2009: 1. Que la influencia de la ya potencial Asociación Ilícita en el seno de la Municipalidad de Tilarán nunca habría cesado, aún con la interposición del presente proceso penal. Logrando que por mayoría de regidores siempre tuvieran como asesor legal del presidente municipal y aquí imputado OLGER ARTAVIA, y consejero del Concejo Municipal y aquí co imputado Lic. EMANUELLE RUIZ, con consecuencias nefastas como de seguido se expondrá.  2. Que sin embargo, por mayoría de regidores el GRUPO REAL MEYVASA finalmente en el seno del Concejo Municipal de Tilarán y a raíz de su recurso de revocatoria logró que se transformara el permiso de uso de suelo del proyecto pro funcionamiento de la estación de servicio de combustible emanado originalmente por la Alcaldía Municipal inicialmente anulado por los concejales, EN UN PERMISO PRELIMINAR DE LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SUJETO A RATIFICACIÓN FINAL DE LA MUNICIPALIDAD JUNTO CON LAS OTRAS INSTITUCIONES DE INCUMBENCIA: según votos positivos de los regidores propietarios MARILY CASCANTE, ENRIQUE JENKINSY LEXANDRA GRANADOS, con inhibitoria del regidor LUCAS MONGRILLO MONGRILLO, para una votación de tres votos positivos y ninguno negativo esto por sesión del 18 de julio del año 2007 (acordado por mayoría calificada). Acuerdo que no quedó firme en la sesión del 25 de julio siguiente debido a que el acta que lo contiene no pudo ser leída, en parte debido a que el acta que lo contiene no pudo ser leída, en parte debido al atraso acumulado y al festejo cívico de ese día. En tal acuerdo positivo al proyecto y construcción de la aquí accionante, se razone cómo en realidad no existía ninguna cosa juzgada emitida por ningún tribunal de la República que le impida a la municipalidad recibir, estudiar y aprobar una nueva solicitud, dándose lugar a un nuevo procedimiento administrativo. Adicionalmente se hace ver cómo el plan regulador de Tilarán, efectivamente está ineficaz. Y que al existir en el sitio una edificación ya levantada debe REALMENTE ENDENDERSE el permiso de uso de suelo que se concede como una aprobación preliminar del proyecto sujeta a la aprobación municipal definitiva cuando se corrobore el apego del proyecto y construcción a toda la normativa y lineamientos de las otras instituciones estatales a los efectos de poder funcionar, APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 1 Y 95 DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES PARA OBRA YA CONSTRUIDA Y ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE NEGAR UBICACIONES CONFORME A UN PLAN REGULADOR INEFICAZ o bien extender permisos dando a Meyvasa un permiso primario de ubicación de resellamiento de lo hasta ese momento construido por estar todo conforme a la normativa. 3. Que la situación de ineficacia y no oponibilidad del Plan Regulador se termina de aclarar en tanto la resolución de la Sala Constitucional No. 004503-2006, en su página cuarta aludía a otras dos resoluciones de la misma Sala: 2001-0912 y 2000-09038 las cuales literalmente establecían que con un plan regulador ineficaz no cabe realizar ninguna limitación a la propiedad privada como derecho fundamental. Tan es así que en idéntica situación por resolución de la misma Sala 2005-1385 expresamente se resolvió como no se pueden denegar permisos de construcción por un ente municipal, ni limitar la propiedad privada mediando un plan regulador ineficaz, en forma independiente a lo que este ´plan establezca, no es su totalidad. Precedentes que fueron llevados al seno de la Municipalidad de marras y a esta misma Fiscalía por parte de los representantes legales de las empresas aquí ofendidas. 4. Que debido al problema de fuerza mayor suscitado en la fecha 25 de julio del año 2007 única justificante que impedía votar y aprobar el acta del miércoles anterior, el acuerdo que acogió la revocatoria de MEYVASA y aprobó el permiso de marras, obligatoriamente debía ser confirmado en la sesión siguiente, sea la subsiguiente desde que fue emitido según lo dispone el Código Municipal, siendo que la sesión ordinaria subsiguiente a la toma del acuerdo confirmatorio del uso de suelo lo fue la sesión ordinaria del Concejo Municipal No. 66 del día 1 de agosto del año 2007. 5. Que realizada esta sesión, el aquí imputado y presidente municipal OLGER ARTAVIA, en el desarrollo de la misma, sea la ordinaria del 1 de agosto: de previo ordenó se procediera a escuchar la lectura del acta correspondiente al día 18 de julio, conociendo acuerdo relacionado a la empresa de taxis informarles “Ticowelcome” y tomando la palabra indicó que al haber recurso de revisión pendiente contra este acuerdo debía verificarse la mayoría por la cual fue tomado el acuerdo favorable a los efectos de poder darle curso a la revisión incoada (lo cual es correcto a tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 48 del Código Municipal. En este caso la votación a favor de la revisión superó a la mayoría por la cual fue acogido el recurso original, y conociéndose el recurso de revisión el acuerdo fue excluido del acta. Procedimiento anómalo y diverso de seguido le aplicó a la empresa aquí accionante: de seguido el presidente municipal conoció bajo la misma lectura del acta anterior, del 18 de julio del año 2007, manifestó que una regidora había presentado un recurso de revisión contra el acuerdo que terminó aprobando el permiso a favor del proyecto de MEYVASA y anunció la presencia de un recurso de revisión. De seguido, el encartado OLGER ARTAVIA verificó primero qué regidores podían votar suscitándose que el regidor Lucas Mongrillo ya se había inhibido expresamente al momento de votar el acuerdo original. Así como el regidor Luis Campos González quien incluso se retiró de la Sala. No leyó el recurso de revisión, ni lo fundamentó o dio explicación alguna sobre el mismo y luego y de seguido, lo invitó a votar a los efectos de poder resolverlo: resultando como votos positivos a favor de la revisión los propios del imputado y presidente municipal OLGER ARTAVIA y del regidor propietario y aquí imputado ROLANDO MEJÍAS, por el contrario votaron en contra de la revisión del acuerdo los regidores propietarios MARILY CASCANTE Y ENRIQUE JENKINS, suscitándose un empate. En ese momento debe tenerse muy claro, que la revisión nunca fue leída, no se identificó siquiera de quien era la autoría del recurso en ese momento, y que se le atribuía a una regidora. ANTE EL EMPATE LA REVISIÓN NO PROSPERA SEGÚN EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE APLICACIÓN PRIMARIA POR SER NORMA ESPECIAL. 6. Que de seguido el presidente municipal y aquí encartado OLGER ARTAVIA, en uso de la facultad que le establece el numeral 34 inciso c) del Código Municipal: facultad para recibir las votaciones y anunciar la Aprobación o el rechazo de un asunto manifestó que debidamente asesorado por concejero legal (recordemos que se mantuvo como su asesor legal el imputado Lic. Manuel Ruiz) de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código Municipal, en caso de empate no se aprobaba, no quedaba en firme el acuerdo que otorgó permiso a favor de MEYVASA, Y EN SU LUGAR SE DEJABA EL ASUNTO PARA UNA SEGUNDA VOTACIÓN EN LA SESIÓN SIGUIENTE amparado en lo dispuesto por el artículo 42 del Código Municipal que nada tiene que ver con el resultado de la votación de una REVISIÓN, sino con el procedimiento para aprobar o improbar un ACUERDO MUNICIPAL que ya había sido tomado por mayoría calificada de votos a favor del permiso para la empresa MEYVASA quince días antes. Siendo esta decisión absolutamente ilegal y estaría basada también en dato falso, aparte de constituir un abuso de autoridad, en tanto para prosperar un recurso de revisión se requería de la misma mayoría por la cual el acuerdo fue tomado y que era de tres regidores contra cero, y en este caso había sucedido un empate (véase numeral 48 ibídem). Además de que la ley no permite ni faculta en modo alguno que pueda ocurrir una SEGUNDA VOTACIÓN DE UN ACUERDO TOMADO POR UN CONCEJO MUNICIPAL POR MAYORÍA, Y EN ESTE CASO POR MAYORÍA INCLUSO CALIFICADA.  7. Que de previo al día 01 de agosto del año presente el presidente municipal y aquí imputado OLGER ARTAVIA había sido denunciado en sede penal con ocasión de los procedimientos y peticiones del GRUPO REAL MEYVASA, mediante causa principal con querella y acción civil que se sigue en la Fiscalía de Cañas bajo el número único 07-200251-413-PE, copia de lo cual con sello original de recibido fue presentada ante la Municipalidad de Tilarán para efectos inhibitorios y de recusación de todos los funcionarios municipales accionados con una debida ampliación y corrección de escrito de denuncia en sede disciplinaria Municipal recibido en la Municipalidad de Tilarán el día 18 de junio del año 2007, a las 11:20. Por lo que el IMPUTADO OLGER ARTAVIA conocía ya que había asuntos de MEYVASA fuera de la resolución del recurso de revocatoria contra la original denegatoria del permiso de uso de suelo adoptado el día 30 de mayo del 2007, por ser un recurso PENDIENTE DE RESOLVER, antes de la presentación de la causa penal. Así a partir de la resolución de este recurso dándose la razón a MEYVASA y otorgándosele el PERMISO PRELIMINAR, por sesión del 18 de julio del año 2007, el presidente municipal como IMPUTADO, no podía ya conocer más asuntos de MEYVASA con fundamento en lo establecido en el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública, 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 49 y 53 incisos 5 y 10 del Código Procesal Civil (este último expresamente contiene la obligatoria recusación de quien haya sido parte contraria en un proceso penal antecedente y la propia de ser parte interesada en un asunto).  Pese a este conocimiento, el imputado OLGER ARTAVIA, incumplió los deberes propios de su cargo y conociendo ya que el permiso se había concedido a MEYVASA y resuelto así el recurso de revocatoria interpuesto por MEYVASA contra anterior denegatoria, único aspecto pendiente de resolver antes de pasar a estar inhibido y recusado, en lugar de apartarse, respetando la ley, la transparencia y objetividad como fue indicado: INTERPUSO MÁS BIEN UN RECURSO DE REVISIÓN contra el acuerdo de otorgamiento del permiso indicado a favor de MEYVASA y declaratoria con lugar de su recurso de revocatoria, indicando en primera instancia que la autoría del recurso era de una REGIDORA, luego para camuflar la autoría y contenido del mismo NUNCA LO LEYÓ NI LO EXPLICÓ en la sesión del día primero de agosto supra citada, en tales condiciones lo sometió a votación, y al percatarse de que no prosperó la votación para su conocimiento, como ya fue indicado en lugar de anunciar el resultado dictado por ley para una votación de EMPATE, cual es el rechazo de la revisión, anunció en su lugar que el acuerdo ya tomado debía ser objeto de una nueva votación, sin que la ley le permitiera tal disposición o resolución. Sea que además de recurrir estando imposibilitado para hacerlo, reveló su parcialidad y animadversión contra MEYVASA resolviendo en forma ilegal y con aviso de autoridad en perjuicio de los intereses y derechos de esta accionante. 8. Que al contener y desarrollarse el contenido del indicado recurso de revisión bajo fe pública más nunca leído ni explicado en la sesión Municipal aludida por la imputada Silvia Centeno como secretaria del concejo, ya en el acta que ella elabora, se daría lugar a la constatación de un hecho que no sucedió.  9. Que en esa misma Sesión Ordinaria número 66 del 01 de agosto del año 2007, ante la observación de abogados de MEYVASA de que el imputado y presidente municipal OLGER ARTAVIA, no podía seguir conociendo ni interponiendo REVISIONES contra el acuerdo de uso de suelo a favor de su proyecto ´por estar accionado penalmente, finalmente y como consta en el acta: ACUERDO 633 propio de esa misma sección aquí aludida OLGER ARTAVIA se recusa de seguir conociendo asuntos del Grupo Real Meyvasa, así como el imputado y regidor propietario ROLANDO MEJIAS MOREIRA tal y como queda constando en el acta respectiva: “ADO 633: Se acuerda por unanimidad aprobar el acta municipal No. 65: con objeciones de forma y fondo: - El regidor presidente 0LGER ARTAVIA ARIAS manifiesta que a partir de ese momento se recusa ante la solicitud planteada por los representantes de Grupo Real Meyvasa, tomando como base, la denuncia interpuesta por los representantes del Grupo Real Meyvasa ante la Fiscalía de Cañas. - El regidor propietario Rolando Mejías Moreira, indica que al ser demandado ante la Fiscalía de Cañas por parte de los representantes del Grupo Real Meyvasa, se recusa en todo lo relacionado a este caso”. 10. Que sin embargo, pese a esta inhibitoria, recusación aceptada ocho días después el presidente municipal y aquí imputado OLGER ARTAVIA sin dar razón o fundamento alguno para volver a conocer asuntos contra Meyvasa ataca el acta de sesión municipal anterior, vuelve a someter a votación el recurso de revisión ya infructuoso en votación para entrar a conocerlo, se vuelve a meter en el caso y asuntos de MEYVASA habiéndose recusado de hacerlo y pese a ser advertido y objeto de recordatorio de que se había inhibido. En efecto, como consta en la Sesión Ordinaria No. 67 del miércoles 8 de agosto del 2007, artículo 04: Se le brinda la palabra al Lic. Eddie Alvarado- quien en representación del Grupo Real Meyvasa, le recuerda al regidor presidente Olger Artavia, y al Sr. Rolando Mejías Moreira -regidor suplente-, que se encuentran inhibidos tal y como aparece en el acta de No. 66, así como el regidor suplente Lucas Mongrillo, y el regidor propietario Luis Guillermo Campos, quienes ya lo habían hecho, lo anterior por existir un proceso penal pendiente. Le interesa que los regidores que puedan votar, conozcan las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes, eso significa que mediante las jurisprudencias de los tribunales comunes-ordinarios-; puede anularse o interpretar de manera distinta mientras que la jurisprudencia de la Sala Constitucional no, esta nadie la puede cambiar. Cuenta con una resolución de la Sala Constitucional que indica que sus resoluciones son vinculantes….comenta sobre el recurso de revisión que aparece en el acta, el cual es falso, considerando que en ningún momento el regidor Olger Artavia Arias le dio lectura. De igual manera presenta una nueva denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra el señor Manuel Durán, Olger Artavia Arias y Silvia Centeno, en calidad de Secretaria del Concejo.”.  11. Que sin embargo, en esta misma sesión, constan las actuaciones que serían delictivas del imputado Olger Artavia por haberse recusado y estar inhibido, y nunca más fundamentar una causal para habilitarse:  “Capitulo III. Lectura de actas anteriores:  Artículo 07: se procede con la lectura del acta de la sesión ordinaria No.66 del 01 de agosto del 2007:  - Folio 1330, acuerdo municipal No. 632, léase de la siguiente manera y consígnese el voto negativo del regidor presidente Olger Artavia Arias: Después de discutida el acta, se acuerda por mayorpia calificada aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 64 del pasado 18 de julio del 2007.  - El regidor presidente Olger Artavia Arias, retoma nuevamente el acuerdo municipal número 608, tomado en la sesión ordinaria No. 64, celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán el 18 de julio, folio 13279 y 13280, capítulo V- Asunto de trámite urgente, artículo 34. Somete a votación el recurso de revisión presentado a ese acuerdo municipal.
- El regidor propietario Lucas Mongrillo, indica que no ejercerá el voto, por encontrase recusado, considerando la denuncia interpuesta por los representantes del Grupo Real Meyvasa, ante la Fiscalía de Cañas.
- Se realiza la votación, quedando de la siguiente manera:
o Votan positivamente, con el fin de que se acoja el recurso, los regidores propietarios Lexandra Grabados Solís y Olger Artavia Arias. Votan negativo los regidores propietarios Enrique Jenkins Jiménez y Manuel Durán Loaliza.
o Realizada la votación y dado el empate, se deshechaza (sic) el asunto de acuerdo al artículo 42 del Código Municipal, quedando en firme el acuerdo municipal supracitado.
o El regidor propietario Manuel Durán Loaiza, justifica su voto negativo indicando que mantiene duda entre el artículo 42 y 48 del Código Municipal.
o Después de discutida ampliamente el contenido del acta de la sesión ordinaria No. 66 se somete a votación por parte de la presidencia.
o ADO 652: Se acuerda por mayoría simple aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 66.
o Vota negativa el regidor presidente Olger Artavia Arias y la regidora propietaria Lexandra Granados, lo anterior tomando en cuenta el recurso de revisión que se presentó…”
EVIDENCIANDOSE ASI QUE EL IMPUTADO OLGER ARTAVIA ARIAS, PESE A HABERSE RECUSADO, DE SEGUIDO, OCHO DIAS DESPUES INTERVINO EN CONTRA DE LOS LEGITIMOS INTERESES DE MEYVASA ATACANDO EL ACTA POR LA CUAL SE APROBO Y QUEDO EN FIRME EL PERMISO DE MARRAS PRESENTANDO RECURSOS DE REVISION TRAS HABER SALIDO INFRUCTUOSA SU VOTACION PARA CONOCIMIENTO. VOLVIENDO A VOTAR EN CONTRA DEL PROCYECTO DE LA EMPRESA OFENDIDA, ESTANDO YA INHIBIDA Y HABIENDOLO MANIFESTADO. 12. Que en la sesión extraordinaria No. 39 del 17 de agosto del año 2007, ARTICULO 06, sigue quedando plena prueba del incumplimiento de deberes del Alcalde Municipal y aquí imputado JOVEL ARIAS, y del presidente municipal OLGER ARTAVIA, a esa sesión y fecha se demuestra cómo continuaban con un plan regulador INEFICAZ y que todavía andaban analizando cómo tornarlo en eficaz, habiéndolo usado para oponerse a proyectos como el de MEYVASA en forma totalmente anómala, ilegal e irregular. Añadiendo en esa oportunidad del Lic. José Antonio Rodríguez, Coordinador de Hacienda: “que la publicación de los planos de zonificación y vialidad, el texto completo del plan regulador y del mismo acuerdo de adopción, podrían no ser suficientes para hacer eficaz el Plan Regulador, toda vez que no se ha integrado el tema ambiental”. Posteriormente el imputado OLGER ARTAVIA se pregunta sobre la necesidad de publicar todo esto y tornar eficaz un plan que está obsoleto. El Lic. José A. Rodríguez ya indicado sugiere que se consulte a la Contraloría, qué se debe publicar. Se acuerda dicha sesión extraordinaria “por unanimidad y en firme solicitarle a la Procuraduría General de la República, indicar qué elementos deben publicarse para que el plan regulador del cantón de Tilarán, adquiera su eficacia. Como antecedente considérese que de la información elaborada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, únicamente se publicó el Reglamento de zonificación y el mapa de zonificación sin las referencias geográficas correspondientes.” Demostrándose otra vez y con prueba fehaciente a agosto del 2007, cómo se le aplicó en contra del Proyecto y construcción de la empresa aquí ofendida una plan regulador ineficaz, y cómo durante más de veinte años usaron un plan en dichas condiciones y aun conociendo esto no procuraron las instituciones del país conocieran esto para evitar equívocos e injusticias, no aclararon su situación de ineficacia, no lo desaplicaron a nivel nacional contrariando la Ley de Planificación Urbana (artículo 17 inciso 4). Ni en todos estos años corrigieron el Plan integrándole el tema ambiental, ni publicaron correctamente sus partes y anexos esenciales para poder dotarlo de eficacia y tener un instrumento con el cual poder en su caso negar ubicaciones de proyectos y construcciones.  13. Que irónicamente no es sino hasta setiembre del año 2007, meses después de haber sido denunciados, querellados y demandados civiles, ante la Fiscalía de Cañas que los imputados en este proceso se preguntan si pueden conocer los asuntos de MEYVASA pese a haber sido denunciados. Ellos ya lo sabían desde 18 de junio del año 2007 de forma más precisa: de la denuncia, querella y acción civil en su contra, copia de la cual les fue adjuntada al presentarse en su contra denuncia administrativa contra los aquí imputados también a lo interno de la municipalidad, y solicitándole allí mismo que se inhibieran de conocer más asuntos de Meyvasa, se les recusó.  14. Que como respondían la petición de MEYVASA de conformar órgano del debido proceso que investigara nuestra denuncias en sede municipal y de que se inhibieran y recusaran, incumplimiento sus deberes el imputado OLGER ARTAVIA como presidente municipal, se debió presentar a favor de Meyvasa, acción de amparo ante la Sala Constitucional por escrito recibido en esta dependencia en fecha 16 de agosto del 2007, dando lugar por resolución número 07-011184-0007-CO declarado con lugar por resolución número 2007-013857 de las 14:39 del 13 de octubre del 2007, donde en el hecho probado uno se tiene por demostrada la no contestación de la inhibitoria y la recusación por los munícipes aquí accionados y se les conmina a responder en un plazo de un mes a partir del  recibido de la notificación oficial de esta resolución. Debidamente notificados los munícipes aquí imputados, sobre todo el presidente municipal OLGER ARTAVIA, al día de hoy nunca cumplió con lo ordenado por la Sala Constitucional relativa conocer sobre la inhibitoria y recusación planteada en su contra por MEYVASA y continúo resolviendo y tramitando asuntos de MEYVASA y resolviendo en su contra hasta lograr remitir el acuerdo que permitió la aprobación preliminar de la construcción de MEYVASA hacia el tribunal Contencioso, estando recusado y sin conformarse nunca el órgano del debido proceso que investigará sus actuaciones. 15. Que como ha sido indicado, no es sino hasta por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 72 del 12 de septiembre del año 2007 en que se dispuso solicitar por el Concejo Municipal de Tilarán a la Procuraduría General de la República por consulta formal, si estando denunciados regidores podrían seguir estos conociendo asuntos de Meyvasa, si podían ellos mismos integrar el órgano decisor de sus propias faltas (órgano del debido proceso) podía la secretaria municipal, denunciada integrar su puesto para asuntos de la empresa que la denuncia, a quien le corresponde integrar ese órgano. OBSERVANDOSE QUE ANTES DE ESTA CONSULTA Y DESDE LAS PRESENTES ACCIONES PENALES Y LA DENUNCIA PRECISADA EN MEJO FORMA EL 18 DE JUNIO DEL 2007 EN EL SENO MUNICIPAL, YA LOS AQUÍ IMPUTADOS Y SOBRE TODO EL PRESIDENTE MUNICIPAL OLGER ARTAVIA PESE A ESTAR ACCIONADO Y SABERLO YA HABÍA SEGUIDO CONOCIENDO LOS ASUNTOS DE MEYVASA, INTERPONDIENDO RECURSOS DE REVISIÓN, VOLVIENDO A INTERPORNERLO, OPONIÉNDOSE AL ACTA POR LA CUAL QUEDÓ FIRME EL ACUERDO DE USO DE SUELO, VOTANDO, ALEGANDO, TODO EN CONTRA DE MEYVASA, Y AHORA MESES DESPUÉS Y SOLO POR UNA ACCIÓN DE AMPARO EN SU CONTRA APARECÍA SOLICITANDO CRITERIO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  16. Que el Concejo Municipal a las preguntas indicadas, recibe respuestas tajantes y concretas de la Procuraduría por dictamen C-008-2008 recibido en la Municipalidad de Tilarán en fecha 16 de enero del año 2008 elaborada por la Procuradora Adjunta Andrea Calderón Gassman. Concretamente a la pregunta de si un regidor puede conocer asuntos donde esta demandado, se responde: “III Conclusiones.  1. Existe una prohibición expresa del legislador (artículo 31 del Código Municipal) en el sentido de que los regidores no pueden intervenir en la discusión y votación de asuntos en los que ellos, o bien, familiares cercanos en el grado en que la norma indica, tengan un interés directo.  2. Existe una clara relación y complementariedad entre el deber de abstención y deber de probidad, entendido el primero como derivación específica del segundo. La imparcialidad es uno de los principios que integran la probidad administrativa, y que en la práctica se ve garantizado por el deber de abstención).  3. La acreditación efectiva de un incumplimiento del deber de probidad por parte de un regidor puede generar la imposición de sanciones, de orden tanto administrativo (con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley No. 8422 en relación con el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República) como penal (en este caso por el delito de incumplimiento de deberes)…  7. Así en la hipótesis planteada, los propios regidores no podrían instruir ni emitir una decisión de fondo sobre los hechos investigados, por razones de doble orden, pues no solo carecerían de competencia para iniciar el procedimiento y tomar la decisión de fondo (siendo el TSE el competente) sino porque tendrían interés directo en el asunto que les obligaría a abstenerse de conocerlo”. ASIMILANDO AQUÍ SIN NINGUNA DUDA QUE AQUEL QUE ESTÁ DEMANDADO, DENUNCIADO, TIENE UN INTERÉS DIRECTO. 17. Que también MEYVASA les previno a los regidores aquí imputados que no conocieran sus asuntos y por escrito presentado con fecha de recibido 21 de enero del año 2008, se hace ver al Concejo Municipal de Tilarán que se les aporta en el acto EL POR TANTO de lo resuelto por la Sala Constitucional voto número 12857 de las 14:39 del 3 de octubre del año 2007 donde consta como se declara con lugar el recurso de amparo anteriormente supra citado por no haber conformado un órgano del debido proceso ni contestado las peticiones del Grupo Real Meyvasa emitidas por escrito presentado a las 11:20 am del 18 de junio del año 2007 ante la Secretaría del Concejo Municipal de Tilarán. 18. Que pese a este conocimiento: Dictamen de la Procuraduría, por tanto ya conocido de la Sala Constitucional, leyes y normas explicitadas que les impedían conocer los asuntos relacionados con el proyecto y construcción de MEYVASA, el Presidente Municipal OLGER ARTAVIA, siguió conociendo asuntos y contando en contra de los intereses de esta empresa.  19. Que en efecto en Sesión Ordinaria Municipal Numero 95, realizada por el Concejo Municipal de Tilarán el día Miercoles 20 de febrero del año 2008, el Presidente Municipal OLGER ARTAVIA, bajo la recomendación legal previa allí explicitada del imputado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, de que cada regidor votara “según su responsabilidad” afrontando la normativa y lo recomendado por la Procuraduría (véase el acta respectiva) y previo dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, introdujo a votación el tema de recurso de revocatoria en apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el acuerdo que otorgó finalmente permiso a favor del Grupo Real Meyvasa, y allí se conoció y se votó este asunto, resultando que incluso el presidente municipal OLGER ARTAVIA voto a favor de revocarlo, quedando su voto en minoría a la par de la regidora Lexandra Granados contra los votos negativos de Enrique Jenkins, Marily Cascante y Luis Campos González. Más el presidente Municipal había manoseado otra vez el asunto Meyvasa pese a haberse recusado, y haber sido advertido hasta por la propia Procuraduría de que no debían intervenir los regidores denunciados en este tipo de asuntos. 20. Que este acuerdo se ratificó el permiso de ubicación de la construcción de MEYVASA claramente se indica “ADO. 145. Se acuerda por mayoría simple, rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, contra el acuerdo número 608 tomado y aprobado por el Concejo en la sesión ordinaria No. 64 celebrada el día 18 de julio del año 2007, en forma simple y ratificado en firme, en la sesión ordinaria del 08 de agosto del 2007.”  Sin embargo el presidente municipal OLGER ARTAVIA, a sabiendas del rechazo simultaneo de la apelación ante el Concejo logró inducir a la Secretaria Municipal la imputada SILVIA CENTENO GONZÁLEZ, para que siempre emplazara por apelación a las partes ante el Tribunal Contencioso, así le informo está imputada a la parte impugnante, y estando ella también denunciada en este vía, ella como Secretaria volvió a intervenir así como en todas las sesiones que conocerán asuntos de Meyvasa, y esta vez incluso agregó un emplazamiento ante el Tribunal Contencioso para que los opositores al proyecto y construcción de Meyvasa pudieran acudir ante dicha instancia). Saliendo un acuerdo del Concejo que también permitía la apelación pese a ser rechazada de previo por ellos mismos.  21. Que esta decisión del Concejo Municipal de seguido fue objeto de recursos ordinarios de revocatoria con apelación subsidiaria y extraordinarios de revisión y de incidente de nulidad absoluta por esta empresa ofendida, basados en haber desobedecido a la Sala Constitucional, a la Procuraduría, violación a la ley, al deber de probidad, motivo, forma y fondo ilícito del acto administrativo y porque ellos en realidad ya habían rechazado no solo el recurso de revocatoria sino el de apelación, consumando doble instancia. En primer momento por sesión ordinaria número 103 del 16 de abril del 2008, Capítulo VI el Concejo Municipal acuerda por mayoría calificada lo que se debe leer correctamente como rechazar ad portas recursos de revocatoria y apelación presentados por el GRUPO REAL MEYVASA, por presuntamente haber sido interpuestas fuera de tiempo, cuando lo sucedido fue que la secretaria Municipal Silvia, se ausentó de su oficina por incapacidad sin dejar sustituto que recibiera escrito alguno. Más el Presidente del Concejo Municipal, imputado OLGER ARTAVIA, deliberadamente incumplió sus deberes y abuso de autoridad y no sometió los recursos extraordinarios de nulidad y revisión también presentados por esta accionante para su debida resolución por el Concejo.  Ante tal acuerdo el mismo recibe de Meyvasa por escrito presentado ante el Concejo el día 5 de junio del 2008 y de fecha 3 de junio del mismo año formal solicitud de aclaración y adición concomitante presentación de recursos de revocatoria con apelación, revisión e incidente de nulidad absoluta y manifiesta, siendo que el presidente del Concejo Municipal OLGER ARTAVIA incumpliendo nuevamente sus deberes y abusando de su Autoridad no los somete a consideración del Concejo ni ordena su resolución, ni tampoco de los anteriores recursos extraordinarios aun no conocidos por ellos.  Estas nuestras impugnaciones contra la resolución remitente del caso hacia el Tribunal Contencioso al día de hoy no han sido resueltas por el Concejo Municipal de Tilarán, ni aparecen como folios del expediente en lo remitido al Tribunal Contencioso Administrativo Sección Primera, proceso 07-000383-0161-CA, Asunto Municipal Per Saltum de Gretty Murillo Boniche y otros contra la Municipalidad de Tilarán. (Tercero Interesado Grupo Real Meyvasa). Tal faltante de folios, fase final impugnativa de Meyvasa contra el acuerdo Municipal que emplaza en apelación a la contraparte, provocó que el Tribunal Contencioso indicado resolviera el asunto sin tener completo el expediente Municipal del asunto por maniobra que será atribuible al imputado OLGER ARTAVIA como Presidente Municipal.  22. Que ya en el discurrir de este proceso ante el Contencioso, ni el presidente Municipal OLGER ARTAVIA, ni el Alcalde Municipal JOVEL ARIAS, como representantes Municipales, defienden en nada la resolución tomada por el Concejo Municipal, permiso a favor de Meyvasa ni explican los alcances del acuerdo Municipal tomado, en tanto ostentan interés manifiesto por estar acusados por Meyvasa, y no se inhiben o recusan para participar en este proceso impugnativo ante el indicado Tribunal desobedeciendo lo resuelto por la Sala Constitucional para que en un plazo de un mes se pronunciaran sobre las peticiones de Meyvasa relativas a su recusación. Provocando que el acuerdo que otorgó permiso a la obra de Meyvasa no tenga ninguna defensa o explicación por parte de la Municipalidad ante el Tribunal Contencioso, debido al mismo incumplimiento de deberes de los aquí imputados, quienes en su lugar debieron inhibirse, recusarse desde el momento en que conocieron haber sido accionados penal y administrativamente por esta empresa y correr la resolución de cualquier asunto relacionado con nuestra empresa a la persona que los supliera en grado. 23. Que no es sino por RESOLUCION DAM 104-2009 de las diez horas y cinco minutos del martes 14 de abril del año 2009 que el imputado y alcalde municipal JOVEL ARIAS, se inhibe, se recusa de entrar a conocer más asuntos relacionados con la empresa MEYVASA solo a pedido expreso de la aquí accionante más demostrándose que desde siempre debió haberse inhibido a partir del momento en que se conoció accionado penalmente así como el resto de imputados regidores.  Mientras el imputado OLGER ARTAVIA aún no se entra a resolver nuevamente sobre su recusación e inhibitoria. D.-II.- El único hecho de la ampliación de querella,  de folios 134 a 136 del legajo de querella, recibida en la fiscalía de Cañas el 15 de diciembre del 2008: 1. Que el encartado EMANUELLE también habría sido contratado para contestar la acción recurso de amparo 07-002785-0007-CO por el Concejo Municipal de Tilarán, y sobre todo por su presidente el coimputado OLGER ARTAVIA, y no sólo para la contestación de las acciones de amparo presentadas por el GRUPO REAL MEYVASA, que dieron lugar a los procesos ante la Sala Constitucional 07-002782-CO y 07-002783-0007-CO contra la Municipalidad de Tilarán y por no responder sus peticiones, recursos y requerimientos. Y de pronto aparece la aquí imputada SILVIA CENTENO GONZÁLEZ en su condición de Secretaria de la Municipalidad de Tilarán suscribiendo y dirigiendo contestaciones a la Sala Constitucional HACIA TODOS ESTOS PROCESOS EN LA SALA CONSTITUCIONAL, concretamente el siguiente documento: Oficio del 19 de Marzo del 2007 número SCM 221-2007 dirigido al Sr. Luis Fernando Solano M. Presidente de la Sala Constitucional, donde esta encartada falsamente le comunicaría , el contenido y resultado de los presuntos acuerdos 215, 216, 217 de Sesión Municipal No.46 que no existían siquiera, y por ende no tenían la virtud de significar una verdadera contestación a las empresas aquí ofendidas, tratándose esto de un documento público con inserción de datos falsos como ya ha sido explicado aquí , documento que también fue dirigido al proceso de amparo número 07-0002785-0007-CO todos por violación al derecho de respuesta. Y DONDE DEBIDO A SIMULAR LA EXISTENCIA DE UNA CONTESTACIÓN POR SESIONES FORMALES A LA ENTIDAD AQUÍ ACCIONANTE, LA IMPUTADA SILVIA SUAREZ, APARECERÍA EN POTENCIA DIRIGIDA POR LOS ENCARTADOS, OLGER ARTAVIA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN EN LOS TRES CASOS, TRES AMPAROS ANUNCIÓ LA CONTESTACIÓN A LA SALA, Y POR EL IMPUTADO EMANUELLE RUÍZ QUIEN ERA EL CONTRATADO PARA CONTESTAR Y ÚNICO ABOGADO DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA TODO LO MUNICIPAL. Quienes en el envío del falso documento a la Sala Constitucional y a los tres amparos indicados aparecerían como instigadores en este envío de documento ficticio.
La falsedad del contenido de las actas de los acuerdos reportadas como fidedignas por la aquí encartada SILVIA queda palpable y manifiesta cuando en la Sesión Municipal del 21 de Marzo del 2007 el regidor MANUEL DURÁN, llega a propalar que “nosotros no hemos tomado ninguno de estos acuerdos” refiriéndose a los remitidos por la aquí imputada a la Sala Constitucional. Y en la siguiente sesión Número 48 del 28 de Marzo los concejales anulan el contenido de dichos acuerdos al nunca haber sido emitidos (ERGO ERAN FALSOS).
Está imputada Silvia Centeno González llegaría incluso a corroborar sus propios ilícitos cuando por oficio SCM 247-2007 del 29 de Marzo del 2007 dirigiéndose al aquí ofendido Carlos Adrián Vargas Murillo le indica refiriéndose a los acuerdos que ella originaría falsamente:  “De la misma manera, le informo que los acuerdos 215, 216 y 217 tomados en la sesión ordinaria No.46, página 14, y los cuatro párrafos primeros de la página 15, fueron anulados en la sesión ordinaria No.48 celebrada este Miércoles 28 de marzo considerando que los mismos no fueron tomados
Sin embargo, tal envío ficticio de ACTAS CUERDOS MUNICIPALES, provocó cómo en los casos del proceso constitucional de amparo números 07-002783-0007-CO el recurso fuera declarado sin lugar por existir ya presunta y clara contestación a la accionante MEYVASA, y concretamente en este primer expediente, consta en la resolución final de las once horas y once minutos del veintitrés de Marzo del 2007 como se tiene por hecho probado número 4 el envío de este documento y como probado lo que en el se indica. Sea el memorial falso en su contenido enviado por la Secretaría del Concejo Municipal visible al folio 28 de este expediente. Mientras tanto en el proceso 07-002785-0007-CO amparo aquí también declarado sin lugar, el documento aquí citado como falso aparece agregado en la foliatura del principal a folios 35 y 36. Y en el caso del proceso constitucional de amparo. 07-002782-0007-CO, declarado con lugar siempre por lentitud en respuesta, sin embargo tal documento falso aparece agregado a los folios 50 y 51 del principal Y SE TIENE COMO un hecho probado numerado TRES, del fallo final NO SÓLO LA EXISTENCIA DE ESTE DOCUMENTO, sino lo que el demuestra, sea que si existirían las sesiones Municipales y lo tratado en ellas. ENTRATÁNDOSE EN LOS TRES CASOS Y EN LOS TRES ENVÍOS Y AGREGADOS, DEL MISMO DOCUMENTO QUE APARECE SUSCRITO POR LA IMPUTADA SILVIA CENTENO. Ya aquí supracitado y explicado su contenido en la acción penal y civil original. Y que fue anunciado ante la Sala esta decisión futura y ficticia por el imputado OLGER ARTAVIA.
III.- Los hechos del debate se llevaron a cabo en las audiencias: primera y segunda de los días 25 al 27 de enero del 2016,  la primera del 28 de enero del 2016, la segunda audiencia del 29 de enero del 2016, la primera y segunda audiencia de los días 1, 3, 5,  la segunda audiencia de los días  9, 10,  ambas audiencias del 11 de febrero del 2016, la primera audiencia del 12 de febrero del 2015, la segunda audiencia del 15 de febrero del 2016, ambas audiencias de los días 16 al 22 de febrero del 2016, la audiencia de la tarde del 23 de febrero del 2016, la primera audiencia del 3 de marzo del 2016 y el día 4 se dictó la parte dispositiva, en la primera audiencia.
IV.-En el presente asunto se han observado las formalidades de ley, dictándose la sentencia dentro del debido proceso y;
CONSIDERANDO:
I.- EXCEPCIONES E INCIDENCIAS: I.-a.- Sobre la prescripción penal alegada:     La prescripción se trata de un instituto de derecho de carácter eminentemente procesal, que si bien es cierto no hace desaparecer el delito, si el poder represivo, el cual es de orden público y por lo tanto opera de pleno derecho.  Se trata de un instrumento jurídico creado a efecto de declinar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, que actúa a modo de sanción procesal por la inactividad de los sujetos procesales en los procesos iniciados o no. El estado, en estos casos, declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de aplicar una determinada pena, o hacer ejecutar la pena ya impuesta en un caso concreto, lo que tiene su origen en la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica de las personas.  Así, como entonces la regulación de la prescripción de la acción penal resulta un asunto de política criminal que adopta el Estado a través del órgano competente para ello, sea la Asamblea Legislativa, de manera que éste tiene potestades para establecer parámetros para su regulación. No existe un derecho constitucional a la prescripción, sino más bien el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, principios que no resultan lesionados por el estado en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y juzgamientos de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén definidos y limitados por la Ley.
    Analizado detalladamente el presente asunto, se ha logrado determinar que la acción penal correspondiente a un delito de abuso de autoridad, un delito de incumplimiento de deberes, un delito de uso de documento falso, un delito de fraude de ley y dos delitos de falsedad ideológica que se han tramitado en contra de Jovel Arias Ortega; así como un delito de abuso de autoridad y un delito de falsedad ideológica que se le han venido atribuyendo a Marco Porras Cordero, se han extinguido, es decir están prescritos, ello con fundamento en los siguientes razonamientos: Jovel Arias Ortega. El delito de abuso de autoridad, la prescripción para este delito, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal, es de dos años, ya que este tiene pena de prisión de tres meses a dos años; si tomamos en cuenta que la declaración indagatoria al imputado se realizó en fecha doce de febrero del año dos mil ocho, tal y como consta a folio 154 del legajo principal y que el señalamiento a Audiencia Preliminar se efectuó el día dos de mayo de dos mil trece, es evidente que entre la indagatoria y el señalamiento a la citada audiencia transcurrieron más de cinco años; por lo que ha operado el fatal plazo de prescripción, toda vez que para el primer señalamiento de audiencia preliminar habían transcurrido más de dos años, siendo esta la sanción mayor que indica el Código Penal, esto sin poder aplicar las interrupciones que informa el artículo 33 del Código Procesal Penal, toda vez que el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422 indica en lo que interesa:  “Prescripción de la responsabilidad penal. La acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en la presente Ley, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable; no obstante, regirán las siguientes reglas: a) Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo 31 del Código Procesal Penal volverán a correr por un nuevo período, sin reducción alguna. (…), es así como sin aplicar la interrupción, ya había transcurrido el plazo igual a la sanción del extremo superior de la escala penal.  Aunado a ello, la última indagatoria por este delito que se le realizó a Arias Ortega fue en fecha ocho de junio de dos mil ocho, según folio digital 97 del legajo de Querella Parte A y el señalamiento a audiencia preliminar fue el dos de mayo de dos mil trece, por lo que en esta ocasión el plazo de prescripción de la acción penal de dos años se cumplió en fecha ocho de junio de dos mil diez, siendo esta mucho tiempo antes del primer señalamiento a audiencia preliminar.  Si bien es cierto,  que en el legajo principal tomo II, a folio virtual 165 rola otra declaración indagatoria por este mismo delito, la cual se realizó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, lo cierto es que como ya se explicó supra, para esta fecha la acción penal para esta delincuencia ya se encontraba sobradamente prescrita.  Por otra parte, para los delitos de uso de documento falso y los dos delitos de falsedad ideológica, los cuales se encuentran previstos y sancionados en los artículos 365 y 359 del Código Penal respectivamente; tenemos entonces que el primero tiene una sanción de uno a seis años, mientras que el segundo se informa una pena de dos a ocho años cuando se trata de funcionario público; y siendo que el artículo 31 del Código Procesal Penal indica en lo que interesa: "Plazos de prescripción de la acción penal.  Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión, no podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres (...)". Por otra parte, el artículo 33 del código de rito indica al respecto: “Interrupción de los plazos de prescripción. Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos, a efectos de suspender o interrumpir la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán con lo siguiente: a) La comparecencia a rendir declaración indagatoria, en los delitos de acción pública (…)”; vemos como, el plazo de prescripción de las acciones penales antes descritas se interrumpe y reduce a la mitad con la comparecencia a rendir declaración indagatoria del encartado Arias Ortega, llevándose a cabo esta, el día ocho de junio de dos mil ocho (ver folio 97 del legajo de Querella Parte A), por lo que el plazo de prescripción para el delito de uso de documento falso reducido a la mitad, se cumplió en fecha ocho de junio de dos mil once; sin embargo, en fecha doce de febrero de dos mil ocho se recibió una primer indagatoria por esta delincuencia, por lo que para el doce de febrero de dos mil once esta delito estaba ya prescrito; podemos así observar que aproximadamente dos años antes del primer señalamiento a audiencia preliminar que como ya se indicó fue en fecha dos de mayo de dos mil trece, el delito de uso de documento falso ya había cumplido sobradamente el plazo de prescripción.  Con respecto a los delitos de falsedad ideológica que se imputaron a don Jovel, señalaremos exactamente los mismos argumentos expuestos anteriormente; la primera indagatoria que rindió el endilgado fue en fecha doce de febrero de dos mil ocho, según folio 154 del legajo principal, por lo que con fundamento al artículo 33 inciso a) del Código Procesal Penal, podemos afirmar que el plazo de prescripción reducido a la mitad, se completó el día doce de febrero de dos mil doce; no obstante, el día ocho de junio de dos mil ocho, don Jovel procedió a rendir nuevamente declaración indagatoria, siendo que con esta interrupción el plazo de la prescripción se cumplió el ocho de junio de dos mil doce;  y como ya se ha reiterado en tantas ocasiones, el primer señalamiento a audiencia preliminar se realizó en fecha dos de mayo de dos mil trece, por lo que holgadamente se había cumplido para esta fecha con el plazo de prescripción. Finalmente, el delito de incumplimiento de deberes atribuido a Arias Ortega también se encuentra prescrito como se indicará.  Este delito se encuentra previsto en el artículo 331 que indica: “Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función.  Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando está obligado a hacerlo”.  Por su parte, el artículo 31 del Código Procesal Penal informa en lo que interesa: “Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá: (…) b) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones”.  Al no sancionarse este delito con días de prisión, resulta que el plazo de prescripción es de dos años, siendo que si la primera indagatoria se realizó el doce de febrero de dos mil ocho y una segunda en fecha ocho de junio de dos mil ocho; y tomando en consideración el ya también mencionado artículo 62 de la Ley 8422, y sin aplicar reducción alguna, el plazo de los dos años se cumplió en fecha ocho de junio de dos mil diez, decretándose así también la prescripción, aproximadamente tres años antes del primer señalamiento a audiencia preliminar.  Si bien es cierto que a folio digital 165 del legajo principal tomo II consta otra declaración de indagatoria de don Jovel de fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, como ya se estudió, para esa ocasión ya se encontraba prescrita la acción penal, por lo que esta diligencia no tenía ningún significado procesal dentro de la presente causa.  Si bien es cierto que los señores querellantes le atribuyeron a Jovel Arias Ortega un delito de Fraude de Ley, el representante de la Querella y Acción Civil Resarcitoria, manifestó acertadamente que este delito no se le podía imputar al encartado ya que el mismo no fue correctamente descrito en las diferentes querellas y aunado a ello el mismo se encuentra prescrito, ya que como hemos informado la primera declaración indagatoria resultó el día doce de febrero de dos mil ocho, por lo que para el primer señalamiento a audiencia preliminar ya habían transcurrido los cinco años que indica la ley 8422 en el artículo 58.   Imputado Marco Antonio Mora Porras. Respecto al delito de abuso de autoridad, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal, es de dos años, toda vez que este tiene una pena de prisión de tres meses a dos años; si tomamos en cuenta que la declaración indagatoria recibida a Marco se realizó en fecha ocho de mayo del año dos mil ocho y una ampliación de la misma el día doce de junio de dos mil ocho (ver folios 254 y 313  digitales del legajo principal) y que el primer señalamiento a audiencia preliminar se efectuó el día dos de mayo de dos mil trece, es evidente que entre la indagatoria y el señalamiento a la citada audiencia, transcurrió poco menos de cinco años; por lo que es claro que ha operado el fatal plazo de la prescripción, toda vez que para el señalamiento de audiencia preliminar habían transcurrido más de dos años, siendo esta la sanción mayor que indica el Código Penal, esto, claro, sin poder aplicar las interrupciones que informa el artículo 33 del Código Procesal Penal, toda vez que el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, No. 8422 indica en lo que interesa:  “Prescripción de la responsabilidad penal. La acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en la presente Ley, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable; no obstante, regirán las siguientes reglas: a) Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo 31 del Código Procesal Pena volverán a correr por un nuevo período, sin reducción alguna. (…), vemos de esta manera que para el señalamiento a la audiencia preliminar ya había transcurrido el plazo igual a la sanción del extremo superior de la escala penal. La prescripción para el delito de falsedad ideológica es de ocho años, siendo esta la pena más alta para dicha delincuencia.  Como ya se ha informado, la primera indagatoria que rindió el endilgado fue en fecha ocho de mayo de dos mil ocho (ver folio digital 254 del legajo principal) y el día doce de junio de dos mil ocho rindió una ampliación de indagatoria (ver folio digital 313 del legajo principal), por lo que con fundamento al artículo 33 inciso a) del Código Procesal Penal, podemos afirmar que el plazo de prescripción reducido a la mitad, se completó el día doce de junio de dos mil doce;  y como ya se ha reiterado en tantas ocasiones, el primer señalamiento a audiencia preliminar se realizó en fecha dos de mayo de dos mil trece, por lo que sobradamente se había cumplido para esta fecha con el plazo de prescripción de la acción penal. 
        Es por las razones y fundamentos antes expuestos que la acción penal correspondiente a un delito de abuso de autoridad, un delito de incumplimiento de deberes, un delito de uso de documento falso y dos delitos de falsedad ideológica que se han tramitado en contra de Jovel Arias Ortega; así como un delito de abuso de autoridad y un delito de falsedad ideológica que se le han venido atribuyendo a Marco Porras Cordero, se han extinguido por estar todas ellas prescritas.
I.-b.-En relación con las excepciones planteadas: Se declara sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa, falta de derecho, falta de acción, planteadas por los defensores de los co demandados civiles: i.- La excepción de falta de legitimación interpuesta, en contra de ambas personas jurídicas: Lo anterior, por cuanto, consta que el Grupo Real Meyvasa, cédula jurídica No.  3-101-31557275  y el Grupo Real Vaymesa, con la cédula jurídica No. 3-101- 315884, se encuentran legitimas para interponer la acción civil resarcitoria, ya que mientras la sociedad Grupo Real Meyvasa, promovió a través de sus representantes y los aquí también actores civiles ( Carlos Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas) ante la Municipalidad de Tilarán promovieron diferentes tipos de peticiones, solicitudes de uso de suelo, de construcción, interposición de recursos con el fin de instalar la estación de servicio en el Cantón de Tilarán, aunado a los procesos contenciosos en que se vio inmerso.
        Asimismo, la empresa Grupo Real Meyvasa S.A., es dueño del lote No.148630-000, según el plano catastrado  (folios virtual 363 y físico 361, legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m) y como parte afectada, interpuso el recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la causa No. 07-011184-007–C0, contra el Presidente del Consejo Municipal de Tilarán, y el Alcalde Municipal de Tilarán  (folio 89 virtual y 79 físico,  legajo  de prueba I y folio digital 185 y físico 177 del legajo principal archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).
Por lo que es evidente que el Grupo Real Vaymesa S.A y el Grupo Meyvasa S.A., y representados por el querellante y actor civil  Vargas Murillo, son damnificados directos de las acciones ilícitas realizadas por los demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA, MARCO PORRAS MORA y EMANUEL RUIZ SALAZAR, quienes les ocasionó un daño moral a estas personas jurídicas como más adelante se detallara.
 Incluso en el escrito de constitución de la querella y la acción civil resarcitoria, a folios físicos 1, 36, 104, 112 y 172 del legajo de acción civil resarcitoria, se indicó los motivos por los cuales esta acción se basa y el carácter que se invoca es de afectados, de conformidad con los artículos 47, artículo 112 inciso d y 116 del Código Procesal Penal. De allí que se rechaza la excepción de falta de legitimación interpuesta, en contra de ambas personas jurídicas.
ii- En lo que respecta a la falta de legitimación de los actores civiles Carlos Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas, se debe de declarar sin lugar, por cuando a lo largo del proceso se demostró con la acción realizas por los co demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y MARCO ANTONIO PORRAS MORA, el primero como Alcalde de Tilarán y el segundo como Ingeniero, al haberles opuesto el plan regulador de Tilarán, en los oficios No. PUCC 139-2003, del 31 de octubre del 2003, PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del 11 de Noviembre del año 2003 y  DAM-381-2003 de las 8:00 horas del 14 de Noviembre del 2003, cuando no podía ser oponible a terceros.
De esta manera, los demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA, MARCO PORRAS MORA y EMANUEL RUIZ SALAZAR, ocasionaron un daño a nivel moral y patrimonial a dichos actores civiles, según lo previsto en el artículo 37 del Código Procesal  Penal.  Ello, al tener esta Cámara por demostrado que los imputados y demandados civiles ARIAS ORTEGA y PORRAS MORA, dictaron resoluciones sustentadas en la existencia de un plan regulador, cuando éste no era eficaz, ante la falta de publicación del plan regulador, mapas y planos, y afectaron directamente tanto al aquejado Vargas Murillo como Mejías Rojas, por cuanto hicieron que la estación de servicio no laborara por un período de dos años y medio, según lo manifestado por el aquejado y actor civil Vargas Murillo, en juicio: ".. El atraso antes del inicio para poder construir, fue año y medio, y luego, un año más de atraso, porque el Alcalde nos paro, nos quitó el permiso de construcción, fue en diciembre del 2006...". Mientras en el debate con respecto al co demandado RUIZ SALAZAR, se demostró que cometió un delito de Concusión en perjuicio del aquejado Vargas Murillo, al solicitarle que le pagara una suma de dinero y así él influir de manera favorable ante el Concejo Municipal de Tilarán para el otorgamiento de permisos de la estación de servicio en el cantón de Tilarán.
    iii.-Sobre la excepción de falta de capacidad para actuar se  demostró durante el proceso que las empresas Grupo Real VAYMESA  S. A. y Grupo Real Meyvasa S.A, actuaron a través de su representante legal, el aquí también querellante y actor civil Carlos Adrián Vargas Murillo, por lo que ambas empresas poseen la capacidad procesal para actuar, según su primer escrito de interposición de la acción civil resarcitoria. Ya que se constata que el ofendido y también actor civil Vargas Murillo, tiene la capacidad para intervenir en el proceso  y en representación de ambas sociedades, según la Certificación RNP-Digital No. 1058637-2013 del Grupo Real VAYMESA S.A. bajo el No. 3-101- 315884, citas de origen tomo 501, asiento 4894 inscrita el 01/08/2006, y la Certificación RNP-Digital No. 1058569-2013, se aporta que el Grupo Real Meyvasa S.A. con la cédula jurídica No.  3-101-31557275 con las citas de origen tomo 505 asiento 4897 inscrita el 01/08/2006, ambas presidencias la ostenta el querellante y actor civil Carlos Adrián Vargas Murillo, según se aprecia en el legajo de documentación varía, folios virtual 41 al 42 y  44 a 47, físico  37 al 37 vuelto, 38 a 41,  y físicos 209 a 212 ( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).  De allí que se declare sin lugar  esta excepción.
iv.- En relación con la solicitud de desistimiento de la acción civil por no concretizar las pretensiones civiles: Se rechaza, ya que consta que los actores civiles las empresas Grupo Real Meyvasa S.A. y  Grupo Real Vaymesa S.A, los aquejados y actores civiles Carlos Adrián Vargas Murillo y Luis Armando Mejía Rojas, en cada una de las acciones civiles interpuestas a lo largo del proceso, ha concretizado los diferentes montos por daño material y moral, según se aprecia en el punto séptimo de las acciones presentadas  el 6 de junio del 2007,  el 15  de junio del 2007, el 12 de diciembre del 2008 y en el apartado Concreción de Pretensiones del 25 de mayo del 2009   (folios físicos  31 a 33, 81 a 83, 108 a 109 y 130 a 131 expediente físico legado de acción civil resarcitoria y el Archivo virtual legajo acción civil  del 21/03/2013 de las 10:27:59 a.m.).
Asimismo, consta escrito del 9 de mayo del 2013, según sello de la recepción de documentos del Segundo Circuito Judicial de San José (archivo virtual documentos del 09/05/2013 12:45:44 p.m.), que evidencia que la parte a lo largo del proceso ha ido concretizando sus pretensiones. Evidenciándose que  la parte actora civil, concre sus pretensiones en tiempo y forma, dentro del proceso  según lo establecido en el artículo 308 del Código Procesal Penal, de allí que se rechacé lo solicitado por la defensa técnica del co demandado civil Emanuell Ruiz Salazar.
 II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de la presente resolución y con fundamento en la prueba descrita y citada en el considerando sumario de prueba, se tiene los siguientes: II.-a.- Hechos probados en contra de  JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO: II.a.- Hechos probados en contra de JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO: 1 Que el GRUPO REAL MEYVASA S.A cédula jurídica número 3-101-3155725 es una sociedad anónima representada por CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO Y LUIS ARMANDO MEJIAS ROJAS, entidad que desde inicios del año 2003, se propuso construir una estación de servicio de combustible a la entrada de la ciudad de Tilarán, sobre la ruta Nacional, frente al restaurante típico Internacional “ Aroma Tico” y la empresa comercial de venta de materiales de construcción Materiales “Agro tila S.A”, donde hay lugares comerciales e industriales. Dicha construcción propiedad del GRUPO REAL VAYMESA representado por las personas ya indicadas que es una sociedad anónima cédula jurídica 3-101-315884, lote correspondiente al folio real matrícula 148630 000, correspondientes a las fincas reunidas números 5139821 y 5066098, tiene una medida conjunta y total de dos mil cuarenta y seis metros con setenta y siete decímetros cuadrados.  2. Que es así como desde fecha 9 de Enero del año 2003 el Director de Urbanismo del Instituto Nacional de Urbanismo autoriza instalar una estación de servicio de combustible en el lugar indicado, sujeta a los requerimientos de ley y según petición de la sociedad indicada GRUPO REAL MEYVASA.  3.- El 6 de Octubre del año 2003 el Sr. CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO, Representante Legal del Grupo Real MEYVASA S.A le solicita al aquí imputado ARQ. MARCO A. PORRAS CORDERO en su condición de Coordinador de Desarrollo y Control local Municipalidad de Tilarán el Uso de Suelo respectivo para la construcción de la estación de servicio en el terreno de sus representadas. 4. - El  23 de Octubre del 2003 por resolución ubicada según oficio PUCC-107-2003 el imputado ARQ. MARCO A. PORRAS CORDERO le contesta primero que: “Debido a que en este momento la Municipalidad de Tilarán está coordinando con otras instituciones la determinación del visto bueno, del certificado de uso de suelo de dicho proyecto, nos vemos en la necesidad de hacer una prórroga en el período de respuesta del caso”. 5.- Para el día 31 de octubre del 2003, los aquí imputados JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, el primero en su calidad de Alcalde y el segundo como Arquitecto Coordinador del Desarrollo Local en la Municipalidad de Tilarán, abusando de su cargo, opusieron al proyecto de la estación de servicio (gasolinera), el Plan Regulador de la Ciudad de Tilarán y su Reglamento de zonificación, mediante el oficio numerado PUCC 139-2003 indicando en lo conducente lo siguiente: “Según el Reglamento de Zonificación de la municipalidad de Tilarán y los PLANOS DE ZONIFICACIÓN Y DE VIALIDAD, confeccionados por el Instituto Nacional de Urbanismo y todavía vigentes en este municipio, ver Capítulo I del Reglamento de  Zonificación pág. 1 del mismo. NO SE PUEDE ubicar un proyecto con características de Estación de servicio (Gasolinera) en este sector de la ciudad. Ya que no se estaría respetando el Capítulo III artículo  11.2…Si bien es cierto en el Plan Regulador en su página 88, SE PREVÉ una expansión de la zona comercial sobre la vía de ingreso a la ciudad desde Cañas y Arenal que en este momento no es oficial, ya que el Plan Regulador de 1986 todavía vigente …Por lo tanto, a este proyecto (Estación de Servicio), y la ubicación que se le pretende dar en la ciudad, llámese zona comercial (según se prevé ) o zona residencial (según Reglamento de zonificación). NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS mínimos solicitados en AMBAS ZONAS para el VISTO BUENO de parte de este municipio, con respecto a la construcción y desarrollo del proyecto...”.  6.- Que confirmando su dolo, en el sentido de que conociendo, querer continuar violando la ley, el aquí imputado ARQ. MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO por resolución PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del Martes 11 de Noviembre del 2003 resuelve el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, y ya conociendo los graves defectos y situación del Plan Regulador Municipal manifiesta lo siguiente y en lo conducente: “….6. El Plan Regulador del cantón de Tilarán, así como el Reglamento de Zonificación y el Plano de Zonificación y Vialidad vigentes, datan del año mil novecientos ochenta y ocho” (Situación que es falsa desde que aportamos aquí copia de uno de los planos del mismo del año 1982.) Continúa resolviendo: “Claramente el Plano de Zonificación y de Vialidad vigente, ubica las fincas con planos catastrados no. G-765391-2002y no. G-853874-2003, cuya dirección es 50 metros Este y 50 metros Norte de la Cámara de Ganaderos de Tilarán, en Zona de uso de vivienda (residencial), no permitiéndose el desarrollo de estaciones de servicio (Gasolineras) en dicho terreno. 5. Ciertamente el Plan Regulador propone mantener y consolidar el centro de comercio actual zonificándolo de manera que se prevea una mayor área para posible expansión de esta actividad, se propone igualmente ampliar la zona comercial hacia las cuadras aledañas del parque y de la Iglesia, así como sobre la vía de ingreso a la ciudad desde Cañas y Arenal, no obstante el suscrito en mi condición de Coordinador del Proceso de Desarrollo y Control local de la Municipalidad de Tilarán, no tiene la potestad para realizar los ajustes requeridos para realizar tal variación. En virtud de lo anterior SE RESUELVE: 1. Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por los señores MEJIAS ROJAS Y VARGAS MURILLO, así como la nulidad planteada.2. Aceptar la apelación en subsidio. Pásese el expediente a la Alcaldía Municipal. Arq. Marco Porras Cordero.”  7.- Que contra la anterior resolución ilegal los representantes de las empresas aquí ofendidas por escrito de fecha 7 de Noviembre del año 2003 presentan recursos de revocatoria con apelación subsidiaria. Debido a lo anterior los aquí imputados JOVEL ARIAS ORTEGA. Alcalde Municipal y el ARQ. MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO. Coordinador de Desarrollo por oficio PUCC-115-2003 del 11 de Noviembre del 2003 le solicitan ambos al Lic. Francisco Castrillo Córdoba, Asesor Legal Municipal: “a efectos de evaluar Recurso de revocatoria presentado por los representantes de la sociedad Grupo Real MEYVASA. S.A remitimos expediente, sí como posible resolución. Le rogamos rendir informe por escrito.A lo cual el Lic. Francisco Castrillo Córdoba Asesor Legal Municipal contesta el mismo día 11 de Noviembre del 2003 por nota dirigida a los dos encartados aquí acusados: “En atención al asunto del permiso de uso del suelo solicitado por el GRUPO REAL MEYVASA S.A, para construir varias instalaciones en las cuales se incluye para el expendio de gasolina, me permito indicarles: Que el suscrito en este asunto ya rindió un criterio verbal en el sentido que si se puede dar dicho permiso en razón de que el Plan Regulador que aplica la Municipalidad tiene más de quince años de vencido y las prórrogas que ha acordado el Concejo para su aplicación son varias e ineficaces jurídicamente por cuanto no sólo se dio más de una prórroga, sino que no se publicó el acuerdo respectivo elemento sine qua non para buscar una eficiencia en su aplicación jurídica.  Conforme a lo expuesto y conocedor de que ustedes, resolvieron denegar dicho permiso de uso de suelo por razones técnicas que no es mi campo entrar a juzgarlas, es que me impide mi ética moral entrar a resolver sobre este asunto.”  8.- Asimismo  el coacusado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su condición de Alcalde Municipal por resolución DAM-381-2003 de las ocho horas del 14 de noviembre del 2003 resuelve una apelación emitiendo resoluciones contrarias a la ley, refiriendo en lo conducente: “No comparte esta Alcaldía que el Reglamento de Zonificación sea ilegal su aplicación, dado que este es consecuencia de aquél y refleja  las zonas comprendidas en el mismo. No ha demostrado el recurrente el que no se hubiera publicado los acuerdos a que se refiere su alegato…Así las cosas el suscrito prohíja el criterio del Departamento de Desarrollo y Control local de la Municipalidad de Tilarán y resuelve rechazar el recurso de apelación. Se advierte al recurrente que a esta Resolución se puede impugnar dentro del término de  cinco días a partir del día siguiente a su notificación con los Recursos de Revocatoria y Apelación”. 9. Que adicionalmente el imputado JOVEL ARIAS, Alcalde Municipal por resolución DAM-400-2003 de las ocho horas del 28 de Noviembre del 2003 vuelve a reiterar el rechazo de los recursos y el incidente de nulidad planteado.  10. Que al conocer el Concejo Municipal en Pleno el recurso de apelación formulado por los representantes de las empresas aquí ofendidas por Sesión Ordinaria número 63 del 3 de Diciembre del 2003, resolvieron otorgar permiso de uso de suelo a las empresas ofendidas para la construcción de la estación de servicio con base en el criterio legal ya aludido del asesor legal municipal, Lic. Francisco Castrillo, RECONOCIENDO ASÍ LA INEFICACIA DEL PLAN REGULADOR MUNICIPAL Y SU REGLAMENTO Y POR ENDE SU NO OPONIBILIDAD A TERCEROS ENTRE ELLOS A LAS AQUÍ OFENDIDAS. 11. Que el Tribunal Contencioso Administrativo - Sección Segunda del Segundo Circuito Judicial de San José por resolución No. 293-2004 de las once horas veinte minutos del 19 de Agosto del 2004 en lo conducente resolvió: “El caso bajo análisis, la Municipalidad de Tilarán, dispuso otorgar uso de suelo a la firma Grupo Real Meyvasa. S.A en contra de las disposiciones emitidas por su propio reglamento de zonificación, pese a que tanto el Coordinador de desarrollo local, como el Alcalde de ese gobierno vecinal hicieron ver esa circunstancia, dado que el terreno a utilizar para la construcción de la Gasolinera, se encontraba ubicado según ese Reglamento en una Zona de Uso Residencial o Zona de vivienda, cuyos usos permitidos son todos los urbanos, a excepción de las industrias, talleres, bodegas, aserraderos y usos similares a éstos en cuanto a las molestias (ruidos, tránsito intenso, olor, etc.) que provoquen en el vecindario. También se exceptúa el comercio que produzcan las molestias antes dichas (Artículo II.2), aparte de que dentro de los Usos Condicionados para ese lugar, no encaja un proyecto con características de estación de servicio (gasolinera) según así lo establece el artículo 11.3 de ese mismo Reglamento. IV. En otro sentido, debe tener presente el Concejo, que al haber elaborado la Municipalidad su propio Plan Regulador, (del que forma parte el Reglamento de Zonificación) debidamente publicado en la Gaceta No 207 del día miércoles 30 de Octubre de l995, y vigente a la fecha, este posee carácter reglamentario y su eficacia descansa precisamente en el acatamiento obligatorio, que tal carácter le otorga, según así lo informa el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana… En consecuencia por todo lo expuesto, procede a anular el acuerdo apelado….” El Tribunal indicado anuló el permiso de uso de suelo concedido a las empresas aquí ofendidas. 12.- Que el 29 de Marzo del año 2006, la Sala Constitucional mediante resolución de las 18:30 horas estableció:El artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece que la Municipalidad respectiva deberá publicar en la Gaceta un aviso comunicando la adopción del plan. Esta disposición no señala que el plan como tal debe ser publicado, pero un plan regulador urbano es un acto administrativo general de carácter normativo y, en razón de ello, debe ser publicado para que surta efectos y afecte situación jurídicas y derechos subjetivos en razón de lo que dispone el artículo 240.1 de la Ley General de la Administración Pública…” (pg3)….” La no publicación de los planos o mapas en que se representa gráficamente la zonificación que se establece en el reglamento de zonificación de la ciudad de Tilarán, hace que éste sea inaplicable aunque no haya sido publicado…” (pg4)- y le dio orden a la Municipalidad de Tilarán con fundamento en el pronunciamiento citado de la Procuraduría: “sin perjuicio de que la Sala ordene la publicación de los planos o mapas en donde se represente geográficamente la zonificación establecida en el citado Reglamento como requisito para que éste surta efectos. II.b. Hechos Probados en contra de EMANNUEL RUIZ SALAZAR: 16.- Para principios del año 2007, el aquí imputado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, envió a terceras personas allegadas a CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO, concretamente a su hermana YOLANDA VARGAS MURILLO, a indicarle que él era el único que podía solucionarle el problema que tenía de paralización de su proyecto de estación de servicio de combustible, dado que tenía una amplia influencia y dominio sobre el Consejo Municipal, de Tilarán, ante lo cual el ofendido CARLOS ADRIAN VARGAS acudió en el mes de Febrero del año 2007, a la oficina legal de este abogado en el centro de la ciudad de Tilarán, donde el mismo la afirmó que el abogado en el centro de la ciudad de Tilarán, donde el mismo le afirmó que efectivamente tenía un dominio absoluto sobre el Consejo Municipal de Tilarán, y en la Municipalidad de Tilarán no se tomaba ninguna decisión sin consultarle a él primero, por lo que abusando de su cargo indujo al ofendido a otorgarle un beneficio patrimonial antijurídico, añadiendo para ello, que posteriormente le diría cuánto dinero le costaría su intervención, siendo que para el día 29 de Marzo del año 2007, el encausado EMANUEELL RUIZ SALAZAR, le manifestó al señor Jorge Arturo Barrientos Valerio, cuñado del ofendido Carlos Adrián Vargas Murillo, que a las empresas del ofendido, la aprobación de sus solicitudes y puesta en marcha de la estación de servicio le costaría cuatro millones de colones de inicio y diecisiete millones de colones al final de las aprobaciones. 17.- Pese a lo anterior, el afectado CARLOS  ADRIÁN VARGAS, y en general las empresas aquí ofendidas nunca deciden satisfacer las pretensiones pecuniarias del acusado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, quien potencialmente al no requerirse de sus “servicios de influencia” procedió efectivamente a continuar su ejercicio de trabas, e influencia negativa sobre el proyecto de las empresas ofendidas en sus gestiones y recursos, en sus iniciativas ante la Municipalidad. Traicionando de esa forma, el cumplimiento debido de su rol de asesor legal y los intereses que le fueron confiados con tal nombramiento, el encartado EMANUELL RUIZ SALAZAR, en la Sesión Municipal del 2 de Abril del año 2006 en dos oportunidades diversas manifiesta verbal ante el Consejo y todo el público presente que la resolución número 556-2006 del Tribunal Contencioso impedía a la Municipalidad aprobar actualmente la gestión de permiso de uso de suelo de las empresas aquí ofendidas aduciendo el que estaba agotada la vía administrativa y que se trataba de un “ asunto de legalidad”, además de aludir al rechazo de la Procuraduría General de la República a la consulta formulada. Pero ocultando que con UNA NUEVA GESTION se podría dar lugar a un nuevo trámite y aprobación tal y como en la misma resolución en su página penúltima se indica. Pretendiendo con tal criterio llevar a error a Consejo Municipal en Pleno, quien podría llegar a futuro en caso de ser engañados, a dictar resoluciones administrativas basadas en hechos falsos y contrarias a la ley, en tanto sería tal parecer contrario a la autonomía Municipal, lo que sería una postura inductiva a no cumplir las funciones propias del cargo municipal. Y por supuesto provocaría una vez más una situación de atraso al proyecto de las aquí ofendidas contexto favorecedor para  obtener probablemente el aquí imputado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, la consecución de sus indebidos interés pecuniarios.
III- FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA. Sumario de pruebas.  Los hechos probados descritos se dedujeron de la prueba debidamente incorporada al debate, consistente en: PRUEBA TESTIMONIAL: 1.- JOVEL ARIAS ORTEGA, cédula de identidad NO. 5-549-183, de 61 años cumplidos, nació en Tilarán Guanacaste, el 12 de febrero de 1954, hijo de Gonzalo Arias Ortega y María Ortega, actualmente alcalde la Municipalidad, de Tilarán Guanacaste, gana tres millones de colones al mes, depende su esposa  y un hijo, vecino de Líbano de la escuela Rosita , 100 metros al norte, casa de color rosada, escolaridad universitaria, bachiller administración de empresas, no adicción drogas ni licor, se le dice que tiene el derecho constitucional de Abstenerse de declarar y dice: “Por el momento se abstiene” 2.- MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, cédula de identidad 6-208-801, de  48 años nació en Puntarenas el 18 de mayo de 1967, hijo de marco Antonio Porras Alvarado y Sandra Cordero Monge, vecino de Tilarán costado oeste de la catedral de Tilarán 150 metros al sur, casa segundo piso de color beige, licenciado en Arquitectura, trabaja liberal y trabajo en la municipalidad del 2002 al 2006, gana al mes, 600 mil al mes, no tiene hijos, se le dice que tiene el derecho constitucional de Abstenerse de declarar y dice: “Por el momento se abstiene” 3.- EMANUEL RUIZ SALAZAR cédula de identidad No. 1-546-048, de 60 años de edad, hijo de  Edwin Ruiz Campos y María Cecilia Salazar Gómez, casado con Ligia Murillo Bravo, nació el Santa Lucia el 14 de julio de 1945, abogado y notario, gana trescientos a cuatrocientos al mes, vecino 250 norte del mercado central de Tilarán, casa color amarilla, presión alta y vista, toma tratamiento todos los días, no adicción drogas y licor se le dice que tiene el derecho constitucional de Abstenerse de declarar y dice: “Por el momento me abstengo de declarar”. 4.-  CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO, cédula de identidad No. 5-118-589, vecino de Tilarán Guanacaste, comerciante, ganadero, se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y narra: “Jovel ha sido amigo que otra ocas, también Marco Antonio y Emanuel tampoco enemigo, no son familia. En realidad conozco bastante, lo he vivido en carne propia, toda la situación que se ha dado a través de eso monto de años.  En el 2002 hablando de la posibilidad de una estación de servicios en Tilarán, como yo ya sabía del dueño anterior y gasolinera vieja que estaba un poco cansado y que necesitaba una inversión grande. Había que cambiar tanques, el sistema eléctrico y pensamos que una gasolinera podía ser lo ideal para el pueblo de Tilarán que tenía esa alternativa, era 15 mil habitantes. Dentro de las condiciones que le dije a Luis Armando el posible socio, era que yo participaba en un proyecto si nos comprometíamos hacer una obra que cumpliera con requisitos de la nueva legislación que fuera una bomba moderna y si encontrábamos el terreno ideal para este proyecto. Nos pudimos a recorrer, a Tilarán, pero yo si tenía muy claro dónde podía ser el único lugar con el posible espacio para ese proyecto y es donde está actualmente en la entrada de Tilarán, pegado a la Cámara de Ganaderos. Y por detrás estaba un taller, de mecánica y soldadura, por muchos años operando ahí y la Cámara de Ganaderos lo que ha tenido siempre operando allí son locales de alquiler. Habíamos visto que al frente solo comercio operando allí, un restaurante, Aroma tico, una Ferretería  Agro tila, que está operando en otro lugar. Otros  talleres construidos a través del tiempo. Estaba también lo que inicia el cuadrante de Tilarán la intercepción de rutas hacia, Monteverde, y hacia San Carlos y algunos otros distritos de Tilarán, Tierra Morena, Arenal. Dentro de lo que empezamos a investigar nos dimos cuenta también, que por ese punto, transita el 60 % de turismo que llega a este país, porque mucho que  llega a Guanacaste visita el volcán Arenal y Monteverde o vice versa.  Ese era el punto de intercepción. Analizando situaciones de esa llegamos a la conclusión que, si lográbamos comprar esos terrenos que están totalmente abandonados, los coterráneos míos que están acá tiene que acordarse que era un charral pasaba años, de años que pasaban allí y nadie se preocupara que aquello se limpiaba. Había arboles de higuerón, se encontró el punto de botellas, aquellas pachitas de cacique, cierta gente, alcohólicos iban a consumir el alcohol. Era un lugar que daba pena, no solo a mí, sino a todos los Tilarenienses, era abandonado, y luego comprobamos el por qué, porque los terrenos lo había heredado un señor a unos parientes lejanos de él, unos vivían en San Carlos, otros Turrialba otros en Guatuso, algunos de ellos no sabían ni siquiera escribir, no sabían firmar. Vieran lo que costó localizarlos para la negociación. Hubo que encargar a la persona adecuada y llevar el efectivo a cada uno, porque no aceptaban, ni siquiera cheques, tenía que ser efectivo, bueno y eso se hizo. Una vez que tuvimos los terrenos, entonces de acuerdo con la medida pensamos que sí se acomodaba la estación, pero los accesos no quedaban tan fáciles, porque tenía más ancho el fondo, que el frente. Yo me fui a reunir con los miembros de la cámara de ganaderos de Tilarán, en una reunión con ellos, le expliqué cuál era mi idea, del proyecto que teníamos en mente. A pesar que eran ganaderos y entendieron todo bien y fácil. Porque iba dar facilidades, un servicio y mejor a la ciudad. A pesar que la cámara no era amiga de vender bienes, y estuvieron de acuerdo y nos vendieron una parte de su terreno y logramos darle la forma, al contrario, quedó más frente de que fondo, y le daba  facilidad todos los accesos. Cuando logramos eso, ya estaba la sociedad por recursos propios, porque la sociedad no tenía activos y se llamaba Grupo Real Meyvasa y Grupo Real Vayvasa. Todos sabemos que un pueblo, pequeño, todos sabemos que un pueblo chico todo se sabe, de cualquier lado que venga. Ya la gente empezó a darse cuenta que nosotros queríamos construir una estación de servicio habíamos acudido al MINAE, y algunas instituciones, logramos los permisos para limpiar terrenos, cortamos los árboles y se le empezó a darle forma al terreno, hasta allí. Incluso no había terminado el 2002, cuando nosotros hicimos un viaje al INVU, porque, ya había rumores, incluso amigos míos. La institución está el INVU, Hicimos un viaje al INVU, si el Instituto Nacional y Urbanismo. Porque nosotros no habíamos hecho solicitud a la Municipalidad de uso de suelo, y ya nos dábamos cuenta de que, el Ingeniero Porras, había enviado, documentos al Ministerio de Salud. Eso fue en mayo del 2003. Mando documentos al Ministerio de Salud, diciéndoles que el proyecto de una estación de servicios, que se quería hacer en Tilarán, no podía ir ahí, porque era, según el plan regulador, y el plan de ubicación era de residencia y que ellos solicitaban que tomaran muy en cuenta la posición de la Municipalidad. El mes siguiente hay otro documento que este señor le envía también a SETENA, donde también le informa la misma situación. Ósea, ya era cómo un aviso para nosotros de lo que iba a ocurrir. Y eso en parte ocurrió porque el 9 de enero del 2003, en ese viaje que hicimos nosotros al INVU. A consecuencia que nosotros preguntamos por el plan regulador de Tilarán se nos dijo que si esperábamos unas horas, el Ingeniero Mora Protti que era estaba, era director del INVU, en ese tiempo. Adjudicó a un funcionario para que buscara los planos de la publicación del plan regulador de Tilarán. Después de muchas horas que volvimos, nos encontramos con la respuesta de que, el plan regulador de Tilarán, no se había publicado por completo. Entonces el INVU, nos dio en esa fecha el 9 de enero del 2003, un permiso para instalar la gasolinera en ese lugar. Todo esto estaba sucediendo, sin haber nosotros solicitado el uso de suelo. Todo esto pasaba sin nosotros haber solicitado el uso de suelo. Yo llevo la solicitud de uso de suelo al Ingeniero Porras, unos días después me responde de que él se va a tomar más tiempo porque debía consultar con otras instituciones, Cosa que es muy extraña, la actitud es extraña, porque cómo es que un funcionario profesional y con ya tiempo suficiente, de estar en la Municipalidad que es la herramienta a usar todos los días y no va a saber si está buena para usarla. El 31 de octubre, entonces, me manda la respuesta, en donde dice que por estar en zona restringida por ser para vivienda, ese proyecto no puede realizarse allí. Ya con la preocupación que empezamos a tener, nosotros, ya a empezar a buscar abogados, también para que empezáramos a ver el asunto, porque ya se estaba manejando de forma muy extraña. Se hizo la solicitud de revocatoria, lo cual, les tengo que decirles que por eso he vivido y he sufrido mucho, con este proyecto, porque las gestiones que siempre se hicieron, yo creo que más de 90 %, yo las hice personalmente. Y cuando voy a entregarle la revocatoria a este señor, le digo Marco pero qué es lo que está pasando, Por qué sólo contra nosotros, vea, si solo comercio hay en esa cuadra, estamos rodeados de comercio y me dice: “lo que yo acabo de decirle a usted, es que nunca le voy a dar el uso de suelo, que nunca me daría el uso de suelo...”. Por supuesto nos respondió negativamente, se vuelve hacerle la revocatoria del uso de suelo, pero al Alcalde. El Alcalde nos responde que él, que el pronunciamiento de él, es el mismo del ingeniero Porras. Jovel Arias Ortega es el Alcalde. El Ingeniero Porras, me refiero a Marco Antonio Porras, es el nombre. En esas situaciones que se empezaron a vivir, en una ocasión ojala que don Francisco Castrillo, se acuerde que yo llegué a su casa de habitación y tenía una oficina allí y muy atentamente me atendió. Cuando yo le conté lo que estaba pasando y que el INVU nos había dado un permiso incluso para instalación. Él me contó que él le había dicho en algunas ocasiones, yo entendí años atrás, al Concejo Municipal y al Alcalde, que el plan regulador de Tilarán, no estaba bien, que ya casi palabras de él, que ya era muy viejo. Que ya se le había dado varias prórrogas que estaba obsoleto, que había que pensar en uno nuevo y que no se había publicado completo. Posteriormente, en una sesión Municipal, el licenciado Castrillo, lo dijo públicamente y están en actas y se lo dijo al Concejo también. Hay algo que es muy interesante, que se debe saber, cuando esta situación se inició, el alcalde de Tilarán, Jovel Arias Ortega ya tenía más de 8 años de estar en el puesto. En este momento, yo creo que es el alcalde que actualmente tiene más de 20 años de estar en el puesto. Y que a esa altura, con los años que tenía, por las situaciones que se habían vivido y que me dijeran mi que ni el ingeniero Marco Antonio Porras, ni el alcalde Arias Ortega, a ese momento no sabían que el plan regulador era ineficaz, no es cierto cómo va a trabajar tantos año, los jefes administrativos con un elemento que no es eficaz. Vea que, el mismo plan de urbanización lo dice, los funcionarios encargados, de esos puestos deben ser personas que guíen al empresario que vean que es lo que pasa en pueblo y puede servir a la comunidad más. Aquí ha ocurrido todo lo contrario, es oponerse al progreso de la comunidad, y apoyar en todo momento lo contrario. El Código Civil en algún momento, parece y dice que una ley es ley, cuando fue publicada toda, sin quedar ningún elemento, sin publicar en el diario la gaceta. Si no se publicó todo, no es ley, y si no es ley, cómo se lo van aplicar a uno. Es lo que han estado haciendo y siguen haciéndolo en Tilarán, el plan regulador, la Procuraduría, le pronunció y le hizo ver a la Municipalidad y a la alcaldía que no se publicó por completo, y la Sala Constitucional se pronunció y le pide a la Alcaldía que lo ponga al día, porque no es eficaz, porque no se publicaron planos ni mapas y el asunto continua, haciendo una reseña histórica debo regresarme en el 2000, hay un pronunciamiento de la Sala Constitucional y en el 2001, hay otro caso igual que había sucedido en Santa Ana. De que tampoco tenía el plan regulador, publicado por completo, la Sala se pronunció de la misma forma, de que no podían aplicarlos, que no es ley, que no se publicó por completo. Lo que ha ocurrido es una discriminación fuera de límites en Tilarán todo mundo construye, todo mundo saca permisos, nadie tiene problemas, edificios mal hechos, con malos materiales, los construyen los abren y los ponen a trabajar sin ningún problema, solo a nosotros a Meyvasa, nos imponen un plan regular que es ilegal. Los daños, que nos han ocasionado son increíblemente graves, porque en lo moral incluso, yo creo que he sido una persona lo más recta posible y siento que culpa  de esa situación, el pueblo ha creído que nosotros construimos ilegalmente, y es todo lo contrario, nos aplicaron una ley ineficaz de una forma irregular. Vea lo que ocurre al mismo tiempo, que nos están haciendo eso a nosotros, Por allá en el otro extremo de la ciudad en una propiedad que por cierto era de mis papás, allí se ha construyó porque era zona de vivienda y todavía, supuestamente es de vivienda, porque ya no me animo a decir. Allí un taller conocido como Taller Felo, en una casa la que vive es hermana mía, allí fue todo lo contrario, le dieron permiso de ampliar el taller, hace fosas, poner servicios pegados a la pared, de la casa de mi hermana, hacer fosas y ampliación para cambios de aceite, con permiso Municipal siendo para vivienda. Se confirma todos pueden construir, todos pueden abrir menos Meyvasa. Yo invito y a cualquiera de los que me escuché, que son coterráneos, si cambiarían lo que están construido en este momento, ahí, por lo que teníamos en el momento, que nosotros comprarnos esos terrenos. El alcalde, con los pronunciamientos que hubo de la Procuraduría, la Sala Constitucional el INVU y el mismo IFAM, y el mismo asesor personal de él, Francisco Castrillo, que todos le dicen que el plan regulador de Tilarán nunca se publicó por completo. Inclusive, yo creo que fue la última vez, que fui a la oficina de él, de don Jovel, le digo Jovel que es lo que está pasando, por qué nos está pasando  esto a nosotros. “Don Carlos porque no hacemos una cosa, cambien los planos, diga que es para construir otra cosa, y yo le doy los permisos...” Ni siquiera me dijo que tenía que ser vivienda, que fuera cualquier otra cosa, menos gasolinera, que él me daba los permisos, y más adelante así con esas palabras “...Vemos a ver qué hacemos...”. Don Jovel primero, que no es una decisión solo mía, después que yo no voy a estar de acuerdo, si lo que queremos es una gasolinera, no queremos hacer otra cosa. Lo que yo quiero es que sepa que menos que yo quiero, como Tilareniense, yo también fui regidor municipal y sé lo que es, cómo se componente una municipalidad. Yo lo menos que quiero es llegar, a una situación judicial, vea lo que me responde: Don Carlos, para eso yo tengo mis abogados. Jovel así, así, y me  dice, si. Pero hasta la fecha, durante un montón de años, no lo volví a molestar. Presionado porque ya se habían desenmascarado los dos. Marco Antonio y Jovel entonces, pregunta al INVU, que tiene que publicar para  poner al día el plan regulado, el Alcalde Jovel Arias, le pide información al INVU que es lo que hace falta, para poner a derecho ese plan regulador. A mí me parece, a estas alturas, un cometario aparte, a estas alturas un plan regulador que viene desde 1983 a la fecha, una ciudad como Tilarán que ha crecido en ese montón de años, que hay un montón de barrios y caseríos, que por supuesto, ya no aparecen, en ese plan de intentaron publicar, están obsoleto, es algo perjudicial para el cantón, el remendar en estas alturas un plan regulador. Lo que se ocupa es un plan regulador nuevo, lo que el INVU le contesta al Alcalde que es lo que tiene que publicar. El alcalde lo que publica es una imagen raster, nada más de lo que el INVU le dice, un croquis donde no aparece nada de lo que tiene que tener los mapas de un plan regulador. Eso me parece a mí, que es una barbaridad, es algo increíble, que a estas alturas, lo que intentara era engañara todo un pueblo y al mismo Concejo Municipal, por ese motivo la fiscalía lo tiene acusado también a él, Jovel Arias Ortega. Los terrenos fueron comprados en el 2002. Nos dimos cuenta de los rumores, este, imagínese, situaciones como esta, ya dije y vieron que hay publicaciones antes a ciertas instituciones del Ing. Marco Antonio Porras hablando del proyecto  y ni siquiera nosotros, por ejemplo: Voy a Cañas y me encuentro a un amigo y me pregunta es cierto que ustedes van a construir una gasolinera, y el dijo a penas estamos en proyecto y me dice viera que aquí, viene un funcionario del Ministerio de Salud, que se llama Evelio Ledezma y dijo, que a ustedes nunca le iban aprobar el permiso del Ministerio de Salud, y nosotros no habíamos hechos, la solicitud de uso de suelo, vea que ya nada más el rumor. La persona que me hizo el comentario se llama Rosa, la soda se llama Rosita, el nombre de la dueña Rosita. Que el ingeniero Porras había mandado, los documentos uno al Ministerio de Salud de Tilarán, informando que el proyecto que se tenía a la entrada de Tilarán para una estación de servicios, que no iba a tener el uso de suelo, porque era una zona residencial y en términos parecidos en junio de ese mismo año le envía otro a SETENA, son los documentos del 2003. Más bien, hay en el mismo tiempo, SETENA, le pregunta a la Municipalidad y al INVU. Que cómo, da a atender. A quién le tocaría de resolver el asunto del permiso, porque la Municipalidad da entender que está  opuesta y que el INVU no se opone. SETENA le pregunta a la Municipalidad y al INVU. Había visitado al licenciado Francisco Castrillo no puedo preciar fecha, fue en la misma época cuando estábamos viendo la situación, por donde iba, ya teníamos abogado contratado, ya casi desesperación, porque el rumbo que iba llevando el asunto cada vez era más difícil. También hay otra fecha que no preciso de  una reunión, porque nosotros habíamos contratado a esta señora Zulema Villalta, ella viajó a Tilarán a sesiones municipales, y yo tuve que acudir en ocasiones más donde el licenciado Castrillo qué ellos tenían que reunirse buscando una solución. No tengo la fecha que el alcalde  le pregunto al INVU publicar. El 6 de octubre, fue que se le pidió a la Municipalidad el uso de suelo, que fue denegado en reiteradas ocasiones por el Ing. Marco Antonio Porras y Jovel Arias Ortega como alcalde, imponen el plan Regulador de Tilarán. Si pudimos construir la gasolinera, ya vamos a llegar a eso. Luego aparece, entonces la persona opositora, número uno, ya el alcalde y el ingeniero dejaron de intervenir un poco y el que apareció en escena fue el Presidente Municipal Olger Artavia. Ese señor fue una oposición, muy contundente al proyecto, en todo aspecto, las intervenciones de nosotros era muy limitadas, mientras tanto ahí en esas sesiones ocurrieron acuerdos municipales que nunca existieron, actas que no existían. Esto dicho por los mismos, algunos regidores en algún momento. Mandaron acuerdos, a la Sala Constitucional por parte de la secretaria en ese momento, porque nosotros habíamos metido un recurso de amparo y en respuesta de ese recurso y por esa falsificación que llego de esa acta, a la Sala Constitucional, no fue acogido el recurso de amparo. Mientras eso ocurría, que era casi todas las semanas, porque había que ir a la municipalidad a todas las sesiones, era ya algo desgastante. Apareció, como asesor y así lo presentó el  Presidente. Asesor del Presidente y miembro de la Comisión de Jurídicos Emanuel Ruiz Salazar. Allí lo veíamos participar en las sesiones con el Presidente y el Concejo le consultaba públicamente, sobre varias situaciones del Concejo. Mientras tanto resulta que una hermana mía y el esposo eran clientes de Emanuel Ruiz, también. La hermana que se llama Yolanda Vargas Murillo, yo a menudo la visito, entonces en varias ocasiones ella me decía, ella notó que yo estaba desesperado por la situación, porque  veía una inversión, era desgastante se había logrado, en un momento que el Concejo nos dio en el 2004 un uso de suelo. Nosotros adelantamos, hicimos la inversión grande, adelantamos mucho la obra. Que luego, y que luego, fue anulado por el Contencioso. Precisamente, por no informarle al Contencioso de parte de la Municipalidad que el plan regulador de Tilarán es ineficaz. Y a esta altura, los jueces de ese Tribunal, siguen creyendo que el plan regulador es eficaz. Ya la hermana, ya preocupada, me veía a mí, molesto, preocupado yo le comentaba la forma como nos estaba tratando, la discriminación increíble que se estaba dando en la Municipalidad. Entonces, empezó ella a contarme que ella iba donde Emanuel Ruiz que le llevaba un caso. Y  que Emanuel le decía que el único que podía resolver el problema de nosotros era él, porque él era el asesor, del Concejo y el Presidente. Y que el Concejo respetaba lo que él dijera. Así paso el tiempo, haya pasaba unos días. La hermana me volvía a decir Cayán, por qué no va  hablar con Emanuel. Como la tercera vez, que me dijo yo fui a reunirme con Emanuel a la oficina de él. Efectivamente estuvimos hablando, me dice diay Cayán, lo que te dijo Yolanda es cierto, el único que te puede resolver el problema soy yo, porque yo soy el que manejo el Concejo. No hablamos más del asunto. Entonces llamé a la persona que nos llevaba el control como coordinador del proyecto, Douglas Esquivel y le dije cómo estaba el asunto, que si ellos decidían que hablara con Luis Armando, porque ellos se mantenía en San José, si estaban de acuerdo para reunirnos con Emanuel. Douglas llegó y nos fuimos a reunimos con Emanuel y nos volvió a repetir, estando los dos juntos y efectivamente que el último que podía resolver a nosotros era Emanuel. Me fui con Douglas que íbamos a ver qué hacemos. A los días me llama la hermana, Cayán venga, no puede ser por teléfono para que hablemos y quiero decirle lo que él quiere. Efectivamente yo fui a ver de qué se trataba. Me dice, vea Cayán, dice Emanuel que le  de 4 millones ahora y 17 millones cuando le resuelva el problema, que no va a ser mucho tiempo lo que se va  llevar. Le dije Yolanda, vea cómo eso es como un soborno, yo no soy ese tipo de persona que voy por la línea recta. Vea Cayán, piénselo, piénselo porque yo sé lo que usted está sufriendo con eso, no es mejor pagarle eso y que usted resuelva el problema. Ya después me reuní con los socios, hablamos del asunto y a ninguno nos pareció lo correcto. Por  supuesto, vea lo que ocurría, llegamos al Municipalidad, y el Presidente nos hacía una oposición a todo dar. Todo lo de Meyvasa, llego el momento que el Presidente estaba demandado penalmente que tenía inhibirse, porque Eddie le mencionó que él debía inhibirse, y se aportó. Pero en la sesión siguiente, si nos había aprobado el uso del suelo, si nosotros llegábamos, porque había que ratificarlos en la sesión, él se volvía a meter para que no se aprobará. Así fue una odisea completa, aquella situación. Fue pasando el tiempo, y eso no se terminaba, no había forma de solucionar el problema. Por supuesto, que después ya analizando bien el asunto, vean ustedes lo que ocurre. El que estaba antes, que Jovel, en la alcaldía y que aparecía como ejecutivo Municipal era Emanuel, don Emanuel Ruiz, por supuesto que él sabía que el plan regulador era ineficaz, porque nunca se había publicado completo, porque ya había estado un gran tiempo allí, y como abogado que es, por supuesto él ya sabía. Para él era muy fácil solucionar el problema, asesor del presidente y de la mayor parte del Concejo, con solo que el Concejo aceptara decirle a todo el país, que el plan regulador era ineficaz, el plan regulador  de Tilarán era ineficaz, todo los demás se caía, allí se terminaba. La realidad era que él si tenía una solución fácil, pero, repito en la forma como él la planteo yo jamás iba aceptarlo. Nosotros seguimos, buscando abogados, tuvimos en varias ocasiones, los recursos de Meyvasa, gran parte se gastaron en abogados, asesores políticos para ver si se buscaba una solución, los materiales, se iban encareciendo, con forme iban pasando los años. Llegó el momento que el Concejo, en el 2006, nos aprobó un uso del suelo, ya nosotros habíamos logrado con lo que se había logrado hacer. Habíamos logrado adelantar un poco la obra, era atractiva. Los tres bancos, el banco Nacional inicialmente, el Bando de Costa Rica, el banco Popular, con todos he operado, y todos me ofrecían el crédito. Inicialmente, fui con el Banco Nacional, por alguna circunstancia que ocurrió allí, nos pasamos al banco Popular. Llegó el momento que la obra estaba ya llegando a finales del 2007, estaba prácticamente concluida, cuando el Contencioso anula el permiso de construcción. Y sin estar en firme, la resolución del Contencioso, el Alcalde nos paró la construcción, por dicha ya  lo que era la estación estaba terminada. Vean ustedes, en ese mismo tiempo, la estación vieja con orden de cierre, con un conato de incendio, nunca, la Municipalidad ni el Ministerio de Salud, nadie la cerró y con orden de cierre. Nosotros con la estación terminada, al 100%, si no fue porque hubo una orden judicial que obligó que la cerraran para que hicieran una serie reparaciones de la estación vieja, nunca la hubieran cerrado. Siendo un riesgo para la ciudadanía, ya había conatos de incendio allí. Se termina de demostrar que nunca estos funcionarios con MEYVASA, nos dieron la oportunidad de igualdad, con el resto de la población, y de proyectos que se dan en Tilarán, siempre nosotros, luchando contra todo, el resto, construyendo sacando permisos, y haciendo lo que querían, y nosotros viendo, y  preguntando y por qué solo nosotros. Situaciones que si se hablan de lo económico, es algo que ustedes no tienen idea, pero voy a contar que es cierto. Se puede constatar, yo como ganadero, también en el banco Popular había sacado un crédito para comprar ganado de engorde, cuando ese ganado  de engorde empezó a ponerse a la venta. Yo todos los meses, yo tenía que vender un lote de ganado y el socio hacer también hacer esfuerzos enormes porque la estación de servicio se llevó construida en su totalidad más de un año. Se puede decir que desde que empezaron a dar el crédito, que los bancos empiezan a cobrar el primer desembolso cubriendo los intereses y amortizaciones con recursos de actividades y de patrimonio familiar. Y esos recursos que había que aportar mes a mes era poco menos de ocho millones de colones, entre intereses y amortizaciones. Nos llevamos todo ese tiempo, para honrar la deuda sin poder abrir, sin poder producir Meyvasa, un cinco, recibir un cinco, no tenía otro patrimonio. Con el esfuerzo increíble de parte de negocios, y puedo decirles cuál era el alquiler que se recibía. La estación se alquiló en 6 millones de colones, la obligación estoy diciéndoles que estaba en 8 millones de colones, nosotros con esperanza que locales de intereses, que había que alquilarla, Meyvasa no tenía recursos para echar andar el recurso. Para llenar los tanques y personal, también Meyvasa de una cantidad millonaria, y no los tenía y tampoco nosotros como socios, los teníamos donde coger para seguir invirtiendo. Allí eso se convirtió en una cruz, muy pesada, y véalo que eso se vendió como hace tres meses, y se vendió no porque era buen negocio, la venta, es porque había que venderla, ya había atrasos importantes con el banco y en la misma municipalidad había atrasos con la patente. No había otra alternativa, había que venderla con el primer comprador que pasara y cumplir con las obligaciones del banco y con lo que se perdió y todo esto ha sido a consecuencia que la municipalidad nos ha hecho no solo fue año y medio de pérdida, de los 12 locales no pudimos alquilar ni uno solo, el ambiente, que se le hizo al proyecto y a nosotros como persona, la gente ni quería usar la estación de servicio. Eso ocurre en los pueblos a ese extremo llego el daño moral que nos han hecho. Estamos hablando que empezamos en el 2003 y vendimos hace tres meses, donde la diferencia de los 6 millones que recibían Meyvasa nunca se vieron. Porque la total, se depositaba en el banco, y más bien los socios debíamos que aportar la diferencia mes y mes, para que el bando no rematara eso ha sido un calvario, en cuanto lo económico. En cuanto a lo moral es peor, y hay algo más, la salud, también ha sido afectada, de eso. No cabe la menor duda son muchos años de estar en esta situación y no se termina. Nosotros vendemos la estación. Y me gustaría que algún ente, que sea confiable de este tribunal, que pida los datos de lo que venía cuando era de este Tribunal, que pida los datos de lo que vendía la estación cuando era de nosotros, cuando estaba alquilada y lo que venía hoy. Inmediatamente, las ventas subieron dos o tres veces más, ya se ven al menos un local funcionando, y todo, sencillamente, porque ya Meyvasa no es el dueño. Si como yo les explicaba ha sido algo muy difícil desde todo punto de vista, yo comentaba que el crédito que tenía, si yo continuaba en esa situación seguir cogiendo dineros de la venta de ese ganado para seguir cubriendo la deuda, esos gastos, que se puede esperar del patrimonio nacional. Mi trabajo lo vengo cumpliendo en  mi pequeña empresa con créditos, son recursos que se mueven y se crean en la misma empresa, no quitarles a esta para meterle a esta que no produce un cinco. El patrimonio familiar, también se estaba poniendo en riesgo. A consecuencia de eso, lo que he venido contando que es, todo es una realidad, y que más bien podía estarse escapando una serie de detalles dolorosas que se han vivido, porque son tantos los momentos que me ha tocado a mí que manejar esto, yo digo que fue, y los que están aquí presentes como representante de la Municipalidad, tienen que saber lo que es cierto, el que estuvo al frente del proyecto en las buenas y ene las malas, y me ha tocado a mí (llora y toma agua). Cuando yo tomé la decisión,  con todo el dolo que  me produce estar aquí en etas circunstancias. Que me permite estar aquí en estas circunstancias. Tampoco es de preocuparse, yo creo que la familia de nosotros tenemos ese defecto, seguro de que somos un poco sentimentales (llora).Repito que con todo el dolor que me produce, yo fui uno de que les dijo al abogado, llévemelo hasta donde se haya de llegar. Tilarán no puede llegar así, engañado, manejado, a gusto y placer de ciertos funcionarios, eso de que no quieren desaplicar el plan regulador, de Tilarán. Por ahí oí en varias ocasiones a alguien decir. Es que cometieron el error de no desaplicar el plan regulador. Yo a veces he pensado que no es un error, sino que es algo intencional de que siga así, y así porque así pueden aplicárselo a quién ellos quieran. En una sesión municipal, por eso me estoy recordando un regidor, que se llama Enrique Jenkins, que todavía está. Públicamente den una sesión dijo, si qué raro, el plan regulador de Tilarán solo se ha aplicado en toda la historia, en tres ocasiones, a una familia Flake, un señor de origen español, que estando nosotros todavía güilas era un señor muy empresario del lugar, era el dueño de la planta que nos daba la energía eléctrica a Tilarán, tenía trapiche para fabricar dulce, tenía lecherías, en fin una persona adinerada, y era dueño del aserradero, también. Entonces, con un asunto del aserradero, este Regidor se estaba recordando, se aplicó a Domingo Flake. Como 10 años después, también se aplicó a los ganaderos una asociación ATRA asociación Tilareniense de Recursos Agropecuarios, que también se le aplicó ahora, a MEYVASA, que mucha gente, cree, que seguro al socio mi Luis Armando y a Cayán, como me dicen a mi me sobra la plata, y lo doloroso, que recibí un mensaje de como llegue por obra y gracia y por el espíritu santo le llega la plata fácil, seguro le sobra la plata. Lo dijo Enrique Jenkins, y debe estar en acta, y solo se ha aplicado del plan regulador no podemos seguir así, Ahí incluso, uno no se pone a narrar cosas dolorosas. La desigualdad con que aplican una ley que no existe, eso es lo peor de todo, una ley que no existe ni es legal, solo a quien le dé la gana a ellos. Sólo ellos sabrán, porque a unos sí y a otros no. Yo llegué a la conclusión de que de alguna forma, he sufrido a través de este montón de años, incluso, hasta la salud, desde entonces el sistema mío se alteró no volví a dormir bien, eso causó esas situaciones todos los días y todas las noches, desvelos y siempre pensando pero por qué a unos sí y a otros no. Y soy, tan Tilareniense, o más que muchos de los que viven en Tilarán. No es justo que eso ocurra, eso debe terminarse, y por eso que yo vengo a decir la verdad.  Y que Dios sabe, que es la verdad, si se me ha escapado algo, lástima que se me ha olvidad algo. Esto con la esperanza que un Tribunal saqué una conclusión que voy aceptarla la que sea. Pero si soy yo, el que estoy equivocado de que Dios me de la fortaleza, para aceptarlo. Mi hermana se llama Yolanda Vargas Murillo y el esposo Jorge Arturo Barrientos Valerio. El primer permiso que nos dio el Concejo, era para construir, era un permiso de construcción, nos había dado el primero de uso de suelo, el problema fue a consecuencia de la misma situación del plan regulador, que la Municipalidad, no la quiere decir que es ineficaz, el Contencioso nos anula el permiso de construcción. El fin del permiso de uso era para construir la estación de servicio, y de varios locales de alquiler. La licenciada me acordó que, yo medie bastante, que los materiales que se usaran y el socio en ese aspecto es cuidadoso que fueran de mucha calidad, como lugares estratégicos ese restauran no tiene parqueos, por eso dejamos parqueos y dejamos una oficina para información el turista. Incluso, logre que se agregara también de baños espaciosos una ducha, pensando en alguna situación de un turista con un niño que se ensució y que algo aso, tengan la opción de cambiarse. Siempre quise que se construía algo, que no era reprochable en el pueblo, al final no me han salido tan bien las cosas. El permiso de construcción de la gasolinera, lo aprobó creo que fue el alcalde, no estoy seguro. Los requisitos que se nos pidieron para construir la gasolinera, los requisitos que se piden es el uso de suelo y hay un informe del mismo Ingeniero un informe, del mismo arquitecto Marco Antonio Porras, en el 2003, o 2004. Donde él menciona, que él le dice al alcalde que le va a consultar al INVU, que qué hace en esa situación de uso de suelo, porque la empresa ha cumplido con todos los requisitos inclusive el impuesto municipal de construcción yo personalmente, lo fui a pagar con un cheque con mi puño y letra y fue millón seiscientos, y por qué nos cobraban con el permiso de construcción. Porque ya se había cumplido con todo, con todos los requisitos, es cierto. El obstáculo ha sido siempre el uso de suelo y la aplicación ilegal del plan regulador.  El plan regulador de Tilarán es de 1983. Después de 1983, se ha construido en esa cuadra, donde hoy está la estación de Meyvasa, por supuesto después de la fecha se ha construido el taller que mencioné ayer que permanecía allí cuando compramos la propiedad y se hizo los locales. Y cuando se hizo la rectificación de la pared trasera del taller da a los locales, para decirles lo tan cerca que estaba de lo que actualmente es la estación de servicio. Se construyó el edificio de la Cámara de Ganaderos. El dueño de ese taller, en ese momento estaba los hijos de una señora que es de la principal opositora del proyecto, Gretty Murillo, es la compañera sentimental del doctor que es del Ministerio de Salud de la Región Chorotega. Luego allí también está el consultorio de un doctor que es de nacionalidad cubana. Si es, al frente. De la propia cuadra, hay una sastrería, cerca de la Oficina de la Comisión de Ganaderos. Ya existía parte del edificio de la Cámara de Ganaderos, ya ahora en los últimos años, tres años se hizo una ampliación grande, tanto que el edifico que se construyó último debe estar a dos metros del límite con la estación de servicio. Eso les puede dar la idea de que allí tampoco sea aplicado ningún plan regulador. Más abajo esta el taller Méndez, taller de Elí Castillo, también está el taller de enderezado y pintura, la Marisquería de Wayo, incluso algunos posteriores, a la iniciación de trámites de Meyvasa, el taller ”Fufi”, el de “loquillo”. Estaba en ese momento la ferretería Agro tila, está Aroma tico. En la propia cuadra de la estación, del lote de la estación podría estar en línea recta a 30 metros, ese local de la Cámara de Ganaderos, inicialmente, tuvo una veterinaria, de servicios veterinarios  y  luego productos de agricultura. Siempre han mantenido durante muchos años, la sesión de sesiones. Estuvo las oficinas de AYA, que estuvo en el momento que nosotros estábamos haciendo los trámites del proyecto. No existía ninguna distancia, la pared estaba introducida en pared de VIMASA, ese taller, era de mecánica y soldadura. Las dos construcciones son posteriores a 1983. Edificaciones en la cuadra frontal, en la calle del frente lo que estuvo por muchos años estuvo el aserradero Flake, que fue precisamente el que yo mencione ayer que se le aplicó el plan asegurador para que fuera quitado de ahí. Ven que interesante, en las misma instalación que dejó el aserradero Flake, donde estaba el depósito de madera, ahora está funcionando es un taller de mecánica, en partes del Aserradero Flake, en todo lo que comprendía está instalado la ferretería el Colono, es una instalación bastante grande. Pienso, que de alguna forma ha beneficiado y ha dado trabajo a mucha gente de Tilarán. Seguido en parte del mismo terreno del aserradero Flake, está un restaurant "la Troja", si continuamos, siempre está las instalaciones que son muy grandes, de la Dos Pinos, que es una empresa muy poderosa, donde se vende insumos, y somos clientes la mayoría de ganaderos, por la cantidad de  productos que se vende es muy diversificada, esa área que fue desplazado el aserradero por ese motivo. Siempre es ocupado todo en este momento por puro comercio. Esos comercios al frente de la estación son relativamente son nuevos, el Colono hizo las gestiones para construir, posterior a nosotros, esas instalaciones son relativamente nueva, lo mismo el Restaurant la Troja, el taller que está instalado allí, en parte de la instalación que era del mismo aserradero. Todo eso ha sido con permiso posterior a los trámites que nosotros iniciamos. Con respecto al Aserradero, el Colono está abarcando todo, exactamente inclusive, el punto donde está la Sierra y los depósitos allí están la bodega, para diferentes tipos de materiales. Es la empresa más fuerte que tenemos en Tilarán y posiblemente en muchos cantones. Allí en el Colono, llegan de diferentes lugares, e incluso fuera del cantón, a adquirir materiales. Porque es uno de  los  Colonos, más bien instalado en este país, en este momento. Al frente de la bomba cruzando la calle, si hay un lavacar, está pegado al restaurant Aroma Tico, está el Taller Loquillo, hay una entrada para ese taller, de ese terreno que era del aserradero, y continua el taller “Fufy y más abajo está la marisquería Wayo, es un sobrenombre que tiene un señor allí y le puso marisquería  Wayo. Si es algo que personalmente, me ha costado mucho descifrarlo, yo lo  pongo como algo increíble fuera de lo normal, que todos consiguen el permiso dónde quieren, para lo que quieran. Sea comercio sea vivienda. Si es comercio cuando es para vivienda, el plan de zonificación que no existe y que quieren aplicarlo. De cómo han obtenido el permiso, imagínese licenciada que eso no es fácil de entender porque hay tantísima discriminación. No sé como esas empresas obtuvo el permiso, no puedo saberlo. Si he visto en Tilarán algún cierre de la obra, que no esté de acuerdo con el plan regulador, no, me he dado cuenta que le hayan cerrado a nadie, más bien en una sesión municipal que yo recuerde, que estuvimos participando muy seguido en esa época. El presidente Municipal, hace ver de una construcción, que hizo, un señor Campos, cerca del Banco de Costa Rica, entre el Banco de Costa Rica y Palí que se construyó para una bodega y luego lo que se hizo fue una cancha de fútbol salón, que fue lo que estuvo funcionado varios años, eso fue en una época que parecía que nosotros estábamos haciendo los trámites, funcionó un tiempo allí, en este momento lo que hay es un almacén de venta de productos hidroeléctricos. Entonces, el presidente pidió explicaciones que, qué era lo que estaba pasando y que habían dado el permiso para que funcionara una cosa y lo que hicieron fue otra. Fue cuando, en ese momento otro regidor Enrique Jenkins intervino e hizo la solicitud de que se hiciera una investigación del funcionamiento de todo lo que se había construido y lo que estaba construido y para qué se había construido y que se estaba haciendo en ese momento, porque él sabía de otros casos parecidos. En ese momento, aparentemente se aprobó esa moción, yo nunca escuché que esa investigación se hiciera. Si en Tilarán, si se puede distinguir una zona comercial y residencial, todo el mundo tiene derecho de hacer todo lo que quiere y cuándo quiere. Si revisamos todo el cuadrante de Tilarán en todas partes hay comercios y vivienda lo que decían cuando mi papá construyó cuando se vino a vivir al Centro de Tilarán ya mayor, que habían pocas casas, porque era para vivienda, y construyó esa casa. Luego se construyeron más casas, en este momento lo que allí hay es una invasión de talleres, posteriormente al frente, y continúan y son puros talleres en esa zona, así sucesivamente, no sólo en ese barrio. Incluso en barrios nuevos, en todo local hay supermercados, hay pulperías, panaderías, talleres, la ciudadela, que llamamos  Buenos Aries hay pulperías que son barrios nuevos, allí el otro barrio de Lorenzo que se llamaba Lorenzo Martínez hay oficinas de abogado que eso se realizó para vivienda, los licenciados que nos acompañan de Tilarán, tienen oficinas en ese barrio Don Lorenzo. Todo el mundo ha tenido derecho a construir lo que quiera cuando quiera. Allí todo el mundo ha tenido derecho de construir lo que quiera. En este momento, la casa que era de mi padre es ahora de Yolanda Brenes Murillo. No recibí una carta de un personero municipal, del por qué solo a mí se me aplica el plan regulador, nunca me han dado una explicación. Si hay un criterio de licenciado Castrillo escrito que el plan era ineficaz, si hay un momento precisamente en los días que se le hizo una revocatoria por no darnos el permiso al ingeniero Marco Antonio Porras, que él, en un documento dice que tiene duda porque no tiene criterio por escrito del licenciado Castrillo de cuál es el estatus real del plan regulador y entonces nos resuelve, igualmente rechazándonos el uso de suelo. Y  no es cierto  él tenía un documento en mano, un pronunciamiento en escrito por del licenciado Castrillo que decía que el plan regulador de Tilarán estaba ineficaz y le explicaba porque es ineficaz. Si claro que si, si veo el documento, puedo reconocer el contenido. (Se incorpora el documento folio 107 del legajo de prueba administrativo municipal, tomo 2 y folio 139 del expediente digital legajo de prueba dos digital y físico es 107 es el expediente administrativo y se le enseña). Si claro que reconozco el documento, sí incluso, me siento seguro y contento de ver eso, ese documento lo tengo en mi casa, esas son las mismas palabras que me dijo don Francisco y que me lo dijo en el Concejo cómo a parece aquí que se lo envió al grupo Real Meyvasa. No recibí una explicación del imputado Jovel Arias y Marco Porras del por qué resolvieron en contra del licenciado Castrillo. No sé si la pregunta la entendí tan bien, si recuerdo que en una sesión municipal el Alcalde el informe que da ante el Concejo reconoce que el plan regulador de Tilarán, es ineficaz, pero cuando lo reconoció ya era demasiado tarde. El daño que nos había hecho era muy grande, eso fue en el 2006. Si la ley de planificación el artículo 17 dice, le da a la Municipalidad y al Concejo la potestad para tomar decisiones. Si claro, que nosotros hicimos investigaciones, había que hacerlas consultando en ese tiempo en conjunto con Douglas Esquivel, que nos llevaba gran parte de la dirección del proyecto. Visitamos algunos dueños de estaciones de servicio que habían construido para construirlas y Douglas hizo averiguaciones, el estimado de tiempo para los servicios era de 6 a 7 meses. Para los trámites de permisos y para la construcción, también es parecido porque propiamente lo que era la estación hay que entender que si es un tiempo suficiente. Las estaciones las venden lista, y hay que  armarla, lo que hay que hacer es armarla en la propiedad donde se hubiera obtenido los permiso. Ya con los permisos es algo rápido. Los atrasos verdaderamente y en todo momento, se dieron desde que iniciamos y principalmente, los atrasos fueron más severos, los funcionarios de la Municipalidad, como lo dije ayer, inclusive Alcalde, Regidores, ingenieros, hubo una oposición muy rígida. En el 2004, 2005 y 2006, los atrasos estamos hablando prácticamente de tres años, lo más fuerte de atraso para no hablar del principio. En esos tres años si tenemos treinta y seis meses, y, estamos hablando de que entre el permiso de construcción se iban 14 meses. Estamos hablando que a nosotros nos están afectando muy directamente más de dos años y medio, es un atraso muy severo. Después de esos dos años y medio de atraso, si acaso como en el 2006, se terminó la construcción y fue cuando el Alcalde nos anulo. El atraso antes del inicio para poder construir, fue año y medio, y luego, un año más de atraso, porque el Alcalde nos paro, nos quitó el permiso de construcción, fue en diciembre del 2006. Por no poder empezar la obra, si claro hay un daño grande, porque nosotros hasta esa fecha con recursos de los socios que dimos vida a Meyvasa, se hizo una inversión grande, no sólo en la compra de los terrenos, de que para que tenga una idea a la Cámara de Ganaderos se pago el metro cuatro a 50 mil colones, en esa época. Estoy seguro, si hubiera un peritaje, en este momento de cómo vendería la Cámara un metro cuadrado allí, sería de 100 a 150 mil en adelante. El área que se compró fue 2.046 mil metros, aparte de eso fue que lo que alertó a la población y a funcionarios, habíamos comprado el Cano, porque nosotros nos sentíamos seguros de que el trato para nosotros iba a ser igual que para todo el mundo y empezamos adquirir parte de lo que iba hacer la estación de servicio y movimientos de tierra, había que poner una capa obligadamente, bien compactada de un material recomendado a todo los 2.046 mil metros, se había hecho las fosas y habían adelantos grandes en la edificación de oficinas para la estación. Cuando nosotros acudimos, a los bancos para la posibilidad del préstamo y poder terminar la estación de servicio. Los bancos vieron muy fácil la garantía porque ya había hecho parte de la inversión grande de parte de Meyvasa, adelantada allí. Eso sí puedo decirle que el crédito no costó mucho que lo aprobaran. El terreno, el resto no preciso cuánto fue el metro cuadrado. Un aproximado del costo del terreno no lo tengo claro, el valor que tiene ese terreno, no lo tengo claro. Yo estoy diciendo que a la Cámara se le pago 50 mil colones, el resto del terreno no preciso cuanto fue el metro. No tengo exactamente cuánto le costó a la Cámara. No tengo exactamente el aproximado del costo del terreno. La inversión inicial, de los otros terrenos no lo tengo claro. El monto del préstamo con el banco, para poder terminar, andaba en 250 millones de colones, en algún momento se incrementó un poco porque hubo que meter otra hipoteca de segundo grado, porque los cálculos que habían inicialmente era que la estación costaba, aproximadamente cerca del millón de dólares en ese entonces. Entonces, con el aporte que habíamos dado nosotros, más, lo del banco era los cálculos que teníamos que podíamos terminar la estación. Tomando en cuenta el área que compre yo, en ese momento, podía valer de 60 millones de colones. En ese año, durante el cual está construida la estación y no podemos trabajar, por supuesto por el banco desde el primer desembolso que haga ya está cobrando intereses, en el caso de nosotros el préstamo de nosotros era pago de intereses amortización mensualmente. El desembolso del banco fue en diferentes fechas, ya empezar a pagar interés. Empezamos a hacer pagos del préstamo, y los primeros desembolsos fueron a finales del 2005 y principios del 2006. El presidente Municipal Olger, no dio motivo para estarse oponiéndose. Los señores imputados y otros munícipes, no me han dado explicación porque se han opuesto. Nunca se ha dicho que estamos en contra la ley. Este proyecto al final, si tuvo algún tipo de examen o valoración de esa obra, de cómo estaba hidrocarburos nos mando ingenieros, ellos cada mes, cada dos meses, llegaba un ingeniero a inspeccionar la obra, lo que se estaba haciendo y con lo que se iba a continuar y siempre el ingeniero que estaba a cargo del proyecto llevaba una bitácora que se estaba construyendo era de buena calidad, era una estación modelo, porque se estaba cumpliendo con los requisitos de la legislación. Con respecto al Ministerio de salud, hubo un momento que se estaba viviendo nosotros sacamos audiencia con la Ministra de Salud, a consecuencia que ya sabíamos que Marco Antonio Porras, había alertado a los funcionarios jefe de Tilarán y estaban pidiendo apoyo de posición de la Municipalidad y nosotros teníamos terminado la obra, y donde hay un documento en que el mismo Marco Antonio reconoce que ya la estación de servicio cumple con todos los requisitos y que él no sabe qué hacer. La Ministra de Salud, envía personal, imparcial del Ministerio de Salud de San José, así llegaron los funcionarios y vieron que todo estaba perfecto y en pocos días nos dieron el visto bueno. Los abogados de los vecinos que se opusieron, era el imputado Emmanuel Ruiz, de cómo vecino de esa persona que se oponían fue que acudieron. Si me dedicaba a la ganadería al momento inicial del proyecto. Existieron contenciosos hubo dos, sobre la ineficacia del plan regulador, no hemos tenido la menor oportunidad de darnos cuenta y de informar al contencioso. Meyvasa, si pudo lograr que se acumularan los procesos. Cuando iba a levantar el proyecto estaba en ganadería. Todos estos años del proyecto siempre mantengo la profesión de ganadero de eso vivo. Con ocasión de esa actividad de ganadería, si tengo terrenos, esa pregunta me mueve hablar de mis orígenes. No sé de qué haya pronunciamiento de la Municipalidad sobre el reconocimiento que el plan regulador es ineficaz. Cuando asistíamos a las sesiones se hicieron las preguntas como parte del público, y nunca se animaron a decir nada de que si estaba, nunca se animaron a decir nada. En ese tiempo no tenían el pronunciamiento del licenciado Francisco Castrillo. Sobre el estado del plan regulador, a la Municipalidad si se ha preguntado, y todos sabemos que no han hecho nada. Ni siquiera respetando los fallos de la Sala Constitucional, Procuraduría, el mismo Castrillo. No he recibido pronunciamiento de la Municipalidad que el plan esta ineficaz. Si en algún momento el alcalde públicamente en sesiones municipales ha dicho que el plan esta ineficaz. Si conozco a José Luis González no recuerdo quien es. Dios guarde yo no le he dicho a nadie en mi cuadra alguna persona de donde yo defiendo, me lo permitiría. Jamás decirle alguien. Sí hace dos años a tres atrás, llegó él a mi casa, en la audiencia anterior él llegó a mi casa, y lo recibí, como amigo que hemos sido, estuvimos en mi oficina conversando un poco y él mostró alguna preocupación, por este juicio que podía llegar a ser, sin embargo la verdad, que no paso, a mucho, él sabe la prohibición mía que es muy recta no voy a flaquear, siento que llegó el momento oportuno que yo le iba a proponer algo no lo logró. Y no pasó a mucho, pero si él llegó a mi casa a buscarme de lo que podía venir del juicio. Si antes de emprender el proyecto tenía terreno y los tengo actualmente. En realidad nunca me gusta hablar de todo lo que tengo, y de explicar cómo lo tengo, tengo entre mil a mil doscientas hectáreas, siempre me ha gustado incluso cuando se me pregunta algo así poder narrar cómo los he obtenido. La finca se llama hacienda Cara Blanca, que en realidad es un conjunto de fincas, las compone, son varias fincas. Ese conjunto de fincas están del cementerio, que hay casas para donde se inicia la finca un kilómetro y medio. La unión de todos los terrenos. Dentro de la ganadería, la principal actividad que ejerzo es una actividad es un cría de ganado brama, y hemos hecho pruebas con diferentes razas con ganado europeo, hemos montado una especie de escuelita, hemos probado 15 razas diferentes, incluso con braman. De esos cruces le agradezco al licenciado Ulloa que en algún momento ha adquirido animales de mi finca, le agradezco la confianza que ha obtenido. La actividad es principalmente ganado y sí tengo una cría de caballos costarricense de paso, puro. Cría de ganado o ser criador, es algo que lo debe uno traer, significa, en caso mío que yo produzco, lo desarrollo y lo sacó el animal terminado. Cría de ganado, ser criador, es algo que uno lo tiene que traer. En el caso mío, lo que yo produzco, es el sentido del verdadero criador, yo produzco y saco el animal terminado. La finca, quiero explicar porque está en una parte que afecta el verano, en invierno, yo tengo que comprar machos para aprovechar. En invierno puedo sostener hasta 2 mil reses entre hembras y macho y en verano 1.500 reses las que se maneja en finca. Si he ganado premios en ganado, tengo que es un cruce cuando se hizo la competencia de novillos gordos en Cañas y Tilarán, la mayoría de ocasiones yo gané los dos campeones y la satisfacción que son animales producidos en la finca, porque la mayoría que llega a competir, generalmente él que los expone lo ha comprado. Cuando el señor Emanuel Ruiz, antes que me cobre los 4 millones al inicio y los 17 millones al final, la realidad le tengo que decir a ustedes, que a consecuencia, posiblemente de esta situación que he vivido, yo he dejado, de participar, (llora) en muchos eventos de ganado. He incluso, en años anteriores a esta situación yo participaba, no sólo más activamente en esta actividad, sino en actividades de la misma comunidad. Puedo decirles que fui, algunos años, fui directivo de la Cámara de Ganaderos de Cañas, más antes, incluso, participaba hasta en política, fui Regidor y estuve una época bastante activo con la comunidad. En este momento, yo creo que  yo no participo en ciertas actividades, porque me parece que en el pueblo donde yo vivo, la gente me señala ahora, (llora). Me cuestiona que yo soy la persona de que no es la persona que conocía. Esta situación, me ha lesionado. Por lo menos, así lo veo yo. para el momento que recibo el cobro de Emanuel Ruiz, de que pague los cuatro millones al inicio y 17 millones al final, si era para el momento que había participado más y había ganado esos premios. La actividad principal mía, de caballo costarricense de paso, es una historia curiosa para muchos, porque yo no vengo de familia caballista. Los cabellos los tengo la mayoría,  buena una parte la mayoría la yegua de cría en la hacienda Casa Blanca, pero cerca de Tilarán donde yo vivo, donde tengo la caballeriza, donde manejo las yeguas de crías, las que están preñadas para parir, en Tilarán donde yo vivo esta como a 800 metros de la oficina del MAC, ruta a Monteverde (llora). A pesar que es un tema que siempre nunca, no me gusta hablar, como la actividad de caballos es la actividad que más satisfacción me daba a mí, desde que yo tengo uso de razón. Por ejemplo, ante que falleciera una hija, ella había hecho un documento, donde ella lo tituló “Los record”, de mi persona (llora), donde yo había participado en cuarenta y dos exposiciones y sólo dos, no había ganado como mejor criador y mejor expositor. En la cantidad de trofeos que hay en esa oficina, no sé si el mismo Manuel Ruiz que estuvo allí, tuvo la oportunidad de ver. Debe haber más de mil trofeos, está el Trofeo el Carlos Herrero. Hay un  trofeo del más importante que hay en el país,  entre esas exposiciones que estoy hablando hay nacionales, internacionales y centroamericanas. Si he ganado el premio de la copa Eco tus Suril  en Atenas, si las exposiciones nacionales se estuvieron haciendo en la escuela de Ganadería de Atenas. En esas exposiciones, tengo recuerdos lindísimos, en una exposición.  En esa época estuve prácticamente ganado todas las exposiciones. La situación, si ha afectado, en realidad he participado poco con época atrás, el año pasado de 4 a 6 exposiciones, fui solo a una. Yo en realidad, por una situación, por cosas de la vida, yo inicié mis actividades convirtiéndome en el boticario de Tilarán, con eso inicié mis actividades. A pesar, de que no soy profesional farmacéutico, en esa época, el dueño del  botiquín de Tilarán había muerto. El doctor Ulate que es cuñado conmigo, me propuso que comprara la botica de Tilarán, eso fue el año 68. Resulta, que bueno, tal vez, me permite,  hay que valía 90 mil colones, la botica había que  dar 30 mil colones en el negocio. Le dije al doctor que de dónde cojo 15 mil colones y el doctor me lo consiguió con una hermana. La tuve por once años, le puso mucho interés, había un panimecon, no había farmacéuticos disponibles, la tuve por 11 años. Con la gran satisfacción en esos 11 años, no existe alguien y Tilarán Guatuso, Venado, San Carlos solo la vía de comunicación era Tilarán, no hay ningún ciudadano que no fue a vender un medicamente a las tres de la mañana a la una.  En esa época la familia de Manuel, el papá era cliente, mío ellos son de Tierra. Tuve la oportunidad de tener contacto. Jovel si era habitante de Líbano, vecinos de donde yo tengo la finca. Si he ganado en caballos de resistencia en Tilarán. Para esa época, el formar ese tipo de fortuna no lo recibí de herencia. Siempre lo he dicho, no tengo tierra de herencia, ni para poner en masetera, siempre ha sido, por mucha dedicación perseverancia y entrega. Llegan estudiantes pidiendo Concejo y hablo de la perseverancia de la persona en la actividad que se va a meter, ya sea el estudiante, en la carrera que la pensó, es que la pensó más de dos meses y es porque va hacer perseverante en ella.  Sobre los procesos contenciones judiciales en las etapas administrativas, estoy desinformado de eso, en realidad cuando se inició el proceso, la etapa de permisos. En los procesos judiciales en los procesos contenciosos administrativos, no, yo he estado desinformado de eso.  En realidad, viendo que en Tilarán todo mundo construida y la propiedad estaba rodeada de locales. No, yo antes de comprar los terrenos para construir la bomba de combustibles no visité la Municipalidad de Tilarán, antes de comprar los terrenos para saber si era factible la construcción de esa bomba en ese lugar, en realidad no fui porque en Tilarán todo mundo construye y locales de construcción, si en realidad, porque en Tilarán construye, todo el mundo hace lo que quiere, donde quiere, y no es una zona residencial que se pueda decir que es sólo para eso y como estaba rodeado de comercio, yo supuse que no íbamos a tener ningún problema. Los requisitos para el funcionamiento de una bomba de combustibles, no los conozco todos, porque en realidad nosotros teníamos una persona que estaba encargada del manejo y la tramitología de todo lo que era con respecto al proyecto. Esa persona encargada era Douglas Esquivel. Quien tramitó el estudio de impacto ambiental ante SETENA, repito, no sé, porque había una persona encargada de eso. Esa persona no me indicó cuando duró el trámite de ese estudio de impacto ambiental ante Setena, y si esa persona me informó sobre cuánto duró el permiso del Ministerio de Salud, para el funcionamiento de esa bomba de combustible, en realidad, anteriormente lo dije, a consecuencia de que los funcionarios. Precisamente, el Ingeniero Marco Antonio Porras, desde antes que nosotros incluso tramitáramos los permisos, ya él estaban informando a las instituciones entre ellas al Ministerio de Salud, que el criterio, que respetaran o apoyaran el criterio ambiental, que se estaba denegando los servicios para una estación de servicios en Tilarán en determinado lugar, porque el plan regulador no lo permitía. El plano de zonificación porque decía que eso era para vivienda, no hubo o por lo menos yo no tuve mucha relación con el Ministerio de Salud, de Tilarán. Cuando hubo que solicitar el permiso vinimos a reunirnos directamente con la Ministra de Salud. No sé cuándo se inició el trámite, yo sé que la respuesta de la Ministra de salud, si fue positiva, y en 8 días estaba los funcionarios y en 15 días teníamos el permiso de funcionamiento. Si el ministerio de Salud, pido información directamente con Marco Porras, no sé si requirió información sobre esa bomba de combustibles. El encargado de la tramitología de los permisos para obtenerlo de las diferentes instituciones, no preciso exactamente el tiempo, pero si puedo decirle que nunca tuvimos el ingeniero que estaba a cargo llevaba una bitácora, nunca tuvimos atrasos siempre fueron permisos que se dieron muy fluidamente. Si para obtener permiso de impacto ambiental y de Ministerio de Salud, si se necesitaba el permiso de uso de suelo, no me explicaron que se ocupaba el permiso de uso de suelo de la Municipalidad. Si esos terrenos adquiridos por mi persona, para poner en funcionamiento la estación de combustible si con Linda Vista de Tilarán. Es que en realidad la colindancia que se daba allí era con una propiedad que nunca fue de eso que yo entiendo fue de esa persona que luego hizo la urbanización. Parte de ella, si era de Lorenzo Martínez, donde colindaba donde estaba el taller hay una calle de por medio y no puedo saber, en donde estaba el taller la  colindancia, no era de Linda Vista. Don Lorenzo Martínez fue el que hizo parte de esa finca. Es dónde estaba el restaurant, el oeste, ya esa calle existía, no tenía que ver nada con la propiedad de don Lorenzo Martínez. Colindar significa pegar. La propiedad que compré, yo creo que no pegaba con la urbanización Linda Vista creo que no. Si había una casa que es la que pega después del taller, que yo digo. Digo después del taller, porque están pegando por detrás. Si pegaba con el lote que yo compré, son las dos cosas, la casa y el taller. Si hice una solicitud de movimientos de tierra a la Municipalidad de Tilarán, todo lo que se hizo fue con los permisos, nunca se hizo nada. En la nota del que el arquitecto Mora Protti, del INVU, no estoy seguro de que condicionó la construcción de la bomba. Cuando me deniegan el permiso de uso de suelo por parte del Ingeniero Marco Porras, si presenté recurso de revocatoria y apelación, en contra de esa decisión. El Concejo Municipal, si tuvo conocimiento de esa revocatoria, me otorgó el permiso de suelo a mí, no sé si lo conoció, porque quien la conoció en apelación. No sé si el concejo  lo conoció, porque el que conoció en Apelación, porque Marco se la pasó fue el Alcalde. Se opusieron al permiso de construcción, fue él, la orden nos llega a nosotros del alcalde. Lo hizo de forma apresurada, porque no estaba en firme en el 2007. Quienes apelaron la resolución, fueron los vecinos. No sé porque los vecinos apelaron el otorgarme a mí el permiso de construcción de la gasolinera. No recuerdo que en el 2003, yo en representación del grupo MEYVASA, solicitara el permiso de construcción de la gasolina porque como mencioné era otra persona. No recuerdo, si eso fue en agosto del 2004, no recuerdo si interpuse ante la Sala Constitucional recurso de inconstitucionalidad y de amparo contra la municipalidad después que el Tribunal Contencioso resuelve anular el permiso de uso de suelo, (Se incorpora folios 1 al 16 del recurso de amparo no se admitió). Me parece que si formulé un recurso de amparo contra la municipalidad ante la Sala. Se resolvió con base a ese recurso, salió que la Sala Constitucional ordena que se ponga el plan regulador de Tillarán a derecho. No recuerdo si hubo más recursos de amparo, la Sala Constitucional, con base en los otros pronunciamientos que había dado la Contraloría y también el INVU, la fecha de esa resolución, no me siento seguro si fue en el 2004. Para esa época si había iniciado la construcción de la bomba de combustible, se iniciaron algunas gestiones, yo ayer lo mencioné, si se inició la construcción de parte del Concejo, nos había dado el uso de suelo, al final del 2003, como hubo varios meses, si se inició alguno porque contábamos con el permiso de suelo de parte de la municipalidad, que luego fue anulado, meses después. No recuerdo que el señor Joel Arias Ortega, me enviara una nota concediéndome el permiso de construcción a finales del 2006. Si recuerdo si había estampado mi firma, (se incorpora folio con tres números 78, 6 y 8 físico y virtual). Si aquí está mi firma, al pie del documento. Con el permiso de construcción que el alcalde nos dio no recuerdo que nosotros construyéramos. A esa altura el daño económico que teníamos, no recuerdo si nosotros teníamos los recursos. Nosotros continuamos la construcción de la bomba de combustible, cuando tuvimos los recursos, pero no recuerdo la fecha, me parece que fue al principio del 2006, que nosotros contamos con recursos, no recuerdo si estaba vigente el permiso de construcción. Fue en el 2006 que nosotros pudimos darle un impulso fuerte para terminar la construcción y la tuvimos terminando más bien a finales del 2007. Quienes apelaron la orden del Alcalde de darnos el permiso de construcción, fueron los vecinos. Esa segunda apelación de los vecinos la resuelve, finalmente, el Contencioso, en el año 2007, esa paralización de obras que me comunicó la municipalidad, si obedece al juzgado contencioso administrativo que ordenó la paralización, solo el alcalde sabe, porque a nosotros no nos ha llegado esa anulación se supone que el alcalde se adelanto a esa notificación del contencioso. Cuando se paraliza la construcción la habíamos terminado la estación, pero teníamos por delante, lo que es oficinas y otros locales. Si nosotros apelamos esa paralización de obra que nos estaba comunicado en ese momento, no recuerdo si la apelamos. Si solicité la patente respectiva para venta de gasolina de Tilarán, no recuerdo si lo solicité porque era el ingeniero a cargo y Douglas Esquivel a cargo. La bomba si llegó a vender gasolina, durante un año después de estrenada, no pudimos abrirla. Si la venta de combustible, fue a principios del 2008, cuando se alquiló, pero propiamente en manos de nosotros nunca pudimos vender ni un litro de combustible. Las personas que nosotros le alquilamos, si vendieron gasolina, la empresa estuvo permanente, no sé si interrumpieron la venta de combustible, no tenía acceso. Si hasta la fecha si venden gasolina en este momento que se vendió la sociedad Meyvasa, se ve movimiento nutrido en esa estación, se ve que se está vendiendo bastante combustible. Si para vender combustible si requiere una patente comercial de la municipalidad de Tilarán, no sé,  porque nosotros no pudimos abrir, la empresa de nosotros, si estaba pagando una patente, la empresa que está alquilando es Total Petróleo. Esa empresa, si me consta a mi si en algún momento tuvo  problemas con la Municipalidad de Tilarán directamente, no sé, desde el momento que lo alquilaron yo me desligué. Nunca tuve contacto con los empresarios de Total, ni los conocí. Nosotros vendimos la estación de combustible, se vendió aproximadamente hace 3 o 4 meses, y se vendió al señor Jorge Solano Murillo. Y se vendió esa bomba de combustible, no lo tengo ese dato. Porque la estación venía, muy atrasada en los pagos y el banco Popular también misma Municipalidad, la negociación es que la empresa de don Jorge se puso al poner al día todos los créditos que posiblemente había para que quedara a nombre de él y disfrutar, hubo que pagar en diferentes partes, montos diferentes y dio con exactitud cuál fue el precio. Pero si eso es necesario no es problema el conseguirlo hay documentos, donde está los montos que se cancela en el Banco y en la Municipalidad, y en realidad, es un poco difícil, no preciso el monto. Además de las obligaciones de la empresa con el banco Popular y la Municipalidad tenía las obligaciones económicas que acordamos con el socio,  entonces con la sociedad tenía compromiso e hipoteca del banco Popular, el monto anduvo en 250 millones de colones. Como hubo una segunda hipoteca, en segundo grado, no me acuerdo bien, si aumentó ese monto inclusive, repito a mi más bien me gustaría hubiera un peritaje. Lo que si estoy seguro es Total depositaba los 6 millones de colones todos los meses y no alcanzaba la sociedad debía estar reponiendo todos los meses para cubrir la obligación que tenía, que  amortizar e intereses. El monto total de la negociación por venta de bomba, no puede precisar. El contencioso administrativo si interpuso una demanda contra de la Municipalidad de Tilarán, yo no conozco nada, nunca tuve información de ese contencioso. (Se admite los folios 27, 28, 46 que pertenecen al expediente administrativo de la municipalidad, No. 04-000006-161CA ante el Tribunal Contencioso Administración). Si reconozco mi firma en el folio 27 en la parte inferior derecho, en el folio 28, mi firma (sobre mi nombre), y a folio 46, si aquí está mi firma, (sobre el nombre del testigo al pie del documento) El arquitecto Marco Antonio Porras Cordero me envía esta nota (la lee), posiblemente se hizo la solicitud de movimiento de tierra. Él me contesta aquí, que se ocupa el uso de suelo. De acuerdo, si hablamos que la municipalidad de Tilarán no tiene plan regulador, todo esto se cae porque no hay ley. Algo que estaba obviando yo, y que quede constancia. O que él siguió mandando notas como  a otras instituciones. Esto tiene fecha abril del 2003 y nosotros solicitamos el uso de suelo en octubre del 2003, y no habíamos hecho ninguna gestión ante la municipalidad de ningún tipo porque teníamos el permiso del INVU para hacer todas estas cosas, está anota que él envió hacia como envió al Ministerio de Salud, envió a varias institucionales alertándolos que íbamos a construir una estación de permiso. Nosotros iniciamos hacer gestión de uso de suelo, el 6 de octubre del 2003, no hay coincidencia, si ustedes revisan hay varios documentos que están anteriores a la fecha que nosotros solicitamos el uso de suelo, donde ya en una forma anómala alertando al Ministerio de Salud, y a otras instituciones que los apoyara en la decisión. Posiblemente y no voy a negar que es mi firma, porque es un recibido que me manden es normal, y casi es una obligación de parte del administrado. Si quiero agregar y quiero que quede, también claro, y que nosotros tenemos un documento, donde en el 2012, le solicitamos al Concejo que nos informe cual es el status del plan regulador de Tilarán. Se me había olvidad esa respuesta, y tenemos la respuesta que debe estar aportada aquí en el expediente, donde el Concejo nos informa y en conjunto a la misma comisión de jurídicos que el plan regulador de Tilarán sigue siendo ineficaz, ellos incluso, en el 2012, están aceptaron que es ineficaz. Quiere decir que si el plan regulador no se publicó en el momento completo en la gaceta el diario oficial y falto documentos. La nota hace referencia a un movimiento de tierra, don Marco me está haciendo a mí, lo que puedo decirle, todo lo que se hizo con las instituciones, los movimientos de  tierra, siempre fue con permiso. Ningún funcionario Municipal se acercó a esa propiedad. No recuerdo si es por una gestión de un movimiento de tierras. A folio 28 esa nota, veo la fecha abril 24 del 2003, la veo en este documento, si tiene mi firma, lo que me extraña es una respuesta tan eficiente el mismo día, el otro documento. No sé, si estaba realizando movimientos de tierra antes de tener ese documento. Folio 46 es pidiendo el uso de suelo (el documento se identifica folio 46, CGG, del 6 de octubre del 2002, dirigía al arquitecto Marco Porras). Antes del 24 de abril y 6 de octubre del 2003 no sé, si personeros del Ministerio de Salud o de Setena, pidieron o gestionaran alguna respeta a la Municipalidad  sobre esos movimientos de tierra. Hilda Barrantes, si sé quién es, esa señora ocupa un cargo en el Ministerio de Salud de Tilarán no sé si es la directora del Ministerio de Salud, ayer dije que Gilda Barrantes como opositora del proyecto, jamás. Lo que mencioné que Marco Porras envió documentos al Ministerio de Salud de Tilarán pero no sé a quién. Lo que Marco Porras envió no sé, si eran requeridos por el Ministerio de Salud. Con respecto al plan regulador. La gestión de permiso de uso de suelo, lo que duró en tramitarse y otorgarse no recuerdo exactamente cuánto. El permiso de construcción, la gestión y para otorgarse, se daba el uso de suelo, por lo anulo el concejo y los permisos se presentaban o pedían revocatoria, el presidente por ejemplo presentaba una moción de una regidora, y nunca se dijo quién era la regidora y nunca la lectura de la gestión. Allí se dio una maraña de  Eso se duró, si eso sin poder precisar se tardó bastante, si vieron se daba el permiso de uso de suelo o anulaba el concejo, porque vecinos se presentaba revocatoria o el presidente que había moción de una regidora, y nunca dijo quién era la regidora, y la lectura de la moción y teníamos que suspenderlo había una mañana de cosas tratando de suspenderlo a estas gestiones. Lográbamos dar un paso en alguna cosas sea uso de suelo o permiso de construcción luego vecinos presentando moción, por eso hubo un atraso de dos años y medio. En realidad, tres años de poder lograr, tener la construcción terminada, gestiones para tratar de atrasar el proyecto. No preciso el tiempo, Mientras se tramitó el permiso de construcción, si se estaba construyendo no recuerdo. Mientras se tramitó el permiso de uso de suelo, con la construcción no recuerdo si estábamos haciendo algo. No me acuerdo, si en el proceso contencioso administrativo si reclamamos daños y perjuicios. El final del proceso contencioso, lo que yo recuerdo son los que nos anula el uso de suelo y también el permiso de construcción, es lo que yo recuerdo. Yo preguntó cuál plan regulador si en Tilarán desde 1983, existe un plan regulador, si fue un proyecto que nació muerto porque nunca fue publicado, completo. Y ya tanto el Concejo, el asesor, la Procuraduría, la Sala Constitucional, todo el mundo lo ha dicho que no ha tenido un plan regulador. La literalidad del documento de 1983, que el plan de regulador es conjunto de planos y mapas. En la ley de planificación se habla algo. Si existe alguna diferenciación entre este plan de zonificación, si existe una diferenciación entre zona comercial o zona industrial, por lo que he escuchado en algún momento, que había zona de Marco se habla que hay un plan de zonificación en Tilarán, yo nunca lo he visto. Yo no voy a leer algo que no está aprobado, en algún momento estuve leyendo alguna parte, no me acuerdo que leyera que hay una parte de zona industrial o comercial. No recuerdo si para la implantación de una estación de servicio si prohíbe que exista peligro, de fuego, es qué en ese momento, que mencioné que si hubo peligro de incendio. En donde está el proyecto nunca nos dijo nada de eso. El plan regulador, no leí una prohibición expresa sobre peligro de fuego en la estación de servicio. Sobre, si hay prohibición con peligro de  explosivos o contaminación con gases nocivos, o prohibición con gases, por eso dije que era una estación modelo cuando nos informaron los requisitos que fuera algo bien hecho y para eso estaban los inspectores de hidrocarburos meses a mes revisando la instalación de todo de lo que se estaba haciendo. El crédito, se pidió no recuerdo la fecha. Cuando pedimos el crédito si teníamos permiso de uso de suelo y permiso de construcción, para el proyecto, cuando iniciamos, el crédito se dio tan rápido para adelantar el proyecto estuvo terminado en el momento que nos pararon. No recuerdo si teníamos permiso de suelo y construcción cuando se hizo el crédito. No la sociedades Vayvasa y Meyvasa, no hacen ayuda a la institución cantonal, Vayvasa nunca ha tenido un cinco de ganancia, ha tenido ayuda de nosotros, de donde iba a coger donación, de donde va a coger para donación,  a mi me gusta a título personal. El beneficio de la comunidad de Tilarán con la instalación de la estación de servicio en la comunidad, en realidad, en Tilarán, ya lo habíamos hablado que solo había una estación que no estaba dando servicios y con conato de incendio, era un servicio diferente con atención diferente, yo creo que las industrias, lo que es una mejoría para la comunidad,  con un servicio diferente. Para un servicio comunitario todo es importante en el pueblo, el menos beneficio es el monopolio, pero pareciera que funcionarios se parcializaron con el monopolio, nunca Meyvasa recibió un buen trato, con el resto de los empresarios y de la Comunidad. Luis Armando Mejía, es yerno mío, si él se dedica a la construcción de estaciones de servicio en otro lado, si él construye y vende estaciones de servicio no se dedica, no puedo asegurar, soy y no me meto, no sé yo. Si el señor Luís Armando Mejía quería construir esta estación de servicio. Los vecinos que se oponían en proyecto eran del barrio Gretty que vive en la casa, los hijos detrás del taller son los que mantenían el taller abierto contiguo a la estación, y los vecinos de son Tilarán y Luis Alfonso Murillo era de ese mismo barrio, no es familia es odontólogo, tuvo consultorio y ahora en otro lado. Son los que yo recuerdo más opositoras. Posiblemente hubo otros, son los que se han opuesto más al proyecto. Si el barrio tiene un nombre, no sé el nombre que tenga, en la mañana escuché que se lo quieren endosar a la urbanización de don Lorenzo, ese sector es aparte del sector que escuché el nombre hoy en juicio. La urbanización es aparte, no sé el nombre Linda Vista. Con un voto más de regidor se aprueba un acuerdo, debe haber mayoría. Esa mayoría en caso de Tilarán son cinco regidores, la mayoría son 3. Sobre un recurso de revocatoria con apelación, para que sea admitido o denegado no sé. La persona de regidor como presidente los votos que tiene. Yo fui regido en 1978 estuve  2 años, inicie en 1978 y culminó en ochenta. En qué mes y fecha me reuní con Emanuel Ruiz, en la oficina de él no lo recuerdo, que mes y fecha. Porque él llegó de forma improvisada. A en la oficina de Emanuel no sé tampoco la fecha. Con Douglas Esquivel González no sé en qué fecha me reuní, la fecha que mi hermana Yolanda me llamó para que me reuniera con ella, no la recuerdo, porque la visitó a menudo. Sobre la fecha que Olger se opuso, no tengo la fecha. (Hace un dibujo la cámara de ganaderos), lote donde se construyó estación de servicio, el taller viejo pegado a esta parte, aquí continua, aquí la estación de servicio vieja, la cámara está aquí, una sastrería, y esta calle continua tras. En esta esquina, restaurante, Aroma Tico, luego  esta Agro tila, aquí el otro taller de Loquillo, aquí una calle, no sé si pública entra al sector del aserradero, donde está el Colono ahora. El aserradero detrás de estas propiedades y tiene salida aquí. Toda esta área es del colono, propiedad grande, esta entrada es para darle parte que era de la propiedad del aserradero donde estaba el depósito de madera que esta otro taller de mecánico la casa de Gretty, eta a la par el taller, con frente en esta calle, el taller está metido, y tiene un lote grande al fondo que pega a la propiedad. Aquí la casa de Alfonso Murillo, y estaba la casa de un médico cubano. En esta parte hay otras viviendas, más abajo, a la par de la estación hay un solar, la propiedad de nosotros tuvo que hacer tapia. La urbanización Linda Vista, de esta calle para acá, Flake donde está el colono. Esta propiedad sale. Esta calle sale para  arenal, oficinas del ICE, que pega con la casa de la licenciada de la municipalidad. Es la misma propiedad de marcos Villalobos, y tenía casa también a esta calle. Aquí es puro comercio, hay una tienda, locales de alquileres, y soda Danilo, la dos pinos esta con frente el colono, en parte que era Flake el restauran la troja  continua esta ruta, que va para arenal, adelante esta la dos pinos.  5.- JORGE ARTURO BARRIENTOS VALERIO, cédula de identidad No.1-0383-319, vecino de Tilarán, es profesor pensionado, y tiene negocio de funeraria se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y narra: “Cayán Vargas, que me referiré como Cayán, es cuñado mío, es hermano de mi esposa Yolanda Vargas Murillo. Él, Cayán y su yerno se dispusieron a montar un expendio de gasolina, de combustibles dentro de la periferia de Tilarán. Hicieron sus arreglos no tengo muchos conocimiento, hicieron sus permisos tanto que construyeron la bomba. En algún momento ocurrieron choques que desconozco porque, el plan urbano, el plan de urbanismo,  hablaba no funcional a veces era funcional a veces no era funcional. Mi esposa también tenía altercado con un vecino, para nosotros no era funcional, para Cayán era funcional. El panorama era bastante confuso, en cuanto a los papeleos que tenían que hacer. Yo no quise meterme en eso, aunque Cayán llegaba frecuentemente a la casa a conversar con Yolanda, a quejarse con su hermana a consolarse con su hermana. Yo permanecí alegado de eso, porque no me gustan los asuntos legales. Llegaba Cayán  lo saludaba me retiraba a mi oficina. El asunto es en general, en Tilarán el pueblo ha ido creciendo según sus necesidades. En 1963 se puso una bomba original, una bomba Shell, que se puso a 200 metros de la iglesia, contiguo a una casa de habitación posteriormente, en 1970  y resto, se construyeron otra casa de habitación totalmente pegada a la bomba, que ya no era Shell, pero de Villalobos. Los tanques llegaban a 50 milímetros de la casa, los tanques, no la estación de servicios. Yo conversaba con Cayán y con mi esposa y decía como es que prohíban hacer una bomba, donde los tanques están en el extremo más lejano de las casas, donde las viviendas están a 45 metros de las viviendas. Donde se guarda 7 metros para la construcción de edificios administrativos y de venta de cosas. Y que, la primera estación de servicio se encuentra a menos de 45 metros de las viviendas. Donde, toda esa zona es comercial, con el Gollo en la esquina, que ahora hizo una aplicación, que llegó al borde de la propiedad pegando con la bomba. Más abajo al frente, hay un depósito de materiales, más abajo una fábrica de Muflas, más abajo una fábrica de taller de enderezado de pintura, al otro lado, más abajo un taller de embobinado de motores y cuestiones eléctricas. Toda esa calle sigue así un rosario de talleres, de industrias. Esa era la situación general que enfoca. Ahora voy a narrar los hechos que estuve yo implicado. En marzo del 2007, yo tuve que ir a Cañas, a los juzgados para que en los juzgados en una especie de conciliación, nos ayudaran a definir a mi hermana y a mí a definir, un área que teníamos como herencia. En ese caso, pues ella tenía su opinión y yo tenía la mía. Y el Tribunal nos aconsejó y al final tomamos una decisión entre los dos y todo terminó. Dentro de ese proceso, el abogado Emanuel Ruiz que era mi abogado, como no son asuntos muy complejos era el abogado que me acompañaba para aconsejarme y discutir cualquier extremo legal que fuera necesario. Con Manuel, existía en ese momento cierto nivel de amistad. Por ejemplo, en febrero mi esposa y mi hija, mi hija es Down. Mi esposa y mi hija fueron invitadas al cumpleaños de una nieta de Emanuel. Yolanda es conocida, muy de cerca de Emanuel, porque Emanuel iba a estudiar a la casa de sus padres, con unos de sus hermanos, hay cierta afinidad psicológica y de amistad. En una oportunidad. Yolanda me llamó y me dijo que Emanuel ocupaba, necesita los planos de distribución de casas, de residencias de Tilarán que tenía Yolanda porque tenía un pleito de un vecino. Me dijo se lo doy o no se lo doy. Le dije dele una copia no el original, en el camino me dijo que Emanuel quiere conversar con Cayán, yo le dije eso es decisión suya, si conecta o no conecta. Llegó a la casa, revisó el plano, la copia, se la entrega a Emanuel y se conecta con Cayán. A los días tuve que ir a mis cuestiones judiciales a Cañas, Manuel, tiene uno, dos o tres carros excelentes, yo tengo el mío, me gustan a mí los carros viejillos pero no importa. Emanuel quiso ir conmigo, me dijo, me puedo ir con vos, claro es un placer que vaya conmigo, me subo al carro y nos vamos a Cañas. En el camino me comenzó a conversar, que hace una o dos noches mi esposa ya había visto en una sesión de la Municipalidad, el poder que él tenía sobre el ambiente legal de la Municipalidad. Él me dijo a mí, que ya mi esposa había visto el poder que él tenía sobre asuntos legales en la municipalidad de Tilarán y si era cierto. Mi esposa días antes, ya había visto en una sesión de la Municipalidad, el poder que él tenía sobre el ambiente legal de la Municipalidad y a Manuel se le consultaba. A mi conviene que se le pusiera una fecha para la sesión. Lo que él me dijo fue el nivel de influencia de asuntos legales en la Municipalidad. Lo que él me dijo fue, ya Yolanda vio la influencia que yo tengo en asuntos legales en la municipalidad y si el que lo tiene lo tiene. Seguimos conversando sobre el asunto de Cayán, eso se arreglaría muy fácil, Eso se arreglaría muy fácil simplemente, con dinero, pues sí.  Es así y voz podes arreglarlo, podría ser. Yo me fui y le dije cuánto es lo que cuesta, después que no quería decir mucho a mí, sino ponerme a presionar a mí, a mi esposa y a Cayán que entraran en la componenda. Al final me dijo que son 4 millones, y 17 cuando ya se haya dado el permiso y todo formalmente funcionando. 4 millones antes del acto y 17 cuando todo esté funcionando y todo sobre rieles. Allí terminamos la conversación. Yo le dije voy a conversar con mi esposa de esa conversación. Con respecto a esa conversación, a mí personalmente me pareció que aunque es un formato ilegal, era más barato pagar el soborno que enfrentarse a las fuerzas de la Municipalidad que estaban comandaba y representadas por él. Porque 20 millones no son tanto en un negocio millonaria, porque esos 20 millones estaba ejerciendo una influencia terrible de Cayán sobre su negocio y sus financias y sobre su imagen, porque las personas comenzaron a verlo como persona que imponga su fuerza. En un pueblo es muy fácil que se vea la persona como un agresor y caiga su imagen. Él cayó su imagen, su salud hasta su salud física, todo lo resintió. Por eso fue, que yo, dentro de mí, dentro de mi conciencia, le recomendé pagar es suma de dinero. Bien hecho o mal  hecho, no soy yo, pero yo no estoy en el estrado, pero no del abogado. El viaje terminó en Cañas con unas diligencias de él con unos clientes, después fuimos asuntos míos y regresamos a Tilarán no se volvió a tocar el tema. No tengo información si don Emanuel trabaja en la Municipalidad con pago o sin pago, porque de cualquier forma, podía regresar. No sé la condición, porque yo he colaborado en cosas que no me han tenido que pagar. Lo que yo hacía era aconsejar. Ese viaje a Cañas era a finales de marzo. Las diligencias de Emanuel Ruiz no eran como abogado de Cayán, sino como abogado de la municipalidad para lograr que el plan pasara que las trabas que el plan tenía fueran eliminadas. Es decir, hacer un trabajo de forma efectiva sin comunicación con el beneficiario que era Cayán, era eliminar las trabas para que se pudiera pasar ese proceso. Quiero agregar, mire en un pueblo, las cosas son diferente a una ciudad, en nos manejamos diferente, nuestros comportamientos de forma diferente. Yo siendo cuñado de Cayán yendo él a mi casa, estando yo informado de todo. Cuando ellos abrieron la bomba, yo no me atreví a llevar mis vehículos, no sé como abrieron la bomba, y no llevé mis vehículos, una vez entré, y por qué. Yo no sé contestarle. Por temor, es posible a ciencia cierta, no sabría contestar, estando la bomba de mi cuñado abierta, prefería ir a la otra. Cayán era Meyvasa que era él y el yerno. Claro que sí Emanuel le comentó esto a mi esposa y a Cayán, mi esposa era la principal medio de comunicación entre él y Cayán y la diferencia de pagar 21 millones se discutió en la mesa de mi casa, de tomar café, estaban siempre mi esposa, él y yo, él es Cayán. Esa bomba sé donde está ubicada y podría hacer un croquis. De Meyvasa está de la esquina donde está el edifico del ICE de Kolbi, 75 metros al noroeste, otra forma es detrás de Gollo, o detrás de un taller mecánico al otro lado de la calle. (Hace un dibujo). Este es Gollo del edificio de la cámara de ganaderos que está en segundo piso, Gollo está en el primer piso y ahora ampliación hasta límite de la propiedad, aquí un taller de mecánica, aquí residencias. Aquí vive una prima hermana mía, aquí un tío del abogado (lo señala). Tilarán está, aquí la cuadra de Kolbi, sigue una cuadra más y llega esta al sur. Cañas por esta carretera y por esta Arenal. Aquí se va a Monte Verde, aquí está la bomba antigua, aquí están las residencias, pegada a cincuenta centímetros. Yo estuve allí, es la misma bomba que se creó en 1963 y se rehízo hacia unos cuantos años. Yo vi que se sacaban tanques, ponían cosas nuevas y se reconstruyó, tal vez unos 4 años, estamos en 2016, por allí del 2008 al 2010. Esta bomba antigua se reconstruyó totalmente, se cambiaron tanques, se reconstruyó las tuberías, el andamiaje, todo. Si para ser esa reconstrucción fue cerrada esa bomba, totalmente. Nosotros íbamos a la carretera de Arenal a 4 o 5 kilómetros para cargar combustible. Los cuadrantes que hago de Kolbi a la bomba, todos los cuadrantes son de 100 metros. Emanuel si le dio el monto directamente a Yolanda. Yo le informó a Yolanda el montó días antes que a mí, semana y media antes. Si me percató, que mi esposa le dijo a Cayán que fuera y fueron. Cayán fue donde Ruíz a hablar. Cayán no quiso pagar, me di cuenta por las conversaciones en la casa, eso fue planteado así, mi posición fue que pagaran. Las palabras de Cayán fueron que él no estaba dispuesto a someterse a una acción de este tipo que él iba a pelear que no era posible que las cosas se pudieran hacer pagando, y por eso se le cerró y él no quiso. Ese proyecto de desarrollo significa un proyecto de desarrollo en una ciudad. El asunto fue contradictoriamente aplicado, porque en el caso de Cayán, fuera de apreciaciones personales se decía que era residencial en el caso de nosotros se decía que era residencial, pero se dio bambalinas para que se construyera un taller enorme, donde hay tres fosas enormes funcionando, cambia aceite, cambia mecánica. El caso de nosotros es mi familia nuclear. Hablo del Lubricentro Felo, allí más bien se aplicó al revés, que don Felo, que era un comercio menor, el artilugio utilizado fue el siguiente: A don Felo le dieron permiso para hacer unas tapias y una fosa, ya tenía ya dos fosas, al final construyó una tapia de 7 metros de alto, con columnas más o menos de 80 cm abajo, y yo le dije a Yolanda que allí hicieron un taller, poco a poco fueron cementando el lote, donde hicieron tapias de 7 metros  de alto, y al final fueron cementando y lo hicieron algo. Había apropiado un servicio sanitario, y a final del año del 2007, en la última semana del año, simplemente llegó un montón de gente construyeron el techo y estaba todo listo, así, de fácil. Claro, la última semana del año no funcionó la Municipalidad. Sí nosotros como familia y Yolanda, si peleó la existencia de ese taller y estructuras a nivel municipal. Tengo que declarar que sí, fue mi esposa que llevó ese pleito, yo en algún momento me quise meter y lo que me llevé fue una puñalada en el brazo. Yo no soy adepto a esas cosas ni soy adepto a cuestiones legales. Además, yo nací y creí entre talleres, le dije no me retiro del problema, le dije a mi esposa, te sirvo de apoyo. En las decisiones municipales, si se aplicó en múltiples ocasiones, hay múltiples documentos en donde se declara que el proyecto y se declara que la zona donde está construido es residencial. Se logró el desarrollo de taller, muchas veces escuché en carnes asadas, al señor Jovel. Lo que me consta es que en varias ocasiones se hicieron agasajos, carnes asadas donde dedican algo a don Jovel, el alcalde. El dueño del taller Felo, le dedicó a  don Jovel, cosas de ese tipo, eso ocurría en el galerón que ya había hecho. El mismo documento se excluyeron los talleres, se hizo una lista según la ley que cosas se permitan en una zona residencia. En esa lista se dijo que el taller era un comercio menor. Si yo vi esa lista. El área de construcción mide unos 12 metros de frente por 20 metros. En legajos que llevó mi esposa con el Colegio de Ingenieros, se supo que se debían dejar 7 metros alrededor y se hizo ver al Ministerio de Salud, pero todo quedó en nada, no quedó en nada. Se dejó pegando con la tapia de nosotros. Ese taller tiene tres fosas, una dedicada a tramado y alineamiento, aunque también se ocupa cuando no hay trabajo en eso, como cuestiones de mecánica, la segunda está dedica a aceites y la tercera está dedicada principalmente de nuevo, a cambios de aceite de camiones grande, de maquinaria de la Muni. Me refiero de wago tengo fotos de Maquinaria de la Municipalidad, haciendo mantenimiento allí. Si escuché que había muchas trabas y el trabajar con llantas grandes de chapulín, se necesita, explosiones de aire para mover las llantas y que cae en los carros, para eso hay unas toconas que las llenas y las descargan que estremece todo. La labor del lubricentro, totalmente se extrae aceites o líquidos, la principal de ellos es el cambio de aceites, en general de la caja de cambios, líquidos de motor. Nosotros denunciamos de la presencia de ruidos a la municipalidad, mi esposa denunció a Ministerio Público de Liberia y vino el jefe a indagar, porque aparece que no era cierta, llegó un día a ver, por sí mismo para ver qué era. La ciudad de Tilarán antes que se empieza a construir tiene una estación. La reconstrucción de la bomba antigua se debió a que había fugas de gasolina y de diesel, había fugas en los tanques e hicieron una reconstrucción de los tanques y cañerías. (Hace dibujo). La bomba antigua tiene una máquina de expendio. La bomba nueva, expendidos tiene doble, doble, doble, doble, con carril aquí, ese croquis al norte, Cien metros al norte de la bomba hay un almacén de materiales de construcción antes de esta callecita, hay dos talleres, que se dedican a la construcción de muflas se llama de Loquillos, el otro es de enderezado y pintura a la pura par, ese no sé cómo se llama. Luego aquí hay taller de pintura, no sé el nombre. El aserradero Flake, se ubica en el área del Colono. Aquí hay una carretera, y hay un taller de rebobinado de motores eléctricos y arreglos de sistemas eléctricos de carros se llama Taller Méndez. Luego un taller de enderezado y pintura, con un carro a la mitad en el techo, no sé el nombre, solo que tiene la mitad de un carro en el techo. Para abajo, hay un establecimiento de repuesto de Ronald Picado, aquí un taller de carros de aceites y lubricantes, aquí queda un local grande de  lo mismo de grasa y aceites, antes era de, se cambió el nombre, hace un mes, arregla llantas también. Aquí está el taller Dago, también es lubricentro. Aquí in taller e macho, La Dos Pinos en Tilarán, está metida. El restaurant, se llama. El plan urbano de Tilarán no sé de qué fecha es. La primera edificación de la Cámara de  Ganaderos, no la sé, la ampliación de este edifico hace unos meses. La edificación del Colono la veo hace 10 a 12 años. El taller que dibujé detrás de la estación de Cayán surgió hace mucho tiempo, tal vez, hace 20 años. Estaba a cargo de ese taller, el hijo de Rut Barrientos, el nombre de él no lo preciso, los talleres que dibuje pegados uno Mufi de elaboración de muflas, lo veo en Tilarán, estaban cuando yo regresé en el 2001 (nota habla con la mano en la boca), Eso cambia de dueño, el pintor alquila. El taller Méndez, emergió hace poco, unos 10 a 15 años, tal vez antes. El taller de pintura después del taller Méndez, al frente es uno. Después del taller Méndez a mismo lado, lo veo de 9 a 10 años. Taller de aceites y lubricante no lo sé cuándo se construyó. El Taller de lubricentro grande, lo vi emerger como mes y medio que yo fui, Dago se pasó allí, se hicieron un piso y el piso se hizo como hace 4 años. Hace 4 años se hizo, funcionaba como parqueo ahora Dago se instala y funciona como taller, hace mes a dos meses. El taller del Macho tiene mucho tiempo, no sé, la edificación del Kolbi, el ICE no sé. Mi casa está a 150 metros de la esquina sureste de la iglesia (la señala en el dibujo). El lubricentro Felo está en el lote al este de la casa, y en escuadra al este a oeste. Si hay talleres cerca de mi casa. En esta cuadra de aquí. Taller que mantiene las eólicas, también taller para productos y arreglan para lechería una casa de habitación y comercio. En Tilarán si hay una zona que se puede palmar la zona residencial y comercial allí mismo, está, esa es zona residencial, máximo atiende pacientes, cosas para ventas de ganado, básicamente residencial. Las otras cuadras, no están concentrado comercio e industria. Si conozco taller Varela detrás de la escuela es para hacer canoas, salientes de humo de la casa, trabajar con latas, es la especialidad, está a una distancia de la escuela, pegando del parque está 50 metros, en línea recta por la calle a 125. Esa urbanización son los lotes de don Lorenzo, los vecinos que viven en esa urbanización se opusieron a la obra de mi cuñado, la madrastra o la mamá del que trabaja en el taller de mecánica que está allí pintado. Si se ubica un colegio cerca de la bomba, el colegio aquí, los lotes de Lorenzo vive Ruiz, se llama de otra forma, pero no sé. El licenciado Ruiz, no ofició asesoría, entiendo por asesoría que cuando alguien me acompaña a un tribunal, me hace gestiones, hace papeleo, va conmigo, está conmigo, pie a pie. En ese sentido, mi abogado, mi defensor, mi escudo, en ningún caso él declaró eso, fue hacer algo para que el proyecto saliera. El socio de don Cayán, el cuñado de mi esposa, no sé cómo se llama pero no lo recuerdo, no es una persona íntima, soy tendiente a olvidar nombres. El día la hora y la fecha que Emanuel me acompañó a Cañas fueron en la mañana, fue en el área que llamamos nosotros Las pulgas y antes del bajo de Chopo, fue que me dijo eso, fue cuando me dijo la propuesta, eso es entre los Ángeles y Cañas, fue a dentro del vehículo. Don Marco Antonio Porras Cordero, creo que trabaja en la Municipalidad, no lo conozco, tal vez en gestiones me haya tenido que atender pero no lo conozco, es algo más personal. La urbanización Linda Vista en Tilarán hay tantas lindas, está el alto de Poncho por la vista, también los lotes de don Lorenzo no puedo precisar. Si por estos hechos declaré ante el Ministerio Público y me acuerdo que manifesté, y razonablemente si fue lo que declaré. Eso fue hace nueve años, no recuerdo que es razonablemente. El taller Valera, con chimeneas, allí se fabrican. La mamá del dueño del taller, vive al lado del taller, al lado detrás de la bomba. El taller Varela tiene 12 años. …”. 6.- EDUARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad No.5-329-621 se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y dice:”... Trabajo como jefe de policía de Bagaces, los conozco porque son de Tilarán, fui ofrecido por una situación que se presentó con el grupo VAYMESA, yo en el 2003 y 2006, me nombran como jefe de policía de Tilarán y era mi costumbre el asistir a la sesión municipalidad y estando escuché la situación del plan regulador de Tilarán que no había sido enviado a publicar. Fue en la vía que se estaba construyendo la gasolinera del grupo Vaymesa y el Concejo Municipal no le daba los permisos. A pesar que la gasolinera detrás existían comercio y talleres aún hoy de enderezado de pintura, un restaurant una veterinaria y detrás está la bomba antigua aún funcionando. También existe un almacén del grupo Colono un restaurant de Aroma tico, hay una ensalada que no hay que diga cual sector va hacer para comercio. De allí, luego de conversaciones con Yolanda, con una situación que tenía de un taller que manipulan aceite, me mostró que a ese taller la municipalidad le daba el uso de suelo para el taller Felo que está rodeado de casas de habitación. Fueron varias actas de observación del mismo lugar. Igualmente nosotros hicimos acta de observación a petición del grupo Vaymesa. En la sesión municipal escuché que el plan reparador estaba mal publicado, del señor Alcalde. El Taller que ubico detrás de Vaymesa, se dedicaba a enderezado pintura, también había lavacar, soldadura, ese taller pertenecía a los hijos de la señora Gretty Murillo. Básicamente lo separaba la tapia de la gasolinera. (Hace un dibujo), hace dibujo, ferretería, agrotila, restaurante aromático, Meyvasa, detrás existió el taller de lo hijos de Gretty, en el tiempo 2003 en adelante, yo me fui a trabajar en Bagaces en el 2007. Estaba ahora no. En este espacio, de la colindancia de gasolinera esta el deifico de la cámara de ganaderos, aquí la antigua gasolinera Ulate y Ulate. Abajo  hay otro taller de electromecánica, el taller Méndez, una marisquería Guayo, abajo otro taller de enderezado y pintura, a la par de la gasolinera Ulate Ulate hay una casa de habitación igual en otro lado. La Dos Pinos de Tilarán está el almacén Dos Pinos, taller Felo, está la casa de Yolanda Vargas y aquí taller Felo, señala la iglesia, el parque y taller Varela, y es industria, que hace canoas y vergas, soldadura. Cerca de la casa de Yolanda hay talleres un lava car y detrás de la cuadra, y de la lubricentro Felo, hay uno de soldadura. Urbanización de Linda Vista, está en el sector de doña Gretty, y el director del Ministerio de Salud, hay un taller de radios. Digo enseñada, porque no hay zona exclusivamente residencial siempre lo separa una tienda, no puedo ubicar un área solo residencial. La ampliación del taller Felo, cuando fuimos hace la observación estaban realizando un anexo para unas cosas para cambios de aceites y cambios de llantas. Estaban tapia de por medio. De esos talleres, para el año 2003, si estaban esos comercios, básicamente los más viejos de estar es la gasolinera Ulate- Ulate, una bomba bastante vieja de estar allí. (Solicita que se admita las actas de observación, tomo 1 folio 380 y folio 381), si esta mi firma y la señala y el sello, (a folio 380, al pie y bajo su nombre la firma). Sí es mi firma y mi numero de cédula y sello policial (testigo reconoce su firma al pie de su nombre folio 381).  Si son las actas que mencioné. Recuerdo que decía que era para taller de sastrería, o algo semejante pero no para algo semejante como el taller de Felo. El documento lo que pude leer era un tipo de aprobación del taller Felo. Doña Yolanda es familia del quien era dueño de Meyvasa, ella si tiene descendencia, cuando vi hacer el acta de observación conocí que los niños estaban pequeños eran dos. Si se observaron vehículos municipales en el taller Felo. Yo no observe de una fiesta que estuviera el alcalde solo doña Yolanda me lo refirió que había una fiesta allí. No trabajo para la municipalidad. En las sesiones municipales que asistí si vi que definieran zonas especiales para Tilarán, vivienda o industria no la vi. Recuerdo una oportunidad que los señores de Concejo mandaron a publicar una fotografía no se la expresión que darle, escueta, tipo de mapa o croquis que el plan fuera más exacto que fuera para residencia. Si lo que mandó a publicar escuché que el alcalde publicó una foto, pero no reunía las características idóneas como plan regulador, lo sé, porque ellos lo comentaban entre las personas que estaban allí entre los concejales. Si observé que un negocio fuera cerrado o suspendido con base en el plan regulador, ninguno, porque hubo un conato de incendio en esa gasolinera, atendido por nosotros, luego por bomberos, el que ordenó el cierre fue el señor de la dirección de hidrocarburos don Óscar Torres, salió por la prensa nacional, pero que hayan cerrado otro negocio no recuerdo. . Si hubo una remodelación de la bomba vieja, después de ese conato de incendio. La bomba estuvo cerrado 22 días un mes, mientras que realizaban las remodelaciones. En ese tiempo que estaba cerrada la ciudad de Tilarán, la opción para comprar combustible era cantó de Cañas 22 km o la de Quito por el Lago Arenal, por unos 6 a 7 km. si conozco a Carlos Adrián Vargas Murillo, se dedicaba es señor ganadero, expositor del mejor ganado bovino, caballos de exposición, bovinos tiene la mejor raza. Es un Hacendado que tiene en Tilarán y estas propiedades si estaban en el año 2003. Colinda con la finca de Carlos Adrián Vargas, que lo conocemos como Cayán y nos manifestó que estaba preocupado y desaminado porque no podía abrir la gasolinera y estaba vendiendo ganado para cubrir ciertos gastos y no se sentía bien para seguir en tope o cabalgatas y me lo manifestó.  La bomba Meyvasa estuve bastante paralizada, yo me fui a finales del 2007, ya se pudo abrir la estación de servicio. Ante del 2003 la gasolinera que había en el centro de Tilarán era Ulate y Ulate. En las sesiones municipales si definí opositores contra el proyecto de Meyvasa, y escuché discusiones, pues si escuché que no abrieran Meyvasa, pero no es esos términos era que discutía señores municipales que abrieran el uso de la gasolinera, el señor alcalde Olger Artavia, presidente del Concejo Municipal. Si sé quién Emanuel Ruiz, si lo vi en las sesiones era el asesor del concejo municipal, lo sé porque todo el concejo se dirigía a él para hacerle preguntas como asesor, la posición de Manuel Ruiz, para todo acuerdo se le pregunta como asesor legal, luego de consultar el concejo tomaba sus decisiones. Donde ubicaron al grupo Meyvasa está en la entrada del cantón, es más grande esta pista que la bomba. No he conocido que haya ocurrido un incendio con ocasión de la bomba Meyvasa. Escuche del alcalde que el plan estaba mal publicado, no preciso la fecha. La publicación de la fotografía conversaba allí puede haber sido 2004  2005 la construcción de la estación de servicio de Meyvasa, fue en el 2003. Si había construcción de un Colegio de Tilarán, para esa época, (la dibuja), estudiaban aproximadamente una gran cantidad más de 400 estudiantes, si yo estudié en ese colegio, siempre ha estado allí ese colegio. El cuerpo de bomberos, queda bastante retirado del centro. Las viviendas que dibuje colindando con Meyvasa, si hay más casitas al frente, todo es un barrio bastante grande, como 50 casitas, lo conozco como Linda Vista.  Las audiencias del concejo municipal que asistí, en estos hechos de Meyvasa, fui a varias no a todas. Esos vecinos solo en una oportunidad observé a Gretty Murillo en la sesión de Concejo, nada más la observé. No sé si los vecinos se oponían a la construcción de la bomba de combustible. Después que abriera la bomba si la vi que expendiera combustible. Si después del 2007 si la bomba fue paraliza la bomba de combustible, no se ha cerrado formalmente, se que está normal. Se suministra el combustible de los guardas en cualquier estación, yo trabajo en Bagaces en Tilarán y la primera que me encuentre, como todo cliente si la visito como todo cliente. Si antes del 2003 si se realizaron movimientos de tierra antes del inicio de la construcción que yo haya observado, no. Si lubricentro don Felo solicitó para su apertura permiso de suelo, no lo sé, si el taller de Vargas si solicitó permiso de suelo, no lo sé para el taller loquillo no lo sé, el taller Sauma, no lo sé, no señor,  tampoco Taller Sauma para televisores y radio si se guarda material inflamable lo desconozco si se trabaja con eso. No sé si hay aglomeración de vehículos y si hay cantidad de personas allí es el señor y dos ayudantes allí. Las actas de observación en la gasolinera, la hago solicitud del grupo Meyvasa, me dicen que ocupan un acta de observación policial para ir a describir quien está colindando con ellos en la parte atrás de la gasolinera en ese momento observo el taller de enderezado y pintura que colinda, desconozco que este taller de enderezado y pintura tuviera permiso de suelo. Los cuadrantes de la urbanización eran 3 cuadras, ver a Manuel participar mes y año no me acuerdo. Sé que Emanuel era asesor municipal porque el Concejo Municipal así lo mencionaba a él y la comunicad así lo conocía, no tuve conocimiento de un documento aunque así lo enseñara. En el Concejo Municipal se ponía en la antepenúltima silla de atención al público. Ella me enseño un documento que iba a llevar un papel a la Defensoría de los Habitantes, era un oficio que salía de la municipalidad, estaba dirigido al señor don Felo que se mantenía el uso de suelo, don Felo, lo conozco como don Felo, se mantenía uso de suelo en el taller de él, era un tipo de aprobación, esa área el documento estaba la Municipalidad catalogando como para sastrería, fecha 2006 que decía así el documento. No recuerdo si se autorizaba para lubricentro. Ese taller Felo entró en operación como lubricentro, cuando entre al taller Felo antes entró en operación imagínese iba a escuela y colegio 1978, 2000 ya estaba y funcionaba como lubricentro, en oportunidades íbamos allí. Si sufrió una remodelación no preciso, comparando con Meyvasa, fuimos hacer actas de observación solicitud de doña Yolanda del 2003 a 2004, pudo haber una remodelación, se extendió un poco más para cambiar aceite. Sé que eran vehículos municipales por la placa y el señor que lo andaba, era un pick up, cambiando una llanta. Además de la casa de doña Yolanda había más casitas 10 a 20, si estaban habitadas. Fui a sesiones municipales 2004, más que todo al 2006, el cargo era jefe de la delegación de Tilarán estuve aproximadamente casi tres añitos. En esas sesiones pude observar a Emanuel Ruiz como 5 ocasiones, si el conversaba con el Concejo Municipal, no que hablara con el alcalde municipal. Gretty si es la misma persona, el taller de los hijos de ella, de la misma familia, se dedica industrial enderezado y pintura. Ya no está funcionando, ahorita no, en el 2007 estaba funcionando. Me enteré que iban a construir una estación de gasolina Meyvasa, porque el cantón es pequeño o grande y todo mundo empezó a contar y por la gran noticia de tener otra gasolinera. La propiedad era un lote normal que se tenía que hacer planche. Yo me gradué en el 99 y ya existía la bomba, y de la escuela no me recuerdo,  cuando estaba en la escuela si existía la bomba era d otro señor. 7.- LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS cédula de identidad No. 1-899-554, es empresario, vecino de Santa Ana, se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y dice: “…Si sé porque fue ofrecido para declarar en juicio. En los años 2001 a 2002, iba a Tilarán, como pueblo me ha atraído y es una comunidad buena, la posibilidad de negocio en el Cantón, vi la oportunidad y necesidad en la comunidad de Tilaran de construir una gasolinera. Hay una tramitología y el primero es sacar el uso de suelo, tengo un asistente y existen requisitos uno de los principales es la municipalidad del cantón. Nos dirigimos a la Municipalidad, y la persona que contractamos no existe plan regulador y vamos al INVU, hacemos la solicitud de uso de suelo, que vamos hacer una gasolinera. Antes de hacer cualquier inversión se hacen consultas a diferentes instituciones y la persona que se contrató que haga las consultas pertinentes y nos dan en el INVU el uso de suelo para hacer la gasolinera. Hay varios puntos importantes, y se decide construir en la entrada de Tilarán centro y del punto arenal, es un punto estratégico por el flujo vehicular. Fue difícil comprar esa propiedad, porque eran varios dueños, una anécdota una señora que puso su huella digital, porque era una herencia de varios dueños. Me reúno con Carlos, papá de mi esposa y le digo si está bien para construir una gasolinera y me dice que está bien. Le falta un pedazo y le compramos a la cámara de  de comerciante. Hacemos el cuadro de inversión que es fuerte e importante y se toma en consideración ambientales y de hidrocarburos y de la municipalidad, ente regulador del cantón y del MOPT consideramos, antes de invertir ver todos los escenarios y tener todos los requisitos hicimos las inversiones. Se hizo anteproyecto y planos, y pasamos por todas las inversiones teniendo el uso de suelo del INVU y pasamos a la municipalidad, para tener el permiso de construcción. Teníamos expectativa y mi socio, quien es mi suegro estaba muy ilusionado, para hacer la gasolinera, era llevar una inversión urbana a un área rural. Sacamos los permisos, pasamos por dirección de hidrocarburos, salud, teníamos uso de suelo. Fuimos a la municipalidad, se nos hizo difícil la inversión, no la acogieron con los ojos de nosotros. Habíamos hecho la inversión hecho transacciones con una internacional, habíamos adquirido compromisos, se hizo con fuerzo toda inversión inicial. En el banco vio con buenos ojos y lo vio como proyecto y no los dio el préstamo, la parte complicada fue cuando íbamos a solicitar el permiso de construcción y nos dijeron que no podíamos porque era una área residencial. Todos los permisos que teníamos mandaron notas a las instituciones que no se podían, y todas las instituciones nos quitaron los permisos que nos había dado. Y fue demostrar que el plan regulador de Tilarán no estaba correctamente publicado. Que había un plan de zonificación fuimos a la Contraloría, INVU a la línea de la Caña, para demostrar que nos dieron el uso del suelo y demostrar que nos los dio y no eraba vigente el plan regulador para que nos dejaran construir la estación de servicio. En esos fue como 2 años de permiso para justificar llevar personas consultar a instituciones, fue una cuestión ya no tan bonita como el principio para ser la inversión, como empresario para ganar dinero, pero ya era caro, pero teníamos el agua en el obligo y estábamos a media piscina y seguir adelante. Consultamos con muchos miembros de San José y Tilarán, abogados demostrar que el plan regulador no estaba vigente o no era eficaz. y nos volvieron a dar el permiso de construcción. Paralelamente cuando estamos construyendo, un juzgado nos dice que no tenemos permiso de construcción y otras vez con la estación terminada y esperar fuentes de trabajo, y nos la cierran como un año completo, con todo terminado. La frustración viene como empresario, todas las personas nos llamaban y decían como la estación tan bonita y no se puede usar. Hasta se publicó y la credibilidad de uno como empresario como inversionista se desmotiva. Eso de recibir llamadas de apoyo o no apoyo, no sabe que creer fue un año difícil, el banco entendía pero tenía que recoger dinero y hacer frente no con el Banco Nacional sino Popular. Y dejar saber que teníamos todos los permisos, y nos paran un año con la estación terminada. Hasta escuchar en la comunidad que pasó con la casi bomba. Que linda la entrada de Tilarán parece de aeropuerto, con buena calidad, y se hizo con la opción para tener la opción de echar combustible. No entiendo como a nosotros nos pasaron una regla tan fuerte, porque mientras ellos ya operan a nosotros no, y nosotros demostrando técnicamente que habíamos hechos las cosas bien, y la gente preguntaba por qué el otro pudo abrir y ustedes no. yo me sigo preguntando si es un servicio más a la comunidad, era una opción de echar combustible. Tuve la oportunidad de vender la estación pero tenía aureola mala, pero decía tiene contrato pero fuimos a consultar a los locales y dice que no se puede. Los inversiones decían que no compensó, y decía que tengo que esperarme. El edificio tiene12 locales, y hasta ahora que se vendió estuvieron cerrados. Porque era muy difícil, había un ambiente pesado, con relación con la municipalidad, fue ubicado, fueron conversaciones y radio local, yo soy de san José, y mi suegro si es de allá y absorbía todo eso. Uno acomodaba los hombros y que tirada de eso hay que esperarse. Yo me dedico a hacer estaciones, si no uno lo demuestras hay entes y un reglamento que uno cumple, pasando instancias, y todo cumplía. Fue frustrante hacer esa inversión, en lo personal, tuve mucho desgaste económico lo sostuve por más de 15 años, hasta que me vi obligado venderlo a un amigo y llegar a ceder la ganancia, la utilidad y esfuerzo de tantos años, porque era insostenible, a veces los negocios uno no quiere que sea así, salir por las buenas y tener problemas económicos y familiares es un relato rápido de 15 años. El proyecto se integra entre 2001 al 2003, en el 2003, se lleva el lapso de 7 meses la tramitología para la estación, el permios de suelo lo logramos entre el 2002 al 2003, fue para esa época, compro el terreno para el 2002.  No preciso la fecha que el INVU dio el permiso pero fue entre el 2002 al 2003, antes de hacer toda la inversión. El Ingeniero Municipal le dijo a la persona que contratamos que no había plan regulador y era un arquitecto de apellidos Porras, la persona que contratamos es la persona Gustavo Parra. El permiso de construcción lo tenemos, no preciso pero fue después de que se compró la propiedad, fue el 2002 al 2003, y medio. El permiso de construcción no lo logramos al inicio de la primera construcción. Lo obtuvimos como dos años después de hacer la primera solicitud del 2003  al 2005, que llegamos a obtener el permiso. Nos quitaron el permiso de construcción en el 2005 al 2006, no preciso que un juzgad nos quitara el permiso de construcción. Esa bomba actualmente opera, pero en ese lapso del 2003 al 2007 no pudo, fue como en el 2007 se puedo operar, se terminó en el 2006 que ese año estuvo completamente terminada  nos pararon.   Tuvimos que ir a varias instancias, desde Concejo Municipal, y se elevaron a varias instituciones, porque lo que nos habían dado tuvimos que ir a justificar y luego nos lo volvieron a dar. Si fuimos a instancias judiciales, algo administrativo, no preciso, era tanto el desgaste. Si tuvimos que pedir un permiso de suelo para la municipalidad y se nos concedió era para operar en el 2007 Nos lo dio el Concejo Municipal y el Alcalde… 9:20 los requisitos legales, para realizar una estación de servicios, hay departamentos en cada dirección, salud, dirección de hidrocarburos, municipalidad y todas solicitan certificaciones, catastros que todo sea legal, que tenga respaldo, personería poderes, viabilidad ambiental. Requisitos de constancias. La estación de servicio la hicimos a titulo jurídico se llamaba grupo real  Meyvasa, S.A., es la que tramitó todos los permisos y tramito parte técnica y legal, la dueña de la propiedad es grupo real Vaymesa S.A. En Tilarán existían dos estaciones, una a 150 metros aproximadamente, de nosotros, y la otra a 2 o 3 kilómetros de arenal, hacia el lago. Ambas estaciones yo consideré comprarla y consideré que tenía más ventaja comprar una nueva que una vieja, porque hay un reglamento que no iba a permitir la reconstrucción. El reglamento para construir la estación está en la dirección de hidrocarburos y lo regula el MINAE, de cuánta distancia debe haber de un dispensador a otro, plano de emergencia, es la parte reguladora técnica, de hidrocarburos. Si había dos estaciones, de las cuales, una lograron remodelarla, y la otra actualmente está cerrada y está en remodelación, la que seta cerrada es camino a lago Arenal, se llama Lago Arenal y hubo contaminación fuerte, Un derrame fuerte y contaminó e hizo destrozos y contaminó el rio están en el expediente de MINAE, RECOPE y SALUD.  Según mi experiencia no se podía remodelar, y demostraron que se podía remodelar y lo remodelaron, mientras nosotros debatían abrir la de nosotros, ellos estaban remodelando y lograron remodelarla y está dando servicio. Emanuel Ruiz es abogado de la comunidad de Tilarán que mi suegro tuviera contacto con Emanuel Ruiz, no sé, la vida personal de él no la manejo. No me habló mi suegro de la necesidad de pagar un dinero. Para poder ponerlo a operar, no nos pidieron requisitos, nosotros cumplimos con los requisitos para ponerlos a operar y nosotros cumplimos con los locales, lo que no había era un buen ambiente con la comunidad en general. Tanto de una cosa tan bonita y tan rápida que se hizo, para que de un momento a otro un cuestionamiento. Si había una personas en particular que tuviéramos un problema era la municipalidad, el ente regulador y un vecino Alfonso Murillo, se llevó personalmente para llevar las notas que dio la Municipalidad a cada una de las instituciones, donde decían que había un plan regulador,  y que se nos negaba el uso de suelo. Hasta me lo tope en el archivo nacional, está por las bodegas de la Uruca donde están las bodegas donde están todos los planos. Él estaba buscando los mismos documentos que andábamos buscando porque el INVU nos dio el permiso. El señor es odontólogo. La zona está en la intercepción da al centro de Tilarán 450 metros aproximadamente, y hacia la izquierda, hacia Arenal, rodeando el lago, una zona preciosa es un punto estratégico para una actividad comercial, lo es y lo era, alrededor d nosotros o de la estación existía y actualmente existe un depósito de materiales, Agroquila, y un taller de muflas de Mario Bonilla, un restaurant Aroma Tico, creo que el nombre del taller es Bonilla de Mario Bonilla. Detrás de Aromático está el depósito de materiales el Colono en aquel entonces una oficina de seguros del INS. Eso a frente del negocio contiguo está la cámara de ganadero, y está el AYA  y arriba donde se reunían los ganaderos, la oficina central del ICE del cantón y detrás del lote que es la gasolinera, está un taller, de mecánica, no sé el nombre. Existía como taller, no preciso si está abierto, todo antes de nosotros construir. Dentro de la construcción de la gasolinera, y mientras pedíamos los permisos, se hizo un taller de pintura de un muchacho Mufy y se llama taller mufy. El señor de enderezado y pintura amplio el taller, a un lote contiguo. Es la entrada del  y la estación le dio valor a la comunidad, porque se hizo una inversión importante, es urbana, es bonita. Con los años se ha llenado de negocios. Después del ICE, era casa de habitación, en la cuadra está llena de comercio, helados, panadería, ropa, es comercial esa entrada. El juzgado nos dijo que no teníamos permiso por las notas que la municipalidad extendió y decía que no permitía la construcción. No preciso que decía las notas, en el expediente tenía que estar, perro que no teníamos permiso, y teníamos terminada la inversión, uno terminaba como inversionista en un shock y otra vez a San José a demostrar que el plan de regulador era ineficaz. Lo dijo porque el plan regulador es ineficaz porque no se publicó correctamente, nos lo dijo el INVU, es el asesor legal del Concejo de Tilarán, el señor Alcalde del Concejo de Tilarán e ir a San José a todas las instituciones, que el plan regulador era ineficaz, que si existía, pero que no estaba completo, hasta audiencias públicas, lo explicó el mismo Alcalde, que era muy costado y no lo podía publicar. Estaba mi suegro y yo y tenía que hacer audiencias para que la gente publicara y queda igual. Cuando hablo de Alcalde me refiero al señor Jovel Arias. Debe constar en las mismas sesiones del miércoles, el señor Castrillo lo dejó saber, que el plan regulador no era eficaz porque no se había publicado. No recuerdo la fecha, entre 2003 al 2005, era de aquí para arriba para demostrar, que estaban los permisos y demostrar lo que ellos decía, demostrar que no era eficaz. Esa zona la tenía catalogada la municipalidad, cuando fue el asesor Gustavo Parra, le sacaron mapitas, y estaba colorado, él como profesional y asesor, nos dijo que a quién había que dirigirse era al INVU, se tuvo que ir al INVU, porque no estaba vigente, había mapa de zonificación y nos dimos cuenta que no era válido, porque había y hay comercio en la zona. Detrás de la estación hay casas y detrás está el taller Murillo, hay una señora que trabaja en el ministerio de Salud, doña Gretty y su hijo tenía un lavado, había casas y estaba el Gollo, el ICE, pero si hay casas también, si cerca de la estación si hay una barrio o residencial detrás de la estación. Hay casas hay comercio, por eso se dirige uno a la dirección de hidrocarburos si uno puede o no puede hacer la carretera. La estación de servicio está a cargo de la empresa “materiales compuesto de aluminio ASN y NCN,  Yo soy el dueño de la empresa, el ingeniero responsable de la construcción Gustavo parra como asesor de la parte técnica, y el ingeniero Elmer Cruz Briceño como constructor, como ingeniero a cargo de la obra. Con relación al casco urbano, la gasolinera al Arenal, esta de 2 o 3 kilómetros medio, dentro del cantón de Tilarán. La remodelación del bomba ubicada a 150 metros de nosotros, hidrocarburos para construir los tanques tiene una vigencia, no soy de allá, pero fue la primera estación en el cantón y cumplía su tiempo y tenía que cambiar los tanques y la tubería basados en un reglamento de construcción que tiene la dirección de hidrocarburos y hacer una solicitud es lo mismo, ir a SETENA, ir a la dirección de ingenieros e ir a la municipalidad a pedir permisos. Se hace un anteproyecto y es el ente que regulada a cada cantón, las construcción. Esa remodelación fue paralela a la de nosotros. la estación remodelada, tiene una casa cercana, tiene a los tres costados es esquinera, a los dos lados y detrás y en el parqueo me parece a los lados tiene casas. Esa bomba vieja está de la escuela, una cuadra y  media, de la iglesia como a dos cuadras y media. El taller fufy está a 75 metros de la bomba, saliendo de Cañas. Sobre la apertura del taller de él, estaba preocupado que no nos haya dejado operar, me decía que hay requisitos de cumplir que si cumple, se los dieron en menos de 10 días. Actualmente está operando su taller, logró hacer su taller y lo opera hoy en día. Nadie nos pudo demostrar que estábamos incumpliendo si no nos hubieran parado la construcción. El Colegio de Tilarán queda de la estación Meyvasa, en línea recta no preciso, se hicieron comentarios de la construcción de la bomba hacia el colegio, pero polémica por cualquier cosa. El reglamento de la dirección de hidrocarburos tiene una distancia que se debe cumplir, con el reglamento que cuando hicimos las solicitudes, hay un levantamiento topográfico de la construcción debe estar en unos de los ampos de la construcción. incluso antes, de uno construir una gasolinera, uno de los requisitos, es que el ingeniero de la dirección de hidrocarburos hace una inspección coordinada con setena, Para que diga si podemos o no construir, es visita al campo, ellos dicen si se podía o no se puede. Si ellos en este caso hicieron la visita, y el resultado que si podíamos seguir.  En relación con el colegio era de los tanques a los linderos del colegio, la escuela u hospital. El resultado era que sí se cumplía, todo esto lo delegamos a asesores, pero para poder continuar se tenía que hacer estos estudios. El topógrafo se llama Wálter Casorla. Si supe que por medio de otra persona, a mí no me ofrecieron dinero, a mí no me consta que a otra persona le dijeron que cobraron dinero. Conozco el lubricentro Felo, y a Felo, no me consta, que lo quería remodelar, pero no transito por esa zona. El tiempo que se ocupa para levantar una estación  poner servicios y construir, de mi experiencia son dos etapas, primera parte de permisos y consulta a instituciones y la segunda cumplir con los requisito de instituciones es de cuatro a siete meses, la consulta, la respuesta  los permiso. Una vez teniendo los permisos de todas las sesión que lo regula se dirección de hidrocarburos, viene la de construcción, una promedio como la Tilarán tiene que durar de15 días luego se pide a RECOPE, el código listo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Más tiempo duró de las consultas y los permisos y al construcción del 2006 que empezamos que pudimos entregarla. la tardanza en este caso nos dieron permiso, no lo quitaron y tuvimos que demostrar. Se perdió de 15 a 24 meses el tiempo y desgaste de credibilidad, ante la comunidad, porque todo mundo decía por qué no la abren, por qué está terminada y no puedo echar gasolina. El valor aproximado por la compra del terreno, en el 2001 al 2002, no preciso anduvo, porque eran dos terrenos que se compraron de los hermanos y otro a la cámara de ganaderos 60 a 70 millones. La cámara de ganaderos nos compraron una tira y nos cobraron 5 mil colones, y era bien cara, y la ocupaba y justificada. antes de obtener el préstamo, primero se hace la integración del proyecto se hace consultar, se compra el terreno y el banco le gusta ver un activo que era la tierra, el proyecto y anteproyecto, debe demostrar como inversionista que tiene le dinero, para que el banco lo vea viable, hubo que pagar terreno, las asesorías, lo técnico lo legal, es importante, el impacto ambiental, D1, es un estudio técnico que es un requisito que pide SETENA, viene aguas, en todo eso se invirtió aproximadamente 200 millones de colones con el terreno, se hizo importación de estructura metálica  y los tanques y el banco vio que el proyecto iba nos prestó lo que se ocupa el banco nacional. Lo que se ocupó del banco, parte de ese dinero solicitamos 500 mil dólares. Todo venía muy bien, porque teníamos visto bueno para construir teníamos planos, pasado por colegios, inversiones hechas. Tomamos el préstamo cuando teníamos, par a construir, del 2002 al 2003, no preciso. El desembolso del banco, fue contra avances, el banco nacional. El banco popular, compró la deuda al banco nacional, en mejores condiciones, no preciso el año, andábamos en el 2005 cuando íbamos abrir. El crédito se cancelaba con cuotas fijas con interés. En el periodo de un año que está construida la gasolinera y no se podía abrir, había dos banco uno que construirnos, el crédito que tenemos varada la construcción, ya para esa época el banco popular había comprado la deuda y nosotros pagamos interés y justificando cada 15 días como estaban los permisos de la estación que ya estaba construida, porque el banco creyó en nosotros, porque la estación ni se alquiló ni operaba. El socio y yo tuvimos que hacer frente no solo al inicio sino también después.  Ya el préstamo se había entregado todo. Una de mies empresa pagaba a grupo real Meyvasa para hacer frente. Es una sociedad de dos, y ambos pagábamos 50 y 50, los recursos para pagar de don Carlos Adrián, de la cuota de 50%, con detalle no lo preciso en la vida personal de él no me involucro, pero me dejaba ver que le costaba mucho, porque la actividad de él es pasiva se dedicaba a la ganadería, no sé. Si hay un efecto en mi ánimo, cuando nos aplican el plan regulador, lo primero lo bonito que es una inversión que me debido a eso, la comunidad la quiero y aprecio, no soy de allá, falta a la comunidad, porque le falta mucho. Tenía mucha expectación como empresario, todos queremos surgir y salir adelante, tenía ánimo para salir adelante, y lo sostuve por más de 17 años, me decía una asesor, vas a llorar lágrimas de sangre déjalo votado y no yo perseveré y perseveré, es desgastante, económicamente y venía a nivel empresarial con buen nivel de construcción, y decía como la propia, no la ha podía abrir. La comunidad y personas conocidas decían que pasó con la casi bomba y era una desilusión y pesar, con la calidad de personas que tiene ese cantón, gente preparadas y a los inversionistas me costó tanto. Me generó problemas económicos y hasta familiares cosas que se pudo haber minimiza izados, pero nunca dejo de creer en esa comunidad. En el estrado de don Carlos Adrián, si hubo un cambio anímico por las decisiones de la municipalidad, es persona reservado, pero era de tristeza, porque lo que queríamos era hacer algo diferente en el cantón de Tilarán algo bonito bien hecho, pocas personas habían invertido lo que se invirtió y le tocó duro porque para él era el dueño de la bomba, y él absorbía los comentarios que yo, lo vi desanimado y preocupado económicamente. Como persona conozco a don Carlos Adrián es persona buena, recta y perseverante, si sé que se dedica a crianza de caballos, sí sé que se ha ganado un premio. La remodelación de la bomba antigua, me consta que cerró y la remodelación así lo obliga a cerrar porque hay que sacar los tanques. Esa bomba estuvo cerrada no me costa 3 a 7 meses lo que lleva una remodelación uno teniendo permisos y dinero.  No tuve intervención como parte de esa bomba, no consulté los documentos de esa bomba para saber el procedimiento.  Si sé que había un mapa porque lo vi, en qué zona y de limitaba la municipalidad de la bomba vieja no sé, pero si hay casas contiguo. (Hace una dibujo) después del año de paralización, ya estaba alquilado a total petróleo y solo estaba esperando el día que podíamos abrir la gasolinera para ellos operar, durante ese año, no nos pagó ni un cinco. Cuando empieza alquilarse  al Grupo Total petróleo, pagando un alquiler de 6 mil dólares mensuales, ese alquiler no bastaba para pagar el monto, inicialmente era 11 mil quinientos dólares al banco, y la diferencia era 5 mil quinientos dólares. La construcción de los locales era el alquilar y hacer el transporte a un negocio aparte, las gasolinera tiene dos ganancia la venta de hidrocarburos de gasolina y diesel y el otro el transporte de barranca y Tilarán. Meyvasa la entrada era 6 mil dólares por la gasolinera. Esa diferencia negativa se mantuvo, desde que empezó la construcción era en el 2003 al 2005 y hasta ahora que se ventó. No me consta, si la municipalidad publicó alguna aclaración de cómo estaba el plan. Además de Gustavo Parra, Elmer Cruz y Douglas Esquivel, hicieron trámite de documentos. Douglas Esquivel no trabaja para nosotros, y dejó de trabajar en setiembre del 2010, no conozco la dirección, ni la última, sabía que vivía en Heredia, no me consta. si participe en el plan de financiamiento que se presentaba al Banco Nacional, para obtener el préstamo por parte de mi representada. yo revise el plan de inversión no de financiamiento, no recuerdo en qué consistía el plan de inversión que se le presentó al banco nacional. Para ese momento, el monto solicitado, comprendía, la compra de tierra, asesoría, era divididos era relación a recuperación de capital e inversión, era devolvernos para poder reinvertir en la estación. No recuerdo si ese plan de recuperación incluía la compra de terreno. No recuerdo, ni preciso el monto mensual del banco que finalmente nos cobra por ese préstamo, que habíamos solicitado.  Ese préstamo nos lo da el Banco Nacional a nosotros no recuerdo la fecha ni aproximadamente, tuvo que haber sido después de compra de terreno y etapa de construir la estación, movimientos de tierra, el banco dentro de requisitos, ese préstamo si estaba el requisito era permiso de uso de suelo, no recuerdo si se encontraba. Del banco no recuerdo los requisitos. si la municipalidad es Tilarán dio el permio de construcción, en el caso de permiso de suelo no lo recuerdo. En el caso de permiso de construcción, si los vecinos apelaron esa decisión permiso de construcción, si lo apelaron, no recuerdo ante quien. No recuerdo si o conoció el tribunal Contencioso administrativo, y no preciso cuanto duro en resolverse. No recuerdo cuál es el monto que se adeuda. El préstamo del año del Banco Popular no preciso cuando se otorga. para el expendio de combustible, si se requiere, la patente de expendió de combustible, no se ocupa patente municipal, para vender, regula eso la dirección de hidrocarburos y RECOPE, uno de los requisito para vender combustible es la patente comercial que pide la dirección de hidrocarburos, no recuerdo cuando se pido la patente comercial. No preciso la fecha exacta que  la municipalidad, dio la patente comercial. Desde que se abrió la venta de combustible en la bomba, ha sido fluida la venta de  combustible. La empresa que pagaba el préstamo al banco popular, éramos dos socios Carlos Adrián Vargas y mi persona, era personalmente nosotros lo pagábamos, fue hasta el final en el 2015, que se hizo depósito total, no lo hacía a tiempo porque no los pagaba a tiempo. Si al no pagar a tiempo se presentó un desahucio, no preciso la fecha, es proceso de desahucio duró varios meses, no lo recuerdo. se rompe la relación comercial con empresa total, ahora que se vendió en buenos términos, la bomba de combustible se venían en un millón quinientos mil dólares. Tuvo que haber sido así, el reportar, no recuerdo los nombres, del contador. El manifestó que el negocio de combustible comprende la venta de combustible y el transporte, por el transporte de combustible, alquilada por petróleo total, no preciso el monto, porque varia los montos mes a mes. No recuerdo que el banco popular compró el monto. si presenté un proceso judicial que reclamara daños y perjuicios, si hemos presentad varios. Si presente un juicio ante la jurisdicción contencioso administrativa, reclamando daños y perjuicios, eso lo maneja los asesores, si hay sentencia en este momento. El uso de suelo para mí es, un requisito que debe cumplirse en la zona específica que vaya a construir. Para su otorgamiento, depende de la municipalidad, que normalmente debe darlo, hay varios requisitos, en el caso de la municipalidad de Tilarán no sé los requisitos. el permiso de construcción, si sé que es, no, es un requisito para levantar una obra. Para cualquier construcción se necesita el uso de suelo, nosotros consultamos si existía el plan regulador a la municipalidad y de no existir a quién le compete, se le consulta al superior y en este caso es el INVU, nos dio el permiso de uso de suelo. Estas consultas quedaron en un documento y quedaron por escritas. Se contrato ingeniero Gustavo Parra, para hacer la consulta, no sé la forma como se hizo, yo no los hice el permiso de construcción, no me consta. El proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el permios de uso de suelo, si conocí el contenido, si me pidió los documentos de uso de suelo, no preciso porque se dejó a los asesores legales, yo extendí un poder para el trámite de documentos, es desgastante más de 15 años. Del resultado de ese proceso no lo recuerdo, no recuerdo que me informaron. No preciso si se reclamó la eficacia o ineficacia del plan regulador. La estación de servicio no estaba rotulada como Vaymesa ni Meymasa, sino como Total estaba alquilada a total, y si ellos podían alquilar o utilizar los locales comercial, solo se le alquiló la gasolinera, no todos los locales. como era tan difícil, no alcazaba, tengo varias empresas una de transporte como dije otra de construcción y la que tuviera dinero, pagaba, y esa fue la razón,  no me alcanzaba el dinero y acudí a vender patrimonio para honrar la deuda, empresas personales, transporte Ávila castro y contractura MSM. La oficina judicial donde se presentó la demanda de desahucio contra total fue en la de Tilarán, la vendimos hace 3 meses. Si presentamos un recurso contra lo resuelto por el Tribunal contencioso, el alquiler estuvo vigente, de total, no recuerdo los años. no hubo aumento del alquiler anuales, no hicieron las gestiones de forma separado,  como es una construcción de ingeniería y requisitos legal, hay otro departamento y partes técnicas, inicialmente Gustavo Parra si había posibilidad de si se podía o no construía técnica  y legal, Douglas en la parte de tramitología presentar documentos a todas instituciones y constructiva el ingeniero Elmer Cruz, y después a raíz, de todas las cosas que sucedieron un montón de abogados y asesores legales y tiempo de Carlos Adrian y mía. Gustavo parra, es ingeniero de construcción y l contraté porque había hechos varios trámites y a Texaco se dedicaba a la venta y distribución de hidrocarburos y lubricantes, Douglas es economista y ayudaba en la tramitalogía de cosas que fueran completas, Elmer ingeniero en construcción, los trámites como representaba a nosotros extendíamos un poder para grupo de real Vayamsa y ellos gestionaban la solicitud eran profesionales en el campo era un requisito en el campo. como dije anteriormente, e ir al INVU me lo dijo Gustavo Parra que fue a la municipalidad y el INVU le dio respuesta y le dieron permiso. Si está regulada en la dirección de hidrocarburos del MINAE. Me dijo Gustavo Parra que la municipalidad no lo daba, en razón no lo daba a quien podía solicitar era INVU, no me consta si está regulado de este tipo. Primero empieza don Gustavo hace su parte, que es la parte técnica constructiva, don Douglas da continuidad de todas las instituciones. Si antes de construir la gasolinera en Tilarán había construido dos, una en Heredia centro y otra en Lindora, para Total petróleo. Si había hecho remodelación de gasolinera, eran cinco, en Limón Centro, Guácimo, la cervecería, en Limonal, Liberia, y la entrada, tenía de conocer a Gustavo Parra, más de dos años, de trabajar era la primera vez, los trámites a Texaco no sé cuántas pero si las últimas gasolineras, tres, la que están en intercepción del Mall Real Cariari, en el Colegio Castela  en Heredia, y la que está en santa Ana, contiguo a la cruz Roja. hay un bar actualmente a 10 metros del taller Bufy, a 85 metros de la gasolinera, del colegio, el bar esta de 400 metros, nosotros a 300 metros, si hay un casería, ahora está el almacén el colono, y si hay casas después del bar de Wayo hay caserío, son casas, si claro antes de poner el bar había casas, no conozco un barrio Lorenzo, soy o no soy del lugar. si es una patente comercial, para operar gasolinera, no me consta si es patente comercial, pero si hidrocarburos da ok, y sube a recope para un código de compra, no sé si la patente es industrial y comercial. En este caso la patente la gestionó Douglas Esquivel. …” 8-LEONEL ALBERTO ROSALES MAROTO cédula de identidad No. 1-41-1084, vecino de Coronado, es planificador urbano funcionario del INVU y de la Universidad Nacional  se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y dice: “…Vengo sobre la aplicación del plan regulador, sobre dudas del plan regulador y el proceso del plan regulador y la aplicación del plan regulador sobre certificados de uso de suelo. El puesto que ostento, en el INVU soy jefe del departamento de urbanismo del INVU, he sido director desde en diciembre 2006 al 2007 fui director de urbanismo y por la reestructuración estuve como director y ahora como año y medio como jefe. Dentro del INVU, ocupaba la plaza como profesional, en el área de planificación territorial, había una unidad que se dedicaba a esa área. Sobre Legislación urbana y sus fundamentos, soy planificador no abogado, si tengo conocimiento de las principales normas y urbanístico que tiene el país. Si íbamos conocimiento la jurisprudencia constitucional y si algo salía se informaba. Un plan regulador en el capítulo de definiciones, como se define por la ley.  Plan regulador se define mapas, se define conjunto de planos, gráficos las políticas de suelo, y todo aquello que la municipalidad quiere regular en su territorio. Es conjunto de planos porque se trata de en graficar la realidad de un territorio, por ejemplo cual es el uso de suelo y tierra de un cantón, se hacen planos de viabilidad, donde ubicados las áreas fuertes, las restricciones urbanísticas, terrones con riesgos a inundaciones, manglares, sectores territoriales servicios de infraestructura, son mapas temáticos depende del negocio, ambiental, y se hace un diagnóstico de cada uno de los temas, para tener una política como uso de suelo. Sobre gráficos y mapas, pueden tener una ubicación con norte geográfico y pueden ordenarse en coordenada. La ley de planificación urbana, si se exige la publicación algo sobre el plan regulador. Si he tenido que atender consultas sobre el plan regulador de Tilarán, que hizo en su momento el INVU. A lo largo de su historia, si conozco la publicación del reglamento y sé de publicación de un plano que se denomina, plano de zonificación. la publicación del plano no precisó la fecha, el año no sé si es 2006 al 2007. Si esa publicación es del original plan de Tilarán no lo recuerdo con exactitud se tendría que hacer una revisión completa. Me permiten hacer una aclaración en ese tema, lo que se debe publicar en un plano lo establece la ley urbana art. 17, se permite la adopción de un plan, es de 1968, únicamente se publicaba el edicto y decía que el Concejo municipal adoptó un plan. Es un voto de la Sala que señaló la necesidad de publicarse el reglamento y el plano más significativo  y es el plano de zonificación. Los ciudadanos deben saber el derecho de publicidad y cuáles son las limitaciones de interés social, hemos venido insistiendo den municipalidad des con plano muy viejos, antes de la Sala Constitucional nada más se publicaba la adopción. No preciso la fecha que le hicimos ver la necesidad, ha habido varios directores. Es así como ya poco a poco se ha ido mejorando la publicación de planos no es la misma de hace 20 años ahora, que todo está digitalizada. Ya la imprenta pide los planos de forma digital, nosotros los pedidos de forma digital. Todas las municipalidades hemos venido pidiendo para que no pierda eficacia esos planos. Si conozco al señor Francisco Mora, si el evacua consultas sobre el plan. No sé que contestó Francisco Mora Proti, dirigidas a las municipalidad es muy difícil. Si le falta de publicar algo, plantemos la necesidad de publicar el plano de zonificación, porque nos solicitaron algún documento, porque son mapas temáticos, no ve el plan regulador que se publique, se publica el más significado de un plan, y para nosotros es de zonificaciones que divide el territorio en zonas de acuerdo con la planificación planteado y se determina donde debe ir áreas residenciales, verdes, residuales, debe tener un área especial. Le planteamos publicar algunos mapas, había una nota que hicimos contar, nosotros es la dirección de urbanismo, le resolvimos una consulta, a la municipalidad de Tilarán no preciso la fecha que se hizo la consulta. Nosotros vemos la necesidad que se publiquen a parte de la división de territorio para una zonificación, me parece importante dos cosas uno el mandato de la Sala es claro, no se discute, sino que se respeta o cumple y que es necesidad de publicar plano o los planos que ocupa la municipalidad. Es importante que  las personas físicas o jurídicas que cuando quiere comprar un terreno si hay un plan regulador, saber cuáles son las limitaciones que tiene la propiedad, que eso incide si puedo desarrollar la actividad y también para los vecinos del cantón, qué limitaciones, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene ciudadanos para desarrollar actividades es muy importante desde mi punto de vista, que la gente, como lo conoce algunos derechos fundamentales, saber cómo está ordenado un territorio por un plan regulador, y los mejores orientadores son los ciudadanos y ciudadanas. (Oficio folios digitales folio 329 y siguientes y folios físicos  317,  y  333 y 334 del tomo I ), si observé la nota, enviada a mi oficina, nosotros somos una dirección que tiene diferentes unidades y depende como llegue la nota debemos ver, mi unidad depende del año que yo trabajaba. Tengo presente porque nosotros la dirección general de urbanismo le resolvimos sobre el plano, porque fue recurrente, y mandaron a pedir el plan. También cuando me vine para acá me revisé el expediente administrativo de Tilarán, a lo último era un plan sobre el plan regulador. He respondido miles de nota, (se admite folio 329 virtual  317 físico del expediente principal y se incorpora) Hay una parte que contesta, no soy yo, el director era Francisco Mora Protti, posteriormente yo si contestó la nota con ese tema, hacer una aclaración, hay un certificado de uso de suelo, antes se pedía criterio a la municipalidad y un criterio al INVU después de 2005 al 2006, ya no se pide criterio al INVU, porque tenga o no plan regulador el certificado de uso de suelo, después del 2005 al 2006 es competencia municipalidad. Lo que está allí, lo que está contestando el señor Mora Protti en su calidad de director era de un certificado de uso de suelo y era si se podía o no aplicar un plan regulador. También hay preguntas que vimos en el expediente, porque ha habido un pronunciamiento de la Procuraduría, y también una resolución de la Sala Constitucional, es difícil para uno si me estoy refiriendo para una u otra nota, es más fácil hablar, sobre la generalidad. Dije que uno de los directores era Mora Protti, y yo entró en diciembre del 2007 como director y constantemente se debía estar viendo que contestaba Mora  Protti, para seguir la respuesta.  La idea era no solo con este plan regulador sin con todo las municipalidades del país se le planteo la necesidad de estar publicando los planos y documentos para que no perdieran eficiencia y eficacia. Actualmente hubo otro sobre el mismo tema sobre un plan regulador en nombre de Jesús-Sancotillan, en Santa Cruz de Guanacaste, sobre el cual se plantea el tema de zonificación y lo que publica, lo que resuelven es que antes de anular un plan regulador, porque es peor el daño, que se puede causar a la comunidad. Es mejor que se resuelva la falta de eficiencia, publicando los documentos, el plano. Cuando no hay un plan regulador en una comunidad lo que queda la ley de Planificación Urbana, el reglamento de construcción pero es tan general que las municipalidades no pueden decir sobre el desarrollo de un proyecto, por lo que el plan regulador por precepto constitucional, es precepto de las municipalidad. No recuerdo con claridad, pero pude haberlo hecho. No recuerdo (folios 37 y 38, digitales folio 2 del legajo de prueba número 1. también se encuentra en documentación varia, documento 027 el archivo) si es mi firma, en el documento digital, si el plano que creo que se publicó en el 2005 y 2007, en la Gaceta,  lo vi generalmente, es un plano de zonificación, para poderlo recocer tendrían que entrar a un análisis comparativo del plano que consta en el archivo del INVU. Si sé que es una imagen raster de un plano se saca de una fotografía, era de una imagen que se pueda sacar de un plano que e digitalizó y se  copió de una imagen que venimos, son mapas de los años 80 y 90 no digitalizados estaban físicos se estaban pasando digitalizado para una mejor custodia de los mismos. En términos generales el plan regulador de Cañas el plan regulador de Liberia y me parece el de Santa Cruz y Nicoya. Sobre el grupo real Vaymasa, se general, por la revisión que hice de la documentación, en ese momento no estaba yo como director es general, que haga una consulta. Si un poco que venían consultas de la municipalidad, mi recuerdo viene de las dos cosas de lo que recordaba y de lo que pude leer, y no hoy, sino la semana pasada que se me suspendió el jueves, no recuerdo nada, una generalidad de una consulta que se hizo al INVU, como miles. Con respecto a estas municipalidades de Guanacaste, que han hecho planes reguladores, su respuesta la reacción para acatar lo que solicitan no me recuerdo. No tuve que ver con la remodelación de la estación de gasolinera Ulate  Ulate, porque el INVU solo visa lo que tiene que ver con construcción según lo estipula el artículo 10 inciso 2 de la ley. Si hay diferencia y está en la ley urbana y reglamentos, y además de esto en los planes reguladores se establece unos mayores que otro, ustedes pueden plantear el plan regulador no es meseta, no es igual el de San José y los Chiles, debe abocarse a las tendencias del desarrollo, algunos si viene definido el tipo de industria. En los reglamentos si se pone el tipo, en ausencia del plan regulador se aplica el general. Si las estaciones de gasolinas, es general lo establece los reglamentos que estable el artículo 21 de la ley, como son actividades, mucho más puntuales, de su uso detallado, el que tiene reglamento es la ley general de salud, sobre industrias y las clasifica y ahora entre molestar, insalubres y tóxicas sobre todo del Ministerio de Salud. De acuerdo con lo que conozco esta publicación el plan regulador está tipificado por la ley, se tendría que hacer, en la Gaceta. No puedo decir la fecha del voto de la sala. El INVU hizo el plan regulador de Tilarán, en la década de los 80. No recuerdo que el plan regulador que hizo la municipalidad para Tilarán se indicó sobre gasolineras,  porque cada regulación es propio de cada jurisdicción y si es hasta condicionado aspectos, no perdamos perceptivas que tiene objetivo ornado. No recuerdo si decía. El certificado de uso de suelo, el plan regulador realizado por el INVU, es obligatorio para construcción de una estación de servicio, el certificado de uso de suelo,  en aquel tiempo no, y lo da el INVU en ausencia de un plan regulador y en el momento que este en vigencia, entra. si hay un uso para tener asesoría técnica del INVU así lo estipula, Es igual ahora el servicio de funcionamiento del Ministerio de Salud, primero el certificado de uso de la municipalidad, o que el concejo de la municipalidad o municipalidad se lo pida al INVU e cumplimiento del plan regulador para 1980 no era necesario publicar planos, el requisito era el cumplimiento del art 17 de la ley urbana, en ese momento en años 80, el obtener estudios técnicos, obtener el plan de urbanismo si hubiera hecho por la dirección de urbanismo, elevarlo audiencia pública y publicar el diario que sea la Gaceta.  El uso de suelo para Tilarán se tenía que aplicar el plan regulador. Los planos de zonificación le correspondería dar la orden, luego que nosotros ordenas la orden a la municipalidad de publicar, una cosa es aprobación del plan y otra publicación. La publicación de los planos de  zonificación, le corresponde en la municipalidad quien tenga poder. …” 9.- YOLANDA  VARGAS MURILLO cédula de identidad No. 5-186-417, vecina de Tilarán centro, vive de la catedral de Tilarán 200 metros al este, es ama de casa, es hipertensa, se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y narra: “Tengo dos hijos, Clarisa una con síndrome de Down y otro con síndrome de Asperger, venía con neuralgia. No tengo problema de oído solo cuando tengo neuralgia. No soy amiga ni enemiga de Joel Arias Ortega y de Emanuel, pero si tengo un resentimiento fuerte con él porque hizo algo serio y delicado y jugo con los sentimientos del hermano mío, y Marco Porras Cordero es un hombre burlista, se burló de mí. Paso una situación en el 2003, tengo un hermano Carlos Adrián Vargas, mi hermano me visita con una frecuencia. En el 2003, unos meses antes él venía con la ilusión muy fuerte de hacer una obra en Tilarán y estamos entre 20 a 15 mil habitantes y sólo hay una bomba. Mi hermano se ilusionó con hacer una obra en Tilarán, más que la otra bomba, súper vieja, pequeñita y sobre una urbanización de casa Entonces compra un lote al inicio de Tilarán al frente de un restaurant Aromático y hay dos talleres. Él compra el terreno con un yerno, y me dijo que le gustó mucho que hay que trabajar mucho, para emparejarlo, que va hacer una obra, y que lo hace para ayudar a la gente, que Tilarán ha crecido mucho, que si pasa algo con la otra bomba. Ellos piden permiso a la bomba de Tilarán, hay que sacar permiso, en la Municipalidad de Tilarán y el ingeniero Porras dice que no hay plan y que debe pedirlo en el INVU. Él hace gestiones en el INVU, y le dan el permiso para hacer la bomba. Comienza a invertir del dinero que tenía, más socio, planos, huecos, invertido 200 millones de colones. Cuando llegó a la municipalidad de Tilarán y le paran la construcción y comienza una problemática seria y a mi hermano se le había terminado el dinero. Tuvo que hacer un préstamo al Banco Popular. Él no se imaginó semejante barbaridad, porque él estaba ejecutando permisos de talleres metidos en habitaciones. De hecho, el señor Rafael Herrera Conejo, compra un terreno en mi casa 2005, y comienza en forma extraña, en una navidad, el señor comienza a escavar y hace una fosa, y queda con los dormitorios de mi casa. Yo voy y resiento del ingeniero Porras, voy con mi empelada y voy a preguntar, a la municipalidad de Tilarán en parte de Ingeniería, y le digo vea necesito saber que está haciendo Felo e hizo una fosa, en navidad cuando estaba cerrado la municipalidad y dice, eso es para que se bañe Felo, (a Rafael Herrera le dicen Felo). Nos quedamos asustadas. Antes de llegar el dinero tuve que trabajar mucho, mandar las cartas a la municipalidad pidiendo al ingeniero Porras, que le diera recibido. Me dijeron que hiciera una carta, después de la contestación hice una carta decente, de qué van hacer allí. La llevo al Ministerio de Salud, otra, como no me quieren contestar, llamo a la Defensoría de Habitantes y saco una cita, y me da una cita con Don Marvin Alpizar, le cuento mi situación. Me dijo esperemos un mes, sino me va  a llamar. Al mes me contestaron que era para hacer una verga el señor Felo, el ingeniero Porras, me contestó, y un servicio sanitario al fondo. Eso fue lo que contestó, me quedé pensando, me dice Marvin Alpizar mándenme una fotocopia, y el señor Felo comienza hacer unas paredes y comienzo hacer una tapia. Mi solar mide 1.70 medido por la jueza de Tilarán, don Marvin intervino para ver si está cerca y vio y ellos me ayudaron de cierta forma. El señor Felo hizo un lubricentro con taller. Llegó a investigar Marvin Alpizar, el ingeniero de Liberia, Narváez, y lo clasificó como una industria formal, eso fue en el 2006, la soda la hacen con el lubricentro. Cosas extrañas y curiosas el señor Felo es íntimo como hermano del señor Jovel Arias, el alcalde de Tilarán. Porque mi casa está a la pura par de la casa de don Felo, hay un corredor pequeño donde se sientan, don Felo y Jovel a conversar. Cuando terminan don Felo le hizo dos asados al señor Jovel y al ingeniero Porras, llevaron música y le dieron las gracias, por ayudar a construir el lubricentro Rafael Herrera Cordero. El lubricento es de la señora Chela, y si pasan las vagonetas y wagon, y al tener la casa así, cimbra la maquinaria y dormitorios y no dejó distancia. Tengo conocimiento que en el Colegio de Ingenieros  se tiene que dejar 7 metros, mi casa está en zona residencial y esta la escuela principal de Tilarán. La zona es residencial cerca de mi casa, y  está otro taller, el del señor  El Nica, es de enderezado y pintura y hay casas. Está mi casa, el lubricentro don Felo, que coge casa y cocina, otra casa, y sigue el taller del señor El Nica y otra casa, está en la misma urbanización. Al frente de don Felo hay una bodega extraña de las eólicas y sigue otro taller. Si cerca de mi casa hay un taller que reparan llantas, donde don Rafael Herrera Cordero, porque mi esposo en un momento llevó los carros en una ocasión así. Si al señor Felo, le dieron un uso de suelo en el taller que él levanto, porque a mí me lo ponen por escrito. Si hay un expediente de don Rafael Herrera Conejo en la Municipalidad, si yo tengo las cartas y se pueden comunicar con Marvin Alpizar. Si, a ellos les dan permiso de construcción, yo lo tengo, hice un libro. Tiene papel pegado en la pared del Ministerio de Salud que cumple con todos los requisitos. Esas copias que tengo del expediente si están certificadas. Allí están sucediendo cosas extrañas, lleve a la municipalidad a declarar y lleve el 18 de diciembre del 2015 llegan, que transporta combustible, están haciendo abuso y se puede quemar mi casa. Detrás del lote de mi hermano, cuando lo quiere comprar existe el edificio de la Cámara de Ganaderos, ahora está Gollo. Detrás de la bomba está el taller en el 2003, de Grettel, el hijo de ella tiene el taller trabaja bien. Se dedica a enderezado y pintura. Ese taller limita con la bomba que tiene mi hermano. Tiempo atrás del 2003, existía el taller de dos años y medio atrás. Si existe cerca algún tipo de bar del señor que le dicen Gayo, él tiene marisquería y venta de licor. El bar lo levantaron hace aproximadamente dos año, tiene mucha clientela. En Tilarán que haya una sola cuadra, de industrias no casas, o solo casa y no puede haber comercio, en Tilarán lamentablemente no existe eso. Lomas del sol, que es lo máximo, a la entrada y 20 metros está un taller, al fondo, donde vive la juez Xinia Herrera, hay taller de los señores Arias que hacen portones y vergas. Si conozco la urbanización Linda Vista alias Lorenzo hay un taller, de máquinas de madera que hacen mucho ruido, más o menos donde vive el licenciado Ruiz. Hay oficinas y de contabilidad, hay soda diagonal que es la bomba nueva, porque hubo un conato de incendio. Esa soda, no sé cómo se llama.  A la par de la soda lo que existe, hay una veterinaria y venta de alimentos, y Diagonal hay otra venta veterinaria tiene como dos años. El conato de incendio pudo haber ocurrido, aproximadamente a principios del 2007, en marzo, nos afectó a los habitantes en Tilarán, nos dejó sin bomba. si esa bomba tuvo que cerrar dos meses y medio, estaban herrumbradas las cosas, quiero aclarar esto hay algo curioso, conozco a la hermana Ulate, El dueño de la bomba, es sobrino político de mi hermana, que esta casa con doctor Ulate, se dice que le pagó muy bien a Jovel. Rafael Herrera Conejo, si ocupó al esposo de la licenciada Ana Cecilia Cruz, que trabaja para la municipalidad, para la defensa. Pero cuando estaba más y mejor el problema mío con el taller Felo, el abogado fue el esposo de la licenciada Ana Cecilia cruz que creo que está en esta sala. Si está aquí. A ella se le pidió por escrito que no interviniera y ella intervino, y esos documentos constan en el expediente, y estoy segura porque se le pidió y ella lo hizo. Teníamos que ir a cañas a echar gasolina, porque no dejaban a mi hermano trabajar y limitarnos a usar el carro,  10:07, de la estación vieja queda la casa de Gerzan Cerdas, queda, el Kolbi o el ICE. De la estación vieja, la bomba vieja esta de la escuela vieja de Tilarán está a 180 metros. Ahora está el colegio Santa María de Comboni. También está el taller Varela, limita, lo que hace son portones, vergas, extractores de grasa para restaurante, y canoas. El esposo de la licenciada que está aquí es José Luis Villalobos, recordé el nombre. El plan de Tilarán, el plan regulador de Tilarán fue hecho tantos años, porque está obsoleto, el problema es que no tiene ubicación ni permiso de nada, pero sin embargo, es el INVU que tiene permiso para regular las cosas y ellos ponen algo obsoleto y se le pone encima a las gente. Ese plan no se publicó en Tilarán y entiendo que en la Gaceta tampoco. La obra de mi hermano estuvo paraliza más de un año. Sí claro aprecié afectación anímica de mi hermano, fue algo muy serio, porque somos una familia antigua, mi hermano es una persona que en Tilarán ha sido querida respetaba porque tiene finca que se llama Casablanca tiene caballos que ha ganado premios a nivel nacional y va al campo Ayala, en Palmares, Santa Cruz, San Carlos. Cuando se viene el problema que le paraliza la situación cae en situación fuerte, (llora). Porque él ha sido un hombre fuerte, se ponía con lágrimas afuera nos contaba a Jorge  y a mí, lo más fuerte es la deuda en el Banco Popular, más de 200 millones, estoy pagando más de 8 millones al mes. Estoy vendiendo ganado no puedo quedar mal, él y su socio. Por un tiempo no salía, solo iba a mi casa (llora) Nosotros hemos visto a Monseñor Morera vive en Tilarán lo veíamos como un segundo padre, por la desmoralización y le decía vea como me está dejando esta gente. Se puso pálido, demacrado, le decía Cayán, no les dé gusto, llévele la contraria. Obviamente a que si le afecto en sus hobbies, en exposición de caballos. Carlos Adrián se fue abajo con la exposición de caballos, totalmente. El proyecto de la bomba de él si incluía locales, para alquilar, ellos habían hecho. Si al final, pudieron abrir la bomba, mucho tiempo después. Ellos en el 2007 a finales pudieron abrir. No Carlos Adrián no pudieron alquilar los locales, jamás, porque mis amigas me contaban que era un problema meterse allí, porque si llegaba la municipalidad y cerraba otras, vez, que hacían. Porque si uno alquila, soda, tienda y cerraba, todo mundo estaba atemorizado, en cualquier momento lo podían cerrar. La estación de combustible, hoy en día si sé que se vendió, por Carlos Adrián y el socio. En el tiempo que el abrió antes de venderla si hubo afluencia de gente, obviamente, ahora llega una cantidad de carros. En el expediente en lo que me resolvía, en algunos me mencionaban el plan regulador, la municipalidad. Sobre un cobro de dinero a Carlos Adrián cuando yo estaba en los problemas más grande del lubricentro don Felo, busqué un abogado y escogí al licenciado Ruiz, porque fue compañero de mi hermano, mi hice clienta del licenciado Ruiz, en el 2006, para que me ayudara. Don Ruiz, muy amablemente, llega y me dijo que sí me podía ayudar hacer las cartas correspondientes, porque estaba haciendo mal la municipalidad con migo a la par de mi casa, con dos niños, con Asperger. Luego le pagué, y tuve un choque con mi carro y no tuve la culpa, me pegaron por detrás. Había confianza nos conocíamos de antes, y me dijo: dígale a su hermano Cayán que le dice las cosas que le gusta o no, que si él me paga 4 millones a mí, y después, yo le digo cuánto a él, 17 millones, le paso el problema, porque yo mando en a la municipalidad.  Le dije cómo que manda el Concejo, y me dijo si aunque no lo crea yo lo mando. Le dije usted hace bromas, y me dijo no Yolanda, yo lo mando, vaya, y me dijo usted se va a fijar como yo lo mando. Fui apliqué concentración fuerte. Él me dijo yo me siento en la banca de atrás, porque me gusta mandar todo, lo más impresionante, es que manda en verdad todos los temas se los manda al licenciado Ruiz. Hay un receso en la Municipalidad en la sesión. Eso fue en marzo, venía semana santa, que paso allí, del 2007. Entonces en el receso yo pasé, nos tenemos confianza, y le dije es cierto, licenciado usted manda, (hace gesto que golpeo en hombro con la mano) venía Semana Santa y los señores dijo que hacemos, el grupo, hablaban el Concejo Municipal que se sienta al frente. Comienza a tomar los temas de interés. La base de la pregunta es que al licenciado Ruiz le hacen caso, hasta la fecha de como sesionar, porque a los 10 días comenzaba la semana Santa. Después de eso, yo ya me tocaba ir a donde don Ruiz, me dice, Yolanda que le pareció la sesión, diay muy bien, y le dije usted manda, por lo que dije que si Cayán pone a bajo ese carácter, me da 4 millones y luego yo le digo los 17 millones, le pasan el permiso, sino está listo Cayán, yo se lo digo, voy hablar con mi hermano. Se lo digo a mi hermano Cayán pague ese dinero le sale más barato y de salud, pague el dinero que hace el señor y pasa. Mi hermano me contesta a mí, es un robo, lo que me están haciendo es una estafa, no se da en cuenta el pecado que está haciendo conmigo es rarísimo. Mi esposo le dijo, cayán evítese un problema.  De la herencia de mi esposo, mi esposo escoge el señor Ruiz para que lo ayude con la herencia, y le dice que pase por él y le dijo a mi esposo estrictamente lo mismo, lo sé porque mi esposo me lo contó yo soy la esposa de él. Yo me voy donde Ruiz, para otra casa a| mandar a la defensoría, y llega el señor Ruiz, me dijo yo ocupo los  mapas de la zona de urbanización de Tilarán, le dije usted los tiene que tener, y me dice vaya a la casa, y mi esposo dice venga a la casa. Me había dicho otra vez lo del tema, 4 millones, 17 millones, era cansado. Me voy a la casa y traigo donde está supuestamente las urbanizaciones de Tilarán, donde está mi casa y de mi camino, veo a Cayán y paró. Llegó y le digo, por favor no sea tan orgulloso, vaya hablar con el abogado es la última vez, hágalo por mí, mi familia, su familia, vea el asunto que Ruiz quiere, Cayán se va detrás de mí. yo llegó al corredor del licenciado Ruiz, pensé que iba a pasar y me dijo que no. Me manda que si ve a mi hermano que le diga, entró mi hermano  conversó con Ruiz y yo quedé en el corredor. Carlos Adrián Vargas, no le pagó el dinero que pedía, jamás, dijo que era un robo. En esa época la bomba estaba paralizada. Si conozco al policía Eduardo Ramírez, fue jefe en Tilarán, si el interviene en mi casa con el asunto del taller, que tenía que hacer un acta, si claro le comento a Eduardo Ramírez con el problema que tengo con el taller Felo. Si existen otros negocios, no Méndez, un taller que no sé de quién es, hay otro lubricentro metido en casas, se llama barrio San Antonio. El Colono si está cerca a la par de Aromático.  A la fecha don Carlos Adrián está afectado con el problema de la municipalidad. De Aroma tico al Colono hay 20 metros porque hay como dos a tres casas, después siguen más casas. La Dos Pinos, queda del Colono, aproximadamente 40 metros. La Municipalidad no ha cerrado un establecimiento como de mi hermano, ellos dan permiso a las personas. El licenciado Manuel si sé que hablo con Carlos Adrián, fue rápido, no lo sé, yo quedé en el corredor, fue lo que mi hermano me dijo que él le había repetido las mismas frases que me dijo a mí, que le había cobrado 4 millones y 17 al final. Yo me quedé esperando, le digo Cayán, se llama Carlos Adrián, me dijo que no, ese carajo me quiere robar, eso es una estafa, yo cogí el caro y me fui a la casa y él se fue. Esa reunión sucedió, más o menos como a finales del 2006 a principios del 2007. El problema de mi esposo que fue con el señor Ruiz, fue como 3 a 4 días de haber ido a esa sesión. La fecha del cierre de la municipalidad de mi hermano, formalmente en el 2007, después habían interrupciones, cuando estaban en el proyecto, llegaban y paralizaban así le hicieron varias veces.  El socio de Cayán se llama Luis Armando Mejía, sí sé que él tuvo conocimiento del cobo de dinero, porque él es yerno de mi hermano. Luis Armando dijo que no estaba de acuerdo. La casa del licenciado Emanuel Ruiz, él tiene un problema tiene varias esposas y tiene otras casas. La casa que vive con la esposa Ligia, a la primera, conozco a doña Ligia que trabaja en el EBAIS de Tilarán, allí iba yo. Cuando yo iba allí tenía la oficina. En la sesión don Ruiz se encuentra de mí, de aquí a las sillas (las señala). Ruiz no tenía micrófono tiene característica el grita, pero se escuchaba perfectamente. Fui a la casa de Emnanuel Ruiz al cumpleaños de una nieta de Ruiz, un ratito pequeñito con mi hija Clarisa y me fui, tenía otro compromiso. La fecha de ese cumpleaños no la recuerdo, a principios de año, del 2007, ya había ido muchas veces, no recuerdo como se llama la chiquita fue hace 9 años, la mamá se llama Nancy, al frente del taller de los hijos de Gretty, hay casas, allí vive el ingeniero Murillo, don Alfonso, hay cuadras, es un bajantes, en esa parte de Tilarán. Hay  2 cuadras. Si vecinos de Tilarán se opusieron a la construcción, no porque las damas voluntarias estaban alegres, porque había dos bombas. Excepto la municipalidad de Tilarán se oponía, no sé en cuanto se vendió la bomba. Los que pidieron permisos para la bomba, fue mi hermano Cayán, el ingeniero Porras le dijo que no existe el plan regular, se lo menciona a Cayán, si me consta. La estación de servicio de Cayán si estaba en zona residencial, es extraña, porque en Tilarán se revuelve lo residencial. La municipalidad dice que es zona residencial, hay  muchas casas y talleres. En el proceso de construcción la estación de servicio, la rotulación a Carlos Adrián no lo dejaron funcionar, él no pudo, en casa se estuvo discutiendo el nombre de la bomba, si pusieron un rotulo de MEYVASA Y VAYMESA, no pudieron poner el rótulo, actualmente le pertenece esa estación de servicio, escucho que es un señor empresario que tiene buses de San José Tilarán, Tilarán -  Cañas, tiene bombas, él es originalmente de Turrialba. No ahora tiene Grupo Total, ahora tiene nombre del señor que lo compró S y M, cuando se compra la bomba, antes de que mi hermano la vendiera, si ellos tuvieron un tiempo limitado y pusieron total, a finales del 2007 principios del 2008. Si ese grupo total hizo una inversión en el 2006, jamás, en el 2007 mi hermano me contó que lo tenía alquilada a ese grupo Total 6 millones y él tenía que poner 2 millones más para pagar, el resto. Si a la hora de vender el ánimo de mi hermano no cambio sigue él deprimido no es el mismo de antes. No sé si mi hermano planteó otro caso judicial. Si declaré en la fiscalía de Cañas, lo mismo que hice aquí, nada más obviamente, hace 9 años, el ser humano cambia su vocabulario, su vida, todo ser humano evoluciona en transcurso de 9 años. Jamás inmediamente no volvimos allí Ruiz, después de ese día no volvió, yo fui hable con Marvin Alpizar y se pasaron mis papeles a San José, mandaron recomendaciones formales, que paredes gruesas, fosas, suspensiones de los carros, nunca se ejecutó, porque Felo es amigo. El señor Alpizar es el jefe de la defensoría de habitantes de Liberia. No contrate otro abogado, meterse con esta gente es que les pagan y no tengo dinero. Don Jovel va donde Felo y dicen que es socio no es. Solo esa vez mi hermano fue donde el señor Ruiz. No estuve presente en la conversación de Cayán con el ingeniero sobre los permisos porque él me contó…” .- JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ HERRERA Cédula de identidad No. 1-877-167, vecino de Tilarán, trabaja en la Municipalidad, como coordinador de Hacienda Municipal, se le juramenta y advierte sobre del delito de falso testimonio y dice: “Si conozco a Jovel Arias, si es amigo, compañero de trabajo, conozco a Emanuel, no amigo ni enemigo. Marco Antonio es conocido y amigo. Sé que hay acusación por prevaricato contra Jovel como Alcalde, y hay una indemnización que se está pidiendo de daños y perjuicios de grupo Real Meyvasa. Las funciones del 2003 al 2007 en la municipalidad de Tilarán había sido nombrado como coordinador, tenía la coordinación de las actividades del proceso de Hacienda Municipal, dentro del sub proceso de administración tributaria. Se encuentra la parte que tienen que ver con el otorgamiento de patentes comerciales. Sí señor,  el Grupo Real Meyvasa hizo gestiones, en el 2003, pretende el uso de suelo. La municipalidad se divide en dos partes desarrollo y control urbano, y es denegado porque la actividad que se pretendía desarrollar estaba ubicada en una zona residencial según el plan regulador. No era acorde de la zona que se pretendía, según el mapa de zonificación era una zona residencial. La sociedad una vez que se deniega, empieza un proceso de apelación. La negativa se hizo por escrito y fue apelada, se plantea un recurso de revocatoria según el artículo 162 del Código Municipal, y la fundamentación era de oportunidad y conveniencia. En ese momento se discutía no la ineficacia del plan, sino el plan regulador por obsoleto. En ese momento no se usaba el término de ineficacia sino de obsoleto, y se considera que no es procedente, en alzada lo resuelve el alcalde que igualmente lo rechace y el proceso llega al Concejo Municipal,  que es jerarca en materia administrativo. El Concejo acoge el recurso y si otorgó el uso de suelo. El Concejo Municipal no preciso en que año resuelve, la solicitud de certificado de suelo, que plantea la institución Meyvasa fue rechazado en el 2003. Los vecinos apelaron y se plantea ante el Contencioso.  En un momento similar el Grupo Real Meyvasa, plantea un recurso de inconstitucionalidad, había cambio de abogado, el licenciado Alvarado Vargas, plantea diferente y la Procuraduría General de la República plantea que había un asunto de eficacia del plan según ciertos requisitos de la ley de planificación urbana.  A raíz que el Contencioso, denegó el uso de suelo que había dado el Concejo y anula el proceso. Apareció la figura de ineficacia y el acalde municipal en abril del 2007 otorga el uso de suelo, con eso la compañía inicia gestiones y continúa ante el Ministerio de Salud para obtener el otorgamiento de permiso sanitario de funcionamiento y de combustibles. Y la Dirección de Combustibles, le dio un permiso de MINAET, que es dependencia del MINAET, cuando logran concretar los requisitos de patentes, el 5 de noviembre del 2007, se otorga la patente comercial, porque reúne los requisitos. La Municipalidad le otorga la patente, para que pudieron operar a partir de esa fecha, eso fue el 5 de noviembre del 2007, fue una resolución mía. Posterior de eso el Tribunal Contencioso anula, ante gestigon de los vecinos y los vecinos solicitan a la Municipalidad de Tilarán que tanto el tribunal contencioso anuló el uso de suelo y de construcción solicita que se pare. Se hizo un análisis a nivel interno de la Municipalidad, ante la duda, por una resolución del Alcalde, se dispuso que no se iba a suspender hasta que los Tribunales resolvieran, en difinitiva la situción y ha estado funcionando hasta la actualidad, la patente salió a nombre del Grupo Real Meyvasa, pero la actividad laboral salió, la explotó Total Petróleo Costa Rica. Porque las declaraciones de patentes son presentadas por grupo Total de Costa Rica, que los patentados presentan a la municipalidad. Eso fue hasta el último trimestre del año 2015 que hubo una transacción no preciso de venta, y que una nueva sociedad ChacSol, que aportó las patentes para explotar el local comercial. Desde el 2007 que se otorga la actividad de patentes, no se ha visto interrumpida la actividad comercial. El certificado de uso de suelo, lo plantea la sociedad en el 2003, y se le deniega, ante la oficina de Proceso de Planificación Urbana y Control, u control local. Ese proceso estaba a cargo del arquitecto Marco Antonio Porras Cordero, lo denegó originalmente el arquitecto Porras. Posteriormente la apelación en subsidio fue denegada por el señor Alcalde Jovel Arias. Se discutía que el plan estaba obsoleto, fue cuando se dio la solicitud del Grupo Real Meyvasa, anteriormente no se hablaba que estaba o no obsoleto, es a partir del 2003.  Antes del 2003, el plan de regulación y Zonificación de Tilarán se estaba aplicando, fue a partir del 2001, que se dio una restructuración tuvo un funcionario a cargo del área de desarrollo urbano y local. El plan regulador fue generado en 1985, yo para esa fecha no estaba en la municipalidad. La noción que se tenía en el 2003, era que el plan era obsoleto porque el mismo una de las últimas páginas se establecía, no sé si es vigencia hasta el 2003. Ese plan si tuvo publicación para vigencia, lo que he recuerdo que la publicación del plan de zonificación fue en el 1985 y del mapa de zonificación después del 2003. Si hubo una publicación, no conozco actuación de la municipalidad para ampliar la vigencia del plan. Si don Francisco fue regidor municipal periodo 98 a 99, también lo hemos consultado. Si él advirtió que era la obsoleto. El criterio obsoleto no preciso en qué fecha lo emitió el licenciado Castrillo. Si Castrillo alertó de la falta de eficacia del plan. El mapa de zonificación de Tilarán cuando yo llegué en 1997, en la oficina del alcalde municipal, coloca un mapa que se conocía como el de zonificación que se había publicado en su momento. Una cosa es la oficina de planificación urbana y otra es el proceso de Hacienda que tengo a cargo, yo no tendría que tener documentos de ese tipo, mi competencia es parte de patente, que si hay cumplimiento de los requisitos previos para el otorgamiento de patentes. Requisitos de patente comercial. El permiso de construcción, no tiene relación con lo mío. El mapa de zonificación estaba en la oficina del alcalde para consulta allí. Ese mapa original de zonificación yo sé que ese documento que se consideraba oficial del Instituto de urbanismo se había hecho publicación  de la imagen, si vi la publicación. No puedo precisar si correspondía en un todo a esa original. No preciso si esa imagen contenía la catedral de Tilarán, no preciso si contenía puntos cardinales, no preciso si contenía sobre hidrografía de Tilarán. La Procuraduría hacía referencia a falta de elementos del plan regulador de Tilarán. En algún momento se habló por parte de los regidores que se tenía dar un acuerdo para darle extensión, pero no sé si se tomó el acuerdo y se publicó, no sé si se aplicó el plan de regulador urbano antes del 2001. Desconozco si en la municipalidad se seguían las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional, ignoro. En primera instancia lo resuelve Marco Antonio Porras. Yo sé que en algún momento Marco hizo una consulta al IFAM y al INVU por escrito, no me consta que se consultó al licenciado Castrillo sea plan obsoleto o ineficaz. En caso de nosotros, existe dos patentes, comercial lo que establece el artículo 79 del Código Municipal. El pronunciamiento de la Procuraduría dice que el plan regulador es ineficaz, era un aspecto que conoció el alcalde, no me acuerdo si estaba don Marco, me parece que había otro arquitecto y a nosotros lo pasaban para patentes, comerciales. Desde siempre a nivel personal, me interesé por conocer del caso, porque sabía que en algún momento vendría la solicitud de patente de estación de servicio, y sabía que si no hubiera cumplido yo la hubiera rechazado. El plan regulador después del voto de la Sala constitucional se planteó que los criterios de uso de suelo se otorga según a la ley de Planificación Urbana, del de  construcción, del código de ambiente. No volvió a ubicar el instrumento como tal, en virtud de la declaratoria de ineficacia me refiero como instrumento al plan de zonificación, del mismo plan regulador. No me consta que se publicara que estuviera ineficaz, No me consta que ante la apelación de los vecinos el juez aclarara que el plan era ineficaz. En estos procesos judiciales, no me consta que se haya permitido que se trate de la ineficacia del plan. El Grupo Real Meyvasa, en procesos judiciales si tuvo algún tiempo de paralización de construcción, no me consta en construcción, si me consta en el otorgamiento de patente. Desconozco si tuvo paralización total. Ya construida la bomba si tuvo paralización la desconozco. Detrás de la estación para el 2003, está aún constado de parte posterior casa de los de Murillo, de Gretty Murillo que era parte de los accionantes, y Miguel Carranza. En el predio de Gretty Murillo no preciso que existiera un taller. Al frente de la estación al otro lado de calle, comercio una ferretería un restaurante y un taller de Mario Bonilla, se dedica soldadura. No preciso cuando emergió a la vida. Otro taller sobre la misma calle hay otro de Arnoldo Arce, también de pintura, no preciso la fecha de operación, si es el taller Fufy. Del taller Méndez de la bomba está a 300 metros al oeste. El Colono, el constructivo si sé dónde se ubica, de la estación de servicio está a 200 metros, el taller Bonilla, y Agrotila, sobre la carretera de 200 a 300 metros en colindancia de patios colindan los talleres con Agro tila. La Dos Pinos, está El Colono a 200 a 300 metros. El taller de Felo Conejo, es un lubricentro, de la catedral de Tilarán está a 200 metros, y de la casa de Yolanda Murillo y Alfonso, si conozco la casa, son 50 metros son propiedades colindantes. Si hay más talleres, el taller de Eliécer Fernández de enderezado pintura, una bodega de almacenamiento de componentes de refrigeradores, y otro que la patente está a nombre de marcela Zamora. No sé, en qué época emergieron, llegué a la Municipalidad en el 97 y ya estaba. El taller Felo si tuvo una ampliación, no preciso la fecha. Una soda cercana está continuo al negocio de oficina está el negocio. El taller Varela en Tilarán esta exactamente 75 metros al este del antiguo restaurante, y de la escuela está a 100 metros de la antigua es taller de hojalatería, ellos la construyen. La urbanización Linda Vista alias Lorenzo, si conozco, el taller Sauma. En la urbanización se dedica a reparación de componentes electrónicos, radios, pantallas, diagonal a la bomba vieja de Tilarán, lo que hay es una soda, y a la par un almacén veterinario, ya no es parte de la urbanización linda vista, es de las viejas de Tilarán. Cuando se otorga un permiso de uso de suelo se basa en lo que la persona va hacer o lo que el Ministerio de Salud, tenga, no eso se hace en base del arquitecto, la estratificación, antes era de una forma ahora de otra. Antes del permiso sanitario de funcionamiento hay un permiso que se estableció por decreto ejecutivo del Ministerio de Salud, previamente debe darse el certificado de uso de suelo y lo hace la oficina de planificación urbana. Una está asociada a la planificación urbana, y la calificación del ministerio de salud, está asociada a CONICIT. En el caso de ampliación de lubricentro de Rafael “Felo” Conejo, si la Municipalidad otorgó, es una situación particular, o estaba a cargo de patente. El caso es diferente, en ese momento cuando se solicita la ampliación del lubricentro Felo, originalmente lo había catalogado como industrial, el ministerio de salud, el señor plantea y por resolución de la ministra de salud, deja de ser catalogada como industria,  por eso obtiene el uso de suelo y hace las solicitudes para lo interno para uso de suelo. Cuando se emite el uso de suelo de la municipalidad, no me consta si había recibido el uso de suelo de la ministra. No me consta si la ministra reconoce que el plano es ineficaz. El bar y marisquería Wayo, es restaurante, si se vende licor, emergió no precisó es resiente, dos años. donde esta ese restaurante, de acuerdo al plano de zonificación no sé si es zona residencial, no preciso, al frente de estación Meyvasa no sé si es considerada zona residencial, son anteriores al plan regulador, eran parte del aserradero hace muchísimos años. Si tuvo un taller mecánico a Gretty, donde estuvo el aserradero. el edifico de la cámara de ganaderos de Tilarán están contiguo a Meyvasa. Al 2003, si estaba ese edificio no sé cuánto estuvo levantado, recientemente fue ampliado, funciona un establecimiento comercial de las tiendas Gollo, no preciso si es zona residencial. Quiero hacer aclaración coordinación de hacienda, no de desarrollo, no sé si es Gollo comercio mayor o menor. El sector de Yolanda Vargas, contiguo a lubricentro no sé cómo se cataloga. Si conozco un sector donde se puede encontrar casas, o industrias, en el sector de Tilarán, ejemplo lomas del sol, no hay comercio, ni talleres, no preciso cuando fue  levantada. En la urbanización lomas del sol, hace muchos años había intervenido una patente de pulpería, no intervine yo, pero no existe, una librería, no existe, donde hay es en la calle principal son lotes antes de la urbanización de Lomas del sol. De la estación de Meyvasa hacia abajo, siguiente ruta nacional, se dirige al cantón hacia arenal, el cantón san Carlos sigue. Meyvasa, para ir a cañas es al noroeste, 22 kilómetros. Para Monteverde la orientación es al suroeste y no preciso a qué distancia esta Meyvasa. Si hay afluencia de vehículos al frente de Meyvasa, en el año 2003, estaciones en el casco urbano, solo una y es esa gasolinera e de la sociedad ULATE ULATE, si estuvo cerrado, llegó gente de hidrocarburos. Si conocí en el 2001 el caso de cierre impulsando el plan de zonificación de Tilarán, no me consta. Los vecinos se opusieron eran de la urbanización Linda Vista, no puedo precisar cuántos cuadrantes. En ese análisis interno municipal el licenciado Ruiz no participó, no preciso si ocupaba un cargo en la municipal para ese tiempo. El arquitecto de Mario Porras era de desarrollo urbano, entre el 2002 al 2004, en sus funciones estaba el otorgamiento de uso de suelo. De la primera solicitud de uso de suelo que hace el grupo real Meyvasa, y que otorga no preciso. La oficina que laboraba es el mismo periodo, actualmente laboro en el mismo hasta el 2002, ejerzó el mismo cargo. No intervengo en los permisos de uso de suelo. Si otorgue la patente esa Marcial Zamora, y una autorización del hijo de Gretty si la otorgué yo. Las patentes de taller Bonilla y Bufy si las otorgue, no los preciso, los de Meyvasa tengo presente porque no generaron, en esa caso genero una problemática a nivel cantonal, la administración anterior se dedicó completa a la entrega del servicio. Yo iba recopilando información porque en cualquier momento iba a llegar a mi oficina la solicitud de patente, adelantando porque había criterios de criterios, y no iba a emitir una sin la suficiente fundamentación. Me interesaba era si tenía uso de suelo, no el procedimiento parte, el certificado no me interesa de uso de suelo, sino el certificado de funcionamiento que para otorgarlo era el uso de suelo. Tenía interés por cualquier momento que iba llegar a mi oficina, cuando el tribunal anula el permiso de construcción y ahí anulado el certificado de uso de suelo, los vecinos planean que suspendan la actividad comercial, y yo tenía que participar, porque había derechos de por medio y podría traer afectación, eso fue después de haber otorgado la patente. El 5 de noviembre del 2007, que se otorga la patente comercial de Meyvasa, si tiene importancia, porque los cuatro años del concejo municipal se gastaron en la…. Era un momento de fiesta para la municipalidad, la connotación del problema era tan grande porque nunca se había vivido una disputa de ese tipo, si tuve acceso a la acción de inconstitucionalidad en ese momento. Sobre los procesos contenciosos, en algún momento fui testigo de la municipalidad.  Si es una información pública el estar disponible el momento que se dieron las patentes a estos talleres, ignoro si se puede certificar si esos locales están por zonas…” .- OLGER ARTAVIA ARIAS, cedula de identidad No. 5-174-362, vecino de Heredia, en San Francisco de Heredia, previamente se le informa que de acuerdo con el artículo 204 del Código procesal Penal, se le informa que fue indagado el 21 de abril del 2008, en cañas, con presencia de defensa Pública. (Se suspende mientras se averigua) En presencia de la licenciada Seyla Meza Defensora pública de esta jurisdicción, se hace pasar y se le informa que tiene condición de imputado, sobre su derecho constitucional de declarar en el proceso, si declara lo que diga puede ser utilizado o en el proceso que se tramita en su contra, y dice “Por recomendación de la defensora pública es que me voy  a abstenerme de declarar y me pongo a las órdenes..- MANUEL DURAN LOAIZA, conocido como MANUEL ALBERTO DURAN MEZA, cédula de identidad No. 1-394-368, de 76 años de edad, vecino de Tilarán Centro, Barrio Buenos Aires, pensionado por el Magisterio, actualmente se dedica a la construcción de artesanía, se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y dice: Con Jovel, la relación es como parte del Concejo Municipal de Tilarán, como regidor, es desde el 2007 al 2010 y del período del 2010 al 2016. Manuel Ruiz lo conocí allí ingresé al Concejo y lo nombraron asesor de la Presidencia del Concejo. Con Marco Porras, es ingeniero no somos familia, no tenemos ninguna relación. Supongo que vengo a declarar porque cuando llegué al Concejo era el boom de los permisos Meyvasa. Actualmente en la Municipalidad de Tilarán, soy regidor suplente desde el 2007 acá fui reelecto. Fui Regidor a finales del 2007, a finales de marzo, porque sustituí a alguien que había renunciado, ahí. El señor Emanuel Ruiz, de acuerdo con el artículo 118 del Código Municipal él era asesor del presidente, de Presidencia. Él no fue miembro de la comisión de asuntos jurídicos porque para ser miembro primero debe ser regidor propietario y él no era regidor.  Entiendo que él no influyó para beneficiar o perjudicar al Grupo Real Vaymasa, para el proyecto de  construir la bomba. Entiendo que no, porque él lo que daba era recomendaciones y a veces se aceptaban y a veces no, porque no eran vinculantes. El licenciado Ruiz, él firmó un contrato con el presidente municipal, con la administración no tenía que ver nada, era un contrato privado, la única relación que supongo que tenía era el presidente, la parte administrativa, no, porque era de  la Alcaldía. No el contrato que el firmó no tenía beneficio de la carrera municipal, no porque era un contrato privado. Don Manuel, él está a medio tiempo, no sé de la casa o llegaba a sesiones a veces, él atendía al presidente del Concejo. Era medio tiempo, es media jornada, medio tiempo  para mí son 4 horas, de un horario de 8 horas, son 48, son 24. Emanuel Ruiz no tenía oficina específica en el contrato. En algún momento leyeron el contrato, lo leyó el Presidente, para que nosotros estuviéramos allí, para que nosotros viéramos que no teníamos que cogerlo a él, sino era asesor de presidente, no tenía, si él quería lo hacía o si no, no. Las asesorías que daba al Presidente eran verbales. Don Emanuel Ruiz, no tenía que asistir obligatoriamente a sesiones del Concejo. En algún momento participé en las sesiones en algún momento que presidencia lo viera necesario lo mandaba a llamar como asesor que asesoraba en duda, tampoco era  vinculante lo que él decía. Las Comisiones Municipales hay permanentes y especiales. Las permanentes son 3 regidores propietarios y las otras 2 regidores y un síndico, es personal mismo del Concejo. No tenía pleno dominio sobre las situaciones que el Concejo tomara, eran recomendaciones si uno quería la tomaba o no tomaba, o el mismo Eddie uno consulta al señor Castrillo, hace varias consultas y toma la decisión. Los Regidores que conformaba el Concejo eran 5. Hay votos por mayoría simple 3, y si no quedaba simple 4 o 5, pero de tres en adelante.  Eran 4 partidos que conformaban el Concejo, el PAC, Liberación Nacional, la Unidad y el Movimiento Libertario. Le pagaba a Emanuel, eran partidas especiales según el artículo 118 del Código Municipal, lo pagaba la Municipalidad con el presupuesto municipal. A finales de marzo, es que un regidor renunció, yo estaba en el Tribunal Supremo de Elecciones como suplente, ellos mandan el acuerdo del Tribunal en enero y hasta que se me juramente, puedo ingresar como regidor suplente. Cuando yo llegué Emanuel, ya había sido contratado, no sé quién estaba anterior a él, como 15 o un mes antes de ingresar. El contrato de asesoría del señor Ruiz al Presidente, no, no se establecía horario. Las condiciones laborales era que era asesor, que iba  a asesorar a la presidencia, no había horario, también había situaciones de cuando terminaba y comenzaba el contrato y otras cuestiones generales. De dietas no, sólo los regidores, no lo recuerdo que decía el contrato. Yo no estaba si él fue juramento, yo no sé, yo  no estuve. En las sesiones de Asuntos Jurídicos si estuve presente en algunos, a inicios del 2007. En esas sesiones en algunas estuvo presente el señor Ruiz, no en todas. En las que estuve, lo llamó como asesor el presidente que correspondía. Si en las actas referenciales a los asuntos  jurídicos, si se llamaba al señor  Ruiz, quien lo llamaba era el presidente,  en las actas, no nos damos cuenta si los citaban o no en las actas. Me parece que en algunas él aparecía como asesor de la comisión, cuando él existió, depende de quién tomara el acta. No llamamos a Ruiz. No, él solamente apareció en sesiones. No sé si  Ruiz, se le daba un código al puesto. El contrato se hace el primero, todos los años, es una decisión del presidente del 1 de enero al 31 de diciembre, es por un año nada más. El artículo 118 del Código Municipal al Presidente lo facultad, para hacer un contrato privado. Sobre el plan regulador de la Municipalidad de Tilarán, el estado a mí me correspondió ser parte de la comisión de conformación del plan regulador del cantón. En algún momento me tocó ver que parte de eso, qué parte era funcional o no. Lo que a mi concepto, el plan regulador anterior, era nada más para la periferia no para todo el cantón, era eficaz, así había sido declarado, no había nada en la parte legal, que hubiera  dicho que era ineficaz, se hace comentarios, pero no hay nada legal que diga por esto y esto. Lo que sí es obsoleto que es una cosa diferente, para mí era ineficaz pero obsoleto. Fue del 2010  en adelante forme parte de la conformación del plan. Es obsoleto, porque nosotros queremos uno que abarque todo el cantón, debe ser el plan regulador integral y ese era parcial. Para adoptar el plan, no sé si publicó el plan. A finales de marzo y abril del 2007, empecé. No estando como regidor si se publicó el plan regulador, yo del plan regulador no sé lo único me interesé fue por uno integral y que parte de ese servía o no servía, no sé si hubo necesidad de publicar algo. No lo recuerdo, si, en el año 2007 se publicó, el alcalde con sesiones con parte para publicarlo. Es mucho tiempo son situaciones específicas es imposible recordar si viera la sesión del acta que participe. En esos dos períodos, si se ha tocado el tema del plan regulador, si yo me acuerdo cuando unos vecinos llegaron porque estaban opuestos a la construcción de la bomba y allí, y ellos llegaron y algo se dijo de esto, que estaba publicado que no estaba publicado, que se tenía que publicar, pero no me llega hasta allí la mente. El lote contiguo de Meyvasa había un árbol, muy lindo un Higuerón. Está el Gollo de este lado, era la Cámara. Y no me acuerdo del otro. Detrás de la estación Meyvasa, tendría que ubicarme usted, detrás donde está la Cámara. Al frente de la carretera al frente de la estación Meyvasa cuando comenzaron a construir estaba la ferretería de Felipo y abajo, no sé en qué período se construyó lo que estaban allí, me acuerdo de un alcantarillado y había un relleno, luego construcciones y no sé porque se hicieron, no me acuerdo. Diay no sé, en el acta debe estar el nombre mío todos los regidores, tienen que estar, si viera el acta de una sesión Municipal, si la viera, diay no sé, posible, no sé. Si viera el nombre mío en la sesión concreta, el contenido posible lo podía reconocer. No recuerdo que en algún momento la Municipalidad haya mandado a publicar a nivel general en La Gaceta el plan regulador. Si hay cuadras en Tilarán que no hay cerca, comercio o sólo casas o sólo taller, si es más de un kilómetro, en Buenos Aires en donde yo vivo sólo son casas y es un kilómetro y medio, es un sector. No sé otros sectores si hay o no. En la Municipalidad hacer cualquier modificación al plan regulador, actualmente, el Concejo Municipal nombra una comisión específica para eso, y esa Comisión hace recomendaciones pertinentes, pero el que aprueba o desaprueba es el Concejo. En el periodo que he fungido como Parte del Concejo Municipal, que si he tenido noticias de otro asesor de la Presidencia, bueno me dijeron no me consta que doña Cecilia ante de Emanuel, luego de eso al muchacho Alex Zamora, ya no va hacer de la Presidencia y ahora del Concejo. En el tiempo de Emanuel Ruiz como asesor de presidencia, era don Emanuel, solo él. " MAYLIN  MAYELA VINDAS  ORTEGA cédula de identidad No. 2-443-096, vecina de Tilarán, vende ropa americana, comerciante, se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio y dice: “…Conocida de Jovel, amigo de Emanuel, y de Marco Antonio, no tengo mucha amistad con él, no sé quién es. Fui ofrecida por un asunto de la bomba de Tilarán. Yo aproximadamente unos 4 o 4 años y medio vivía en el barrio del hospital, recuerdo esa época porque tengo 4 años de haberme ido de para ese barrio y fue antes de haberme ido. Yo tenía un negocito por la Clínica de Tilarán de ropa americana. La señora Yolanda Vargas era mi clienta, llegaba mucho a mi tienda a comprar edredones y cortinas que vendo. Llegó llorosa, porque ella se sentía mal, porque realmente lo que ella llegó a declarar, no era realmente lo que tenía que decir, y que había hecho una declaración falsa, que era contra Emanuel y ella estaba arrepentía de lo que había hecho, era amiga de Emanuel, y que él era buena persona. Yo le comunique a mi hermana Sandra, porque yo sabía que mi hermana tenía una relación más íntima con Emanuel Ruiz, y ella le comunicó a  Emanuel, lo que yo le había comentado. Y él me buscó uno o dos días después y me dijo que si lo que Sandra le había dicho era cierto y le dije que sí, y si para un futuro si yo podía atestiguar lo que Yolanda me había llegado a decir en el negocio. Yo ya vivía en el barrio San Antonio tenía una casa, y llegó a buscarme si yo podía ayudarle con esta declaración y por eso estoy acá. En esa conversación que tuve con Yolanda, ella me habló de una oficina judicial, no recuerdo si fue Cañas, pero no recuerdo, yo estaba impresionada por la actitud de ella, que estaba llorosa. No me dijo en específico que había declarado en contra de Emanuel, simplemente que había ido y se sentía mal. No me indicó porque persona fue forzada. Sí señor, si conozco a don Carlos  Adrián, si tengo buena relación con don Carlos, de amistad, somos muy buenos amigos. Si don Carlos Adrián, me pidió que fuera intermediaria con Emanuel, para asuntos de la bomba. En varias conversaciones serví como intermediaria tanto que le llevaba recados entre Emanuel y Carlos Adrián, lo que quería Carlos Adrián era que Emanuel fuera testigo en contra de  Jovel en el caso de la bomba, y a cambió él, de las pruebas que Emanuel, le diera le quitaba la demanda. Yo serví de intermediaria de los dos, y por esa intervención se reunieron en la casa de Carlos Adrián, más no sé. Yo tenía amistad con los dos, yo me di cuenta que se iban a citar, que iban a conversar, los dos me manifestaron que iban para la casa de Carlos Adrián. En el día de hoy de si tengo buena amistad con Emanuel y con Carlos Adrián ayer pasó por mi casa y me saludó. Sandra es mi hermana y tiene una relación más íntima con Emanuel. La relación que tuvo Emanuel con Sandra, ellos tuvieron un hijo. Emanuel es papá de un sobrino mío. No viven juntos, mi hermana se casó, está casada con el licenciado Corrales y en enero cumplieron un año. La conversación con Emanuel y Carlos Adrián yo recuerdo las fechas, porque me fui del barrio por un desalojo y marco la fecha que salió de ese barrio, viví en el tiempo que tenía el negocio y tengo tres años de vivir en la casa, estoy hablando de 4 años y medio,  2010 y 2011.  En esas conversaciones  no escuché que hubo una demanda de dinero. El interés de Emanuel era que Carlos le quitaba la demanda, y daba prueba, nunca me dijo que le diera dinero, ni que le diera las pruebas. No, el teléfono de Carlos Adrián Vargas, me lo sé desde hace años, y es el mismo todavía. No yo no  llamé ayer a don Carlos  Adrián Vargas para que me orientaba que tenía que decir en este proceso. Cuando  dije que era mensajera entre Carlos Adrián y Ruiz, no recuerdo cual fue el que inicio, hacer el mensaje a cuál. Si en un momento la señora Yolanda dijo que había mentido en que había declarado algo que no era cierto, pero no me dijo qué. Si tengo teléfono celular, tengo de dos líneas 84409905 y 89783105. Soy amiga de Emanuel Ruiz, el grado de amistad, cuando he necesitado de asesoramiento legal él me ha ayudado, yo hace 8 años tuve un asunto en Cartago que había comprado algo a Océano que ya había pagado, y me llegaron a cobrar, él me trajo  aquí. Me ha  ayudado, de alguno negocio que quiero hacer. No he sido consejera sentimental de Yolanda Vargas, no he sido amia muy íntima, de Yolanda Vargas, me invitó a la casa un par de veces a tomar café, con el padre Dengo fuimos a Arenal, con ella y los dos chiquitos especiales y las veces que fue al negocio y llevaba pancito y tomábamos café. Desde que me fui, no volvió al negocio, no volví a ofrecer mercadería. Ella el por qué me dijo eso, ella llegó en la tarde, tenía empleada en la mañana, ella llegó en la tarde, habíamos hablado de Carlos Adrián que tenían pleito con la bomba y ella llegó a contarme eso que había hecho esa declaración.  Ella lo que quería, más que todo era hablarme de lo bueno que era Emanuel y no contarme que fue a declarar sino el porqué se sentía mal con Emanuel Ruiz. No he visto mintiendo a Yolanda.  Mi negocio queda al frente de la Clínica, las oficinas judiciales, en Tilarán, está la alcaldía está a cuatrocientos metros. Yolanda no me dijo el lugar donde fue a decir esa declaración. La casa de Yolanda, queda de mi negocio a los 175 metros tiene un negocio que es una funeraria, ella llegaba contantemente a la funeraria son 375 al oeste, de mi negocio son 575 metros al este. Si tomamos café varias veces juntas. Tomar café no era costumbre que ella me visitara si, ella es compradora impulsiva, le gusta comprar llega todos los días comprar en el negocio. Don Carlos Adrián tiene un apodo es Cayán. Actualmente tengo el negocio, ahora vivo 75 metros al norte de la Cruz Roja, estuve en barrio San Antonio 10 meses, eso es en el Centro, En el tiempo que estuve hace más de cuatro años, no le vendo a doña Yolanda. Ahora tengo 2 años y medio de estar en el centro, Yolanda no me volvió a visitar desde que cerré el negocio, ahora tengo el negocio en la casa. Desde que cerré el negocio, nos encontramos en esquina de la Cruz Roja, porque yo quería hacer la prueba de manejo, y ella la fue hacer. Si ella me haya buscado desde el momento que cerré, no me ha buscado fuera de lo comercial. Esa es la única vez, que nos encontramos y estuvimos comentando.…”NANCY PRISCILLA RUIZ MURILLO, cédula de identidad No. 1-1154-117, vecina de Tilarán y es ingeniera industrial, tiene empresa propia, y es asistente de su papá en la oficina de él, se le juramenta y advierte sobre el delito de falso testimonio, al ser hija de Emanuel Ruiz se le dice que tiene derecho de abstenerse de declarar y narra: “Si declaró de los hechos el problema aquí es que comenzó con el permiso de funcionamiento de la gasolinera del señor Carlos Adrián Vargas. El señor Carlos Adrián Vargas, en una oportunidad, única en una ocasión visitó la casa de habitación donde está la oficina de mi papá, con otros señores, para hacer un trámite, con un documento que venían a firmar, eso fue en junio del 2005, lo preciso porque yo estaba embarazada. El señor es conocido, llegó a la oficina, me saludó hasta me preguntó que iba a tener y le dije que una niña, hicieron un documento, entró y firmó el documento y se retiró. Luego, esta señora Yolanda Vargas, yo como estoy siempre estoy en la oficina ahí, con mi papá, ella llegó a ser trámites que tenía problemas con el señor Felo, en Tilarán, estaba llevando el asunto. Pero, en una ocasión esta señora Yolanda vino, y le hizo comentarios a mi papá, de por qué él no era abogado de don Carlos Adrián en este problema de la gasolinera. Empezó a decirle que Carlos Adrian le pagaba lo que él dijera en dinero para que él fuera abogado de él. Que por favor tratara de influir con los regidores, porque mi papa había sido asesor. La señora le dijo que lo que fuera que le ayudara, mi papá le dijo que no, porque nosotros somos del barrio que estábamos opuesto a lo de la gasolinera. La señora llegó, y siguió trayendo los tramites que mi papá le estaba llevando era un problema de amenazas del señor Felo, lo que tenía ella con mi papa. En otra ocasión llegó el esposo de Yolanda, don Jorge Barrientos, con unos trámites de cliente, en la oficina de mi papá. Para el día de la audiencia en Cañas, y mi papá siempre acostumbra irse a la 1 antes para Cañas, tipo doce y medio iban, el señor, mi papá, y yo aproveché para ir hacer unas gestiones en Cañas. Íbamos hablando, para la audiencia, por la mitad del camino. El señor Jorge igual empieza a mi papá que porque no accede a sacarle la plata a su cuñado, que influya que él tiene con qué influir para que le dé el permiso en la Municipalidad, no habla de un monto específico que Carlos Adrián le paga lo que quiera, lo que cobre. Le dijo mi papá igual que no que él está como vecino y mi papá le comenta que la esposa de él había hecho lo mismo que porque no lo ayuda. El señor se refirió a la esposa de él, mi papá le dijo que llegó la esposa había llegado a la casa a  ofrecer lo mismo y dijo que no le hiciera caso a la vieja loca de su esposa y mejor se pusiera con él y sácale plata a mi cuñado que tiene plata. Mi papá siempre fue firme y dijo que no. Se bajaron y yo me fui hacer lo mío y hora y algo, y luego para Tilarán allá no hubo tema de ese. Luego esta señora Yolanda siguió llegando a mi casa a buscar a mi papá y lo volvió a venir que venía de parte de Carlos Adrián, siempre fue firme y dijo que no. Tanto fue así, que mi papá me dijo que las veces que esta señora llegue diga que no estoy, llegó de dos o tres a mí casa, veces llegó ella a mi casa, llevaba pan y cajetas para nosotros y me dijo que voy a quedar esperando hasta que él llegue, se quedó en el corredor de mi casa, era una cliente más. Estábamos sentadas y me dice que porque yo no le ayudo con papá que le ayude con Carlos Adrián, que le diga y le dije doña Yolanda yo primero no tengo nada que ver con esto  y mi papá ha sido firme que le dijo a usted como a su esposo que no. La señora se despidió y se fue, volvió a venir y simplemente le dije lo mismo que mi papá no estaba. Ella se retiró y se fue, lo hizo en tres ocasiones, que yo tratara de convencer a mi papá para que accediera a eso. La última vez que llegó doña Yolanda a la oficina del licenciado Ruiz fue en el 2006, fue cuando mi papá le llevaba el proceso de señor Felo Herrera, y durante todo el proceso, ella aprovechó para proponer lo que ella dijo que era que les ayudáramos  a Carlos Adrián. Si acompañé a mi papá y a Jorge Barrientos a Cañas eso fue, en marzo  del 2007, recuerdo es fecha por mi embarazado, yo ya en esa fecha tenía a mi hija, Inclusive cuando la señora Yolanda llegaba, tengo la certeza y seguridad que era esa fecha me guía con eso, mi hija se llama Fiorella. Yolanda nunca ha ido a un cumpleaños de mi hija, nació el 21 de octubre del 2005. No la señora Yolanda no acompañó a Carlos Adrián Vargas Murillo a la casa, siempre la señora llegaba sola. El proceso que le llevó Emanuel a doña Yolanda fue en ese año en el 2006. No conozco otro tipo de trabajo que requiriera de  Emanuel Ruiz, yo le colabora a mi papá como asistente desde que comenzó 2004 al 2005. La oficina está en la misma casa de habitación donde yo vivo. Nosotros somos del barrio Linda Vista que estamos opuestos a lo de la bomba. Mi papá tiene la oficina desde el 2004. Si yo estuve presente, lo que ella pedía era ayuda era para que él influyera con los regidores porque como  él tenía conocimiento municipal, que influyera para que le dieran el permiso de funcionamiento. Mi papá en ese momento si trabaja para la Municipalidad, tenía poco de estar desde que empezó a trabajar, no, corrijo, no él no estaba trabajando todavía, él empezó a trabajar en el 2007. El mes no lo recuerdo, relaciono el ingreso de mi papá, comenzar a trabajar con mi papá, porque me ubique con el proceso de doña Yolanda, en el 2007. No estaba trabajando con la municipalidad si él tenía prohibición para trabajar con la municipalidad, de trabajar liberalmente no sé si tenía prohibición. Mi padre hacía en la municipalidad, era asesor legal, del presidente del Concejo. La asesoría de mi padre en la municipalidad, el presidente del Concejo se llama Olger Artavia, no llegó a mi casa, ni oficina. La función que hacía mi padre, como asesor del presidente municipal no lo recuerdo. Yolanda llegó a pedir la colaboración de mi padre en el 2006. En el 2006 mi papá no tenía relación con la Municipalidad, no sé si mi padre tenía algún tipo de dominio en la municipalidad. No lo recuerdo, si mi padre terminó de trabajar como asesor. Como asistente, muchas veces hacía cosas y documentos allí, todo de lo que uno hacer muchas cosas. Mi papá con el señor Barrientos, ellos iban a algo que iban hacer en Cañas, la firma él con una hermana un documento, que le estaba llevando mi papá como cliente. El barrio  Linda Vista, si esta cerca de la estación de servicio MEYVASA. No recuerdo que está detrás de la estación Meyvasa, en Linda Vista en ese barrio no recuerdo que existe algún tipo de negocio o comercio cerca. Si conozco a la señora Noyle Mayela Vindas, sí la he visto, ella y todos los que estaban los he visto en una salita y las otras personas, esperando, o ella no hizo llamada, no recuerdo, no. La señora Noyli, la señora Maylin, Mayela se conoce como Noily, si tiene algún tipo relación con mi padre, es conocida, ellos son si tiene algún tipo de relación, no lo puedo definir es algo personal. Una hermana de esta señora Maylin, si ha tenido relación con mi padre o vínculo, si tuvo, el vínculo hay un hijo de promedio. La señora Maylin conocida como Noily no sé en donde vive, no sé a qué se dedica. No recuerdo haber participado en una reunión que haya estado la señora conocida como Maylin, lo único fue estar allí en la salita. No sé, si mi padre o un abogado han hablado con la señora Maylin. No, Noilyn no ha visitado la oficina que trabajo con mi papá. Esta la oficina en la misma casa, la oficina está en la entrada de la sala de habitación allí la oficina, tiene las dos opciones para vista a la casa, no recuerdo que Maylin conocida como Noily haya visitado la casa de nosotros. Tengo el título de bachiller en Ingeniería Industria, en la Universidad Latina, sede Cañas, me gradué de bachiller en el 2005, muy poco ejercí como ingeniera industrial estuve en proyecto del ICE hace tres años, nada más en ese lugar. Cuando iba mi papá con el señor Jorge, no preciso a qué despacho iban, era algo de un documento, la verdad no sé, era con la hermana de él, iban en la tarde a una audiencia, solo me acuerdo de la hermana de él,  ellos iban a la 1 y media y nos fuimos doce y media. He asistido a mi papa a casa siempre que estuve trabajando,  tengo de estar con él, mi papá es abogado, yo asistente de mi papá tal vez, 6 años lo único cuando he estado trabajando desde que él comenzó en la casa. No he recibo notificaciones y comunicaciones judiciales en esa oficina, él las recibe. A veces hago documentos cuando esta la persona, como se dice cuando uno está digitando, y cuando lo llevan a recoger. No visito oficinas públicas, si lo acompaño a él. Mi papá inició en 2007 de la municipalidad, Yolanda le dijo antes, mi papá tiene conocimientos porque fue ejecutivo municipal, no recuerdo cuando, ante sede ese tiempo, cuatro años, es el período. Él no estaba en la municipalidad, había sido mucho antes. Yolanda pretendía que influyera en la municipalidad, me lo dijo a mí porque mi papá como había sido ejecutivo Municipal, no recuerdo. Hace 4 años antes, el periodo, tenía conocimiento y por la amistad. Mi papá si conoce a todos los regidores, son del mismo lugar. Dentro de sus funciones, si anoto citas, si necesita algo o llamadas, él tiene agenda de señalamientos, de juicios, él está encargado de la agenda.” PRUEBA DOCUMENTAL: 1.- Oficio PU-C-D-333-2007 del 16 de mayo del 2007, del INVU, Instituto Nacional y Urbanismo, en el cual es una certificación y el señor Leonel Rosales Maroto, dirigida al ofendido y querellante Carlos Adrián Vargas Murillo, en el cual hace constar que se publicó el reglamento de zonificación, no los mapas del Legajo de Prueba I folios digitales  2 a 3 y físicos del 1 al 2, en legajo de prueba varia folio digital 37 a 38 y físico 34 a 35 (Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m. y  legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.) 2.- Sentencia 2006-4503 del 29 de marzo del 2006, las 18:00 horas, de la Sala Constitucional, en la causa No. 05-013854-007 -CO, corresponde a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Luis Armando Mejía Rojas contra el reglamento de zonificación de Tilarán, en el cual se rechazó la acción de inconstitucionalidad, por ser improcedente, en razón del objeto, del Legajo de Prueba I, folios digitales 4 al 12 y físicos 3 al 11, ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.)  3.- Resolución DAM -010-2007, de las 7:00 horas,  del 16 de enero del 2007 del Concejo Municipal de Tilarán que paralizó los trabajos de construcción otorgado a Luis Armando y Carlos Adrián Vargas Murillo, de la estación de servicio frente del establecimiento comercial Agrotila  del Legajo de Prueba I, de folios digitales 13 y físicos 12 ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.) 4.- Copia Certificada acta de sesión ordinaria 95 del 20 de febrero del 2008, de la Municipalidad de Tilarán del Legajo de Prueba I, folios virtuales 19 al 23, y físico 18 a 22, (Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.),  del legajo de querella parte B, los folios digitales 207 a 216  y físicos 484 vuelto a 489 vuelto  ( Archivo virtual legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 5.- Certificación del Oficio C-0008-2008 del 14 de enero 2008, de la Procuraduría General de la República, dirigida a la Secretaria del Concejo Municipal de Tilarán, a raíz del informe solicitado por el Concejo Municipal, en la sesión ordinaria No. 72, del 12 de mayo del 2007, a raíz de la denuncia penal interpuesta en contra de 8 Regidores de Concejo, de los 10 entre propietarios y suplentes así como la secretaria de dicho Concejo, de folios 41 al 64 del expediente virtual y folios 34 al 56 físicos del Legajo de Prueba I   ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.) y del legajo de Querella Parte A, folio digital  370 a 391 y físicos 352 a 372  ( Archivo virtual legajo de Querella Parte A del 22/03/2013 de las 01:50:59 p.m.)  6.- Escrito del 21 de enero 2008, con sello de recibido de la Municipalidad de Tilarán que corresponde al documento en el cual los ofendidos y querellantes, le aportan el voto de la Sala constitucional, en el cual fueron condenados por daños y perjuicios, legajo de prueba I, de folios 66 y físico 57 ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.).   7.- Sesión 64 del 18 de julio del 2007, del Concejo Municipal de Tilarán, del legajo de prueba virtual I de folios digital 93 al 102  y virtual 90 al 102, legajo de prueba III de folios 94 a 102, folios físicos 91 a 100, del legajo de querella parte B, los folios digitales 1 a 8 y físicos 377 a 381 ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.,y legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m. y legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 8.- Sentencia 13857-2007, de las 14:39 horas del 3 de octubre del 2007, de la Sala Constitucional del expediente No. 07-011184-007–C0, del Recurso de Amparo, interpuesto por el recurrente Eddie Alvarado Vargas, a favor de grupo Real Vayvasa, contra el Presidente del Concejo Municipal de Tilarán, y el Alcalde Municipal de Tilarán, en el por tanto se indica que se declara con lugar el recurso.  Del  legajo  de prueba I a folio 89 virtual y 79 físico del legajo principal folio digital 185 y físico 177, del legajo de querella virtual 327 a 328 y folio físico 316-318 (archivos digital documentos  legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m., legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m y legajo de Querella Parte A del 22/03/2013 de las 01:50:59 p.m.) 9.- Sesión 65 del 25 de julio 2007, del Concejo Municipal de Tilarán, lista de asistencia, en cuenta el Presidente Olger Artavia  legajo de prueba I, folios 103 al 121 y físico a 86 vuelto a 95 vuelto, del legajo de Querella Parte B los folios digitales 9 a 27 y físicos 381 a 390 vuelto  ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.; legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.) 10.- Sesión 66 del 01 de agosto de 2007, del Concejo Municipal de Tilarán, con la lista de presente, en cuenta el Presidente Olger Artavia vuelve a conocer el asunto estando recusado, del legajo de prueba I, folios 122 a 148 y físico folios 96 a 109 y del legajo de querella parte B, folios digitales  28 a 54 y físicos 391 a 404 ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m. y del legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 11- Sesión 67 del 08 de agosto de 2007, celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, y quienes asistieron del Legajo de Prueba I, de folio virtual 149 al 173 y físicos 109 vuelto al 121 vuelto, del legajo de querella parte B folios digitales 55 a 79 y físicos 404 vuelto a 416 vuelto ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m y legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 12.- Sesión Extraordinaria 39 del 17 de agosto 2007, celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, en el acuerdo 005, por unanimidad se acuerda solicitarle a la Procuraduría General de la República cuáles son elementos deben publicarse, para que el Plan Regulador adquiera eficacia del legajo de Prueba I, folios digitales  174 al 183 y físico 122 al 126 vuelto ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.). 13.- Sesión Ordinaria No. 70 del 29 de agosto del 2007 celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, del legajo de Prueba I, folios digitales folios 233 a 254 y físicos 152 vuelto a 161 vuelto, del legajo de querella Parte B folios digitales 141 a 159 y físicos 447  vuelto a  456 vuelto (Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m y legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.)  14.- Sesión 71 del 05 de setiembre de 2007 celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, en la cual se indica que el asesor de la Presidencia Municipal, es el co encartado Enmanuel Ruiz Salazar, del legajo de prueba I, folios 251 a 285 y físicos 162 a 179 vuelto, del legajo de querella Parte B folios digitales 160 a 195 y físicos 457 a 474 vuelto ( Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m. y legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.) .15.- Sesión 56 del 23 de mayo 2007, acta de sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, del legajo de prueba I folios digitales 290 al 318 y físicos 180 a 218 (Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m.). 16.- Oficio DAST-23-2007, del  del Ministerio de Salud, dirigido a Carlos Flores Vargas, suscrito por la Doctora Hilda María, legajo de prueba I, folio digital 329  y físico 227 (Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las 02:08:27 p.m.). 17.- Oficio R-DGTCC-146-2004 MINAE, del 22 de abril 2004, del Ministerio de Ambiente y Energía, corresponde al permiso de construcción a la empresa Grupo Real Meyvasa S.A., debiendo presentar los requisitos de planos, firmada por Daniel León Quirós, Director General  Legajo de Prueba I folios virtual 323 al 326 y físicos 228 a 231  y del legajo principal tomo I  folios digitales 86 a 92, 174 a 177 y folios físicos 80 a 86, 166 a 169 (Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m. y legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 18.- Dictamen 72 del 22 de abril de 1998, C-072-98,  de la Procuraduría General de la República, dirigida a los Señores Regidores de la Municipalidad de Santa Ana,  que corresponde a la consulta realizada sobre los el estado de legalidad del plan regulador de esa Municipalidad, del legajo de prueba III, virtual folios 333 a 342 y físico 333 al 342 ( Archivo virtual legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m.). 19.- Acta Sesión 177 del 21 de setiembre 2005, celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, asistencia Legajo de prueba II  folio digitales 4 al 15 y físicos 4 a 16, 1 al 12, 10705 a 10716 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.). 20.- Acta Sesión 83 del 03 de diciembre de 2003, sesión ordinaria   celebrada por el Concejo Municipal de Tilarán, asistencia, legajo de prueba II, folios digitales 17 a 23 y físicos 8485 a 8491 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.). 21.- Resolución DAM-099-2007  a las 9:10 horas, del 24 de abril de 2007, del Gobierno Local de Tilarán, expediente Real Meyvasa, a través de la cual se otorga el uso de suelo a la empresa ofendida Grupo Real Meyvasa, del legajo de prueba II,  folios 25 y 26 virtuales y físicos 22 y 23,  ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las 02:11:53 p.m.) 22.- Resolución DAM-102-2007 las 13:15 horas del 24  de abril  del 2007, del Gobierno Local de Tilarán, expediente Real Meyvasa, a través de la cual se anula la resolución DAM-10-2007, de las 7:00 horas del 17 de enero del 2007, que paralizó la construcción de la estación de servicio del Grupo Real Meyvasa, por no estar firma, la resolución 556-2006 del Tribunal Contencioso Administrativo, del legajo de prueba II,  folios 29 virtuales y físicos 38  ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.) 23.-Estudio de Impacto ambiental estación de servicio, dirigido a la Municipalidad de Tilarán suscito por Ingeniero Gustavo Parra, con recibido del 2 de abril del 2007, del legajo de prueba documental II, folio 40 a 45 virtual y físicos 10 a 15 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.)  24.- Autorización diseño de accesos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Dirección General de Ingeniería de Tránsito, Unidad de Permiso del 16 de diciembre del año 2003, dirigido al Grupo Real Meyvasa, en relación con el proyecto de estación de Servicio ubicada en Tilarán, inscrita ante el Catastro Nacional con los números de catastro G-765391-2002 y G-853874-2003, del legajo de prueba II, folios digital 87 a 88 y folios físicos 58 a 59 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.). 25.- Oficio PUCC- 109-2003 del 31 de octubre de 2003 de la Municipalidad de Tilarán, Planificación Urbana y Control Urbana,  dirigida al Grupo Real Meyvasa, por parte de los co encartados Marco Mora Porras como ingeniero y el co imputado Jovel Arias Ortega como Alcalde,  en el cual resuelven que el proyecto, es decir la estación de servicio, la ubicación que se pretende, en zona comercial que se prevé o zona residencial según el reglamento de zonificación, no cumple con los requisitos mínimos solicitados para ambas zonas, denegando el permiso de uso de suelos, del legajo de prueba II,  folios virtuales 95 a 96 98 a 99 y físicos 66 y 67, 104 a 105, del legajo principal los folios digitales 319 al 320 y físico 307 a 308 (archivo digital documentos legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m. y legajo principal I del 21/03/2013 de las 10:23:07 a.m.) 26.- Oficio DAM-381-2003, de las 8:00 horas del 14 de noviembre de 2003, del Despacho del Alcalde, Municipalidad de Tilarán, resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio PUCC-109-2003 del 31 de octubre del 2003, presentada por el Grupo Real Meyvasa S.A., el ofendido Carlos Vargas Murillo, Luis Armando Mejías Rojas contra el acto administrativo de la del 31 de octubre del 2003, del Departamento de Desarrollo y control Local de la Municipalidad, del legajo de prueba II, folios digitales 135  y físicos 103 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.). 27.- Oficio PUCC-114-2003, de las 7:00 horas del 11 de noviembre del 2003, Municipalidad de Tilarán, recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesta  por el Grupo Real Meyvasa S.A., el ofendido Carlos Vargas Murillo, Luis Armando Mejías Rojas ante el Alcalde Municipal concomitante, contra la resolución PUCC-109-2003, con respecto a la denegatoria del uso de suelo, el co imputado Marco Porras rechazó el recurso, folios virtuales 137 a 138 y físico 141 a 142 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.). 28.-Oficio PUCC-077-2003, del 28 de julio del 2003, Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Tilarán del encartado MARCO PORRAS como Ingeniero, que envía al señor Eduardo Madrigal Castro Secretario de SETENA, con el fin de definir competencias, con respecto a la Estación de Servicio a desarrollar de la empresa Grupo Real Meyvasa, en la ciudad de Tilarán y a la Regulación del uso de suelo. Asimismo que para la determinación del uso de suelo, el plan Regulador y el Reglamento de Zonificación fueron preparados por el INVU, mismos que están vigentes. Documentos que indican que la zona es para uso residencial  o urbano. Del legajo de prueba II, folio digital 164 y físico (132), 161  (Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.) 29.- Oficio PUCC-066-2003 del 4 de junio del 2003 Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Tilarán del encartado MARCO PORRAS como Ingeniero, que envía  al Sr. Eduardo Madrigal Castro Secretario de SETENA, en el cual indica que luego de estudiar el Resumen Ejecutivo y Declaración de Impacto Ambiental para un proyecto de Estación de Servicio por la Empresa Grupo Real Meyvasa en la ciudad de Tilarán, según el reglamento de Zonificación es una zona de Uso Residencial, pero no se tomó en cuenta el impacto desfavorable con respecto a seguridad ambiental y seguridad de vial. Del legajo de prueba II, folio virtual 165, 176 y folio (133) 162, 144. ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.) 30.- Oficio PU-C-AT-001-2003  del 09 de enero de 2003, del INVU,  del Ingeniero Marco Mora Protti, dirigida al Grupo Real Meyvasa, legajo de prueba II  folio  virtual 202 y físico 170 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.) 30.-  Oficio DAM-420-2005, del 22 de noviembre  del 2005, del Gobierno Local de Tilarán, el imputado JOVEL ARIAS, contesta oficio al Ms.C  Oscar Porras, Director General de Transportes  y comercio y Combustible del MINAE, en el cual indica que le otorgaron el uso de suelo a la empresa, describiendo previamente que se había anulado el acuerdo que había dejado sin efecto dicho acuerdo de uso de suelo, tomando en consideración la Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo legajo de prueba II folio digital 205 y físico 172. ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.)  31.- Oficio Dirección de Urbanismo  del INVU. de fecha 16 de mayo del 2007 legajo de prueba II folio virtual 205 y físico 172 ( Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.) 32.- Contestación de Municipalidad sobre recurso de amparo de fecha 29 de agosto de 2007 legajo de prueba III folios virtuales 82 a 84 y físicos 80 y 82. ( Archivo virtual legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m.). 32.- Oficio DAM-318-05 del 12 de setiembre del 2005, legajo de prueba III folio virtual 354 y 352 vuelto ( Archivo virtual legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m.). 33.- Certificaciones de tiempo servido de Jovel Arias Ortega, Marco A. Porras Cordero, y Emmanuel Ruiz Salazar legajo de prueba III, folios virtuales 360 a 362 y físicos  358- a 360 ( Archivo virtual legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m.). 34.-Certificación de imagen raster publicada como plano de Zonificación de la Municipalidad de Tilarán, que corresponde al acuerdo No. 693 de la Sesión Ordinaria No.184 del 09/11/2005 del Legajo Principal tomo I, folios digitales 47 a 48 y físicos 41 a 42 ( Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 35.-Sentencia No. 2005- 13852, de las 11:03 horas, del 7 de octubre del 2005  de la Sala Constitucional, del Recurso de Amparo interpuesto por Eduardo Fernández contra el Concejo Municipal, el Departamento de Ingeniería y la Sección de Construcciones e Inspección General de la Municipalidad de La Unión y otros, el cual se declaró sin lugar, del legajo Principal tomo I, folios digitales 53 a 60 y físico 45 a 52  ( Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 36.-Sentencia No. 2001- 01912 de las 09:54 horas, del 9 de marzo del 2001  de la Sala Constitucional, del Recurso de Amparo interpuesto por Jorge Alberto Mena Brenes contra el Instituto Nacional y Urbanismo y  la Municipalidad de La Unión el cual se declaró con lugar únicamente contra la Municipalidad de la Unión, del legajo Principal tomo I, folios digitales 61 a 65 y físicos del 53 a 57 ( Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 37.- Oficio DGTCC-0913-2007 del 24 de julio 2007, del Ministerio de Ambiente y Minas, dirigida a Carlos Adrián Vargas Murillo, y Adriana Vargas Álvarez, del Grupo Real Meyvasa, corresponde al permiso de funcionamiento y el respectivo servicio público del legajo principal folios digital 85, 99, 172 y físico 79, 93 y 164 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las 10:23:07 a.m.) 38.-Oficio DGIT-ED-3616-2007 del 28 de agosto del 2007, de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, Departamento de  Estudios y Diseños, Unidad de Permisos, que corresponde a la autorización de señalización y accesos, del legajo principal Tomo I,  folio digital  100  y físico  94 ( Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 39.- Oficio UPAH-RCH-SO-076-2007, de las 13:00 horas del 12 de setiembre del 2007, del Ministerio de Salud  Región Chorotega, Unidad de  Protección Al Ambiente Humano, Aprobación Técnica del Ministerio de Salud, del legajo principal Tomo I,  folios digitales 167 al 168 y físicos 159 a 163 ( Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 40.- Los Antecedentes de aprobación MINAET No. R-DGT-CC-146-2004, Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible de las 11:00 horas del 22 de abril del 2004, en el cual se otorga la comercialización de combustible, a la estación de servicio público, propiedad de la empresa Grupo Real Meyvasa, Sociedad Anónima, cédula de personería jurídica No. 3-101-315725, del legajo principal Tomo I, folios digitales 8 a 92, 174 a 177 y folios físicos 80 a 86, 166 a 169 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 40. Permiso de MINAE, R 716-2007, de las 09:05 horas del 15 noviembre del 2007, Ministerio de Ambiente y Energía, Departamento legal,  del legajo principal Tomo I, folios digitales 191 a 192 y folios físicos 181 a 191 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).41.- Contrato de Compra de Combustible entre Refinadora Costarricense de Petróleo S.A y Grupo Real Meyvasa, S.A., bajo la figura de Estación de Servicio, con el código 2591 del  entre Refinadora Costarricense de Petróleo y Carlos Vargas Murillo, Adriana Vargas y Grupo Real Meyvasa, el plazo del contrato es hasta el 15 de marzo del 2012, siendo firmado el 10 de diciembre del 2007, del legajo principal Tomo I, folios digitales 200 al 205 y físicos 192 a 197 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 42.-Permiso de Funcionamiento, Región Chorotega, Área Rectora de Salud Tilarán, RCH-ARST-208-2007 No. 603, el Ministerio de Salud, otorga el Permiso de Funcionamiento a la Estación de Servicio Grupo Real Meyvasa, S. A. siendo los representantes el ofendido Carlos Adrián Vargas Murillo y Luis Armando Mejía Rojas, con la clasificación CIJU 5050 dado en Tilarán el 13 de setiembre del 2007, por el plazo de 5 años,  del legajo principal Tomo I, folio digital  207 y físico 206 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 43.- Permiso de la Municipalidad, Gobierno Local de Tilarán, Proceso de Hacienda Tributaria, resolución administrativa: PHM-L-C del lunes 5 de noviembre del 2007, según el artículo 69 del Código Municipal aprueba la licencia comercial al Grupo Real Meyvasa, S.A. de la gasolinera, ubicada contiguo a la Cámara de Ganaderos de Tilarán, del legajo principal Tomo I, folio digital 209 y folio físico 201 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 44.- Contrato de asesoría personal de confianza del 13 de marzo  del 2007, realizado entre el co encartado EMANUEL RUIZ SALAZAR, con el co encartado OLGER ARIAS, presidente y a fracciones, lo hará personal en su casa o telefónica y consultas, rige del 30 de marzo, folios 265 a 266 y físico 254 y 255 (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).45.- Acta Sesión 46 del 14 de marzo 2007, en el Concejo Municipal, asistencia, legajo principal Tomo I, folio digitales 272 a 288 y físico 260 a 276 y del Principal Tomo II, folios digitales  20 a 36 y físico 385 a 400. (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m y legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.). 46.- Acta Sesión 47 del 21 de marzo de 2007, Sesión ordinaria del Concejo municipal de Tilarán, Legajo principal Tomo I, folios  folio 289 a 308 y físicos 280 a 295  y del Principal Tomo II, folios digitales  38 a  57 y físico 402 a 421. (Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m. y legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.) 47.- Sentencia 293-2004, de las 11:20 horas del 19 de agosto del 2004 del Tribunal Contencioso Administrativo en el legajo principal Tomo I, folio virtual 324  al 326  y físico 312 a 314, en el legajo de prueba I grande 07-292-163 CA folio digital 205 y físico 145, todo en el legajo Prueba 04-000006-161-CA, ( archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m. y Archivo virtual legajo de Prueba 04-000006-161-CA del 11/02/2016 de las 10:05:34 a.m. ) 48.- Oficio PDGI-33-2005 del 30 de junio del 2005, de la Municipalidad de Tilaran,  consulta dirigida al arquitecto Francisco Mora Protti, del INVU, por parte  del  imputado Marco Antonio, con el fin de determinar si es aplicable el plan regulador, en el expediente principal tomo I folios 327 a 328 y físico 315 a 316  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 49.- OFICIO- PU-C-D-2005 del 08 de agosto de 2005, del INVU, dirigido al señor Arquitecto Marco Antonio Porras Cordero, por parte del Arq. Francisco Mora Protti, en contestación del oficio No.PDCL-060-2005 del Legajo Principal Tomo I,  folios virtual 333 y físico 321 y 322 (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).  50.- Oficio DAM-030-2009 del 23 de enero del 2009, de la Municipalidad de Tilarán, dirigido al señor José Arturo Zamora Campos, del Almacén Zamora, Guanacaste, por parte del Alcalde de Municipalidad de Tilarán, el imputado Jovel Arias Ortega, del expediente principal tomo 1, Folio virtual 375 y físico folio 350,  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.)  51.- Acta de Observación Policial del 28 de mayo del 2007, de la Gasolinera Total, a solicitud de Carlos Adrián Varga Murillo, confeccionada por el oficial Eduardo Ramírez en el cual se indica que colinda la propiedad atrás con un taller mecánico  del legajo principal del tomo I, folio virtual 380 y  folio físico 353  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 52.-Oficio Información Policial del agente de Policía Eduardo Ramírez Hernández, del 19 de abril del 2009, del LEGAJO principal tomo I folio virtual 381 y folio físico 354  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 53. Sentencia 2006-4503 de la Sala Constitucional, de las 18:33 horas del 29 de marzo del 2006, en la cual se rechazó la acción de inconstitucional interpuesta por la parte querellante Luis Armando Mejía Rojas, y Carlos Adrián Vargas Murillo, apoderados generalísimos del Grupo Real Meyvasa. S.A, contra el Reglamento de Zonificación de Tilarán, publicado en la Gaceta No.  207 Del 30 de octubre de 1985  del legajo principal tomo I folio físico 336 y folios físicos 324 a 332  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) del legajo de prueba II de folios 3  y legajo de prueba III virtual 6 a  y físico 3 (Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.  Y  legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13:51p.m.).  54.-Acta sesión 42 del 14 de febrero del 2007, sesión ordinaria del Concejo Municipal de Tilarán, del legajo principal Tomo II, folio virtual 2 al 18 y folio físico 366 al 382  ( Archivo virtual legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.).  55.- Acta Sesión 48 del 28 de marzo de 2007, sesión ordinaria del Concejo Municipal de Tilarán, la asistencia del legajo principal TOMO II folio virtual 58 al 69 y físico 422 al 433. (Archivo virtual legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.). 56.- Oficio SCM-169-2016 del 26 de abril de 2012 de la Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Tilarán, dirigido a Carlos Adrián Vargas, por parte de la secretaria del Concejo Silvia Centeno González,  corresponde a la comunicación  del acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 102 del jueves 12 de abril del 2012, el artículo 26,legajo principal Tomo II, folio virtual 197 a 199 y físico 550-552 (Archivo virtual legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.). 58.- Informe Pericial, rendido por Licenciado Carlos Alberto Zúñiga Castro el 30 de junio del 2009, recibido de la Municipalidad  legajo de Acción civil folios virtual 149 a 170 y físicos 141 a 162  (Archivo virtual legajo acción civil  del 21/03/2013 de las 10:27:59 a.m.) 59.- Recibidos de denuncia 1 al 4 todas del 06 de junio de 2007 y la denuncia No. 5 disciplinaria del 8 de agosto del 2007, interpuesta contra Hilda Barrientos y otros, ante la Municipalidad de Tilarán, Documento bajo el nombre se presenta Nueva denuncia Interdisciplinaria, interpuesta el 7 de agosto del 2007, ante la Municipalidad de Tilarán, según sello de recibido el 8 de agosto del 2007, por la Municipalidad y Ampliación de denuncia interdisciplinaria con fecha 30 de mayo  del 2008, recibida el 5 de junio del 2008 por la Municipalidad de Tilarán en el legajo de querella, tomo I, folios virtuales 225 a la 250, 252 a 280, 282 a 298, 300 a 318 y físicos folio 217 a 242, 243 a 270, 271 a 287 y 288 a 308 (Archivo virtual legajo de Querella Parte A del 22/03/2013 de las 01:50:59 p.m.).  60.- Resolución que da traslado de las 10:05 horas del 21 de agosto del 2007, de la Sala Constitucional, en el expediente NO. 07-011184-007–C0, del Recurso de Amparo, interpuesto por el recurrente Eddie Alvarado Vargas, a favor de grupo Real Vaymesa, contra el Presidente del Concejo Municipal de Tilarán, y el Alcalde Municipal de Tilarán, del legajo de querella folio virtual 320 y folio físico 307,  del Legajo principal tomo I, folio digital  104 a 105 y físico 98 a 99 ( Archivo virtual legajo de Querella Parte A del 22/03/2013 de las 01:50:59 p.m. y  legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). 61.- Contestación del recurso No. 07-011184-007–C0,del co encartado Jovel Arias Ortega, DAM 215-2007 del 29 de agosto del 2007, como alcalde de la Municipalidad de Tilarán del legajo de querella Parte A,  folio virtual  329 a 330 y físico 315 a 316 ( Archivo virtual legajo de Querella Parte A del 22/03/2013 de las 01:50:59 p.m.) 62.- Oficio SCM-231-2008 02 de mayo de 2008,  de la Municipalidad de Tilarán, dirigidos a Carlos Adrián Murillo, en el cual se le comunica que tomando en consideración el voto No. 200713857, de la Sala Constitucional en la causa No. 07-11184-007-CO, se realiza consulta ante el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al Concejo Municipal del legajo de querella Parte B, folio virtual 198 a 199 y físicos 477-478 (Archivo virtual legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 64.-Oficio SCM-267-2008 del 23 de mayo del 2008, de la Municipalidad de Tilarán, dirigidos a Carlos Adrián Murillo y otro representante del Grupo Real Meyvasa, en el cual se le comunica el acuerdo No.  208 tomado en la sesión Ordinaria No. 103 del 16 de abril del 2008, el capítulo IV, del legajo de querella II o Parte B, folio virtual 221 a 222 y físico 492-493 (Archivo virtual legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 65.- Oficio DAM-104-2009 del 14 de abril de 2009 del legajo de querella tomo II folio virtual 232 y físico 501 (Archivo virtual legajo de Querella Parte B del 22/03/2013 de 01:51:31p.m.). 66.- Certificación Notarial de actas de sesiones Municipales en el legajo actas folios virtual del 16 de setiembre 2014 y físico 1 al 80 y   Sesión ordinaria 56 (Archivo virtual legajo de Sesiones Municipales del 16/09/2014 de las 10:58:52 a.m.) 67.- Acta Notarial número 309, Edgar Rainiere Cordero Calvo, en el INVU, a solicitud del grupo Real Meyvasa, al ser las 14:00 horas del 13 de junio del 2013, se hizo revisión del artículo 17 de La Ley Urbana, junto con fotografías del Legajo de Documentación varia,  de  folios digital del 9 al 16 y físicos 8 a 16. (Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.). 69.- Personerías Jurídicas: i.- Certificación  RNP-Digital No. 1058637-2013 Grupo Real VAYMESA No. 3-101- 315884  y   ii.-  Certificación  RNP-Digital No. 1058569-2013 del Grupo Real Meyvasa S.A. 3-101-31557275 del legajo de documentación varía, folios virtual 41 al 42 y  44 a 47, físico  37 al 37 vuelto, 38 a 41,  y físicos 209 a 212 ( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).  70.- Certificaciones del período de cada nombramiento  municipal  Joel Arias Ortega, Alcalde Municipal y de Emanuel Ruiz, del legajo de documentación varia folios virtual 52 a 55 y 59 al y físico 45 al 48 y 52(Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.). 71.- Certificación Notarial Resolución BGTCC-790-2007 del MINAET del 18-10-2007 y  acta de entrega de estación del Legajo Documentación Varia folio digital 65 a 69, 72 y 78 y folio físico 58 a 62, 65 y 71, 230 244 ( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.) 72.-Certificación Notarial intervenciones Municipales  del  2007 oficio SCM 247-2007 del Legajo de Documentación Varia folio digital 80 al 86 y físico 72 al 77 vuelto( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.) 80.-Legajo de Documentación varia completo (Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).  81.-Legajo de Recurso de Amparo del Legajo Recurso de Amparo No. 07-002783-0007-CO,   (Archivo virtual legajo de Recurso de Amparo del 16/09/2014 de las 10:57:48 a.m.) 82.-El Legajo Ordinario sin sentencia de los procesos contenciosos  (Archivo virtual legajo Ordinario Sin Sentencia  del 16/09/2014 de las 10:57:24  a.m.) 83.-Certificación de Gaceta 207 del 30 de octubre de 1985, sobre el plan Regulador Tilarán en el Legajo de Gaceta (Archivo virtual legajo La Gaceta del 16/09/2014 de las 10:56:45 a.m.)  84.- Sentencia de apelación del proceso contencioso administrativo  07-000292-163- C.A de fecha recibido 10 de setiembre de 2014 del Tribunal Contencioso Administrativo, ( Archivo virtual legajo de prueba I Parte I- II - IIIy IV del 16/09/2014 de las 10:51:04 a.m., de las 10:52:13 a.m., de  las 10:52:39 a.m. y  de las 10:53:03 a.m.) 85.- Denuncia interpuesta por los ofendidos Carlos Adrián Vargas Murillo y Adriana Vargas como apoderados de Grupo Real Meyvasa y Grupo Real Vaymesa, el 6 de junio del 2007, en contra de los encartados Jovel Arias Ortega, Marco Antonio Porras Cordero, y la Municipalidad de Tilarán, del legajo Principal tomo I, los folios digitales 4 al 38,  y físicos 1 al 35 (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 86.- Certificación de la personería No. 3222501 Grupo Real VAYMESA No. 3-101- 315884 Sociedad Anónima, citas de antecedente tomo 1536, folio 241, asiento 168, citas de origen tomo 501, asiento 4894 inscrita el 01/08/2006, en el cual el presidente es Carlos Adrián Vargas Murillo, del legajo Principal  tomo I, folios digitales 40 a 42 y físicos 36 a 40  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 87.-Denuncia de LUIS ARMANDO MEJÍA, el 24 de abril del 2008, en la Fiscalía de Cañas, en el legajo principal tomo I, folios virtuales 244 a 245 y físicos 234 a 235,  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 88.-Oficio PDCL-071-2005 del 16 de agosto del 2005, de la Municipalidad de Tilarán, dirigida a Jovel Arias Ortega por parte de Ingeniero Marco Antonio Mora Porras. Legajo principal tomo I, de folio 318, 335 y físico 306, 323  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) 89.-Certificación Registral del lote No.148630-000 fincas No.5139821 y No. 5066098, de la empresa REAL MEYVASA S.A., del legajo de prueba III folio virtual 363 y físico 361 (Archivo virtual legajo de de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13:51p.m.). 90.-Oficios No.PDCL-060-2005, del arquitecto Mora Protti, y PDCL-061-2005, del legajo de Certificación de Patentes del Grupo Real Meyvasa tomo I, folio físico 15 a 18 ( Archivo  virtual legajo de Patentes Tomo I del 15/02/2016 08:44:00 a.m., Tomo I, 1  15/02/2016 de las 08:44:50 a.m.   y Tomo II 2 15/02/2016 de las 08:45:04 a.m. )91.-Contestación de la Procuraduría General de la República del 20 de febrero del 2006, ante la Sala Constitucional del legajo de Certificación de Patentes del Grupo Real Meyvasa tomo I, folio 41 a 52 ( Archivo  virtual legajo de Patentes Tomo I del 15/02/2016 08:44:00 a.m., Tomo I, 1  15/02/2016 de las 08:44:50 a.m.  y Tomo II 2 15/02/2016 de las 08:45:04 a.m. ) 92 PU-C-333-2007, de Leonel Rosales, Maroto como Director del INVU en el legajo de prueba III folios virtual 362 y físicos 358 a 360 ( Archivo virtual legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13:51p.m.).  93  Legajo Contencioso No. 04-00006- 161-CA  (Archivo virtual legajo de Prueba 04-000006-161-CA del 11/02/2016 de las 10:05:34 a.m.) 94.- Certificación de Juzgamientos de EMANUEL RUIZ  principal tomo I folio virtual y físico 225, 496 Incorporada el 20/01/2016. 95  Demanda el grupo actor REAL MEYVASA, contra, Voto No.1348 -2011, de las 10:30 horas, del 30 de junio del 2011, del Juzgado Contencioso Administrativo y civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, tomo I físico 793 07-000292-163-CA en el por tanto se indica que, se declara con lugar la defensa previa, de inadmisibilidad de la acción e impide verter sobre el fondo ( Archivo virtual legajo de prueba I Parte I- II - IIIy IV del 16/09/2014 de las 10:51:04 a.m., de las 10:52:13 a.m., de  las 10:52:39 a.m. y  de las 10:53:03 a.m.) 96.- Sentencia No, 1507 -2015 de las del Juzgado Contencioso Administrativo del tomo II del expediente 07-000292-163 CA, folios 1116 (Archivo virtual legajo de  16/09/2014 de las  10:53:38 a.m ).97.- Sentencia 1509-2015 del 21 de agosto del 2015,  del  Tribunal Contencioso Administrativo folio 1116 al 1121, del tomo II del expediente 07-000292-163 CA (Archivo virtual legajo de  16/09/2014 de las  10:53:38 a.m ) 98.- Sentencia 123-2015 del 30 de noviembre del 2015  del  TribunalContencioso Administrativo de folios 1227 a 1237 del tomo II del expediente 07-000292-163 CA (Archivo virtual legajo de  16/09/2014 de las  10:53:38 a.m ) 99.-El legajo de patentes tomo I folio 53, resolución 556-2006 (Archivo virtual legajo de de Patentes Tomo I-1, Tomo I-2   y Tomo I-3del 15/02/2016 08:44:00 a.m.,  de las 08:44:50 a.m.  De las 08:45:04 a.m. ) 100.- Contrato Privado entre el imputado EMANUEL (Archivo virtual legajo de )101  Documento de  fecha 13 de mayo de 2013 Declaración Jurada rendida por la señora Maylin M. Vindas Ortega, El acta  46 del 14 de marzo del 2007 de folio 271 del expediente. El acta número 59 del 13 de junio del 2007 102 .- Certificación de personas físicas y jurídicas Grupo Real Meyvasa S.A. cédula 3-1013155725 Grupo Real Vaymesa S.A. cédula 3-101315888, como actores civiles a Carlos Adrián Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas. (Archivo virtual  Certificación poder de legitimación a grupo real MEYVASA S.del 7/03/2016 02:12:54 p.m.) 103.- Legajo de acción civil del folio 1 al 86,  (Archivo virtual legajo de acción civil 21/03/2013 10:27:59 a.m.) 104.- Expediente administrativo No. 05-1338-007-CO Y 05-13954-007 CO en seis tomos, (Archivo virtual legajos bajo el nombre Certificación de Proceso Ordinario 1 a 6 del 15/02/2016 de las 08:45:20 a.m, 08:45:33 a.m., 08:45:47 am., 08:46:19 a.m. y 08:46:34 a.m.) 105.- Certificación juzgamientos de Jovel Arias Ortega (Archivo virtual legajo del 20/01/2016 de las 10:09:49 a.m.) 106.- Certificación juzgamientos de Emanuel Ruiz Salazar (Archivo virtual legajo del 20/01/2016 de las 10:10:21 a.m.) 107.- Certificación juzgamientos de Marco Porras Cordero (Archivo virtual legajo del 20/01/2016 de las 10:11:03 a.m.) 108.-Certificación PH89-2013 expediente administrativo de las licencias otorgadas a RAFAEL HERRERA CONEJO certi, (archivo virtual legajos N. 1 a04/02/2016 09:03:34 a.m. a del 04/02/2016 de las 09:05:16 a.m.) 109.- Certificación servicios prestados de MARCO A. PORRAS CORDERO (Archivo virtual  Certificación servicios prestados del 03/02/2006 de las 09:25:49 a.m) 110.-. Certificación nacimiento de FIORELLA VARGAS (Archivo virtual  Certificación del  5/02/2016 de las 01:01:37 p.m.) 111.- Acta Notarial (Archivo virtual Acta Notarial del  1/02/2016 de las 09:10:25 a.m.) 112.- Centro Empresarial Cañas- (Archivo virtual Centro Empresarial Cañas  del 1/02/2016 de las 09:10:00 a.m.) 113.-Certificación Gasolinera Comercio (Archivo virtual Certificación Gasolinera Comercio del 1/02/2016 de las 09:09:22 a.m. ) .- 114.-Contrato de Arrendamiento (Archivo virtual  Contrato de Arrendamiento del 11/02/2016 de las 09:08:12 a.m.) 115.-Escritura (Archivo virtual Escritura del 1/02/2016 de las 09:07:56 a.m) 116.-Prueba Recabada durante el debate no escaneada: Documento 1: Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Expediente 07-000291-0163-CA, donde figura como actor Grupo Real Meyvasa S. A. contra la Municipalidad de Tilarán, el cual consta de 143 folios incluyendo la certificación del expediente, la carátula y el índice. Documento 2:  Juzgado Contravecional y Menor Cuantía de Tilarán.  Expediente 13-100020-404-CI.  Proceso Monitorio Arrendaticio, donde figura como actor Grupo Real Meyvasa S.A. contra Total Petróleo Costa Rica S.A, el cual consta de 674 folios. Documento 3: Contrato de arrendamiento de obra futura, constituido entre TOTAL PETROLEO COSTA RICA y el GRUPO REAL MEYVASA S.A, el cual consta de 23 folios. Documento 4: Corte Suprema de Justicia.  Sala Constitucional.  Recurso de Amparo a favor de GRUPO REAL MEYVASA S.A., como recurrente Carlos Adrián Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas, e n contra del Alcalde Municipal de Tilarán y Concejo Municipal de Tilarán, el cual consta de 286 folios. Documento 5: Corte Suprema de Justicia.  Sala Constitucional.  Acción de Inconstitucionalidad, donde figura como acciónate GRUPO REAL MEYVASA S.A., el cual consta de 283 folios. Documento 6: Ministerio Público.  Fiscalía de Cañas.  Expediente 12-000680-073-PE por el delito de Lesiones Culposas.  Imputado: Edwin Ruiz Salazar.  Ofendido: Yardany Alexander Agilar Moraga, el cual consta de 30 folios. Documento 7: Escrituras varias del protocolo No. 335 de la Licenciada Karen Yanina Brenes Villalta el cual consta de 9 folios. Documento 8:  Acta de conciliación del Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía de Cañas, Guanacaste, de las trece horas treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil siete, el cual consta de 2 folios. Documento 9: Reglamento Municipal 18-07 de la Municipalidad de Tilarán.  Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza para Fracciones Políticas, Presidencia y Vicepresidencia del Concejo Municipal de Tilarán, el cual consta de 2 folios. Documento 10: Ministerio Público.  Fiscalía de Cañas. Expediente 08-200179-0413-PE por el delito de Tentativa de Homicidio donde figura como imputado Emmanuel Ruiz Salazar, en perjuicio de Elizabeth Moraga Calderón, Jennifer Gutiérrez Moraga y Yerimen Moraga Calderón, el cual consta de 23 folios. Documento 11: Certificación y copia del poder de legitimación a grupo Real Meyvasa S. A, para construcción, instalación y operación de estación de servicio en finca en Ciudad de Tilarán, el cual consta de 2 folios. Documento 12: Documentos varios del Banco Popular y Banco Nacional detallando los desgloses de Grupo Real Meyvasa y Vaymensa, el cual consta de 60 folios. Documento 13:  Querella con concomitante Acción Civil Resarcitoria, tramitado en el expediente 12-000680-073-PE, en la Fiscalía de Cañas, contra Edwin Ruiz Salazar y en perjuicio de Yardany Alexander Aguilar Moraga, el cual consta de 9 folios incluyendo la carátula. Documento 14: Banco Popular.  Centro Empresarial Cañas.  Desgloses de Enero a Agosto de 2015 de las operaciones de Grupo Real Meyvasa S.A: y Grupo Real Vaymensa S.A., el cual consta de 3 folios.

IV.- SOBRE EL FONDO. Del análisis conforme a las reglas de la sana crítica racional que este Tribunal ha realizado de las diversas pruebas que fueron evacuadas durante la audiencia del debate y los documentos incorporados a la misma mediante lectura, considera que se logró demostrar: 
         a.- Sobre los hechos acusados en contra de los co encartados y actores civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO se demostró que ambos imputados opusieron el plan regulador de Tilarán al Grupo Real Meyvasa S.A, representada por los ofendidos y actores civil Carlos Vargas Murillo y Luis Armando Mejía Rojas, para no otorgarle el permiso de uso de suelo, ocasionando que no pudieran seguir con los trámites para la construcción de la estación de servicio de combustible a la entrada de la ciudad de Tilarán, sobre la ruta Nacional, frente al restaurante típico Internacional “ Aroma Tico". Ello a través de las resoluciones Oficio PUCC- 109-2003 del 31 de octubre de 2003, Oficio PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del Martes 11 de Noviembre del  2003 y  Oficio DAM-381-2003, de las 8:00 horas del 14 de noviembre de 2003, todas de la Municipalidad de Tilarán  fundamentado en ellas, la existencia del plan regulador de Tilarán, el reglamento de zonificación y viabilidad, y los planos, cuando no era oponible a terceros, por la falta de publicación de planos. 
        No obstante, de la valoración integral de la prueba recabada, se determinó que los mismos actuaron en estado de error de prohibición por cuanto: “...Existe error de prohibición no sólo cuando el autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su hecho...” (MUÑOZ CONDE, Francisco y otro. Derecho  Penal. Parte General, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 7ma edición, 2007, pág. 382), como a continuación se desarrollará:
Del análisis de la prueba, se acreditó que el co imputado ARIAS ORTEGA como PORRAS CORDERO, han laborado en la Municipalidad del Cantón de Tilarán, para el año 2003 al 2009 siendo funcionarios  públicos,  de dicho Gobierno local.
Propiamente el encartado y demandado civil JOVEL ARIAS ORTEGA, inició labores como Alcalde desde el 3 de febrero del 2003, hasta el 30 de abril del 2016 en el Cantón de Tilarán, como se puede determinar a través de la resolución No. 2386-E-02 del Tribunal Supremo de Elecciones del período del 3 de febrero del 2003 al 4 de febrero del 2007. Nombramiento que volvió a obtener, según las resoluciones No. 39-04-E-2006 del Tribunal Supremo de Elecciones, del período 5 febrero del 2007 al 6 de febrero del 2011 y Resolución No. 0023-E11-2011 del Tribunal Supremo de Elecciones, del período 7 febrero del 2011 al 30 de abril del 2016 según se aprecia de las certificaciones aportadas del legajo de documentación varia, folios virtual 52 a 55 y físico 45 al 48 ( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.). 
Mientras el co imputado y co demandado civil  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO  para el momento de los hechos laboraba en la Municipalidad de Tilarán según se aprecia de la  Certificación de Servicios Prestados del Gobierno Local de la Municipalidad de Tilarán, como Profesional Municipal 2, en el cargo de coordinador de desarrollo y Control Local desde el 3 de junio del 2002 hasta el 19 de mayo del 2006 (Archivo virtual  Certificación servicios prestados de MARCO A. PORRAS CORDERO del 03/02/2006 de las 09:25:49 a.m.)
         De igual forma, se comprobó que el afectado y actor civil Carlos Adrián Vargas Murillo, es presidente de las empresas aquí ofendidas, según la Certificación RNP-Digital No. 1058637-2013 del Grupo Real VAYMESA S.A. bajo el No. 3-101- 315884, citas de origen tomo 501, asiento 4894 inscrita el 01/08/2006, y la Certificación RNP-Digital No. 1058569-2013, se aporta que el Grupo Real Meyvasa S.A. con la cédula jurídica No.  3-101-31557275 con las citas de origen tomo 505 asiento 4897 inscrita el 01/08/2006, según se observa en el legajo de documentación varía, folios virtual 41 al 42 y  44 a 47, físico  37 al 37 vuelto, 38 a 41,  y físicos 209 a 212 ( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).
Además, que dicho aquejado Vargas Murillo junto con el afectado Luis Armando Mejías Rojas, son socios en la construcción de la estación de servicio o gasolinera a la entrada del Cantón de Tilarán, siendo así por ellos referidos en juicio a través de la denuncia interpuesta por los ofendidos Carlos Adrián Vargas Murillo como apoderado de Grupo Real Meyvasa y Grupo Real Vaymesa, el 6 de junio del 2007, en contra de los encartados Jovel Arias Ortega, Marco Antonio Porras Cordero, y la Municipalidad de Tilarán, del legajo Principal tomo I, los folios digitales 4 al 38,  y físicos 1 al 35 (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.) y la denuncia de Luis Armando Mejías Rojas el 24 de abril del 2008, en la Fiscalía de Cañas, en el legajo principal tomo I, folios virtuales 244 a 245 y físicos 234 a 235,  (archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).
Asimismo se examinó la prueba testimonial, consistiendo en las declaraciones de Carlos Adrián Vargas Murillo conocido como Cayán, Luis Armando Mejía Rojas, Yolanda Vargas Murillo, Jorge Arturo Barrientos Valerio, Jorge Rodríguez Herrera,  Leonel Rosales M, que junto con la valoración de la prueba documental demostró que los co encartados y actores civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO mediante sus resoluciones, opusieron el plan regulador de Tilarán al proyecto de estación de servicio (gasolinera) del Grupo Real Meyvasa y Vaymesa cuando este plan no podía ser oponible a terceros, esto debido a la falta de publicación de mapas y planos de zonificación, según jurisprudencia de la Sala Constitucional y Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República que son vinculantes.
Propiamente, el ofendido y querellante CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO, manifestó que junto con el ofendido  Luis Armando tomaron la decisión de realizar una estación de servicio o bomba, porque la que existía estaba vieja. Refirió que una de las condiciones que él puso a socio fue que la obra que cumpliera con los requisitos de la nueva legislación, que fuera moderna. Mencionó como obtuvieron los dos terrenos a la entrada de Tilarán, a  la par de la Cámara de Ganaderos, y así surgió el Grupo Real Meyvasa y Grupo Real Vaymesa.
A su vez, señaló que sin ellos haber ido a la Municipalidad, a solicitar el uso de suelo, ya el co encartado MARCO PORRAS CORDERO, hacía consultas a diferentes entidades públicas referente a la construcción de la estación de servicio, y manifestaba su posición con respecto a la misma, siendo así narrado por Vargas Murillo en juicio:”... Porque nosotros no habíamos hecho solicitud a la Municipalidad de uso de suelo, y ya nos dábamos cuenta de que, el Ingeniero Porras, había enviado, documentos al Ministerio de Salud...-sic-..diciéndoles que el proyecto de una estación de servicios, que se quería hacer en Tilarán, no podía ir ahí, porque era, según el plan regulador, y el plan de ubicación era de residencia y que ellos solicitaban que tomaran muy en cuenta la posición de la Municipalidad. El mes siguiente hay otro documento que este señor le envía también a SETENA, donde también le informa la misma situación...”.
Además el aquejado Vargas Murillo, que ellos se abocaron a realizar las gestiones para su construcción que fueron al INVU, sitio en donde obtuvieron un permiso, el 9 de enero del 2003 por parte del Ingeniero Mora Protti, porque:”... el plan regulador de Tilarán, no se había publicado por completo. Entonces el INVU, nos dio en esa fecha el 9 de enero del 2003, un permiso para instalar la gasolinera en ese lugar...”, corroborándose la existencia de este documento, en el cual, se le dio el permiso por el plazo de un año.
Posteriormente, dicho aquejado mencionó como la Municipalidad el 31 de octubre, le contestó que el proyecto no podía ser en ese lugar, por estar en zona restringida por ser para vivienda. Señaló que interpusieron el recurso de revocatoria contra esa resolución, así como él personalmente le tocó realizar todas las gestiones y hasta personalmente. De allí que narre, como fue atendido por el imputado MARCO PORRAS CORDERO y que éste le comunicó que no le iba a dar dicho permiso, propiamente Vargas Murillo en juicio dijo:“...Y cuando voy a entregarle la revocatoria a este señor, le digo Marco pero qué es lo que está pasando, Por qué sólo contra nosotros, vea, si solo comercio hay en esa cuadra, estamos rodeados de comercio y me dice: “lo que yo acabo de decirle a usted, es que nunca le voy a dar el uso de suelo, que nunca me daría el uso de suelo...”...”
También el aquejado y actor civil  Vargas Murillo, aportó que el Alcalde y aquí encartado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su resolución de alzada, mantuvo lo resuelto por el ingeniero y co encartado Marco Antonio Porras, denegando así el otorgamiento del permiso de uso de suelo.
El aquejado Vargas Murillo, durante el debate mencionó que él fue donde el licenciado Francisco Castrillo, y le comentó lo que estaba sucediendo y éste le indicó que él le había dicho en algunas ocasiones, al Concejo Municipal y al Alcalde, que el plan regulador de Tilarán, era muy viejo y así Vargas Murillo, lo refirió: “...Que ya se le había dado varias prórrogas que estaba obsoleto, que había que pensar en uno nuevo y que no se había publicado completo...”.
        La declaración del aquejado Carlos Adrián Vargas Murillo, es de relevancia, ya que al ser la persona que ostenta la representación de las empresas Grupo Real Meyvasa y Grupo Real Vaymesa, al ser apoderado generalísimo de ambas sociedades y ser el encargado de realizar las solicitudes de permisos y hasta entrevistarse con los imputados y  hasta el propio licenciado Francisco Castrillo, quien era para el año 2002 y 2003 el asesor de la Municipalidad, y a quién le mencionó que él había sostenido que el plan regulador de Tilarán no se podía aplicar, porque éste era “obsoleto”, como anteriormente se apuntó.
        Otro aspecto importante es que el ofendido y actor civil Vargas Murillo, reprocha en su testimonio que el imputado JOVEL ARIAS ORTEGA, como el alcalde de Tilarán, para el momento de los hechos, tenía más de 8 años de estar en el puesto y estima que tanto éste como Alcalde y el co encartado Marco Antonio Porras, como funcionarios, no era posible que no conocieran que el plan regulador era ineficaz y hasta apuntó que según el Código Civil, una ley es ley, cuando ésta fuera publicada toda, sin quedar ningún elemento, sin publicar en el diario la Gaceta, y que la Procuraduría, le hizo ver a la Municipalidad y a la alcaldía que el plan regulador no se publicó por completo, y hasta la Sala Constitucional le pidió a la Alcaldía que lo pusiera al día sino, no era eficaz, lo cual no se hizo.
En su deposición Vargas Murillo, sostuvo el daño que se le ocasionó a él y su proyecto, ya que el pueblo creyó que habían construido de manera ilegal y así lo dijo durante el debate: “...Los daños, que nos han ocasionado son increíblemente graves, porque en lo moral incluso, yo creo que he sido una persona lo más recta posible y siento que culpa  de esa situación, el pueblo ha creído que nosotros construimos ilegalmente, y es todo lo contrario, nos aplicaron una ley ineficaz de una forma irregular. Vea lo que ocurre al mismo tiempo, que nos están haciendo eso a nosotros, Por allá en el otro extremo de la ciudad en una propiedad que por cierto era de mis papás, allí se ha construyó porque era zona de vivienda y todavía, supuestamente es de vivienda, porque ya no me animo a decir....”. 
También, el querellante y actor civil Vargas Murillo, declaró que el alcalde y aquí imputado ARIAS ORTEGA, a pesar de los pronunciamientos, jurisprudencia y resoluciones existentes, no le dio el permiso de suelo y en la última reunión con él, dicho encartado le dijo que cambiara los planos y que pusiera que iban a construir otra cosa: “...Ni siquiera me dijo que tenía que ser vivienda, que fuera cualquier otra cosa, menos gasolinera, que él me daba los permisos, y más adelante así con esas palabras”. Posteriormente, manifestó que el Concejo les dio el permiso de uso de suelo, éste les fue anulado  por el Tribunal Contencioso Administrativo, y en el año 2006, el imputado ARIAS ORTEGA, aceptó que el plan regulador de Tilarán, era ineficaz, pero cuando lo reconoció ya era demasiado tarde.
Del mismo modo, señaló el tiempo que la estación de servicio estuvo parada y sin trabajar fue de dos años y medio:”.. Estamos hablando que a nosotros nos están afectando muy directamente más de dos años y medio, es un atraso muy severo. Después de esos dos años y medio de atraso, si acaso como en el 2006, se terminó la construcción y fue cuando el Alcalde nos anulo. El atraso antes del inicio para poder construir, fue año y medio, y luego, un año más de atraso, porque el Alcalde nos paro, nos quitó el permiso de construcción, fue en diciembre del 2006....”. Así como los perjuicios sufridos a nivel personal al tener que asumir  parte de los pagos de préstamo realizado en los bancos, sin tener la bomba en funcionamiento, el no poder alquilar los locales que se hicieron, el daño: “...Los daños, que nos han ocasionado son increíblemente graves, porque en lo moral incluso, yo creo que he sido una persona lo más recta posible y siento que culpa  de esa situación, el pueblo ha creído que nosotros construimos ilegalmente, y es todo lo contrario, nos aplicaron una ley ineficaz de una forma irregular...”.
Además durante su deposición hizo mención de las  acciones desplegadas por el co encartado Emanuel Ruiz, quien era abogado de su hermana Yolanda Vargas Murillo, y quien decía que podía ayudarlo, para  que el proyecto saliera. Motivo por el cual, él le dijo a uno de sus asesores Douglas y fue a ver a dicho co encartado quien le propuso que le  cancelara dinero ante lo cual él no quiso.
Finalmente con respecto a la actuación de los co imputados ARIAS ORTEGA como  alcalde y PORRAS CORDERO, el testigo Vargas Murillo, ante preguntas, aceptó que antes de comprar los terrenos, no fue a la Municipalidad para determinar si podía construir, ello porque en Tilarán todo el Mundo construye y se les da permiso y así lo declaró: “...No, yo antes de comprar los terrenos para construir la bomba de combustibles no visité la Municipalidad de Tilarán, antes de comprar los terrenos para saber si era factible la construcción de esa bomba en ese lugar, en realidad no fui porque en Tilarán todo mundo construye y locales de construcción, si en realidad, porque en Tilarán construye, todo el mundo hace lo que quiere, donde quiere, y no es una zona residencial que se pueda decir que es sólo para eso y como estaba rodeado de comercio, yo supuse que no íbamos a tener ningún problema...”.
El testimonio del aquejado Vargas Murillo, es creíble para este Tribunal, ya que tanto su lenguaje corporal como verbal evidenciaban el dolor de haber vivido desde el año 2003, la imposibilidad de instalar su estación de servicio, por el actuar de los co imputados ARIAS ORTEGA como  alcalde y PORRAS CORDERO como ingeniero de la Municipalidad de Tilarán, quienes opusieron un plan regulador ineficaz, para no permitir su proyecto en ese lugar.
De igual forma se analizó el testimonio de Yolanda Vargas Murillo, hermana del ofendido Carlos Adrián quién aportó que en el año 2003, su hermano quería realizar una bomba en  Tilarán,  ya que la otra era vieja y que él junto con el yerno de éste compraron un lote al inicio de Tilarán al frente de un restaurant Aromático.  En su relato, mencionó que al pedir permiso en la Municipalidad de Tilarán, el co imputado Porras les dijo que no hay plan y que debían pedirlo en el INVU, razón por la cual, su hermano hizo las gestiones ante el INVU logrando el permiso para hacer la bomba, y que ellos invirtieron 200 millones de colones, pero la Municipalidad de Tilarán, le pararon la construcción y comenzó una problemática seria, al no tener dinero su hermano, razón por la cual éste hizo un préstamo y así lo expreso:"...- a mi hermano se le había terminado el dinero. Tuvo que hacer un préstamo al Banco Popular. Él no se imaginó semejante barbaridad, porque él estaba ejecutando permisos de talleres metidos en habitaciones...".
En su relato la testigo hizo referencia a que a diferencia de su hermano que no le daban permiso, porque era una zona residencial donde se iba a edificar el proyecto, al señor Rafael Herrera Conejo, conocido como Felo, quién compró un terreno en el año 2005, a la par de su casa y él logró realizar una construcción. Aportando en su narración las gestiones por ella realizadas por ser al final un taller de lubricentro y hasta con soda que se edificó a la par de su casa. Señalando la existencia de una una fosa, ubicada cerca de los dormitorios de su casa. Detalló como esa construcción le contestó el co imputado Porras, a quién ella nombra como el Ingeniero Porras, que  era para hacer una verga  y un servicio sanitario al fondo. Luego la testigo Vargas Murillo, describió los talleres y negocios que se ubican en la zona, y que en ese caso si le dieron a él permiso de construcción.
En relación con el plan regulador de Tilarán sostuvo la testigo Yolanda Vargas Murillo, que éste estaba obsoleto así como el problema fue por falta de publicación, y así lo dijo:"...-el problema es que no tiene ubicación ni permiso de nada, pero sin embargo, es el INVU que tiene permiso para regular las cosas y ellos ponen algo obsoleto y se le pone encima a las gente. Ese plan no se publicó en Tilarán y entiendo que en la Gaceta tampoco..."
   Sobre los hechos manifestó como a raíz de estar la estación de servicio o " bomba" paralizada, por la municipalidad, por más de un año, si afectó a su hermano y así ella lo dijo en juicio: "... La obra de mi hermano estuvo paraliza más de un año. Sí claro aprecié afectación anímica de mi hermano...”. Además que lo vio ella llorar cuando les narraba la deuda que tenía y que debía cancelar:".. Porque él ha sido un hombre fuerte, se ponía con lágrimas afuera nos contaba a Jorge  y a mí, lo más fuerte es la deuda en el Banco Popular, más de 200 millones, estoy pagando más de 8 millones al mes. Estoy vendiendo ganado no puedo quedar mal, él y su socio. Por un tiempo no salía, solo iba a mi casa (llora).."
 Hizo incapié en el impacto físico que el aquejado Carlos Adrián conocido como Cayán tuvo por esa situación, de ponerse pálido, afectar sus exposiciones de caballos: "... Se puso pálido, demacrado, le decía Cayán, no les dé gusto, llévele la contraria. Obviamente aque si le afecto en sus hobbies, en exposición de caballos. Carlos Adrián se fue abajo con la exposición de caballos, totalmente...”.
La testigo Yolanda Vargas Murillo, también señaló que el proyecto o la bomba, si logró abrir a finales del año 2007, pero a pesar que tenían locales comerciales, no se alquilaron, ello por cuanto, amistades les mencionaron que en cualquier momento la municipalidad podía cerrar o paralizar la obra. Así como en la actualidad la estación de combustible, hoy en día se vendió y que ahora  llega una cantidad de carros.
Adicionalmente, la señora Vargas Murillo, mencionó cómo el co imputado Emmanuel Ruiz, le hizo un cobro de dinero a su hermano  Carlos Adrián para que su bomba pudiera abrir,  y ello se dio cuando ella tenía a dicho letrado como abogado ante los problemas con el taller de lubricentro Felo, construido a la par de su casa, se hizo clienta del co encartado  Ruiz, en el 2006, para que él le ayudara, tanto con ese caso como con un choque que tuvo porque un carro le pegó al automóvil de ella por detrás, existiendo confianza entre ellos. Pero dicho imputado le dijo que si su hermano le pagaba a él dinero, no iba a tener problema, porque él mandaba en la Municipalidad, propiamente la testigo Vargas Murillo dijo "...Había confianza nos conocíamos de antes, y me dijo: dígale a su hermano Cayán que le dice las cosas que le gusta o no, que si él me paga 4 millones a mí, y después, yo le digo cuánto a él, 17 millones, le paso el problema, porque yo mando en a la municipalidad.  Le dije cómo que manda el Concejo, y me dijo si aunque no lo crea yo lo mando. Le dije usted hace bromas, y me dijo no Yolanda, yo lo mando, vaya, y me dijo usted se va a fijar como yo lo mando...”.
Agregó que ella fue a una sesión municipal en marzo del año 2007 y así ella lo logró ver: "... Fui apliqué concentración fuerte. Él me dijo yo me siento en la banca de atrás, porque me gusta mandar todo, lo más impresionante, es que manda en verdad todos los temas se los manda al licenciado Ruiz. Hay un receso en la Municipalidad en la sesión. Eso fue en marzo, venía semana santa, que paso allí, del 2007. Entonces en el receso yo pasé, nos tenemos confianza, y le dije es cierto, licenciado usted manda, (hace gesto que golpeo en hombro con la mano) venía Semana Santa y los señores dijo que hacemos, el grupo, hablaban el Concejo Municipal que se sienta al frente..".
Además sostiene que nuevamente el co encartado RUIZ SALAZAR quien le hace dicha proposición ante lo cual ella se lo dice a su hermano Carlos Adrián quien  se niega y le dijo a ella que eso era una estafa. Refiere que el imputado vuelve a realizarse el ofrecimiento y al encontrarse con su hermano ella le pide que vayan que no sea orgullo, pero una vez estando en la oficina del imputado Ruiz Salazar, solo su hermano Cayán ingresó: "..Llegó y le digo, por favor no sea tan orgulloso, vaya hablar con el abogado es la última vez, hágalo por mí, mi familia, su familia, vea el asunto que Ruiz quiere, Cayán se va detrás de mí. yo llegó al corredor del licenciado Ruiz, pensé que iba a pasar y me dijo que no. Me manda que si ve a mi hermano que le diga, entró mi hermano  conversó con Ruiz y yo quedé en el corredor. Carlos Adrián Vargas, no le pagó el dinero que pedía, jamás, dijo que era un robo..."
La testigo Vargas Murillo, a lo largo del debate, su lenguaje corporal y verbal evidenció ser sincera, y también estar afectada por los hechos vividos con su hermano Carlos Adrián con respecto a la construcción y funcionamiento de la estación de servicio en Tilarán, siendo su declaración creíble para este Tribunal. 
Además, manifestó cómo ella se quedo en el corredor de la oficina del co imputado RUIZ SALAZAR, mientras su hermano hablaba con dicho imputado, así como al salir el aquejado Carlós le mantuvo las mismas frases a ellas dichas: "...-yo quedé en el corredor, fue lo que mi hermano me dijo que él le había repetido las mismas frases que me dijo a mí, que le había cobrado 4 millones y 17 al final. Yo me quedé esperando, le digo Cayán, se llama Carlos Adrián, me dijo que no, ese carajo me quiere robar, eso es una estafa, yo cogí el caro y me fui a la casa y él se fue. Esa reunión sucedió, más o menos como a finales del 2006 a principios del 2007...".
Todavía hizo referencia a que ella fue a la fiesta de cumpleaños de una nieta del encartado Emanuel Ruiz, a principios de año, del 2007, ya había ido muchas veces, y eso fue  hace 9 años, la madre de la niña se llama Nancy. Ante preguntas señaló que fue su  hermano Cayán, quien le mencionó que el co imputado Porras le dijo que no había  plan regulador.
Así como aceptó que la estación de servicio de Cayán si estaba en zona residencial, y que como nombre estaba Grupo Total, pero que ahora tiene el nombre del señor que lo compró S y M. Sobre el alquiler de la bomba dijo que según su hermano fue a ese grupo Total, en la suma de 6 millones y él tenía que poner 2 millones más para pagar, el resto, al banco. Todavía hoy el ánimo de su hermano no cambio, y  sigue deprimido.
A más, que este Tribunal logro determinar que dicha testigo, ante preguntas siempre mantuvo  su versión dada, siendo coherente y creíble.
Igualmente se recibió el testimonio del ofendido y actor civil Luis Armando Mejías Rojas, quien refirió ser representante de las empresas Grupo Real Meyvasa, así como relató que durante el 2001 al 2002, él vio la oportunidad y necesidad de construir una estación de servicio en el Cantón de Tilarán. Que contó con la ayuda de un asistente, que hicieron una serie de diligencias previas, primero fueron a la Municipalidad, no existía el plan regulador, fueron al INVU,  y les dieron el uso de suelo. Aportó que se confeccionó el anteproyecto y planos, van de nuevo a la municipalidad, para tener el permiso de construcción. Acotó que tanto él como su socio y suegro Vargas Murillo, tenían ilusión de hacer esa bomba, pero al ir a la Municipalidad manifestó que:“..-.se nos hizo difícil la inversión, no la acogieron con los ojos de nosotros...”. Además mencionó que lograron un préstamo del banco.
Con respecto a los problemas con los permisos, narró que se mandaron notas a las instituciones donde ellos tenían permisos, y tuvieron que demostrar que todo estaba bien: “para demostrar que nos dieron el uso del suelo y demostrar que nos los dio y no eraba vigente el plan regulador para que nos dejaran construir la estación de servicio...”. Durante un lapso de 2 años y les volvieron a dar el permiso de construcción, pero paralelamente cuando estaban construyendo, un juzgado les dio que no tenían  permiso de construcción y otras vez con la estación terminada y esperar fuentes de trabajo, y les cierran como un año completo, con todo terminado.
A nivel emocional dijo que la frustración fue como empresario, ya que todas las personas los llamaban y decían como la estación tan bonita y no se podía usar, contó que  la credibilidad como empresario, como inversionista se desmotiva. Incluso que el banco entendía pero tenía que recoger el dinero y hacer frente no con el Banco Nacional sino Popular. 
El testigo Mejias Rojas, dijo que el plazo que estuvieron paralizados fue de un año: “...saber que teníamos todos los permisos, y nos paran un año con la estación terminada. Hasta escuchar en la comunidad que pasó con la casi bomba. Que linda la entrada de Tilarán parece de aeropuerto, con buena calidad...”.
Mencionó que vendió la estación porque tenía una aureola mala, que el edificio tiene 12 locales, y hasta ahora que se vendió estuvieron cerrados.
 Relató que tal vivencia para él fue frustrante: “...hacer esa inversión, en lo personal, tuve mucho desgaste económico lo sostuve por más de 15 años, hasta que me vi obligado venderlo a un amigo y llegar a ceder la ganancia, la utilidad y esfuerzo de tantos años, porque era insostenible, a veces los negocios uno no quiere que sea así, salir por las buenas y tener problemas económicos y familiares es un relato rápido de 15 años...”
 El ofendido y actor civil Mejía Rojas, hizo una cronología sobre los hechos, dijo que el proyectó se integró entre 2001 al 2003, en el 2003, se llevó el lapso de 7 meses la tramitología para la estación, el permiso de suelo, lo lograron entre el 2002 al 2003, y que él compró el terreno para el 2002. Dijo que no precisaba cuando el INVU dio el permiso pero fue entre el 2002 al 2003, antes de hacer toda la inversión y que fue  el aquí encartado PORRAS CORDERO, quien le dijo que no tenían plan regulado eso se lo dijo a la persona que contratamos es la persona Gustavo Parra. El permiso de construcción no lo lograron al inicio de la primera construcción. Lo obtuvimos como dos años después de hacer la primera solicitud del 2003  al 2005, que llegamos a obtener el permiso. Les quitaron el permiso de construcción en el 2005 al 2006, pero en ese lapso del 2003 al 2007 no pudo laborar , fue como en el 2007 se puedo operar, se terminó en el 2006 que ese año estuvo completamente terminada  nos pararon. 
Narró a las instancias que fueron para obtener el permiso. Así como describió los locales cerca y detrás del lote que es la gasolinera, hay un taller de mecánica, no sé el nombre- El socio y yo tuvimos que hacer frente no solo al inicio sino también después.  Ya el préstamo se había entregado todo. Una de más la empresa pagaba a grupo real Meyvasa para hacer frente y que  en la sociedad pagaban 50 y 50.   Sobre el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el resultado no lo recordó, no obstante, en su declaración describió donde se encontraba la estación de servicio y los locales ubicados cerca de éste.
Mientras el testigo Jorge Arturo Barrientos Valerio, esposo de la testigo Yolanda Vargas Murillo, manifestó como su cuñado  Carlos Adrián, conocido como Cayán  y él yerno de Cayán se dispusieron a montar un expendio de gasolina, de combustibles dentro de la periferia de Tilarán, para ello hicieron sus permisos tanto que construyeron la bomba, pero en algún momento ocurrieron choques porque, el plan urbano, a veces era funcional a veces no era funcional. El señor Barrientos Valerio al igual que la testigo Vargas Murillo, aportó la situación por ellos vivida con un vecino, mientras para el aquejado si se le a plicó el plan regulador.
Mencionó como él en el mes de marzo del 2007, fue a  Cañas, a los juzgados para una especie de conciliación con una hermana por una herencia, y el co imputado EMANUEL RUIZ quien era mi abogado quien lo acompañó a la diligencia. En el viaje dicho co imputado RUIZ SALAZAR, le dijo que tenía influencia de asuntos legales en la Municipalidad y que el asunto de Cayán se resolvía fácil, así como propuso un pago de dinero, propiamente el señor Barrientos Valerio en juicio así lo detalló: ".. Lo que él me dijo fue, ya Yolanda vio la influencia que yo tengo en asuntos legales en la municipalidad y si el que lo tiene lo tiene. Seguimos conversando sobre el asunto de Cayán, eso se arreglaría muy fácil, Eso se arreglaría muy fácil simplemente, con dinero, pues sí.  Es así y voz podes arreglarlo, podría ser. Yo me fui y le dije cuánto es lo que cuesta, después que no quería decir mucho a mí, sino ponerme a presionar a mí, a mi esposa y a Cayán que entraran en la componenda. Al final me dijo que son 4 millones, y 17 cuando ya se haya dado el permiso y todo formalmente funcionando. 4 millones antes del acto y 17 cuando todo esté funcionando y todo sobre rieles. Allí terminamos la conversación..". Aclarando que la participación del encartado  EMANUEL RUIZ sería como abogado de la municipalidad para lograr que el plan pasara que las trabas que el plan tenía fueran eliminadas.  
La versión rendida por Barrientos Valerio, sobre la solicitud de pago de dinero, no sólo confirma el dicho de Yolanda Vargas sino también del aquejado Carlos Adrián Vargas quienes lo dijeron en juicio, siendo coincidentes en la forma cómo éste se efectuó, la cantidad de dinero, y las acciones que el co encartado Emanuel realizaría de recibirlo, pero ante tal situación, el afectado Carlos Adrián le  dijo a él que "no estaba dispuesto a someterse a una acción de este tipo que él iba a pelear que no era posible que las cosas se pudieran hacer pagando, y por eso se le cerró y él no quiso..".
Además realizó durante el debate detalló los talleres, comercios, locales y viviendas existentes cerca de la estación de servicio, del aquejado, aunado que manifestó que los vecinos de la urbanización, conocida como en lotes de don Lorenzo.
De igual forma, se recibió el testigo Jorge Antonio Rodríguez, Herrera funcionario Municipal del cantón de Tilarán, quien relató que el Grupo Real Meyvasa,  hizo gestiones, en el 2003, para el uso de suelo, pero que la municipalidad se lo denegó porque la actividad que pretendía desarrollar estaba ubicada en una zona residencial según el plan regulador  y  el mapa de zonificación. En su manifestación refirió como dicha sociedad, recurrió la denegatoria y que en el recurso de revocatoria en ese momento se discutía no la ineficacia del plan, sino que el plan regulador era obsoleto, siendo relevante su testimonio ya que aporta que para el momento de los oficios resueltos por los aquí imputados ARIAS ORTEGA y PORRAS CORDERO,  se utilizó que el plan era obsoleto y así lo dijo:".. En ese momento no se usaba el término de ineficacia sino de obsoleto, y se considera que no es procedente, en alzada lo resuelve el alcalde que igualmente lo rechace y el proceso llega al Concejo Municipal,  que es jerarca en materia administrativo. El Concejo acoge el recurso y si otorgó el uso de suelo...".
El testigo Rodríguez Herrara, señaló que los vecinos apelaron ante el Tribunal Contencioso, el otorgamiento del permiso de uso de suelo a la empresa aquejada, pero que el planteamiento varió, debido al cambio de abogado, la interposición de una acción de inconstitucionalidad y la Procuraduría General de la República sostener que el plan era ineficaz, "...la Procuraduría General de la República, plantea que había un asunto de eficacia del plan según ciertos requisitos de la ley de planificación urbana..."
  Agregó que a raíz que el Tribunal Contencioso, denegó el uso de suelo que había dado el Concejo y anuló el proceso, fue cuando apareció la figura de ineficacia, es así como en abril del 2007, el alcalde municipal otorgó el uso de suelo y con este la compañía aquí ofendida inició gestiones, ante el Ministerio de Salud para obtener el otorgamiento de permiso sanitario de funcionamiento y de combustibles. Luego con la Dirección de Combustibles, que le dio un permiso de MINAET. Posteriormente,  el 5 de noviembre del 2007, la Municipalidad  otorgó la patente comercial, porque reunían los requisitos Posterior de eso el Tribunal Contencioso anuló, ante gestión de los vecinos, pero se hizo un análisis a nivel interno de la Municipalidad, y  ante la duda, por una resolución del Alcalde, se dispuso que no se iba a suspender hasta que los Tribunales resolvieran, en definitiva la situación y ha estado funcionando hasta la actualidad.
Ante preguntas manifestó que la patente comercial salió a nombre del Grupo Real Meyvasa, pero la actividad laboral salió, la explotó Total Petróleo Costa Rica, pero que en el último trimestre del año 2015 hubo una transacción de venta, y la nueva sociedad es ChaicSol, que aportó las patentes para explotar el local comercial.
 Del mismo modo, se recibió a Leonel Rosales Maroto quien agregó actualmente es jefe del departamento de urbanismo del INVU pero fue director desde en diciembre 2006 al 2007. A la vez aclaró que él es  planificador, no abogado y si tiene conocimiento de las principales normas y urbanístico que tiene el país. Definió que se entiende como Plan regulador, los gráficos y mapas, y que la ley de planificación urbana si exigen la publicación del plan regulador. En relación con el plan regulador dijo que es  el: " conjunto de planos, gráficos las políticas de suelo, y todo aquello que la municipalidad quiere regular en su territorio. Es conjunto de planos porque se trata de en graficar la realidad de un territorio, por ejemplo cual es el uso de suelo y tierra de un cantón, se hacen planos de viabilidad, donde ubicados las áreas fuertes, las restricciones urbanísticas, terrones con riesgos a inundaciones, manglares, sectores territoriales servicios de infraestructura, son mapas temáticos depende del negocio, ambiental, y se hace un diagnóstico de cada uno de los temas, para tener una política como uso de suelo.."
Sobre los documentos que se deben publicar en un plano, dijo que ello, se establece la ley urbana artículo 17, mismo, que permite la adopción de un plan, pero para el año de 1968, únicamente se publicaba el edicto, en el cual, se decía que el Concejo Municipal adoptó un plan. A través de su testimonio, hizo la acotación que fue mediante el  voto de la Sala Constitucional que señaló la necesidad de publicarse el reglamento y el plano de zonificación, ello porque los ciudadanos tenían el derecho de publicidad, así como el saber cuáles son las limitaciones de interés social y antes de la Sala Constitucional nada más se publicaba la adopción del plan regulador. Estimando que para él es importa la publicación y que se cumple lo estipulado por la Sala Constitucional. También durante el debate aportó que antes se pedía criterio a la municipalidad y un criterio al INVU, pero después de 2005 al 2006, ya no se pide criterio al INVU. "...porque tenga o no plan regulador el certificado de uso de suelo, después del 2005 al 2006 es competencia municipalidad...". Así como reconoció documentos enviados por el arquitecto Mora Protti en su calidad de director, sobre un certificado de uso de suelo, así como mencionó que luego él también contestó, como describió situaciones de municipalidades con no publicación de planos de zonificiación, que en la actualidad antes de anular es mejor publicar.
Con respecto al testigo Eduardo Ramírez Hernández, para el momento de los hechos era jefe de policía de Bagaces, y su declaración fue en relación a las actas de inspección ocular que hizo tanto en la estación de servicio de los ofendidos Meyvasa como de su partición en sesiones municipales.
Por otra parte estima este Tribunal que se torna necesario delimitar las potestades que tiene los Gobiernos locales, según el artículo 169 de la Constitución Política el cual establece: “...La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley....”. Con la característica que son autónomas según su artículo 170 de la Constitución Política.
Teniendo competencia para la administración el Gobierno Municial, según el artículo 3 del Código Municipal así lo contempla en su párrafo segundo:"... El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. " y dicha autonomía también prevista en el artículo 4 del Código Municipal  “Las municipalidades posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política ...” y son parte de sus atribuciones el dictar reglamentos, según dicho artículo en su inciso a.
Por lo que, se debe definir qué se entiende por Planificación Urbana, Plan Regulador, Zonificación, Mapa Oficial, dentro de varios conceptos que forman parte de la aplicación de un plan regulador y es la propia Ley de Planificación Urbana No. 4240, que establece dentro de sus diferentes acepciones en el artículo 1 cada uno de estos conceptos de la siguiente manera:
Planificación Urbana:”es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad.”
Plan Regulador:”es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas...”.
Zonificación es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para efecto de su desarrollo racional...”.
Mapa Oficial, “es el plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales.”
 Mientras el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana reconoce la competencia de las Municipalidades en la aplicación del plan regulador, de cada cantón, y así lo estipula: “Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.”
 Por otra parte, los planes tienen un carácter normativo, porque integran la ley, según la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica OJ-011-96, del 8 de marzo de 1996, sostiene que en los planes:”.. (...) Las determinaciones del planeamiento reúnen las notas de abstracción y generalidad propias de las normas jurídicas, en cuanto a su función es la integración de la Ley fijando una ordenación urbanística aplicable a un determinado territorio. Los Planes son, pues, por su contenido, normas jurídicas complementarias o de desarrollo de la Ley del Suelo". (PAREJO Luciano y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, op. cit., p.180 y 182.)(...)....”.
 Y a su vez, para instaurar un plan regulador por parte de las Municipalidades, existe una serie de requisitos dentro de los cuales se encuentra el convocar a una audiencia pública por un diario oficial, obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, pero sobre todo  el publicar en la Gaceta, el aviso de la adopción, según el artículo 17 de la ley de Planificación Urbana así lo establece: “Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta:
 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles;
2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13;
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos;
 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos...”.
         A mayor abundamiento, se examinó el dictamen 72 del 22 de abril de 1998, C-072-98, de la Procuraduría General de la República, dirigida a los Señores Regidores de la Municipalidad de Santa Ana, que corresponde a la consulta realizada sobre el estado de legalidad del plan regulador de esa Municipalidad, ante la falta de publicación de los mapas de zonificación. (Folios  virtual folios 333 a 342 y físico 333 al 342del legajo de prueba III, Archivo virtual legajo de prueba III del 22/03/2013 de las  02:13: 51p.m.).
 A través de el dictamen C-072-98, la Procuraduría transcribió la opinión jurídica emitida por este Órgano Asesor OJ-011-96 de 8 de marzo. En dicho informe, se establece que las Municipalidades tienen competencia para elaborar los planes reguladores, y que es necesario la publicación de los mapas y planos de zonificación por el principio de seguridad jurídica se debe publicar tanto lo normativo como los mapas. De allí que exista un problema de eficacia, por conllevar una limitación al derecho de propiedad de los habitantes, propiamente: "...Tenemos entonces, que si el plan regulador de una municipalidad es normativo, tanto para la Municipalidad respectiva como para los particulares que se encuentran sometidos a la jurisdicción del ente corporativo local, el mismo requiere de publicación. Asimismo, existen normas posteriores a la Ley de Planificación Urbana, como las transcritas anteriormente, que obligan a la Administración, y en el caso de la relación de los artículos 4.4 y 47 del Código citado, a las Municipalidades propiamente, a publicar en el Diario Oficial, todos los actos generales, dentro de los cuales se encuentran, obviamente, los normativos. Debe tomarse en cuenta, además, que en virtud del principio de seguridad jurídica1, que es el que a su vez determina la existencia del principio de publicidad de los actos generales, los interesados necesitan saber con toda seguridad, cuáles son las disposiciones aplicables en materia urbana dentro de una determinada jurisdicción, y el medio idóneo para cumplir cabalmente con tales principios es la publicación en el Diario Oficial. Sobre la trascendencia del requisito de la publicación, han expresado los Tribunales de Justicia..." .
Estableciendo que sí es necesario la publicación de los planos y mapas. “...Entonces, si anteriormente llegamos a la conclusión de que los planes reguladores deben ser publicados en el diario oficial, tenemos que, en la medida en que los planos, mapas, etc. Formen parte integrante de dicho plan, los mismos también deben ser publicados...”.
Concluyendo que la falta de  publicación con lleva un problema de eficacia si no se puede resolver de otra forma en lo conducente: “...De la resolución anterior podemos extraer dos conclusiones: la falta de publicación de los mapas sí constituye un elemento que afecta la eficacia, pero únicamente en aquellos aspectos que requieran de su aplicación. Esto es, si la situación del administrado puede resolverse con la parte normativa del plan que sí fue publicada, la misma le deviene plenamente aplicable...”
Mientras el voto No. 2001- 01912 de las 09:54 horas, del 9 de marzo del 2001 de la Sala Constitucional, del Recurso de Amparo interpuesto por Jorge Alberto Mena Brenes contra el Instituto Nacional y Urbanismo y  la Municipalidad de La Unión el cual se declaró con lugar únicamente contra la Municipalidad de la Unión. 
En dicho voto, el recurrente alegó que no se habían publicado la modificación del plan regulador de la Municipalidad de la Unión, ante lo cual, la Sala Constitucional resolvió que el plan regulador carecía de eficacia al no estar publicado de forma integral, haciendo falta la publicación de planos, mapas y reglamentos, en lo que interesa: "...Si bien es cierto, el recurrente acusa que la Municipalidad recurrida no ha publicado la modificación respectiva del Plan Regulador, lo cual le trae perjuicios porque inclusive el Instituto recurrido le deniega el visado de los planos, la Sala constata, que si bien lleva razón la empresa amparada en lo acusado, también la tiene, cuando acusó que el Plan Regulador que las autoridades estiman vigente, carece de eficacia por su falta de publicación integral. En el caso de estudio, al igual que el de la sentencia recién transcrita, aún persiste la falta de publicación total del Plan Regulador que los recurridos imponen como obstáculo a la empresa amparada para desarrollar el proyecto urbanístico que pretende, pues a pesar de que han sido publicadas dos modificaciones más posteriormente, según Las Gacetas No. 64 del 4 de abril de 1994 y No. 5 del 6 de enero de 1995, éstas tampoco han sido debidamente publicadas, lo cual bien conoce la Municipalidad recurrida, precisamente porque este Tribunal ya se lo había señalado y la Contraloría General de la República según consta en oficio C-178-99 (a folio 38), en razón de que deben publicarse los planos, mapas, reglamentos, etc. del Plan Regulador y ello no consta así en las publicaciones de cita. Así las cosas, lleva razón el amparado en señalar, que las actuaciones de los recurridos no se ajustan a derecho, toda vez que imponen ilegítimamente limitaciones a la propiedad que pretende urbanizar la empresa recurrente, amparándose en un Plan Regulador que a la fecha no tiene eficacia por la falta de publicación integral, como lo indicaron los mismos recurridos cuando le denegaron el visado de los planos y demás requisitos, por la cuestionada falta de publicación de la modificación del Plan Regulador. Sin embargo, lo anterior es una situación achacable únicamente a la Municipalidad recurrida que era la institución responsable de cumplir con tal deber, sin que pudiera tener conocimiento el Instituto recurrido de la ineficacia de dicho Plan Regulador, sino es por esta vía, por lo que contra éste último, el recurso debe desestimarse-...", jurisprudencia que según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, es de erga omnes y vinculante para todas las partes.
Con la consecuencia, en este caso de la Municipalidad de Tilarán que no basta con la publicación del Reglamento de Zonificación, sino que éste debe ir acompañado de los mapas, planos de zonificación, el acuerdo de adopción, y según se aprecia del folio 16 a 18 de la Gaceta No. 207 del miércoles 30 de octubre de 1985, el reglamento de zonificación de la Municipalidad de Tilarán, fue lo único que se publicó para ese momento ( folios físicos 16 a 18 Archivo virtual legajo La Gaceta del 16/09/2014 de las 10:56:45 a.m..).
De allí que al examinarse el reglamento de zonificación para la ciudad de Tilarán, publicado en la Gaceta No. 207 del miércoles 30 de octubre de 1985, bajo el apartado, Reglamentos Municipalidades, y Municipalidad de Tilarán, en su Capítulo I artículo 1, se delimita que se está aplicando según lo dispuesto a la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15 de noviembre de 1968, ( folios físicos 16 a 18 Archivo virtual legajo La Gaceta del 16/09/2014 de las 10:56:45 a.m..), pero no consta que se efectuara publicación de planos, mapas de zonificación, plan urbano, la adopción de viabilidad de la Municipalidad de Tilarán, que fuere oponible a terceros.
De manera consecuente, se determinar que los encartados JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO PORRAS CORDERO confeccionaron los siguientes oficios y opusieron en ellas el plan regulador de Tilarán cuando no era viable a terceros, todo con tal de no darle el permiso de uso de suelo a la empresa Grupo Real Meyvasa y sus representantes y aquejados Vargas Murillo y  Mejías Rojas, propiamente son:
        i.- Oficio PUCC- 109-2003 del 31 de octubre de 2003 de la Municipalidad de Tilarán, se denegó el permiso de suelo al grupo Real Meyvasa. Los co imputados ARIAS ORTEGA Y PORRAS CORDERO el primero como Alcalde y el segundo como Ingeniero, fundamentaron que ante la existencia de un reglamento de zonificación y que el plan regulador aún vigente de 1986, no se podía ubicar el proyecto de estación de Servicio (gasolinera), en el sector de la ciudad. Aunado que tomaron en cuenta el capítulo III del Reglamento de zonificación, esa estación de servicio no cumplía con los requisitos mínimos de la zona comercial y residencial (folios virtuales 95 a 96 y físicos 66, 67, 98 y 99, 152 y 153 del legajo de prueba II folio 319 al 320 digital del legajo principal, archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m. y folios físico 49 a 50 del Expediente Contencioso Administrativo No. 04-000006-1691-CA)
 ii. - Oficio PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del Martes 11 de Noviembre del  2003, Municipalidad de Tilarán, resolución del co imputado  PORRAS CORDERO, a través de la cual, rechazó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Grupo Real Meyvasa S.A., los querellantes y actores civiles Carlos Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas contra la resolución PUCC-109-2003. El co encartado PORRAS CORDERO, razonó que el plano de zonificación y Viabilidad vigente, ubica las dos fincas en una zona de uso de vivienda residencial, no permitiéndose el desarrollo de la estación de servicio. Pero admitió la apelación en subsidio. ( folios digitales 138 y 139 y físicos 141 a 142 del legajo de Prueba II Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m. y folios físico 69 a 70 del Expediente Contencioso Administrativo No. 04-000006-1691-CA).
iii. - Oficio DAM-381-2003, de las 8:00 horas del 14 de noviembre de 2003, del Despacho del Alcalde, Municipalidad de Tilarán, el co imputado JOVEL ARIAS ORTEGA como Alcalde rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el oficio PUCC-109-2003 del 31 de octubre del 2003. En esta resolución el co imputado y demandado civil ARIAS ORTEGA, denegó el recurso de revocatoria, al amparo que estimó que el Reglamento de Zonificación no era ilegal su aplicación, porque refleja las zonas comprendidas en el mismo. Así como la parte no probó la no publicación de acuerdos que refirió en su alegato (folios físico 73 del Expediente Contencioso Administrativo No. 04-000006-1691-CA).
Resoluciones que hasta el testigo Rodríguez Herrera, funcionario Municipal, mencionó que fueron realizadas por el encartado Porras Cordero quien denegó el uso de suelo, mientras que el co imputado Arias ORTEGA, en su función de Alcalde, fue quien rechazó el recurso de apelación: ".. El certificado de uso de suelo, lo plantea la sociedad en el 2003, y se le deniega, ante la oficina de Proceso de Planificación Urbana y Control, u control local. Ese proceso estaba a cargo del arquitecto Marco Antonio Porras Cordero, lo denegó originalmente el arquitecto Porras. Posteriormente la apelación en subsidio fue denegada por el señor Alcalde Jovel Arias..."
  De igual manera el aquejado Luis Armando Mejía Rojas, reveló cómo al solicitar y preguntar en la Municipalidad de Tilarán, a quién debían pedir el permiso para construir una estación de Servicio en Tilarán, se le indicó que debían ir al INVU, pero siendo el co encartado PORRAS CORDERO quien se lo dijo a la persona por ellos contratada  para realizar las gestiones y solicitudes pertinentes, propiamente Mejías Rojas manifestó en juicio: “... El Ingeniero Municipal le dijo a la persona que contratamos que no había plan regulador y era un arquitecto de apellidos Porras, la persona que contratamos es la persona Gustavo Parra...”.  Siendo así reiterado por la testigo Yolanda Vargas Murillo, en juicio: “..Ellos piden permiso a la bomba de Tilarán, hay que sacar permiso, en la Municipalidad de Tilarán y el ingeniero Porras dice que no hay plan y que debe pedirlo en el INVU. Él hace gestiones en el INVU, y le dan el permiso para hacer la bomba...”, quedando en evidente la participación de ambos encartados.
Por lo que es evidente que aunque exista dicho reglamento de zonificación, y la Ley de Planificación Urbana No. 4240, no existía un plan regulador oponible a terceros, ya que no se había publicado planos y mapas de zonificación, el acuerdo de adopción de viabilidad, según lo estipulado por la Sala Constitucional, y la Procuraduría General de la República.  De allí que ambos encartados y demandados civiles ARIAS ORTEGA Y PORRAS CORDERO, no podían oponer a terceros un plan de regulador, porque este era ineficaz, siendo los votos de la Sala Constitucional, y que desarrollan el tema, son vinculantes de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, como lo son los dictámenes e  informes de la Procuraduría General de la República, según el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  A mayor abundamiento, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría señala que “Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública...”.
        Deviniendo en ser la conducta de los  co encartados y actores civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO,  en típica, al subsumirse en el tipo penal de Prevaricato, previsto en el artículo 350 del Código Penal, el cual castiga “...al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos...”, ya que no podían utilizar el plan regulador de Tilarán para fundamentar la denegatoria del permiso de uso de suelo, en el proyecto de la estación de servicio de los aquí ofendidos grupo REAL MEYVASA S.A. y los aquejados Vargas Murillo y Mejía Rojas, es decir se podía oponer a terceros el plan regulador como en este caso se demostró en los oficios
        Por otra parte, para esta Cámara, con la prueba testimonial y documental se probó que el imputado ARIAS ORTEGA, laboraba como Alcalde, mientras el co encartado PORRAS CORDERO,  como arquitecto coordinador de desarrollo ambos de la Municipalidad de Tilarán, tanto así mencionado por los testigos Carlos Vargas Murillo, Luis Armando Mejía Rojas, Yolanda Vargas Murillo, Jorge Barrientos, Leonel Rosales, durante el debate como de los propios oficios que se bastan por sí mismos, al indicar su nombre y el cargo que ostentan, siendo cada uno de ellos funcionarios públicos y en tal carácter resolvieron cada uno de los oficios
        Además  al no estar sus conductas amparadas en una causa de justificación, la misma deviene en antijurídica. Propiamente, al haber confeccionados los oficios antes citados, su actuar es contrario al ordenamiento jurídico, existiendo una antijuricidad formal. Al igual que existe una antijuricidad material, por cuanto se lesionó el bien jurídico tutelado como lo son LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
No obstante, al realizar el estudio de culpabilidad, los co imputados JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO,  no son culpables, ya que no tuvieron un criterio técnico adecuado, ya que existe el oficio No. PUCC-115-2003 del 11 de Noviembre del 2003 realizado por ambos co encartados y dirigida al Lic. Francisco Castrillo Córdoba, como Asesor Legal Municipal, para consultarle sobre el recurso de revocatoria interpuesta por la empresa ofendida GRUPO REAL MEYVASA S.A., al ellos haber denegado el permiso de uso de suelo, según consta en el expediente 04-000006-161-CA, del Tribunal Contencioso Administrativo, nota efectuada luego de realizar el oficio PUCC-114-2003 de las 7:00 horas, en el cual el co imputado  PORRAS CORDERO, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por los aquí ofendidos.
  De la contestación del licenciado Francisco Castrillo Córdoba, como  Asesor Legal Municipal, ese mismo día del 11 de Noviembre del 2003, dirigida a ambos imputados, éste exteriorizó que el plan regulador estaba vencido, pero no dio razonamientos claros, sino desacertados, amparado en que éste le habían realizado prórrogas, pero no brindo argumentos referentes a que éste no podía ser oponible a terceros en razón de falta de publicación de mapas y planos de zonificación, como lo había sustentado tanto la Procuraduría como la Sala Constitucional.
A mayor ahondamiento, el abogado Castrillo Córdoba, según documento dirigida a los dos encartados, les dijo que él ya había externado su criterio, que las prórrogas otorgadas al plan era ineficaces, que éste, que no se publicó el acuerdo respectivo y que se denegó el permiso de suelo por cuestiones técnicas, propiamente, en dicha nota se consignó: En atención al asunto del permiso de uso del suelo solicitado por el GRUPO REAL MEYVASA S.A, para construir varias instalaciones en las cuales se incluye para el expendio de gasolina, me permito indicarles: Que el suscrito en este asunto ya rindió un criterio verbal en el sentido que si se puede dar dicho permiso en razón de que el Plan Regulador que aplica la Municipalidad tiene más de quince años de vencido y las prórrogas que ha acordado el Concejo para su aplicación son varias e ineficaces jurídicamente por cuanto no sólo se dio más de una prórroga, sino que no se publicó el acuerdo respectivo elemento sine qua non para buscar una eficiencia en su aplicación jurídica.  Conforme a lo expuesto y conocedor de que ustedes, resolvieron denegar dicho permiso de uso de suelo por razones técnicas que no es mi campo entrar a juzgarlas, es que me impide mi ética moral entrar a resolver sobre este asunto.”(folios digital 69 y físico 66 del Archivo virtual legajo de Prueba 04-000006-161-CA del 11/02/2016 de las 10:05:34 a.m.)
Por lo que es evidente que dichos imputados incurrieron en un error de prohibición, ya que el plan regulador de Tilarán no podía ser oponible a terceros, por cuanto únicamente fue publicado el reglamento de zonificación de Tilarán, según la Gaceta No. 207 del 30 de octubre de 1985 y aunque en su artículo 1 párrafo segundo se estipulaba que era complementado por los planos de zonificación y de viabilidad,  y otras normas, las mismas no fueron publicados en ese momento, y todavía para el año 2003 cuando se dieron los hechos aquí acusados tampoco se había realizado según lo establecido en los artículos 15 al 17  de la Ley de Planificación Urbana, así como la jurisprudencia de  la Sala Constitucional.
          Incluso estima este Tribunal de Juicio, que el actuar de los encartados evidencian que ellos resolvieron creyendo que la sola publicación del reglamento bastaba para aplicar el plan regular, ejemplo de ello los oficios confeccionados por el co imputado PORRAS CORDERO a diferentes entidades previos a rechazar el  permiso suelo, en los cuales argumentó que el plan regulador de Tilarán era aplicable, los cuales son:
a- Oficio PUCC-077-2003, del 28 de julio del 2003, Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Tilarán del encartado MARCO PORRAS CORDERO, que envía al señor Eduardo Madrigal Castro Secretario de SETENA, con el fin de definir competencias, con respecto a la Estación de Servicio a desarrollar de la empresa Grupo Real Meyvasa, en la ciudad de Tilarán y a la Regulación del uso de suelo. Asimismo apunta que para la determinación del uso de suelo, el plan Regulador y el Reglamento de Zonificación fueron preparados por el INVU, mismos que están vigentes. Documentos que indican que la zona es para uso residencial  o urbano (folio digital 164 y físico (132), 161 del Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.)
b- Oficio PUCC-066-2003 del 4 de junio del 2003 Planificación Urbana y Control Constructivo de la Municipalidad de Tilarán del encartado MARCO PORRAS como Ingeniero, que envía  al Sr. Eduardo Madrigal Castro Secretario de SETENA, en el cual indica que luego de estudiar el Resumen Ejecutivo y Declaración de Impacto Ambiental para un proyecto de Estación de Servicio por la Empresa Grupo Real Meyvasa en la ciudad de Tilarán, según el reglamento de Zonificación es una zona de Uso Residencial, pero no se tomó en cuenta el impacto desfavorable con respecto a seguridad ambiental y seguridad de vial (folio virtual 165, 176 y folio (133) 162, 144 del Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.),
   De allí, que al resolver los tres oficios, es decir;
a.-el Oficio PUCC- 109-2003 del 31 de octubre de 2003, entre ambos encartados, JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO,
b.-el Oficio PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del Martes 11 de Noviembre del  2003, realizada por el imputado PORRAS CORDERO y
c.- el Oficio DAM-381-2003, de las 8:00 horas del 14 de noviembre de 2003, resuelto por el co encartado ARIAS ORTEGA,
Los aquí imputados y co demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, lo hicieron creyendo que su actuar no era penado. Como bien lo expone Francisco Castillo González,  "...El error se caracteriza por la existencia de una falsa representación de la realidad...” (CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. Derecho Penal Parte General Tomo II, Editorial Jurídica Continental, San José, 2010, pág.549)
        Error de prohibición o error de derecho que se encuentra previsto por el legislador en el artículo 35 de nuestro Código Penal, que estipula:“..No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeta pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79...”.
Ahora, se determina que el error de prohibición en el cual incurren ambos imputados es invencible, entendiéndose como tal:”...Cuando el agente, obrando con la diligencia debida, no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su injusto.” (VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando,  Derecho Penal, Parte General, Editorial Temis S.A, Bogotá 1997, pág. 555), ya que del examen de los documentos y testimonios antes citados, evidencian que a pesar que ambos encartados, resuelven e hicieron consultas a fin de determinar si se podía aplicar o seguir aplicando el plan regulador como lo estaban haciendo, pero los fundamentos expresados por el asesor Municipal Castrillo Mora, no eran criterios técnicos y jurídicos, por lo que su actuar deviene en un error de prohibición invencible. Y como bien lo mencionó los aquejados y actores civiles Carlos Adrián Vargas Murillo y Luis Armando Mejía Rojas, se les denegó el permiso de uso de suelo, por parte de los co imputados y demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, sosteniendo la existencia de un plan regulador, cuando éste no era oponible a terceros,  por la falencia de  publicación de los planos y mapas  de zonificación.
Error de prohibición que también se corrobora con el testimonio del testigo Jorge Herrera Rodríguez, quién dijo que para el momento de los hechos, lo que más bien se discutió que el plan estaba obsoleto, fue cuando se dio la solicitud de la empresa Grupo Real Meyvasa, anteriormente no se hablaba que estaba o no obsoleto, es a partir del 2003.  Y que antes del 2003, el plan de regulación y Zonificación de Tilarán se estaba aplicando, siendo a partir del 2001, que se dio una restructuración tuvo un funcionario a cargo del área de desarrollo urbano y local, por lo que es evidente que ambos encartados actuaran en un estado de error de prohibición invencible.
Y todavía más gravoso, el estado de error se mantuvo por cuanto:
i.-  A pesar, que el permiso de uso de suelo fue otorgado por parte del Concejo Municipal, de Tilarán a favor de la Empresa Meyvasa, cuando dicho Concejo conoció en alzada un recurso interpuesto contra la resolución DAM-400-2003 de las 8:00 del 28 de Noviembre del 2003, dictada por el imputado y co demandado civil JOVEL ARIAS ORTEGA como Alcalde Municipal, en la cual, había rechazado los recursos y el incidente de nulidad planteado por los aquí aquejados (folios digital 96 y físico 93 del Archivo virtual legajo de Prueba 04-000006-161-CA del 11/02/2016 de las 10:05:34 a.m.), luego éste permiso fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo, como adelante se indicará.
 Con respecto a la sesión ordinaria No. 83 del 03 de diciembre de 2003, el Consejo Municipal, de la Municipalidad de Tilarán, en la cual se otorgó el permiso de uso de suelo a los aquí aquejados y actores civiles.  Se consignó en su acta, en el capítulo VI, artículo 7 punto 2, que el licenciado Castrillo, reiteró su criterio dado a la administración, sobre el plan regulador, al considerar que éste tenía 10 años, por lo que caducó.( Acta Sesión 83 del 03 de diciembre de 2003, del Concejo Municipal de Tilarán,  folios digitales 17 a 23 y físicos 15 asistencia, legajo de prueba II, Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.).  Es decir que fue dado bajo la tesitura que el plan estaba caduco, cuando lo correcto era que no era oponible a terceros, por faltar publicación de ciertos documentos y planos que delimitaban el derecho de propiedad.
        ii.- La Sentencia No, 293-2004, de las 11:20 horas del 19 de agosto del 2004 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 07-000292-163-CA, que corresponde al recurso de apelación interpuesto por Marcela Álvarez Sirias, Lidia Sandoval Blanco y otros vecinos de la Urbanización Linda Vista, contra el acuerdo tomado por la Municipalidad de Tilarán Sesión Ordinaria No.83 del 3 de diciembre del 2003.
        En dicho voto, el Tribunal Contencioso Administrativo, anuló el acuerdo apelado  y dio por agotada la vía administrativa, bajo el supuesto que el plan de zonificación fue debidamente publicado en la Gaceta no. 205 el 30 de octubre de 1995, en lo que interesa fundamentó: "..IV.- En otro sentido, debe tener presente el Concejo, que al haber elaborado la Municipalidad su propio Plan Regulador, (del que forma parte el Reglamento de Zonificación) debidamente publicado en la Gaceta No. 207 del día miércoles 30 de octubre de 1995, y vigente a la fecha, este posee carácter reglamentario y su eficacia descansa precisamente en el acatamiento obligatorio que tal carácter le otorga, según así lo informa el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana. como consecuencia de ello, las disposiciones que en él se enuncian, forma parte del ordenamiento jurídico administrativo, las que no puede desaplicar la Administración Territorial para un caso concreto, como aquí sucedió ..." ( folio digital 243 a 245 y  físico 214 a 216  Archivo virtual legajo de Prueba 04-000006-161-CA del 11/02/2016 de las 10:05:34 a.m. y folios virtual 324  al 326  y físico 312 a 314  del  archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).
        iii.- Votos No. 74-2005, de las 10:45 horas del 11 de marzo del 2005, Voto No. 75-2005, de las 10:50 horas del 11 de marzo del 2005, ambos del Tribunal Contencioso Administrativo, en el último rechazó el recurso extraordinario de revisión por ser improcedente,  y el Voto No. 339-2005, de las 15:00 horas del 18 de octubre del 2005, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en el mismo expediente 07-000292-163-CA, en el cual rechazó el incidente de suspensión y nulidad absoluta, interpuesto contra el voto 293-2004 de las 11:20 horas del 19 de agosto del 2004, que anuló el acuerdo tomado por la Municipalidad de Tilarán ( folio digital 276 a 277 y 411 y físico 244, 245 y 364  Archivo virtual legajo de Prueba 04-000006-161-CA del 11/02/2016 de las 10:05:34 a.m.)
        iv.- Certificación de imagen raster publicada como plano de Zonificación de la Municipalidad de Tilarán, que corresponde al acuerdo No. 693 de la Sesión Ordinaria No.184 del 09/11/2005. Así como publicación de la Gaceta No. 41 del 27 de febrero del 2006, de dicho plano (folios digitales 47 a 48 y físicos 41 a 42del Legajo Principal tomo I, Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.). No obstante, la misma no tiene los puntos cardinales, no siendo tampoco oponible ni viable| a terceros al no poseer una adecuada delimitación del derecho de propiedad de los ciudadanos.
        Todavía, después de la anulación del Tribunal Contencioso Administrativa, existen oficios y resoluciones realizadas por los aquí encartados y demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, tanto de información a otras entidades como de otorgamiento de permiso de construcción de la estación de servicio a la empresa MEYVASA S.A. representada por los aquí aquejados Vargas Murillo y Mejía Rojas, mismo, que fue anulado en el Tribunal Contencioso Administrativo como a continuación se detalla:
        i.- Oficio PDGI-33-2005 del 30 de junio del 2005, de la Municipalidad de Tilaran,  consulta dirigida al arquitecto Francisco Mora Protti, del INVU, por parte  del  imputado MARCO ANTONIO  PORRAS CORDERO, a fin de determinar si es aplicaba el plan regulador, ( folios 327 al 328 y físico 315 y 316 en el expediente principal tomo I en el archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).
        ii.-Oficios No.PDCL-060-2005, del 30 de junio del 2005, dirigidos al arquitecto Mora Protti, y Oficios PDCL-061-2005, dirigido a Fernando López González Presidente Ejecutivo del INVU, por parte del co encartado PORRAS CORDERO, preguntando sobre la solicitud de otorgamiento del permiso de construcción a la empresa ofendida, así como sus razonamientos ( del legajo de Certificación de Patentes del Grupo Real Meyvasa tomo I, folio digital y físico 15 a 18 ( Archivo virtual legajo 15/02/2016 de las 08:44:00 a.m.)
         Además está agregada la contestación Oficio- PU-C-D-2005 del 08 de agosto de 2005, del INVU, del Arq. Francisco Mora Protti, al encartado PORRAS CORDERO en contestación del oficio No.PDCL-060-2005. Documento en el cual, citó el pronunciamiento  de la Procuraduría General de la República, C-072-98 que menciona que ante la ausencia de publicación de un plan regulador en el Diario oficial adolece de eficacia. Haciendo la observación que ello no implica que a través de otras normas la Municipalidad puede tomar decisiones, poniendo como ejemplo el artículo 4 del Código Municipal que contempla el principio de autonomía municipal. Adicionalmente, indicó que la Procuraduría indicó en ese dictamen que por falta de publicación de mapas, afecta la eficacia, "pero únicamente en aquellos aspectos que requieran su aplicación. Esto es si la situación del administrado puede resolverse con la parte normativa del plan que si fue publicada, la misma deviene plenamente aplicable.."  (folios virtual 333 a 334 y físico 321 y 322 del Legajo Principal Tomo I archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).
        iii.- Oficio PDCL-071-2005 del 16 de agosto del 2005, de la Municipalidad de Tilarán, dirigida a Jovel Arias Ortega por parte del imputado  PORRAS CORDERO, en el cual le informa las consultas por él realizada en el INVU, y en el IFAM, así como externó su criterio ( folio 318, 335 y físico 306, 323 del legajo principal tomo I, archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.)
      iv.- Sentencia No. 556-2006, de las 14:25 horas del 11 de diciembre del 2006, del Tribunal Contencioso Administrativo que resolvió la apelación Municipal, interpuesta por Luis Alfonso Murillo Solórzano, Heidy Rodríguez Matamoros y otros, contra la decisión tomada por el Concejo Municipal del Cantón de Tilarán, acuerdo 578, artículo 24 inciso a) Capítulo IV, de la sesión ordinaria No. 177, del 21 de setiembre del 2005, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra el acuerdo DAM-317-05 del 12 de setiembre del 2005 que otorgó el permiso de construcción a los aquí aquejados y actores civiles.
         El Tribunal Contencioso Administrativo que anuló el acuerdo 578 de la sesión ordinaria del 21 de setiembre del 2005 del Concejo Municipal de Tilarán,  así como el oficio DAM 272-05 del 17 agosto del 2005, DAM 317-05 del 12 de setiembre del 2005, y el permiso de construcción No. 185 del 20 de setiembre del 2005 a favor del grupo Real Meyvasa S.A., otorgados para la construcción de la estación de servicio dando por agotado la vía administrativa, dentro de sus fundamentos está que no existe autorización de uso de suelo otorgado por la Municipalidad,  después del Voto No. 2893-2004 de las 11:20 horas del 19 de agosto del 2004, que anuló dicho permiso. Aparte de, que no se ha aportado certificación que acredite el uso de suelo, que exige el artículo 28 de la Ley de Planificación urbana, siendo un requisito sine qua non que. (folios físicos 231 a237 del legajo físico de patente Grupo Real Meyvasa S.A. certificación de las 13:00 horas del 29 de enero del 2016).
        v.-    La sentencia No. 2006-4503 del 29 de marzo del 2006, las 18:33 horas, de la Sala Constitucional, en la causa No. 05-013854-007 -CO, la cual, corresponde a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Luis Armando Mejía Rojas contra el reglamento de zonificación de Tilarán, en el cual se rechazó la acción de inconstitucionalidad, por ser improcedente, en razón del objeto.
 Incluso, la Procuraduría General de la República, hizo alusión a los votos No. 2000 – 00878 del 26 de enero del 2000 y 2001-01912 del 9 de marzo del 2008 con respecto a la existencia de falta de publicación provoca la ineficacia del plan, así como el mismo delimita derecho de propiedad, propiamente: “...En cierto sentido, la publicación es a las normas jurídicas lo que la comunicación o notificación a su destinatario es a los actos administrativos concretos, pues en ambos casos se les dota de eficacia. En el caso específico y particular de la falta de publicación de los planes reguladores urbanos, esta Sala Constitucional ha señalado que tal situación provoca su ineficacia. Así, en sentencia número 2001-01912 del nueve de marzo del dos mil uno, señaló: “…la Sala constata, que si bien lleva razón la empresa amparado en lo acusado, también la tiene, cuando acusó que el Plan Regulador que las autoridades estiman vigente, carece de eficacia por su falta de publicación integral.” Más aún, la Sala ha señalado que un plan regulador puede imponer legítimamente limitaciones a los derechos fundamentales, como al derecho de propiedad, por ejemplo, pero que por falta de publicación no puede ser aplicado. Con lo anterior, está señalando que el defecto de un plan regulador no publicado no estriba en su validez, sino en su capacidad de surtir efectos. Así lo señaló en la sentencia 2000-09038 del trece de octubre del dos mil. Los planes reguladores urbanos tienen dos tipos básicos de elementos constitutivos. Aquellos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana y que se manifiestan en documentos que contienen los objetivos de la planificación y los estudios en que se fundamentan los objetivos y a los que se refiere el artículo 21 ibídem, que son los reglamentos en los que se regulan los distintos aspectos relacionados con el desarrollo urbano (zonificación, fraccionamientos y urbanizaciones, mapa oficial, renovación urbana y construcciones). Estos reglamentos, a diferencia de los elementos a que hace referencia el artículo 16 citado, contienen disposiciones formuladas claramente como normas jurídicas y, en ese tanto, son las que contienen limitaciones a derechos fundamentales que, en su aplicación, afectan derechos subjetivos y situaciones jurídicas individuales. La naturaleza normativa de los planes ha sido referida a la totalidad del plan, esto es, tanto a los elementos del mismo que corresponden a los temas enlistados por el artículo 16 de la Ley de de Planificación Urbana como a los reglamentos a que se refiere el numeral 21 ibídem. Por ello, es que esta Sala ha requerido de la publicación integral de los planes reguladores; sin embargo, en razón de la distinción hecha anteriormente, puede sostenerse que son los reglamentos a los que se refiere el citado artículo 21 los que necesariamente deben ser publicados para que surtan efectos. En relación con los demás documentos, el principio de publicidad bien podría satisfacerse solamente con ponerlos a disposición del público para su consulta desde el momento en que el plan es aprobado, como ocurre en la legislación española. No está por demás señalar que el acceso a esos documentos está garantizado por el artículo 30 constitucional, con el cual se tutela su publicidad. De este modo, la publicación de alguno de esos documentos o de parte de esos documentos se convierte en indispensable para cumplir con el principio de publicidad, sólo en caso de que la referencia a estos sea indispensable para aplicar lo dispuesto en los reglamentos. El anterior es, precisamente el caso de los planos en lo que se expresa gráficamente la zonificación establecida en un reglamento de zonificación, si éste no contiene referencias geográficas en su texto que permita localizar con precisión los lotes o fincas afectadas. Si tales planos o mapas no se publican, el reglamento respectivo, al tenor de lo dicho en el epígrafe anterior, no puede producir efectos jurídicos, pero sin que por ello carezca de validez. De conformidad con lo dicho, la no publicación de los planos o mapas en que se representa gráficamente la zonificación que se establece en el reglamento de zonificación de la ciudad de Tilarán, hace que éste sea inaplicable aunque haya sido publicado, más no implica su inconstitucionalidad pues no afecta la validez o legitimidad constitucional del mismo... ”
En este voto 2006-4503, rechazó de plano la acción por en razón del objeto (folios digitales 4 al 12 y físicos 3 al 11, del Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las 02:08:27 p.m.).
vi.- Sentencia 13857-2007, de las 14:39 horas del 3 de octubre del 2007, de la Sala Constitucional del expediente No. 07-011184-007–C0, del Recurso de Amparo, interpuesto por el recurrente Eddie Alvarado Vargas, a favor de grupo Real Vayvasa, contra el Presidente del Concejo Municipal de Tilarán, y el Alcalde Municipal de Tilarán, en el por tanto se indica que se declara con lugar el recurso, ya que no se había resuelto las solicitudes de la parte recurrente, y en el apartado del caso concreto así se detalló: “...En el presente asunto, se encuentra, plenamente, acreditado que las autoridades de la Municipalidad de Tilarán no han resuelto la denuncia y las solicitudes de inhibitoria y recusación presentadas por el recurrente, el 18 de junio del 2007, en su condición de apoderado especial judicial del Grupo Real Meyvasa S.A. y de la empresa Grupo Real Vaymesa, S.A....” ( Del  legajo  de prueba I a folio 89 virtual y 79 físico del legajo principal folio digital 185 y físico 177, del legajo de querella virtual 327 a 328 y folio físico 316-318 archivos digital documentos  legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m., legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m. y legajo de Querella Parte A del 22/03/2013 de las 01:50:59 p.m.)
 Por otra parte, todavía para los años 2006 y 2007, los encartados recabaron documentos de entidades como el INVU, que informaban que solo se había publicado el reglamento de zonificación, no los demás mapas y planos:
        - Oficio PU-C-D-333-2007 del 16 de mayo del 2007, del INVU, Instituto Nacional y Urbanismo, en el cual es una certificación y el señor Leonel Rosales Maroto, dirigida al ofendido y querellante Carlos Adrián Vargas Murillo, en el cual hace constar que se publicó el reglamento de zonificación, no los mapas (folios digitales  2 a 3 y físicos del 1 al 2del Legajo de Prueba I,  folio digital 37 a 38 y físico 34 a 35 en legajo de prueba varia Archivo virtual legajo de prueba I del 22/03/2013 de las  02:08:27 p.m. y  legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).  -
  Sobre la tesis de los defensores de los encartados ARIAS ORTEGA y PORRAS CORDERO, que su conducta no configura delito alguno, tomando como referencia el proceso contencioso en el cual se han dictado sentencias que no apoyan la tesis de los aquí aquejados, pero al confrontar sus explicaciones con el resto de la prueba documental y testimonial, no se logra sostener, ya que los argumentos dado por los co encartados para denegar el uso de suelo en los oficios realizados en el año 2003, fueron la existencia del plan regulador, cuando éste no podía ser oponible a terceros en razón que no se habían publicados los mapas y planos de zonificación, el acuerdo de viabilidad.
        Asimismo, tampoco se logró acreditar que la ineficacia del plan regulador por la no publicación de mapas, planos de zonificación, se pudiera solventar con el reglamento de zonificación que era la único publicado para el año 2003, por cuanto, al ser parte de los razonamientos dados por los co encartados para denegar el permiso de uso de suelo, a los aquí aquejados, la existencia de mapas, planos de zonificación y acuerdo de viabilidad, y no existir otro tipo de documento o mapa debidamente publicado en el diario oficial la Gaceta, para que el plan regulador pudiera ser oponible a terceros, dados que en este caso especifico al sustentar que la zona era residencial, se torna necesario la existencia de mapas o planos en los cuales, se pudiera graficar las zonas existentes en el cantón de Tilarán, por lo que deviene que los argumentos dados por los imputados en las resoluciones por ellos dadas, arrojaron que su conducta sea contraria a derecho.
        Amén que la jurisprudencia de la Sala Constitucional, es vinculante erga omnes, y existían votos antes del año 2003, que desarrollaban la necesidad de publicar de los mapas, planos de zonificación, en atención del principio de seguridad jurídica, de todo ciudadano de saber que tipo de limitante tiene su propiedad o terreno, por lo que estos votos son vinculantes, como bien lo dijo el testigo Leonel Rosales Maroto, funcionario del INVU, en juicio:"...Nosotros vemos la necesidad que se publiquen a parte de la división de territorio para una zonificación, me parece importante dos cosas uno el mandato de la Sala es claro, no se discute, sino que se respeta o cumple y que es necesidad de publicar plano o los planos que ocupa la municipalidad. Es importante que  las personas físicas o jurídicas que cuando quiere comprar un terreno si hay un plan regulador, saber cuáles son las limitaciones que tiene la propiedad, que eso incide si puedo desarrollar la actividad y también para los vecinos del cantón, qué limitaciones, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene ciudadanos para desarrollar actividades es muy importante desde mi punto de vista, que la gente, como lo conoce algunos derechos fundamentales, saber cómo está ordenado un territorio por un plan regulador, y los mejores orientadores son los ciudadanos y ciudadanas..."
 De allí que para esta Cámara  los co imputados JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, a pesar que su conducta configuró el injusto penal no son culpables porque actuaron en estado de error de prohibición invencible, conllevando que a pesar de ser su conducta típica y antijurídica, la misma no es culpable, motivo por el cual se les absuelve, de conformidad con los artículos 35, 350  del Código Penal, en relación con el 366 del Código Procesal Penal.
B.- Sobre los hechos acusados en contra del co encartado y actores civiles EMMANUELL RUIZ SALAZAR:
         b.1 ANÁLISIS JURÍDICO Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EXISTENTES EN CUANTO A UN DELITO DE CONCUSIÓN ATRIBUIDO AL ENCARTADO EMMANUEL RUIZ SALAZAR (Fundamentación Intelectiva).
Se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria la convicción plena, surgida como una conclusión, a través de un razonamiento lógico de las hipótesis que plantea el elenco probatorio, analizado de conformidad con la sana crítica racional, de que los presupuestos de una figura delictiva se han logrado establecer, así como la participación penalmente responsable del acusado.  Estas Juzgadoras han determinado la eficacia, virtud y consecuencias que cada elemento probatorio tiene con relación a la autoría y responsabilidad penal de EMMANUEL RUIZ SALAZAR, de conformidad con la psicología, la lógica y la experiencia.  De acuerdo con esa obligada valoración, se logró establecer que en las circunstancias de tiempo y lugar que se tuvo por demostrado el hecho, EMMANUEL RUIZ SALAZAR indujo a CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO a darle la suma de veintiún millones de colones, en dos tractos, el primero de cuatro millones de colones y el segundo de diecisiete millones de la misma moneda, sumas que recibiría siendo el encartado funcionario público, para la agilización y aprobación de los trámites relacionados con permisos de funcionamiento de la estación de servicio que don CARLOS ADRIÁN y su empresa estaban construyendo.  La descripción fáctica de este evento fue sencilla y puntual, tanto en la pieza acusatoria fiscal como la querella particular, sin embargo, con la riqueza del contradictorio, a partir de la deposición detallada del testigo de primera mano JORGE ARTURO BARRIENTOS VALERIO, la declaración de CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO y YOLANDA VARGAS MURILLO y del estudio conjunto de la prueba documental, se pudo verificar que el plan criminal del encartado para obtener veintiún millones de colones fue desarrollado en varios actos, iniciando a principios del año 2007, incluyendo además la fecha 29 de marzo del 2007.  La acción criminal descrita tanto en la acusación fiscal como en la querella: influir en el ofendido para que le entregara la cantidad de veintiún millones de colones, de manera directa y por interpósitas personas, la llevó a cabo el endilgado en actos consecutivos.
Durante el contradictorio la defensa técnica del encartado insistió en que condenar a EMMANUEL RUIZ SALAZAR por un delito de concusión sería un error pues contravendría el principio de correlación entre acusación y sentencia pues, en su criterio, la pieza acusatoria ubica la acción delictiva desarollada por este imputado, en el mes de enero cuando aún éste no laboraba para la Municipalidad de Tilarán y hasta el día 21 de marzo del 2007, mientras RUIZ SALAZAR acompañaba al testigo JORGE ARTURO  BARRIENTOS a una diligencia judicial, en la ciudad de Cañas, cuando más bien de las pruebas que aportó la propia defensa material se infiere que esa diligencia judicial (audiencia), a la que acudió RUIZ SALAZAR junto a BARRIENTOS VALERIO, se realizó el 29 de marzo del 2007, con la comparecencia del primero en condición de abogado del demandado y el segundo como demandado civil, pasando por alto la defensa, que la querella privada admitida, en el hecho 44, sí especificó que el viaje a Cañas durante el cual EMMANUEL RUIZ le dijo al testigo ARTURO BARRIENTOS, que el monto que le costaría a su cuñado la aprobación de las solicitudes ante la Municipalidad, ocurrió el día 29 de marzo del 2007.  Ciertamente no hay coincidencia en este punto entre la acusación pública y la privada, ya que el Ministerio Público consignó que ese acompañamiento a diligencia judicial al sector de Cañas ocurrió el 21, mientras que en la querella se indica que fue el 29 del mismo mes y año (lo que sin duda obedeció a un error material de la fiscalía al redactar la pieza, pues observó el Tribunal que en las entrevistas realizadas por la fiscalía, se indicaba claramente que la fecha de los hechos era 29 de marzo, folio 238 físico), sin que se haya sorprendido de forma alguna a la defensa técnica ni material, pues durante el contradictorio se encargaron de aclarar el punto, enfatizando y aportando documentos para mejor resolver, que ese acompañamiento de EMMANUEL RUIZ a ARTURO BARRIENTOS a una audiencia de conciliación a Cañas, ocurrió el día  29 de marzo del 2007.  Aún cuando la fiscalía  cometió un error material al digitar el día del mes de marzo del 2007,  describió en la pieza el mismo panorama de la querella: sea que EMMANUEL RUIZ le transmitió a ARTURO BARRIENTOS VALERIO, el precio que le costaría a su cuñado CARLOS ADRIÁN VARGAS MURILLO la aprobación de los trámites municipales, dinero que él recibiría a cambio de convencer a los regidores municipales y alcalde para que le otorgaran los permisos que requería para iniciar operaciones la estación de servicio de su representada.
La conducta delictiva, sea el ofrecimiento de ayuda mediante un pago ilegal, lo venía planteando el encartado a familiares del ofendido desde principios del año 2007 y concretó el precio que costaba su acción durante el trayecto Tilarán - Cañas, en el viaje que compartieron imputado y el testigo JORGE ARTURO BARRIENTOS VALERIO a una diligencia judicial que se iba a realizar en ese sector, EMMANUEL en condición de abogado del señor JORGE ARTURO, detalles que fueron aportados por los testigos durante el contradictorio, e incluso por el propio imputado al hacer llegar una certificación del acta de conciliación, dentro del proceso civil N° 06-100331-0389-CI (352-5-06)-C, donde consta que el día 29 de marzo del año 2007, en el Juzgado Civil y de Trabajo de Mayor Cuantía, compareció JORGE ARTURO BARRIENTOS VALERIO, cédula 1-383-319, acompañado por el licenciado EMMANUEL RUIZ SALAZAR, carné 15452. 
No podemos considerar la acusación como una pieza rígida, porque el fundamento del principio de correlación entre acusación y sentencia lo que persigue es que en el fallo no se incluyan elementos o referencias esenciales que tomen por sorpresa a la defensa y en el caso particular de EMMANUEL RUIZ SALAZAR, no ha sido sorprendido, más bien, él mismo se encargó de circunstanciar los hechos, introduciendo elementos probatorios relevantes.
El requerimiento fiscal y la acusación privada describen una acción delictiva que inicia desde el mes de enero del 2007, cuando RUIZ SALAZAR hace un primer contacto con un familiar del agraviado, YOLANDA, la hermana de CARLOS ADRIÁN y le pide a ésta que le transmita a su hermano, que él le puede ayudar a que los trámites municipales con respecto a la estación de servicio de combustible le prosperen, pues él tiene dominio absoluto sobre el Concejo Municipal de Tilarán, puntualmente manifestó:  “Sobre un cobro de dinero a Carlos Adrián cuando yo estaba en los problemas más grandes del lubricentro don Felo, busqué un abogado y escogí al licenciado Ruiz, porque fue compañero de mi hermano, mi hice clienta del licenciado Ruiz, en el 2006, para que me ayudara. Don Ruiz, muy amablemente, llega y me dijo que sí me podía ayudar hacer las cartas correspondientes, porque estaba haciendo mal la municipalidad conmigo a la par de mi casa, con dos niños, con Asperger. Luego le pagué, y tuve un choque con mi carro y no tuve la culpa, me pegaron por detrás. Había confianza nos conocíamos de antes, y me dijo: dígale a su hermano Cayán que le dice las cosas que le gusta o no, que si él me paga 4 millones a mí, y después, yo le digo cuánto a él, 17 millones, le paso el problema, porque yo mando en a la municipalidad.  Le dije cómo que manda el Concejo, y me dijo si aunque no lo crea yo lo mando. Le dije usted hace bromas, y me dijo no Yolanda, yo lo mando, vaya, y me dijo usted se va a fijar como yo lo mando. Fui apliqué concentración fuerte. Él me dijo yo me siento en la banca de atrás, porque me gusta mandar todo, lo más impresionante, es que manda en verdad todos los temas se los manda al licenciado Ruiz (…) Después de eso, yo ya me tocaba ir a donde don Ruiz, me dice, Yolanda que le pareció la sesión, diay muy bien, y le dije usted manda, por lo que dije que si Cayán pone a bajo ese carácter, me da 4 millones y luego yo le digo los 17 millones, le pasan el permiso, sino está listo Cayán, yo se lo digo, voy hablar con mi hermano. Se lo digo a mi hermano Cayán pague ese dinero le sale más barato y de salud, pague el dinero que hace el señor y pasa. Mi hermano me contesta a mí, es un robo, lo que me están haciendo es una estafa, no se da en cuenta el pecado que está haciendo conmigo es rarísimo”.  A partir de este testimonio se logra observar que quien introdujo el tema de recibir dinero a cambio de influir en la Municipalidad para obtener los permisos que requería CARLOS ADRIAN VARGAS conocido como “CAYÁN” y su empresa REAL MEYVASA S.A, fue EMMANUEL, quien haciendo alarde de su poder entre los miembros del Concejo Municipal, invita a la testigo a presenciar una sesión municipal.  Luego de presenciar la dinámica de una sesión municipal, la testigo quedó convencida del poderío de EMMANUEL dentro de la Municipalidad de Tilarán, de allí que le transmite a su hermano, el agraviado, el mensaje de RUIZ SALAZAR.  El haber invitado el imputado a YOLANDA a presenciar su desenvolvimiento en una sesión municipal fue justamente para lograr que su propuesta tuviera éxito, fue parte del plan criminal del encartado para lograr que el ofendido le pagara la dádiva propuesta, pues sabía que el mensaje completo le iba llegar al agraviado pues su hermana tenía buena comunicación con él.  Con esto queda claro que no estaba ofreciendo sus servicios como abogado ni estaba hablando de un cánon que correspondiera a servicios profesionales, pues dentro de la Municipalidad EMMANUEL RUIZ no fungía como abogado, sino que su desempeño era como asesor.  Durante su deposición, la testigo YOLANDA se mostraba tranquila, fijando la vista al  frente, hacia el Tribunal, con un lenguaje averbal que evidenciaba confianza, seguridad, sinceridad, esto y la concordancia de su relato con el resto de la prueba incorporada, hace que sea calificado por esta Cámara como fiable, veraz, espontáneo y por ello, fundamento para la decisión que se toma.  La testigo incluso reconoció que ella le dijo a su hermano que aceptara el trato que proponía EMMANUEL, pues desde su punto de vista ello le iba a salir más barato que lo que estaba gastando en todos los trámites y procesos judiciales entablados con ocasión al tema de la construcción y funcionamiento de la estación de servicio, aún sabiendo que se trataba de una solicitud irregular, ilegal, pues el mismo CARLOS ADRIAN le hizo ver a su hermana que eso se trataba de un robo.  Fue tan espontánea y natural esta testigo que expresó, en dos ocasiones, frases que le podrían representar la interposición de una querella en su contra, al mencionar lo que la gente de su barrio menciona respecto a actuaciones irregulares de los encartados, sin embargo, ubicando esas afirmaciones en el contexto desarrollado por esta testigo, entendemos que su afirmación tiene un fundamento real y de peso: el asesor municipal le dijo a ella de forma directa que si su hermano le pagaba a él, obtendría lo que tanto ansiaba: los permisos.  Además la deposición de esta testigo encuentra respaldo en la declaración del agraviado CARLOS ADRIÁN VERGAS MURILLO, quien respecto a la actuación de EMMANUEL  RUIZ refirió: Ya la hermana, ya preocupada, me veía a mí, molesto, preocupado yo le comentaba la forma como nos estaba tratando, la discriminación increíble que se estaba dando en la Municipalidad. Entonces, empezó ella a contarme que ella iba donde Emanuel Ruiz que le llevaba un caso. Y  que Emanuel le decía que el único que podía resolver el problema de nosotros era él, porque él era el asesor, del Concejo y el Presidente. Y que el Concejo respetaba lo que él dijera. Así pasó el tiempo, haya pasaba unos días. La hermana me volvía a decir Cayán, por qué no va  hablar con Emanuel. Como la tercera vez, que me dijo yo fui a reunirme con Emanuel a la oficina de él. Efectivamente estuvimos hablando, me dice diay Cayán, lo que te dijo Yolanda es cierto, el único que te puede resolver el problema soy yo, porque yo soy el que manejo el Concejo. No hablamos más del asunto”. También se complementa con la deposición del testigo JORGE ARTURO BARRIENTOS VALERIO, quien narró:En marzo del 2007, yo tuve que ir a Cañas, a los juzgados para que en los juzgados en una especie de conciliación, nos ayudaran a definir a mi hermana y a mí a definir, un área que teníamos como herencia. En ese caso, pues ella tenía su opinión y yo tenía la mía. Y el Tribunal nos aconsejó y al final tomamos una decisión entre los dos y todo terminó. Dentro de ese proceso, el abogado Emanuel Ruiz que era mi abogado, como no son asuntos muy complejos era el abogado que me acompañaba para aconsejarme y discutir cualquier extremo legal que fuera necesario. Con Manuel, existía en ese momento cierto nivel de amistad. Por ejemplo, en febrero mi esposa y mi hija, mi hija es Down. Mi esposa y mi hija fueron invitadas al cumpleaños de una nieta de Emanuel. Yolanda es conocida, muy de cerca de Emanuel, porque Emanuel iba a estudiar a la casa de sus padres, con unos de sus hermanos, hay cierta afinidad psicológica y de amistad. En una oportunidad. Yolanda me llamó y me dijo que Emanuel ocupaba, necesita los planos de distribución de casas, de residencias de Tilarán que tenía Yolanda porque tenía un pleito de un vecino. Me dijo se lo doy o no se lo doy. Le dije dele una copia no el original, en el camino me dijo que Emanuel quiere conversar con Cayán, yo le dije eso es decisión suya, si conecta o no conecta. Llegó a la casa, revisó el plano, la copia, se la entrega a Emanuel y se conecta con Cayán. A los días tuve que ir a mis cuestiones judiciales a Cañas, Manuel, tiene uno, dos o tres carros excelentes, yo tengo el mío, me gustan a mí los carros viejillos pero no importa. Emanuel quiso ir conmigo, me dijo, me puedo ir con vos, claro es un placer que vaya conmigo, me subo al carro y nos vamos a Cañas. En el camino me comenzó a conversar, que hace una o dos noches mi esposa ya había visto en una sesión de la Municipalidad, el poder que él tenía sobre el ambiente legal de la Municipalidad. Él me dijo a mí, que ya mi esposa había visto el poder que él tenía sobre asuntos legales en la municipalidad de Tilarán y si era cierto. Mi esposa días antes, ya había visto en una sesión de la Municipalidad, el poder que él tenía sobre el ambiente legal de la Municipalidad y a Manuel se le consultaba. A mi conviene que se le pusiera una fecha para la sesión. Lo que él me dijo fue el nivel de influencia de asuntos legales en la Municipalidad. Lo que él me dijo fue, ya Yolanda vio la influencia que yo tengo en asuntos legales en la municipalidad y si el que lo tiene lo tiene. Seguimos conversando sobre el asunto de Cayán, eso se arreglaría muy fácil, Eso se arreglaría muy fácil simplemente, con dinero, pues sí.  Es así y voz podes arreglarlo, podría ser. Yo me fui y le dije cuánto es lo que cuesta, después que no quería decir mucho a mí, sino ponerme a presionar a mí, a mi esposa y a Cayán que entraran en la componenda. Al final me dijo que son 4 millones, y 17 cuando ya se haya dado el permiso y todo formalmente funcionando. 4 millones antes del acto y 17 cuando todo esté funcionando y todo sobre rieles. Allí terminamos la conversación. Yo le dije voy a conversar con mi esposa de esa conversación. Con respecto a esa conversación, a mí personalmente me pareció que aunque es un formato ilegal, era más barato pagar el soborno que enfrentarse a las fuerzas de la Municipalidad que estaban comandaba y representadas por él. Porque 20 millones no son tanto en un negocio millonaria, porque esos 20 millones estaba ejerciendo una influencia terrible de Cayán sobre su negocio y sus financias y sobre su imagen, porque las personas comenzaron a verlo como persona que imponga su fuerza. En un pueblo es muy fácil que se vea la persona como un agresor y caiga su imagen. Él cayó su imagen, su salud hasta su salud física, todo lo resintió. Por eso fue, que yo, dentro de mí, dentro de mi conciencia, le recomendé pagar es suma de dinero. Bien hecho o mal  hecho, no soy yo, pero yo no estoy en el estrado, pero no del abogado. El viaje terminó en Cañas con unas diligencias de él con unos clientes, después fuimos asuntos míos y regresamos a Tilarán no se volvió a tocar el tema. No tengo información si don Emanuel trabaja en la Municipalidad con pago o sin pago, porque de cualquier forma, podía regresar. No sé la condición, porque yo he colaborado en cosas que no me han tenido que pagar. Lo que yo hacía era aconsejar. Ese viaje a Cañas era a finales de marzo. Las diligencias de Emanuel Ruiz no eran como abogado de Cayán, sino como abogado de la municipalidad para lograr que el plan pasara que las trabas que el plan tenía fueran eliminadas. Es decir, hacer un trabajo de forma efectiva sin comunicación con el beneficiario que era Cayán, era eliminar las trabas para que se pudiera pasar ese proceso. Quiero agregar, mire en un pueblo, las cosas son diferente a una ciudad, en nos manejamos diferente, nuestros comportamientos de forma diferente. Yo siendo cuñado de Cayán yendo él a mi casa, estando yo informado de todo. Cuando ellos abrieron la bomba, yo no me atreví a llevar mis vehículos, no sé como abrieron la bomba, y no llevé mis vehículos, una vez entré, y por qué. Yo no sé contestarle. Por temor, es posible a ciencia cierta, no sabría contestar, estando la bomba de mi cuñado abierta, prefería ir a la otra. Cayán era Meyvasa que era él y el yerno. Claro que sí Emanuel le comentó esto a mi esposa y a Cayán, mi esposa era la principal medio de comunicación entre él y Cayán y la diferencia de pagar 21 millones se discutió en la mesa de mi casa, de tomar café, estaban siempre mi esposa, él y yo, él es Cayán (…) Emanuel si le dio el monto directamente a Yolanda. Yo le informó a Yolanda el montó días antes que a mí, semana y media antes. Si me percató, que mi esposa le dijo a Cayán que fuera y fueron. Cayán fue donde Ruíz a hablar. Cayán no quiso pagar, me di cuenta por las conversaciones en la casa, eso fue planteado así, mi posición fue que pagaran. Las palabras de Cayán fueron que él no estaba dispuesto a someterse a una acción de este tipo que él iba a pelear que no era posible que las cosas se pudieran hacer pagando, y por eso se le cerró y él no quiso”. El relato de este testigo se percibió como claro, concreto y convincente; una persona que tuvo una conversación directa con EMMANUEL RUIZ SALAZAR, que entendió que cuando éste le decía que las cosa CAYAN las podía resolver con dinero, se refería perfectamente a una dádiva, a algo ilegal, pero que desde su punto de vista podría ser la solución al problema que venía enfrentando CARLOS ADRIAN, por atrasos en la concesión de permisos municipales. Hizo énfasis en que EMMANUEL no estaba ofreciendo sus servicios como abogado de CAYAN con la expectativa de recibir un monto correspondiente a servicios profesionales sino que se trataba de algo ilegal. Reconoció ante el Tribunal y las partes que él como familiar consideraba acertado pagar de la dádiva, pero que su cuñado no quiso hacerlo.  La deposición de este testigo JORGE ARTURO BARRIENTOS, fue relevante para reconstrucción de los hechos acusados, fue importante para tener por acreditado que EMMANUEL RUIZ SALAZAR se acercó a personas muy cercanas al ofendido CARLOS ADRIAN VARGAS como mecanismo para convencer a la víctima que le cancelara la suma pretendida como beneficio patrimonial antijurídico: veintiún millones de colones, sin lograrlo.  Importante resulta aclarar que la cancelación de una suma de dinero no es un elemento constitutivo del ilícito, solo es una consecuencia, así lo ha desarrollado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en varios pronunciamientos: “… La figura en nuestro medio presenta características muy particulares que la distinguen de la establecida con este nombre en otros ordenamientos, en que se da énfasis a conductas que se relacionan preferentemente con la coacción, obligación o exigencia ilegal que se hace para el pago de impuestos, tasas o contribuciones no amparados legalmente o por encima del límite correspondiente, que resultan muy similares a la conducta que nuestro legislador ha tipificado en la exacción ilegal.  La concusión que tipifica el Código Penal en el artículo 350, comprende dos tipos distintos de conducta posibles dentro del marco de la norma: i) obligar a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o un beneficio patrimonial indebido; ii) inducir a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o u  beneficio patrimonial indebido.  Es un tipo penal especial propio, porque sólo puede realizarlo el funcionario público y abusando de su calidad o de sus funciones.  Este delito entremezcla elementos propios de la extorsión –en la voz obligar- y de la estafa –en la voz inducir- y los reúne en un solo artículo en que tales aspectos se tipifican, cuando se refieran a la conducta de un funcionario público que busca obtener un bien o beneficio patrimonial indebido. Desde el punto de vista del verbo obligar, es claro que se está en presencia de una coerción a la voluntad del particular, para obligarlo a entregar el bien o beneficio patrimonial indebido. La forma en que tal obligación se logre, acerca este aspecto de la figura a la extorsión, si bien tipificarían como concusión de igual manera otras formas de coaccionar la voluntad, distintas de la amenaza grave o intimidación propias de la figura extorsiva. Por su parte, dentro del prisma de la “inducción”, se tipifican todas aquellas conductas dirigidas –sea mediante engaño, ocultamiento de hechos, falsedades, deformación de hechos reales, omisión de datos y cualesquiera otro mecanismo similar que permita que la víctima sea llevada a otorgar el bien o el beneficio patrimonial- a que se entregue un bien o beneficio indebido. Aquí, la figura se asemeja a la estafa y por ello, no es necesario que la víctima sea consciente del carácter indebido del requerimiento que se le formula. Por el contrario, en la mayoría de los supuestos se estaría en presencia de una víctima que ignora esas circunstancias y que, gracias a la conducta del funcionario, es inducida a entregar lo pretendido. Ambas conductas pueden darse en forma independiente –obligar o inducir- o bien, podrían combinarse dentro de una misma empresa criminal, pero es claro que por ambas vías se tipifica la concusión y que son perfectamente diferenciables... Lo importante, a la hora de interpretar un tipo penal es partir, como dato ineludible, de la descripción legislativa de la conducta y es claro que el artículo 350 distingue dos verbos –obligar e inducir- que son semánticamente diferentes, aunque eventualmente, en un supuesto de hecho concreto, podrían complementarse (…) En efecto, entonces la acción queda subjetiva y objetivamente agotada, y el delito perfecto; la entrega efectiva, si ya existe la promesa, no es un elemento constitutivo del delito, sino solo una consecuencia (…). Por supuesto que la libre determinación de voluntad se afecta tanto cuando se obedece a una coacción, como cuando si se actúa bajo error o engaño, porque se configura en estos supuestos ‑como ocurre en la extorsión y estafa- una autolesión al patrimonio que no es querida ni deseada. Hay casos en que la inducción nace de una sutil amenaza de una consecuencia gravosa para la víctima, que puede ser inexistente, cosa que la víctima ignora, de modo que de esa forma se le induce a entregar el bien o beneficio patrimonial. (Ver resoluciones N° 1002-01 de las 9:20 horas del 19 de diciembre del 2001, N° 686-03 de 16:30 horas del 12/08/03, N° 2004-00457, de las 16:15 horas del 11 de mayo del 2004, N° 2014-005319).
Contrario a la contundencia de las declaraciones recién citadas, resultan las deposiciones de EMMANUEL RUIZ SALAZAR y de su hija NANCY PRISCILLA RUIZ MURILLO.  NANCY se presentó a juicio con una declaración estructurada a fin de complacer los intereses de su padre, pero durante el contradictorio fue evidente que estaba faltando a la verdad.  Primero se presenta como una asistente de su padre, afirmando que estudió ingeniería industrial, se graduó en el año 2005 de la Universidad Latina de Costa Rica, pero no ejerce su profesión sino que asiste a su padre, EMMANUEL RUIZ en el bufete, lo acompaña a diligencias judiciales y colabora con la atención de usuarios, sin embargo, durante el interrogatorio se pudo constatar que ni siquiera está familiarizada con términos como: “despacho judicial”, “audiencia”, “diligencia”.  Respondió que no tiene contacto con la agenda del abogado al que asiste, ni realiza trámites como llevar papelería a despachos judiciales, tampoco recibe las notificaciones judiciales ni visita oficinas públicas, solo lo hace en compañía de él. Cuando se le pregunta cuáles son las  funciones que realiza, aseguró que hacía “papeles”, sin poder aclarar qué tipo de documentos, fue muy evidente que no tiene conocimientos básicos de conceptos legales, como los tendría cualquier asistente jurídico luego de estar trabajando con un abogado durante seis años, como ella afirmó.  Indicó que el 29 de marzo del 2007 ella acompañó a su padre y a JORGE BARRIENTOS a Cañas, que ella escuchó la conversación que llevaban y que este testigo le estaba pidiendo a su padre que influyera ante los personeros de la Municipalidad para que le aprobaran los permisos a CARLOS ADRIÁN, dijo que esa insistencia era porque su papá había sido asesor municipal.  Al ser interrogada con respecto a las funciones de su padre en la Municipalidad de Tilarán y la fecha de ingreso, esta testigo se puso muy nerviosa, primero contestó que para el momento en que YOLANDA solicitaba la ayuda de su padre ya él era asesor y por eso era que recurría a él, luego dijo que no era asesor, que tampoco recordaba cuándo su padre empezó a trabajar para la Municipalidad.  Pudo palpar el Tribunal muy fácilmente el nerviosismo de esta testigo al hablar de las funciones de su padre en la Municipalidad, decía algo y rectificaba pero al final indicaba no tener ninguna precisión respecto al tema, lo cual resulta muy curioso al tratarse de la persona que asiste a su padre en su labor cotidiana desde hace seis años, según su dicho. Mencionó que YOLANDA tenía contacto con su padre desde el año 2006 porque le llevaba algunos asuntos.  La versión de que ella viajaba en el mismo vehículo con su padre EMMANUEL y JORGE BARRIENTOS el día 29 de marzo del 2007 no es creíble, no solo porque el testigo JORGE BARRIENTOS aseguró que él y EMMANUEL RUIZ viajaban en ese vehículo ese día, sino porque el lenguaje verbal de la testigo evidenció a estas Juzgadoras que estaba mintiendo, así como ya fue expuesto.  EMMANUEL RUIZ aseguró en juicio que él inició sus labores como asesor municipal el 13 de marzo del 2007 y aportó un contrato por servicios profesionales, sin embargo la versión de EMMANUEL respecto a este punto difiere de lo que indica la prueba documental.  Al observar el Acta de Sesión Ordinaria # 46 de la Municipalidad de Tilarán, de fecha 14 de marzo del 2007 (folio 260 a 296 físico ) se observa que el presidente municipal le pide a EMMANUEL que estudie el artículo 170 de la Constitución Política; además en el punto 7 se le “retoma” el tema de MEYVASA referente al procedimiento extraordinario de revisión y nulidad concomitante, toma la palabra EMMANUEL RUIZ e informa sobre comentarios de vecinos respecto al tema, el alcalde JOVEL indicó que el Plan Regulador no estaba publicado en su totalidad y EMMANUEL interviene sugiriendo a presidencia y a los regidores estudiar a fondo la situación.  En el artículo 31 consta que se da lectura al Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 12 de marzo del 2007 y se indica que estuvieron presentes para la confección de ese informe de comisión: Rolando Mejías Moreira, Pablo Rosales Vallejos, Lexandra Granados Solís y EMMANUEL RUIZ SALAZAR (asesor legal), de manera que no  es cierto, como asegura EMMANUEL que sus funciones como asesor municipal iniciaron el 13 de marzo del 2007, pues consta que el 12 de marzo participó de la Comisión de Asuntos Jurídicos e intervino muy activamente.  Al leer cada uno de los artículos, se observa que siempre participó el encartado y que cada intervención suya fue aprobada por la comisión, incluso, luego de la votación en la que efectivamente no toma parte, sí interviene para explicar cuál es el procedimiento que deben seguir, teniendo incluso la palabra final.  Aseguró EMMANUEL RUIZ en el debate que él sólo era asesor del Presidente Municipal, pero consta en el Acta de la Sesión # 47 (del 21 de marzo del 2007) que él interviene para aclarar que él es asesor de presidencia y de las fracciones, no asesor del Concejo (ver folio 293).  Distinto a lo que aseguró en juicio, EMMANUEL era parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, tenía presencia en ellas, votara o no su intervención era activa, acatada por los demás miembros, su criterio era importante y se acataba, esto incluso antes de la fecha 13 de marzo del 2007 en la que según su dicho y documento que aporta, ingresó a laborar a la Municipalidad. EMMANUEL RUIZ SALAZAR laboraba para la Municipalidad de Tilarán, pues consta en autos que se incluía en planilla de ésta, recibía un salario fijo y no al destajo ni por servicios profesionales, su salario estaba tasado a partir del salario recibido por los abogados de la Municipalidad de Tilarán, pero por laborar medio tiempo, recibía lo correspondiente a la mitad del salario de un abogado Municipal, pero quien pagaba su salario era la Municipalidad de Tilarán, de allí que no pueda aceptarse la tesis que era un trabajador independiente con contrato privado entre el Presidente Municipal y él.  Su función era optimizar la función municipal, la naturaleza de su cargo era público, pues daba asesoría a funcionarios públicos para realizar sus funciones.  No solo asesoraba al Presidente sino que él mismo hizo constar en el Acta N° 47 citada supra, que era asesor de fracciones y también pudo constatar el Tribunal, en el acta # 46 que intervenía de manera importante en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Tilarán.  Para el momento en que insiste al cuñado de CARLOS ADRIÁN, sea, al testigo JORGE ARTURO BARRIENTOS, el 29 de marzo del 2007, EMMANUEL RUIZ SALAZAR recibía salario de la Municipalidad de Tilarán (ver folios 256-257 físico), y consta que recibía un sueldo fijo al que se aplicaban deducciones correspondientes a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Banco Popular, razón por la cual no cabe duda de que por la naturaleza de su función, por subordinación y tener un salario fijo cancelado por la Administración, se trata de un funcionario público.  Por haber exigido a la víctima CARLOS ADRIAN VARGAS MURILLO la cancelación de veintiún millones de colones para ayudarle a que se aprobaran las gestiones municipales que habían pendientes, su conducta encuadra en el tipo penal descrito en el artículo 355 del Código Penal.  Ha valorado el Tribunal el tiempo que ha transcurrido desde la comisión de los hechos y las condiciones subjetivas del encartado, su edad, arraigo familiar, también ha considerado que pese a su insistencia ante la víctima, su solitud no tuvo éxito de allí que al final de cuentas no logró recibir el dinero pretendido, por lo que el extremo inferior de la pena es suficiente para que reflexione y no vuelva a cometer delito, razones por las que se impone el extremo inferior de la sanción penal prevista, sea dos años de prisión y se le otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena.  Dado que el encartado actuó de manera ilegal como funcionario público, y con su actuación lesionó el deber de probidad de manera importante, se le condena a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.  
VI.- EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA: Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la actora civil por CARLOS VARGAS MURILLO, LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS, representantes de los Grupo Real MEYVASA Y VAYMESA, en contra de los demandados  civiles JOVEL ARIAS ORTEGA, MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO, EMMANUEL RUIZ SALAZAR Y LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN, condenándosele de manera solidaria al pago en abstracto por concepto de: daño material, daño moral y costas personales generadas por la acción civil resarcitoria, debiendo la parte ir a vía civil a liquidar los montos correspondientes.
 El artículo 1045 del Código Civil señala que “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.” y el artículo 1046 que indica "La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos".  De allí que se debe acreditar la existencia de un daño, concepto que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, se define en su tercera acepción de daño relacionada con el: “...delito consiste en causar daños de manera deliberada en la propiedad ajena”( http//lema.rae.es/drae) mientras daños y perjuicios, es “la compensación que se exige a quien ha causado un daño para repararse” (http//lema.rae.es/drae.).
 Propiamente se demostró todo los hechos civiles acusados  en contra los imputados y los demandados  civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO y EMANUEL RUIZ SALAZAR los cuales se analizan de la siguiente manera:
Primero: Sobre los hechos acusados en contra de los co encartados y actores civiles JOVEL ARIAS ORTEGA y  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO se demostró que ambos imputados opusieron el plan regulador de Tilarán al Grupo Real Meyvasa S.A, a representada por los ofendidos y actores civil Carlos Vargas Murillo y Luis Armando Mejía Rojas, a través de las resoluciones Oficio PUCC- 109-2003 del 31 de octubre de 2003, Oficio PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del Martes 11 de Noviembre del  2003 y  Oficio DAM-381-2003, de las 8:00 horas del 14 de noviembre de 2003, para no otorgarle el permiso de uso de suelo, ocasionando que no pudieran seguir con los trámites para la construcción de la estación de servicio de combustible a la entrada de la ciudad de Tilarán, sobre la ruta Nacional, frente al restaurante típico Internacional “ Aroma Tico". 
Segundo: Se comprobó que los imputados son funcionarios públicos para el momento de los hechos:
a. El encartado y demandado civil JOVEL ARIAS ORTEGA, inició labores como Alcalde desde el 3 de febrero del 2003, hasta el 30 de abril del 2016 en el Cantón de Tilarán, como se puede determinar a través de las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones,  No. 2386-E-02,  No. 39-04-E-2006 y No. 0023-E11-2011 según se aprecia de las certificaciones aportadas del legajo de documentación varia, folios virtual 52 a 55 y físico 45 al 48 ( Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).
 b.- De igual forma, el co imputado y co demandado civil  MARCO ANTONIO PORRAS CORDERO según la Certificación de Servicios Prestados del Gobierno Local de la Municipalidad de Tilarán, laboró como Profesional Municipal 2, en el cargo de coordinador de desarrollo y Control Local desde el 3 de junio del 2002 hasta el 19 de mayo del 2006 (Archivo virtual del 03/02/2006 de las 09:25:49 a.m.)
        Tercero:  El afectado y actor civil Carlos Adrián Vargas Murillo, es presidente de las empresas  Grupo Real VAYMESA S.A. bajo el No. 3-101- 315884, citas de origen tomo 501, asiento 4894 inscrita el 01/08/2006, y de a cuerdo con las aquí ofendidas, y del Grupo Real Meyvasa S.A. con la cédula jurídica No.  3-101-31557275 con las citas de origen tomo 505 asiento 4897 inscrita el 01/08/2006, según las Certificaciones  RNP-Digital No. 1058637-2013 y No. 1058569-2013, ( folios virtual 41 al 42 y  44 a 47, físico  37 al 37 vuelto, 38 a 41,  y físicos 209 a 212del legajo de documentación varía,  Archivo virtual legajo Documentación Varia del 16/09/2014 de las 10:58:15 a.m.).
  Se  aportó el documento del 9 de enero del 2003, dada por el Instituto Nacional de Urbanismo, mediante oficio PU-C-AT-001-2003 del Ingeniero Marco Mora Protti, dirigida al Grupo Real Meyvasa, en el cual se les permitió instalar una estación de servicio en Tilarán, sujeto a cumplir las condiciones del MINAE, además que la zona se considera urbana, y el plazo es por un año de vigencia (folios virtual 202 y físico 170 del  Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m.).
 Cuarto Se acreditó que los demandados civiles JOVEL ARIAS ORTEGA Y MARCO PORRAS CORDERO confeccionaron los siguientes oficios fundamentado en ellos, la existencia del plan regulador de Tilarán, el reglamento de zonificación y viabilidad, y los planos, cuando no era oponible a terceros, por la falta de publicación de planos:
                i.- Oficio PUCC- 109-2003 del 31 de octubre de 2003 de la Municipalidad de Tilarán, se denegó el permiso de suelo al grupo Real Meyvasa. Los co imputados ARIAS ORTEGA Y PORRAS CORDERO el primero como Alcalde y el segundo como Ingeniero, fundamentaron que ante la existencia de un reglamento de zonificación y que el plan regulador aún vigente de 1986, no se podía ubicar el proyecto de estación de Servicio (gasolinera), en el sector de la ciudad. Aunado que tomaron en cuenta el capítulo III del Reglamento de zonificación, esa estación de servicio no cumplía con los requisitos mínimos de la zona comercial y residencial (folios virtuales 95 a 96 y físicos 66, 67, 98 y 99, 152 y 153 del legajo de prueba II folio 319 al 320 digital del legajo principal, archivo digital documentos legajo principal I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m. y folios físico 49 a 50 del Expediente Contencioso Administrativo No. 04-000006-1691-CA)
         ii. - Oficio PUCC 114-2003 de las 7:00 horas del Martes 11 de Noviembre del  2003, Municipalidad de Tilarán, resolución del co imputado  PORRAS CORDERO, a través de la cual, rechazó el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Grupo Real Meyvasa S.A., los querellantes y actores civiles Carlos Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas contra la resolución PUCC-109-2003. El co encartado PORRAS CORDERO, razonó que el plano de zonificación y Viabilidad vigente, ubica las dos fincas en una zona de uso de vivienda residencial, no permitiéndose el desarrollo de la estación de servicio. Pero admitió la apelación en subsidio. ( folios digitales 138 y 139 y físicos 141 a 142 del legajo de Prueba II Archivo virtual legajo de prueba II del 22/03/2013 de las  02:11:53 p.m. y folios físico 69 a 70 del Expediente Contencioso Administrativo No. 04-000006-1691-CA).
        iii. - Oficio DAM-381-2003, de las 8:00 horas del 14 de noviembre de 2003, del Despacho del Alcalde, Municipalidad de Tilarán, el co imputado JOVEL ARIAS ORTEGA como Alcalde rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el oficio PUCC-109-2003 del 31 de octubre del 2003. En esta resolución el co imputado y demandado civil ARIAS ORTEGA, denegó el recurso de revocatoria, al amparo que estimó que el Reglamento de Zonificación no era ilegal su aplicación, porque refleja las zonas comprendidas en el mismo. Así como la parte no probó la no publicación de acuerdos que refirió en su alegato (folios físico 73 del Expediente Contencioso Administrativo No. 04-000006-1691-CA).
Resoluciones que se acreditaron tanto con la prueba documental como los testimonios de Jorge Rodríguez Herrera, funcionario Municipal, quien refirió que el encartado Porras Cordero  denegó el uso de suelo, mientras que el co imputado Arias ORTEGA, rechazó el recurso de apelación. Así como el ofendido Carlos Vargas Murillo y Yolanda Vargas Murillo . Resoluciones a través de las cuales  los aquí encartados oponen a terceros la existencia del plan regulador de Tilarán, el reglamento de zonificación y viabilidad, y los planos, cuando no era oponible a terceros, por la falta de publicación de planos.     
Quinto.- Del análisis integral del elenco probatorio se demostró que ambos imputados y demandados civiles incurrieron en un error de prohibición, ya que el plan regulador de Tilarán no podía ser oponible a terceros, por cuanto únicamente fue publicado el reglamento de zonificación de Tilarán, según la Gaceta No. 207 del 30 de octubre de 1985, pero no fueron publicados los planos de zonificación y de viabilidad,  y otras normas según lo establecido en la jurisprudencia de  la Sala Constitucional.
        De manera consecuente, este Tribunal de Juicio, determinó  que el actuar de los encartados incurrieron en un error de prohibición invensible,  por lo que se configuró el injusto penal, siendo la conducta de ambos demandados civiles, típica y antijurídica.
        Además existe un nexo de causalidad entre el daño moral y económico sufrido por los actores civiles con el actuar de dichos demandados civiles
Sexto:  6.a. El daño moral sufrido por el aquejado y actor civil CARLOS VARGAS MURILLO, se comprobó tanto con su testimonio como el de Yolanda Vargas Murillo y Luis Armando Mejías Rojas, quienes describieron como a raíz de los hechos afectó anímicamente al señor Carlos Vargas.
Ello, por cuanto el ofendido y actor civil Vargas Murillo, manifestó como tenía la empresa Grupo Real Meyvsa, permiso del INVU de instalación de una estación de servicio, desde enero del 2003, pero al solicitar el permiso de uso de suelo en la Municipalidad se lo denegaron, y el imputado MARCO PORRAS CORDERO  le comunicó que no le iba a dar dicho permiso, propiamente Vargas Murillo en juicio dijo:“...Y cuando voy a entregarle la revocatoria a este señor, le digo Marco pero qué es lo que está pasando, Por qué sólo contra nosotros, vea, si solo comercio hay en esa cuadra, estamos rodeados de comercio y me dice: “lo que yo acabo de decirle a usted, es que nunca le voy a dar el uso de suelo, que nunca me daría el uso de suelo...”. De igual forma el aquí encartado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su resolución de alzada, mantuvo lo resuelto por el ingeniero.
        El ofendido y actor civil Carlos Adrián Vargas Murillo, es el representante de las empresas Grupo Real Meyvasa y Grupo Real Vaymesa, al ser apoderado generalísimo de ambas sociedades y ser el encargado de realizar las solicitudes de permisos y hasta entrevistarse con los imputados.
        Con el testimonio del actor civil Vargas Murillo se evidenció que el imputado JOVEL ARIAS ORTEGA, en su función de alcalde de la Municipalidad de Tilarán, tenía más de 8 años de estar en el puesto, y al igual que el co encartado y demandado civil Marco Antonio Porras, no era posible que no conocieran que el plan regulador era ineficaz .
 El ofendido y actor civil Vargas Murillo, dijo que se le ocasionó un daño a él y a su proyecto, porque el pueblo creyó que él habían construido de manera ilegal: “...Los daños, que nos han ocasionado son increíblemente graves, porque en lo moral incluso, yo creo que he sido una persona lo más recta posible y siento que culpa  de esa situación, el pueblo ha creído que nosotros construimos ilegalmente, y es todo lo contrario, nos aplicaron una ley ineficaz de una forma irregular. Vea lo que ocurre al mismo tiempo, que nos están haciendo eso a nosotros, Por allá en el otro extremo de la ciudad en una propiedad que por cierto era de mis papás, allí se ha construyó porque era zona de vivienda y todavía, supuestamente es de vivienda, porque ya no me animo a decir....”. 
Señaló como después que  el Concejo Municipal, les dio el permiso de uso de suelo, pero éste les fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo y no fue hasta el año 2006, que el co imputado y demandado civil ARIAS ORTEGA, aceptó que el plan regulador de Tilarán era ineficaz, pero cuando lo reconoció ya era demasiado tarde, ya que como bien aprecia este Tribunal ya había transcurrido tres años que el ofendido, había solicitado el permiso, para continuar con los demás trámites  que corresponden a la instalación de una estación de servicio de combustible, siendo evidente el perjuicio a ellos causado, máxime que todavía se está discutiendo este asunto en diferentes vías judiciales.
Ahora, sobre el lapso de inactividad de la estación de servicio, el aquejado Vargas Murillo, fue claro en señalar que se dio en dos momentos, uno antes de estar la " bomba" terminada y otro después, es estimado por él en el plazo de  dos años y medio:”.El atraso antes del inicio para poder construir, fue año y medio, y luego, un año más de atraso, porque el Alcalde nos paro, nos quitó el permiso de construcción, fue en diciembre del 2006....”.
De manera consecuente, se evidenció un daño tanto material como moral ocasionado al actor civil Vargas Murillo, quien señaló:“...Los daños, que nos han ocasionado son increíblemente graves, porque en lo moral incluso, yo creo que he sido una persona lo más recta posible y siento que culpa  de esa situación, el pueblo ha creído que nosotros construimos ilegalmente, y es todo lo contrario, nos aplicaron una ley ineficaz de una forma irregular...”.
Todavía, la testigo Yolanda Vargas Murillo, hermana del ofendido Carlos Adrián aportó que su hermano tuvo que hacer un préstamo para poder pagar ya que ellos invirtieron 200 millones de colones, pero la Municipalidad de Tilarán, le pararon la construcción y así lo narró en juicio:"...- a mi hermano se le había terminado el dinero. Tuvo que hacer un préstamo al Banco Popular. Él no se imaginó semejante barbaridad, porque él estaba ejecutando permisos de talleres metidos en habitaciones...".
Así como las consecuencias emocionales por él sufridas y que ella logró verlo llorar cuando les narraba la deuda que tenía y que debía cancelar, lo cual Yolanda Vargas relató en debate:".. Porque él ha sido un hombre fuerte, se ponía con lágrimas afuera nos contaba a Jorge  y a mí, lo más fuerte es la deuda en el Banco Popular, más de 200 millones, estoy pagando más de 8 millones al mes. Estoy vendiendo ganado no puedo quedar mal, él y su socio. Por un tiempo no salía, solo iba a mi casa (llora).."
 Recalcó hasta el impacto físico que el aquejado Carlos Adrián sufrió de ponerse pálido, afectar sus exposiciones de caballos: "... Se puso pálido, demacrado, le decía Cayán, no les dé gusto, llévele la contraria. Obviamente aque si le afecto en sus hobbies, en exposición de caballos. Carlos Adrián se fue abajo con la exposición de caballos, totalmente...”.
A mayor abundamiento, el aquejado Mejías Rojas, también apreció el impacto físico vivido por su suegro, al verlo decaído, a pesar que era un hombre fuerte, la situación de no poder obtener los permisos de suelo,  y así lo relató."...En el estado de don Carlos Adrián, si hubo un cambio anímico por las decisiones de la municipalidad, es persona reservado, pero era de tristeza, porque lo que queríamos era hacer algo diferente en el cantón de Tilarán algo bonito bien hecho, pocas personas habían invertido lo que se invirtió y le tocó duro porque para él era el dueño de la bomba, y él absorbía los comentarios que yo, lo vi desanimado y preocupado económicamente. Como persona conozco a don Carlos Adrián es persona buena, recta y perseverante, si sé que se dedica a crianza de caballos, sí sé que se ha ganado un premio..."
Quedando así comprobado la existencia de un daño moral subjetivo para el aquí aquejado, el cual se declara con lugar, condenándose en abstracto debiendo la parte ir a vía civil a liquidar los montos correspondientes a daño moral y material.
6.-b  De igual forma, se declaró con lugar la condena por daño moral y material a favor del del ofendido y actor civil Luis Armando Mejías Rojas representante de las empresas Grupo Real Meyvasa y Vaymesa, quien refirió como a pesar de realizar las diligencias para la construcción de una estación de servicio, y luego de tener un permiso para construirla dado por el  INVU, la Municipalidad no les dio el permiso de uso de suelo. Dijo que les volvieron a dar el permiso de construcción, pero cuando todo estaba terminado  les cierran como un año completo.
El actor civil Mejías Rojas, señaló como a nivel emocional, sintió frustración ya que él es empresario, y las personas los llamaban y les decían como no se podía usar la estación de servicio, así como su  credibilidad como empresario, como inversionista se desmotiva.
Sobre este aspecto, dijo que esa vivencia fue frustrante: “...hacer esa inversión, en lo personal, tuve mucho desgaste económico lo sostuve por más de 15 años, hasta que me vi obligado venderlo a un amigo y llegar a ceder la ganancia, la utilidad y esfuerzo de tantos años, porque era insostenible, a veces los negocios uno no quiere que sea así, salir por las buenas y tener problemas económicos y familiares es un relato rápido de 15 años...”.
Evidenciando en su declaración la sensación de impotencia, de no poder poner en funcionamiento la estación de servicio, por la oposición inicial de la Municipalidad, siendo efectivo que también tuvo afectación emocional  a raíz de estos hechos, ya que también a nivel económico, dijo que aunque tenía un préstamo, el banco entendía pero tenía que recoger el dinero y hacer frente: “...Tenía mucha expectación como empresario, todos queremos surgir y salir adelante, tenía ánimo para salir adelante, y lo sostuve por más de 17 años, me decía una asesor, vas a llorar lágrimas de sangre déjalo votado y no yo perseveré y perseveré, es desgastante, económicamente y venía a nivel empresarial con buen nivel de construcción, y decía como la propia, no la ha podía abrir. La comunidad y personas conocidas decían que pasó con la casi bomba y era una desilusión y pesar, con la calidad de personas que tiene ese cantón, gente preparadas y a los inversionistas me costó tanto. Me generó problemas económicos y hasta familiares cosas que se pudo haber minimiza izados, pero nunca dejo de creer en esa comunidad..."
 Cuando empieza alquilar a Grupo Total petróleo, pero el pago un alquiler de 6 mil dólares mensuales,no bastaba para pagar el monto, inicialmente era 11 mil quinientos dólares para pagar al banco, ya que  la diferencia era 5 mil quinientos dólares.
6.c. Sobre daño material, esta Cámara tiene por acreditado las resoluciones de los co encartados, ocasionan atrasos en la obtención de permisos en la construcción de la estación de servicio, de los ofendidos Vargas Murillo y Mejías Rojas, así como a las empresas por ellos representadas Grupo Real Meyvasa quienes ya tenían el permiso del INVU el 9 de enero del 2003, por el plazo de un año, para construcción de su estación de servicio. Nótese que el testigo Mejias Rojas, señaló que la construcción de una estación de servicio dura un aproximado de siete meses, cuando a ellos más bien, todavía aún ahora, el asunto está dislucidándose en procesos judiciales. De allí que la acción típica y antijurídica de los aquí encartados ARIAS ORTEGA Y PORRAS CORDERO ocasionaron perjuicios económicos, tanto de los ofendidos y actores civiles Vargas Murillo y Mejías Rojas como a las empresas por ellos representadas.
Segundo: Sobre los hechos acusados en contra del co imputado y co demandado civil EMANUEL RUIZ SALAZAR:  Se logró demostrar que para principios del año 2007, el aquí imputado y co demandao civil, EMANUELLE RUIZ SALAZAR, envió a terceras personas allegadas al ofendido y actor civil Carlos Vargas Murillo, concretamente a su hermana YOLANDA VARGAS MURILLO y le indicó que él era el único que podía solucionarle el problema que tenía de paralización de su proyecto de estación de servicio de combustible, dado que tenía una amplia influencia y dominio sobre el Consejo Municipal, de Tilarán. Es así como el  ofendido acudió en el mes de Febrero del año 2007, a la oficina legal de este abogado en el centro de la ciudad de Tilarán, donde el mismo la afirmó que el abogado en el centro de la ciudad de Tilarán, donde el mismo le afirmó que efectivamente tenía un dominio absoluto sobre el Consejo Municipal de Tilarán, y en la Municipalidad de Tilarán no se tomaba ninguna decisión sin consultarle a él primero.
Quedó por demostrado que dicho demando civil abusando de su cargo indujo al ofendido a otorgarle un beneficio patrimonial antijurídico, añadiendo que posteriormente le diría cuánto dinero le costaría su intervención.
Asimismo, se acreditó que el día 29 de Marzo del año 2007, el encausado EMANUELL RUIZ SALAZAR, le manifestó al testigo Jorge Arturo Barrientos Valerio, cuñado del ofendido Vargas Murillo, que a las empresas del ofendido, la aprobación de sus solicitudes y puesta en marcha de la estación de servicio le costaría cuatro millones de colones de inicio y diecisiete millones de colones al final de las aprobaciones, no obstante el afectado y actor  civil y representante de las empresas  aquí ofendidas nunca satisfajo las pretensiones pecuniarias del acusado y demandado civil EMANUELLE RUIZ SALAZAR, quien potencialmente al no requerirse de sus “servicios de influencia” procedió efectivamente a continuar su ejercicio de trabas, e influencia negativa sobre el proyecto de las empresas ofendidas en sus gestiones y recursos, en sus iniciativas ante la Municipalidad.
Traicionando de esa forma, el cumplimiento debido de su rol de asesor legal y los intereses que le fueron confiados con tal nombramiento, el encartado EMANUELL RUIZ SALAZAR, en la Sesión Municipal del 2 de Abril del año 2006 en dos oportunidades diversas manifiesta verbal ante el Consejo y todo el público presente que la resolución número 556-2006 del Tribunal Contencioso impedía a la Municipalidad aprobar actualmente la gestión de permiso de uso de suelo de las empresas aquí ofendidas aduciendo el que estaba agotada la vía administrativa y que se trataba de un “ asunto de legalidad”, además de aludir al rechazo de la Procuraduría General de la República a la consulta formulada.
Pero ocultando que con UNA NUEVA GESTIÓN se podría dar lugar a un nuevo trámite y aprobación tal y como en la misma resolución en su página penúltima se indica. Pretendiendo con tal criterio llevar a error a Consejo Municipal en Pleno, quien podría llegar a futuro en caso de ser engañados, a dictar resoluciones administrativas basadas en hechos falsos y contrarias a la ley, en tanto sería tal parecer contrario a la autonomía Municipal, lo que sería una postura inductiva a no cumplir las funciones propias del cargo municipal. Y por supuesto provocaría una vez más una situación de atraso al proyecto de las aquí ofendidas contexto favorecer para  obtener probablemente el aquí imputado EMANUELLE RUIZ SALAZAR, la consecución de sus indebidos interés pecunicarios.
 Segundo: Se demostró que el imputado  y demandado civil EMANUELL RUIZ SALAZAR, realizó un Contrato de asesoría personal de confianza del 13 de marzo  del 2007,  con el co encartado OLGER ARIAS, presidente y a fracciones, lo haría personal en su casa o telefónica y consultas, el cual regía a partir del 30 de marzo del 2007 (folios 265 a 266 y físico 254 y 255.  del tomo I Principal, Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m.).
                2.-i No obstante, este Tribunal tuvo por acreditado su participación en el Concejo Municipal desde fechas antes del 30 de marzo del 2007,  como se puede apreciar del Acta Sesión 46 del 14 de marzo 2007, en el Consejo Municipal, asistencia, legajo principal Tomo I (folio digital 272 a 288 y físico 260 a 276 del tomo I y , folios digitales  20 a 36 y físico 385 a 400 del Principal Tomo II del Archivo virtual legajo principal tomo I del 21/03/2013 de las  10:23:07 a.m y legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.),  por cuanto en el acuerdo 206 se indica que se le va a preguntar al licenciado Emmanuel Ruiz asesor Presidencial del Concejo Municipal, que informe de que se trata el artículo 170 de la Constitución Política.
       A su vez se dejó constando que el imputado JOVEL ARIAS manifestó que el plan regulador le faltó eficacia, propiamente se consignó "... El Alcalde Municipal, Sr. Jovel Arias, indica que el plan regulador no estaba en su totalidad publicado, por lo tanto carecía de eficacia, a no contar con la publicación de los planos de zonificación...".
           En esa sesión el co encartado Emmanuel Ruiz, en su cargo de Asesor de la Presidencia del Consejo, manifestó que respetaba ese criterio pero que el asunto fue analizado en el Tribunal Contencioso Administrativo: "...sugiere a la presidencia y al regidores  analizar la situación, más a fondo, tomando en cuenta que el asunto fue analizado por  el Tribunal Contencioso Administrativo, y el mismo dictaminó que se daba por agotada la vía administrativa..." consta a folio físico 390.
        2.b Por otra parte a través del acta Sesión 48 del 28 de marzo de 2007, sesión ordinaria del Consejo Municipal de Tilarán, la asistencia  ( folio virtual 58 al 69 y físico 422 al 433del legajo principal TOMO II Archivo virtual legajo principal tomo II del 21/03/2013 de las  10:25:17 a.m.). Se hace constar en el apartado de asistencia que el imputado Emmanuel Ruiz es asesor de la Presidencia y de las Fracciones.
        A su vez, en el capítulo V, sobre asuntos en trámites se consignó que el co encartado Ruiz, participó y sostuvo que "la Municipalidad el 09 de noviembre del 2005, tomó el acuerdo 693 donde autorizaba a la Administración a publicar los planos respectivos, sin embargo solamente uno se publicó. Les recuerda que el acuerdo está en firme y no se ha derogado. Y para conocimiento de todos, en ningún momento la Sala IV, pidió publicarlos, lo dictado por la Sala fue declararlo sin lugar.." . a folio físico 430
 Deviniendo que dicho imputado interviniera en las audiencias antes, de realizar el contrato privado con el co encartado JOVEL ARIAS ORTEGA
Tercero: Sobre las acciones desplegadas por dicho imputado y demandado civil RUIZ SALAZAR, el ofendido y actor civil Carlos Vargas Murillo mencionó que éste era el abogado de su hermana Yolanda Vargas Murillo, y quien decía que podía ayudarlo y así lo narro:“...Entonces, empezó ella a contarme que ella iba donde Emanuel Ruiz que le llevaba un caso. Y  que Emanuel le decía que el único que podía resolver el problema de nosotros era él, porque él era el asesor, del Concejo y el Presidente. Y que el Concejo respetaba lo que él dijera..."
 Finalmente el accedió a ir, a los días le mando a decir a través de su hermana que  le  de 4 millones ahora y 17 millones cuando le resuelva el problema, que no va a ser mucho tiempo lo que se va  llevar y él le dijo a su hermana que eso era un soborno
 También, la testigo Yolanda Vargas Murillo, relató que el co imputado Emmanuel Ruiz, le hizo un cobro de dinero a su hermano  Carlos Adrián para que su bomba pudiera abrir,"...Había confianza nos conocíamos de antes, y me dijo: dígale a su hermano Cayán que le dice las cosas que le gusta o no, que si él me paga 4 millones a mí, y después, yo le digo cuánto a él, 17 millones, le paso el problema, porque yo mando en a la municipalidad.  Le dije cómo que manda el Concejo, y me dijo si aunque no lo crea yo lo mando. Le dije usted hace bromas, y me dijo no Yolanda, yo lo mando, vaya, y me dijo usted se va a fijar como yo lo mando...”.
Incluso dijo que el co encartado RUIZ SALAZAR le hizo es proposición, ella se lo dice a su hermano Carlos Adrián quien  se niega y le dijo a ella que eso era una estafa, pero el encartado lo vuelve hacer  y al encontrarse con su hermano ella le pide que vayan que no sea orgullo, pero una vez estando en la oficina del imputado Ruiz Salazar, solo su hermano Cayán ingresó: "..Llegó y le digo, por favor no sea tan orgulloso, vaya hablar con el abogado es la última vez, hágalo por mí, mi familia, su familia, vea el asunto que Ruiz quiere, Cayán se va detrás de mí. yo llegó al corredor del licenciado Ruiz, pensé que iba a pasar y me dijo que no. Me manda que si ve a mi hermano que le diga, entró mi hermano  conversó con Ruiz y yo quedé en el corredor. Carlos Adrián Vargas, no le pagó el dinero que pedía, jamás, dijo que era un robo..."
De igual forma el testigo Jorge Barrientos Valerio, esposo de la testigo Yolanda mencionó como el imputado le hizo el mismo ofrecimiento cuando ambos iban juntos a realizar una diligencia en los Juzgados de Cañas y hasta aporto un monto determinado de dinero, primero 4 millones y luego 17 millones.
Consecuentemente, al ser la conducta del imputado RUIZ SALAZAR, típica, antijurídica y culpable, existir un nexo causal entre su actuar como funcionario público y el daño ocasionado al afectado Carlos Vargas Murillo, al proponer acciones contrarias a los deberes de la función pública, le ocasionó un daño moral y económico que se pudo constatar con la declaración de la víctima y loa testigo YOLANDA VARGAS MURILLO, siendo parte de la frustración por él vivida que se reflejo en su físico y estado emocional. De allí que se condena a RUIZ SALAZAR a cancelar por dichos rubros de forma abstracta, debiendo la parte ir a la vía civil a ejecutar su fallo.
Cuarto: Sobre el  Informe Pericial, rendido por Licenciado Carlos Alberto Zúñiga Castro el 30 de junio del 2009 ( folios virtual 149 a 170 y físicos 141 a 16legajo de Acción civil  del Archivo virtual legajo acción civil  del 21/03/2013 de las 10:27:59 a.m.), este Tribunal toma en consideración que el parámetro de lucro cesante, correspondientes a las ganancias que dejaron de percibir los aquejados y actores civiles Vargas Murillo  y Mejía Rojas, por no poder operar la estación de servicio del grupo Real Meyvasa que ellos representa, es efectivo que el mismo se ocasionó, no obstante, se deberá ir a vía civil para determinar los montos respectivos, ya que de acuerdo con el testimonio de Mejías Rojas,  la estación de servicio tenía una construcción de los locales para alquilar y hacer el transporte de combustible a un negocio aparte. Así como narró que las gasolineras tienen dos ganancias, la primera la venta de hidrocarburos de gasolina - diesel y la segunda que es el transporte.
Además, con respecto  a los montos que se establecieron en esta pericia, los mismos son proyecciones que no se pudieron determinar de forma cierta, siendo meras espectativas, sin haberse aportado a los autos, contratos reales de cada uno de los locales, o los ingresos percibidos que se podían recibir. Tampoco las actividades que se iban a desarrollar, de allí que haber incluído montos en el peritaje devienen en infundados por ello no se acoge.
Por otra parte al ser la Municipalidad de Tilarán, el Gobierno Local, sitio en donde laboraban los aquí co encartados y los demandados  civiles JOVEL ARIAS ORTEGA, MARCO ANTONIO PORRAS MORA, EMMANUEL RUIZ SALAZAR, para el momento de los hechos,  existiendo subordinación con la Municipalidad y realizando la actuación típica y antijurídica dentro de sus funciones, resulta responsable de forma solidaria de los actos de estos, así como de los daños ocasionados, LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN. De manera consecuente, por existencia de un nexo causal verificado en razón del cargo que cada uno obstentaba dentro de la Municipalidad, sobre el cual este Tribunal se pronunció en los considerandos anteriores, se condena de forma solidaria al pago en abstracto por concepto de:  daño material,  daño moral y costas personales generadas por la acción civil resarcitoria, debiendo la parte ir a vía civil a liquidar los montos correspondientes a favor de los actores civiles.
VII.- Sobre la solicitud de la parte querellante y actora civil de declarar nulos los votos del Tribunal Contencioso Administrativo, los oficios dictados por los aquí encartados, se debe de denegar, ya que este Tribunal no tiene competencia, deviendo recurrir el interesado a la vía correspondiente y según los medios de impugnación para cada caso.
POR TANTO
De conformidad con los artículos 39, 41 y 169 de la Constitución Política, artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 35, 45, 58, 59 a 62, 70, 71, 331, 332, 348, 350, 358, 360 y 365 Código Penal, artículos 1, 2, 3, 15, 58 y 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, artículos 1 y 4 del Código Municipal, artículos 15 a 21 de la Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración Pública, artículo 2 y 3 de la Ley de la Procuraduría General de la República,  artículos 1, 6, 9, 30 inciso e, 31 inciso a y b, 32, 33, 111 a 116, 141 a 142, 180 a 184, 265 a 267, 324 a 325, 358 a 368 del Código Procesal Penal,  artículos 122 a 125 vigentes del Código Penal de 1941 (reglas vigentes sobre responsabilidad civil) artículos 1045, 1046 y 1048 del Código Civil, 242 y 282 del Código Procesal Civil, artículos 18, 42 y 45 del Decreto de Honorarios para Abogados y Notarios No. 32493, este tribunal por la unanimidad de sus votos resuelve:  a.- En lo penal: 1.- Se absuelve de toda pena y responsabilidad a JOVEL ARIAS ORTEGA por UN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, UN DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, UN DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, UN DELITO DE FRAUDE DE LEY,  DOS DELITOS DE FALSEDAD IDEOLÓGICA Y DOS DELITOS DE PREVARICATO cometidos en perjuicio de LA FE PÚBLICA, LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,  CARLOS VARGAS MURILLO Y LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS que se le venía atribuyendo. 2.- Se absuelve de toda pena y responsabilidad a MARCO PORRAS CORDERO, por UN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, UN DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA Y DOS DELITOS DE PREVARICATO cometidos en perjuicio de LA FE PÚBLICA, LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CARLOS VARGAS MURILLO Y LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS que se le venía atribuyendo. 3.- Se absuelve de toda pena y responsabilidad a EMMANUEL RUIZ SALAZAR por UN DELITO DE CONCUSIÓN cometido en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Levántese cualquier medida cautelar que se hubiese ordenado en contra de los imputados. 4.-Se declara a EMMANUEL RUIZ SALAZAR autor responsable de UN DELITO DE CONCUSIÓN cometido en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CARLOS VARGAS MURILLO, en consecuencia, se le impone el tanto de DOS AÑOS DE PRISIÓN, pena que deberá cumplir previo abono de la prisión preventiva, si la hubiere, en el lugar y forma que determinen los respectivos Reglamentos Penitenciarios, además se le condena al imputado EMMANUEL RUIZ SALAZAR a DOS AÑOS de INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS. Se le concede al sentenciado el beneficio de la ejecución condicional de la pena por el término de TRES AÑOS, advertido de que si durante ese lapso cometiere un delito doloso por el que se le impusiere una pena privativa de libertad superior a los seis meses, se le revocará este beneficio y deberá descontar en prisión ambas condenas. Con respecto a las costas personales generadas por la acción penal particular se condena a Emmanuel Ruiz Salazar al pago de DOSCIENTOS CUARENTA MIL COLONES a favor de CARLOS VARGAS MURILLO Y LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS. Firme el fallo inscríbase en el Registro Judicial y remítanse los mandamientos de estilo para ante el Instituto Nacional de Criminología y el Juzgado de Ejecución de la Penal  b.- En lo civil: 1.-Se declara sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa, falta de derecho, falta de acción, planteadas por los defensores de los co demandados civiles. 2.- Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por CARLOS VARGAS MURILLO, LUIS ARMANDO MEJÍAS ROJAS, representantes de los Grupo Real MEYVASA Y VAYMESA, en contra de los demandados  civiles JOVEL ARIAS ORTEGA, MARCO ANTONIO PORRAS MORA, EMMANUEL RUIZ SALAZAR Y LA MUNICIPALIDAD DE TILARÁN, condenándoseles de manera solidaria al pago en abstracto por concepto de: daño material,


 

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